Entrevistados por las autoridades migratorias mexicanas, los náufragos cubanos rescatados el 4 de mayo en Tamaulipas, México, expresaron “su deseo de acceder a su regularización migratoria y con ello, permanecer en el país”, informaron las autoridades del país azteca en un comunicado.

Instituto Nacional de Migración de México explicó que dos de los cuatro balseros cubanos rescatados fueron dados de alta médica, mientras otros dos permanecen bajo observación en el hospital del municipio de San Fernando de dicho estado.

Los cubanos, que salieron de la isla el 1º de abril, fueron rescatados por pescadores que encontraron la balsa a unos tres kilómetros mar adentro, en la Barra Boca de Catán, que se ubica frente a los poblados Punta de Piedra y Carbajal, en el municipio de San Fernando.

Luego se ser rescatados, los náufragos presentaban signos de deshidratación y en muy malas condiciones de salud tras permanecer al menos 37 días en alta mar, en una travesía en la que pretendían llegar a Estados Unidos.

Además de los sobrevivientes, otros cuatro cubanos iban en la embarcación, quienes habrían perecido en alta mar, informaron medios locales.

De los cuatro migrantes que salieron ilesos, advierte el comunicado, sólo se han podido identificar a tres; Mario Sergio Vázquez Ventura, de 30 años; Yuriesky Romero Hernández, de 33 y Rogelio Loasis Fuentes Fernando, ya que el cuarto, que permanece aún en “estado crítico”, no ha podido dar su nombre y los medios de comunicación lo identifican Diosán, de 26 años.

La Embajada de Cuba en México informó este lunes en su cuenta de X que estaba en contacto con las autoridades migratorias del país azteca y con el Ministerio Público, para prestar asistencia consular a los sobrevivientes.

El Cónsul General de Cuba en Monterrey, Fabio Álvarez, dijo que corresponderá a los migrantes decidir si desean regresar a la isla, permanecer en México o continuar su viaje hacia otro país.

Es necesario visibilizar la grave crisis alimentaria que atraviesa Cuba y no dejar que pase inadvertida ante el convulso panorama internacional, alertó recientemente el Food Monitor Program, un proyecto que monitorea las condiciones de acceso, disponibilidad, utilización y estabilidad de los alimentos en las diferentes provincias de Cuba.

"La rapidez con que cambia la agenda mundial puede hacer que situaciones urgentes, como la crisis estructural que vive Cuba, pasen desapercibidas para el resto del mundo, incluso para nuestro propio continente. Condición que se ve agravada por el hecho de los espacios y el posicionamiento de su narrativa oficial que el régimen cubano históricamente ha logrado ganar, presentándose como un ejemplo de avances sociales", alerta la columnista Nastassja Rojas.

En su artículo cita los resultados de las investigaciones del Food Monitor Program, en los que se resalta que la mayoría de las provincias cubanas enfrentaron un bajo nivel de seguridad alimentaria por el bajo crecimiento económico, alta inflación, reducción de la producción y venta de alimentos, problemas de infraestructura; "todo ello agravado por las recientes medidas económicas adoptadas por el Gobierno, como el aumento de precios de combustibles".

En la columna publicada el martes, la entidad alerta que "la crisis en Cuba es real y devastadora. La falta de acceso a alimentos, medicinas y derechos básicos es una realidad que afecta profundamente a la población en general en el país. Sin embargo, a menudo esta crisis no es visible más allá de las fronteras de la Isla, mucho menos en la agenda global".

Food Monitor destaca que el pasado 29 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), expresaron preocupación por el agravamiento de la inseguridad alimentaria en Cuba y las interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, al tiempo que señalaron que esta situación afecta desproporcionadamente a ciertos grupos de personas, como las mayores de 60 años, mujeres embarazadas, niños, adolescentes, y aquellas con enfermedades crónicas, lo cual genera graves impactos en sus condiciones de vida.

"Ante este escenario, la CIDH y la REDESCA hacen un llamado al Estado cubano a adoptar medidas concretas para garantizar el acceso de su población a una alimentación adecuada y a servicios públicos indispensables. Asimismo, instan a la comunidad internacional a cooperar en el acceso a alimentos, medicamentos y productos básicos en Cuba", indica el texto.

La autora celebra estos pronunciamientos que colocan la crisis alimentaria en Cuba en un plano regional, sin embargo reconoce que el régimen de La Habana ni siquiera responde a los llamados de atención del organismo adjunto de la Organización de Estados Americanos.

El gobierno de Estados Unidos anunció este martes la ampliación de iniciativas para evitar la migración indocumentada desde Centroamérica y el Caribe, así como el apoyo con $578 millones en ayuda humanitaria para la región.

En una conferencia de prensa virtual, Marcela Escobari, Asistente Especial del Presidente y Coordinadora de la Declaración de Los Ángeles de La Casa Blanca, dijo que la oficina de Movilidad Segura en Guatemala se había comprometido a procesar también casos de Nicaragua, Honduras y El Salvador.

Escobari también señaló que países como Colombia, Costa Rica y Ecuador han incrementado las vías para regularizar a poblaciones inmigrantes en sus territorios y que México está trabajando en un plan para otorgar visados de trabajos a inmigrantes haitianos.

La alta funcionaria explicó que utilizarán las vías legales para imponer sanciones a quienes se benefician del tráfico de inmigrantes. “Justo ayer impusimos restricciones de visa a directivos de varias empresas colombianas de transporte marítimo por facilitar la migración irregular hacia los Estados Unidos”, dijo.

“En Costa Rica firmamos un nuevo acuerdo de intercambio de datos biométricos para que podamos fortalecer la ampliación de leyes fronterizas y aumentar la seguridad en la región, y anunciamos que las oficinas de movilidad segura en Costa Rica ampliarán la legibilidad para aceptar ecuatorianos”, añadió Escobari.

De acuerdo con la funcionaria, México anunció que desde 2022 ha emitido más de 17,500 visas temporales a personas que buscan protección internacional para abordar la escasez de mano de obra en su país.

La Casa Blanca publicó un comunicado donde detalla cada uno de los puntos que consideran logros de la reunión, desde la ampliación de las "vías legales para la migración y la protección", hasta el análisis de las "causas profundas y apoyar la integración de los migrantes para fomentar la estabilización a largo plazo".

Sanciones contra los vuelos chárter y críticas al régimen Ortega Murillo

Eric Jacobstein, Subsecretario de Estado Adjunto para América Central, recordó que este lunes la Asociación Internacional de Transporte Aéreo anunció restricciones a vuelos comerciales utilizados para el tráfico de inmigrantes.

“Nuestro mensaje es claro, nadie debe lucrar a costa de los migrantes vulnerables, ni los traficantes, ni las empresas privadas, ni los funcionarios públicos, ni los gobiernos. Seguiremos colaborando con Gobiernos dentro y fuera de la región, así como con el sector privado, buscando eliminar esta práctica explotadora que pone a los migrantes en peligro”, dijo.

Jacobstein aseguró que Estados Unidos está “preocupado” con las acciones del régimen de Daniel Ortega, gobernante de Nicaragua y su esposa Rosario Murillo, quienes han permitido que cientos de miles de inmigrantes lleguen a ese país sin requisito de visado.

Recientemente el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, dijo a Martí Noticias que el régimen de Nicaragua estaba utilizando la emigración como un arma contra EEUU y los países de la región.

Los grupos delincuenciales operan hoy el tráfico de personas

El subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, Blas Nuñez-Neto, aseguró que el panorama ha cambiado con respecto a quienes operan el tráfico ilegal de inmigrantes.

“Es casi imposible llegar a la frontera de los Estados Unidos sin pasar por las manos de los cárteles”, dijo.

Una de las mayores críticas de sectores republicanos al gobierno de México es el crecimiento de los cárteles de la droga, que han visto en el tráfico de personas un nuevo filón de negocios.

Núñez-Neto dijo que no solo son cárteles mexicanos los que operan el tráfico de personas, sino grupos del crimen organizado de todos los países de la región.

“Se están diversificando y especializando más y más en el movimiento de personas y, nuevamente, no solo dentro de nuestro hemisferio. Tienen conexiones con grupos fuera de nuestro hemisferio y traen migrantes de otras partes del mundo, así que es algo que nos preocupa mucho”, dijo.

Las autoridades de la prisión de mujeres La Bellotex, de Matanzas, prometieron a la presa política María de Jesús Terrás Díaz que el 13 de mayo darían respuesta a su demanda de cambio a un régimen menos severo que le corresponde desde hace varios meses.

Terrás Díaz se declaró en huelga de hambre el 30 de abril para hacer valer su reclamo, pero abandonó su protesta cuatro días después tras el compromiso de los mandos penitenciarios.

“Estuvo cuatro días en huelga de hambre. Nosotros, [su familia] llamamos a la directora de la prisión, para saber las condiciones que estaba María de Jesús”, explicó su prima Dianella Díaz, a Martí Noticias.

Después de la llamada a la funcionaria, llevaron a la presa política a la oficina de la dirección del penal de mujeres, donde la oficial que lo dirige, le prometió darle una pronta contestación.

“Le dijeron que el día 13 le daban respuestas, que no se preocupara de su caso, pero que ella tenía que comer, que no podía seguir así. Ahora, estamos esperando el 13 la respuesta”, indicó Díaz.

Las autoridades judiciales han negado a Terrás Díaz, en más de dos ocasiones, el paso al régimen de menor rigor, que le permitiría cumplir el resto de su sentencia en un centro correccional abierto, donde podría trabajar y acceder a breves estancias en su hogar.

Terrás Díaz, una trabajadora doméstica de 40 años, fue encontrada culpable de los delitos de desórdenes públicos y sabotaje y fue sancionada a siete años de privación de libertad por asistir a las protestas del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Cárdenas.

Según la legislación penal cubana, aunque es el tribunal de ejecución el encargado de otorgar los “beneficios”, en la práctica, los internos, en especial, los presos políticos, están sujetos a la decisión de los oficiales del Ministerio del Interior (MININT), y de la Seguridad del Estado.

En diciembre de 2022 entró en vigor la Ley de Ejecución Penal que, junto a otras normativas legislativas, el gobierno cubano presentó como "una relevante y verdadera revolución procesal que garantiza derechos y deberes constitucionales a las partes".

Una iniciativa del centro de asesoramiento legal Cubalex busca visibilizar, de manera general y casuística, el impacto de la prisión política en las mujeres cubanas.

La campaña “Derechos negados: Mujeres encarceladas por motivos políticos en Cuba”, pretende además denunciar el uso de esta herramienta por regímenes autoritarios para controlar las voces críticas.

“Se ha denunciado que las autoridades [penitenciarias] toman decisiones a partir de las órdenes que les da la Seguridad del Estado en estos casos específicos de las mujeres privadas de libertad por motivos de opinión”, explicó Giselle Morfi, especialista de Cubalex.

La organización Justicia 11J tiene registradas 62 mujeres cubanas que están separadas de sus familias por disentir.

“Estas mujeres se encuentran en especial situación de riesgo”, asegura Cubalex sobre las presas políticas.

“Las condiciones de higiene de las prisiones, de manera general, son insalubres. Las pocas veces que hay agua, es de muy mala calidad, puede tener hasta fango, fetidez, incluso, el agua de tomar”, señaló Morfi.

La abogada detalló que las malsanas condiciones de los establecimientos penitenciarios afectan en particular a las mujeres embarazadas, más susceptibles a infecciones y otras enfermedades derivadas de la falta de higiene.

A esto se le añade la escasez de medicamentos en el país y la negligencia de los responsables de prisiones “que, muchas veces, aunque la familia lleva, por ejemplo, pastillas prenatales, no se las dan a la embarazada”, subrayó Morfi.

La experta considera que esta práctica se convierte en “un patrón de castigo” a las presas políticas.

Los penales no tienen médicos especialistas por lo que las presas con dolencias que requieran un ginecólogo, u otro especialista, deben ser trasladadas a un centro de salud cercano.

“Nos sacan de ‘conduce’ para un hospital porque ahí no hay condiciones para eso. Pero, muchas veces, perdíamos el turno porque no había petróleo o no había carro”, relató Liliana Oropesa, excarcelada este lunes bajo una licencia extrapenal. La mujer se encuentra embarazada de ocho meses y estaba recluida en la sección destinada a las mujeres en esa condición de la Prisión de Mujeres de Occidente.

“No nos daban ninguna dieta [a las gestantes]. Nos daban la misma comida que a todo el mundo”, apuntó Oropesa, que cumple una sanción de cinco años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en el barrio habanero La Güinera.

Los exámenes como el que detecta el VIH y los exudados vaginales imprescindibles para la salud y bienestar femenino, son una asignatura pendiente en las cárceles cubanas.

“Hicieron una vez una prueba citológica y más nunca volvieron a repetirla ni ningún otro análisis”, anotó la joven.

En este sentido la abogada de Cubalex alertó que la crisis generalizada que afecta al país se agudiza al interior de las prisiones:

“En el caso de las mujeres aún mayor, pues son un grupo vulnerable donde la situación es caótica porque no tienen las condiciones higiénicas necesarias que exigen las reglas de Bangkok: ni siquiera les dan toallas sanitarias para que puedan pasar su periodo menstrual de manera digna”.

Las Reglas de Bangkok establecen el primer grupo de patrones internacionales de derechos humanos centrados en las necesidades especiales de las mujeres privadas de libertad.

En un hilo de X, Cubalex advierte que la violencia sistemática en las prisiones somete a las mujeres presas a numerosas violaciones de derechos humanos.

La prisión política es injusta para cualquier ser humano, pero en las mujeres tiene un más fuerte golpe para ella y su familia, indicó Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido y cuñado de María Cristina Garrido, ambas presas políticas por participar en las manifestaciones del verano de 2021 en Quivicán, provincia Mayabeque.

“Cuando es la mujer, la madre la que falta en la familia, lo demás se desmorona. Si falta ella, falta el alma, lo que aglutina, que une en dedicación al hogar”, afirmó.

“María Cristina es madre de tres niños. En una carta me escribía, que lo que más le duele son esos tres niños. Saber que el varoncito no tiene la merienda en el momento que lo necesita o el peinar a Sofía, su niña menor con esa paciencia que solo ella puede tener. Son muchos detalles, más allá del machismo”, refirió Rodríguez.

Agregó que hombres y mujeres son tratados con igual severidad en las cárceles cubanas: “Cuando a María Cristina Garrido le daban, le daban duro, igual que a los hombres, por la cara para obligarle a gritar 'Viva Fidel, Viva Díaz Canel'. La proyectaban hacia el suelo con una técnica de judo y le abrían los pies para que los soldados ‘machitos’ vieran su ropa interior manchada de sangre porque estaba en el periodo menstrual y no le daban una almohadilla sanitaria”.

“A Lisandra Góngora la llevaron para la Isla de la Juventud alejándola cientos de kilómetros de sus cinco hijos pequeños”, recordó Rodríguez.

Cubalex resaltó las figuras de Sayli Navarro Álvarez, Daisy Rodríguez Alfonso, Odet Hernández Cruzata, María de Jesús Terrás Díaz, Lisdiany y Lisdanis Rodríguez Isaac y Mailene Noguera Santiesteban, entre otras.

El gobernante Miguel Díaz-Canel ha atestiguado en repetidas ocasiones que su Gobierno se “ocupa y preocupa” de las mujeres “en desventaja”, pese a “la manipulación que se teje sobre este sensible tema”.

Al respecto, los observatorios feministas independientes del país han resaltado que la violencia política contra las mujeres es violencia de género.