Cuba
Denuncian política de exclusión del régimen cubano que impide a activistas regresar a la isla (VIDEO)
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) denunció este lunes la exclusión forzada del territorio nacional de ciudadanos cubanos en visitas temporales al exterior tras la prohibición que impidió el sábado regresar a la isla a la profesora y activista Omara Ruiz Urquiola.
La organización, con sede en Miami, señala en un comunicado que la cubana no pudo viajar a La Habana a pesar de tener sus documentos en regla y no tener sanciones pendientes ni orden de arresto por actividades criminales o subversivas.
"La aerolínea estadounidense Southwest canceló su reservación por instrucciones de las autoridades del Ministerio del Interior en La Habana y no notificó a la pasajera de ese hecho hasta que se presentó en el aeropuerto de Fort Lauderdale para abordar el avión de esa empresa", denuncia la FDHC en un comunicado.
Según la declaración, Ruiz Urquiola, paciente de cáncer, fue invitada a venir a Estados Unidos por la Fundación para hacerse un chequeo y evaluar su estado general de salud, que sufría un deterioro acelerado en la isla.
En una transmisión en vivo por Facebook en la que denuncia lo sucedido, la activista dijo el sábado que se encuentra en una situación en la que no sabe qué hacer: “Vine a tratarme por una cuestión médica. Se cumplió, me recuperé y no me dejan regresar a mi casa… En Cuba yo tengo todo. No tengo absolutamente nada en este país. Nunca ha sido mi interés emigrar”, subrayó.
Ante los reclamos de la viajera a representantes de Southwest Airlines en el Aeropuerto de Fort Lauderdale, estos le respondieron que si quería resolver su situación debía llamar a Inmigración.
"¿Quiere resolver el asunto? Llame a Inmigración. Ya terminamos aquí?", le respondió a Ruiz Urquiola, y a Ramos, que la acompañaba, una empleada de la aerolínea estadounidense.
La FDHC recordó que este es el segundo caso "en que se niega la entrada al país a ciudadanos que residen en Cuba, tienen sus documentos en regla, no tienen causas ni orden de arresto pendientes en la Isla, estaban de visita por razones e invitaciones personales y se les bloquea el retorno voluntario a su patria en clara violación del Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la cual Cuba es signataria".
El caso anterior fue el de la profesora de Arte y activista Anamely Ramos, también invitada por esa organización, impedida de viajar de regreso a Cuba en febrero pasado, cuando se disponía a abordar un vuelo de American Airlines en el Aeropuerto Internacional de Miami.
A raíz del incidente, la FDHC incluyó a dos oficiales de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) del Ministerio del Interior al registro de represores cubanos, una base de datos que elabora esta organización y que hacen llegar a autoridades estadounidenses y a organismos internacionales.
La organización acusó al teniente coronel Néstor Morera Payrol, jefe de la DIIE en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, y el coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de esa Dirección del MININT, de coordinar desde 2016 políticas migratorias arbitrarias que incluyen violaciones del derecho a que los cubanos vuelvan a su país; prohibiciones selectivas de viajar fuera del país y los recientes destierros forzosos.
La FDHC aclara que la circunstancia de Ruiz Urquiola y Ramos es diferente a la de exiliados, emigrados y extranjeros sometidos a otras regulaciones de viaje.
"Estas personas han sido excluidas del territorio de su Estado natal sin haber deseado ni solicitado asilo o estatus migratorio en otro país ni tener vínculos con otro Estado. A partir de esa condición arbitraria y forzada son los primeros “stateless people” según los clasifica las Naciones Unidas de la tragedia cubana. Eso es inaceptable", subraya el comunicado.
Ambas activistas han acusado al gobierno de EEUU de complicidad con la prohibición de regreso al país del régimen de La Habana.
“Yo estoy en territorio americano. Este es el aeropuerto de Fort Lauderdale y estos son los Estados Unidos de América. Se está violando, incluso, un derecho constitucional norteamericano, que es el derecho a la movilidad de los ciudadanos del mundo, y sencillamente ellos están acatando una disposición del Ministerio del Interior de Cuba y del Departamento de Emigración”, dijo el sábado Ruiz Urquiola.
La FDHC, por su parte, pidió al gobierno de Estados Unidos y las compañías aéreas no ser "cómplices pasivos y silenciosos de este nuevo asalto a las libertades y derechos de los cubanos perpetrado en territorio estadounidense", sino denunciar estos casos y tomar medidas para corregirles e impedir que se repitan en el futuro.
En febrero pasado, representantes del gobierno de EEUU, congresistas y otras organizaciones condenaron la decisión del régimen cubano de impedir el regreso de Ramos a la isla.
Este lunes, la Embajada de Estados Unidos en Cuba denunció en Twitter el caso de Ruiz Urquiola, e instó al régimen de la isla a poner fin a esta política de exclusión.
"Solo en Cuba se ve encarcelar, acosar y negar la entrada a ciudadanos para castigarlos que expresen sus opiniones. Exigimos que pongan fin a esta política cruel y discriminatoria contra el pueblo cubano", señaló la sede diplomática.
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Piden a la Asociación Cubana de las Naciones Unidas que respalde una ley de manifestación en Cuba
El abogado Julio Ferrer Tamayo, miembro del centro de asesoramiento legal CUBALEX, requirió la semana pasada a la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) que sirva como mediadora ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) para que estudie y promulgue la Ley de manifestación y reunión.
“Hice la petición a la Asociación Cubana de Naciones Unidas de que coopere con nosotros en el propósito de compulsar a la Asamblea Nacional del Poder Popular a promulgar una ley de manifestaciones y protestas pacíficas”, explicó a nuestra redacción, el jurista, residente en La Habana.
La ACNU es una organización no gubernamental, reconocida por el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia de Cuba, cuya misión, como indican en la página oficial es promover y defender "nacional e internacionalmente, en el ámbito del entorno asociativo y de las ONGs, los propósitos y principios expresados en la Carta de las Naciones Unidas, así como los principios y valores de la política exterior de la Revolución cubana".
Para el abogado Ferrer, “esa asociación viene siendo como una dependencia o representación de la ONU en Cuba, que, según su presidenta Norma Goicochea, gestiona, desde la sociedad civil, la implementación y respeto por el Estado cubano de todos los derechos humanos para los cubanos”.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos de 2022, Goicochea dijo a la prensa oficial que la Asociación y la sociedad civil siempre “acompañarán al Estado y Gobierno cubanos desde una mirada crítica sobre lo que en materia de derechos humanos aún es perfectible”.
De acuerdo a la funcionaria, “la ACNU traza estrategias y políticas con el Estado cubano para la observancia y disfrute de tales derechos por todos los cubanos, como resultado de la verdadera sociedad civil cubana”, citó el abogado independiente.
“Tal petición tiene el propósito de compulsar a esa asociación a accionar desde todos los escenarios para que se promulgue dicha ley”, puntualizó.
Martí Noticias preguntó a la señora Goicochea en un email, su opinión acerca de la inquietud de la sociedad civil cubana que ha pedido, en al menos tres ocasiones, a la Asamblea Nacional el estudio y promulgación de una Ley de manifestación y reunión, sin obtener que su reclamo sea considerado. Hasta el momento la institución oficialista no ha respondido.
El 21 de septiembre, Ferrer demandó a la Asamblea Nacional del Poder Popular en la Sala de Amparo de Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo Popular para forzar la aprobación de la ley complementaria al derecho de reunión y manifestación pacífica.
Dos días después de la presentación del reclamo, fue detenido por varias horas en una estación policial.
En el interrogatorio, dos agentes de la Seguridad del Estado aceptaron que "la demanda es válida y está amparada en la ley”, pero en Cuba las autoridades violan la ley y será así mientras exista la Revolución".
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) pidió en diciembre de 2022 al parlamento cubano que “incluya, discuta y apruebe la Ley sobre los derechos de Manifestación y Reunión” en la primera sesión legislativa de 2023.
Diez meses más tarde, la Asamblea Nacional no ha tramitado esa ley y ni siquiera la incluyó en su cronograma legislativo para el quinquenio 2023-2027.
La Constitución de 2019 establece en su artículo 56 los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos.
Juicio a presa política busca "darle un escarmiento al pueblo", denuncia su hermana
El primer día de juicio contra la presa política Daily Batista Pérez y otros nueve acusados, que inició este lunes en el Tribunal Municipal Popular de San José de las Lajas, en Mayabeque, fue una muestra de irregularidades por parte de los testigos de la fiscalía.
Así lo denunció este martes a Martí Noticias, Saily Nuñez Pérez, hermana de la imputada, y quien estuvo presente en la vista, a la que solo permitieron la asistencia de dos familiares.
"Vi esto como un 11 de julio 2.0, yo le llamo así. Total indignación, las mentiras a flor de piel, policías que no saben ni tan siquiera responder a preguntas tan sencillas como qué es una densidad poblacional y cosas como esas. Es absurdo", se cuestionó la activista y esposa del también preso político Maykel Puig Bergolla.
Núñez Pérez agregó que los policías llevaban escrito con tinta en las manos el nombre de los imputados, y no sabían explicar por qué procedieron al arresto de los mismos.
Este juicio, dijo, se trató de "darle un escarmiento al pueblo, seguir apresando a personas inocentes y seguir queriendo tapar el sol con un dedo".
Este martes, en una segunda vista, la fiscalía y la defensa deben presentar las conclusiones del caso. "Me imagino que hoy no den la sentencia", aventuró la hermana de la acusada.
Daily Batista Pérez, de 19 años de edad, enfrenta una petición fiscal de 4 años de privación de libertad por los delitos de desorden público, atentado y daños, por participar en las manifestaciones ciudadanas del 10 de octubre de 2022, que tuvieron lugar en Güines, Mayabeque, tras extensos apagones.
"Ojalá y salga lo mejor posible porque esto es un abuso más, y un ensañamiento hacia nosotros", concluyó Núñez Pérez.
(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)
Autoridades penitenciarias retrasan libertad condicional a preso político Yandier García Labrada
Las autoridades cubanas no han permitido salir en libertad condicional al preso político Yandier García Labrada, a pesar de que ha cumplido las tres quintas partes de su sanción de cinco años de prisión.
García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), fue condenado en julio de 2021 por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. Comenzó su condena en el penal El Típico y luego en La Carbonera.
En enero de 2023, fue cambiado a un régimen de menor severidad e internado en el centro correccional con internamiento Guabineyón 8, perteneciente a la provincia de Las Tunas.
“Nosotros le hemos hablado, en varias ocasiones, como familiares al mal nombrado reeducador, porque no reeduca a nadie, le hemos pedido que Yandier debe de tener cambios porque ya va a cumplir, el 7 de octubre, 3 años injustamente. Nunca nos dan una respuesta clara”, dijo a Martí Noticias Irán Almaguer.
"Yandier también le ha reclamado a ese mal nombrado reeducador por su condicional porque él es primario. El reeducador la respuesta que le dio ahora el último viaje fue que él era un caso especial que tenía que esperar”.
La legislación cubana establece que el régimen de progresión penitenciario, así como la libertad condicional lo otorga el tribunal de ejecución, con el visto bueno de los mandos del Ministerio del Interior, del que forman parte los penales, que son los que determinan, en la práctica, quienes progresan y quienes no”, han dicho abogados independientes a Martí Noticias.
Según el Reglamento del Sistema Penitenciario cubano, la libertad condicional se otorga a un reo primario cuando ha cumplido la mitad de su sentencia.
El activista fue arrestado el 6 de octubre de 2020 cuando hacía una cola para comprar alimentos en una tienda de Manatí, localidad donde reside en la provincia de Las Tunas. El joven protestó por la ineficacia e irregularidades que cometían los llamados gestores, y fue secundado por las otras personas que se encontraban en el lugar.
En ese momento, el régimen había creado la figura de los “gestores” para controlar y organizar el despacho de mercancía, lo que, según denuncias desde la Isla, trajo mayor corrupción y “componendas” entre los policías, los individuos designados para organizar las largas filas y los dependientes de las tiendas.
La Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) ha demandado del gobierno cubano la liberación inmediata del activista, porque su detención es “injusta y arbitraria”.
De igual modo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 7 de enero de 2021 una resolución que otorgó medidas cautelares de protección a favor del opositor.
Denuncian precarias condiciones de encarcelados por protestar en Baracoa
En precarias condiciones se encuentra el matrimonio que recibió las más altas condenas por haber participado en la protesta popular en el malecón de Baracoa, el 15 de julio de 2022, durante un prolongado apagón.
Dariannis Guerra Suárez, de 27 años de edad, madre de tres niños menores que están al cuidado de su abuela materna, permanece recluida en el penal de mujeres provincial de Guantánamo, donde cumple tres años de condena. Mientras que su esposo, Uvensy Matos Montero, de 25 años de edad, quien recibió 4 años de sentencia, se encuentra en el Combinado de Guantánamo. Ambos fueron detenidos al siguiente día de la manifestación y procesados por el delito de desórdenes públicos.
Las condiciones son las peores en esos penales donde se encuentran. No hay alimentación, tampoco medicamentos, y hay mucha irregularidad con las visitas, dijo a Martí Noticias Yamilet Montero Nocot, madre de Uvensy.
“Ahí los más perjudicados fueron mi nuera y mi hijo. Bueno, ella se encuentra en la de mujeres, ella tiene tres niños chiquitos, tiene uno que está haciendo el primer grado, y uno que está haciendo el séptimo grado y quinto el otro... Lo que pasan esos niños. Y él se encuentra en la de los hombres.
"El trato peor del mundo lo dan ahí, y he llegado en momentos cuanto he tenido la posibilidad de llegar hasta allá, lo que le he llevado cocinado de la casa lo he tenido que botar allí mismo, porque se dan lija para buscarlo, me dicen que no le toca la visita, qu no sé qué más, y en lo que yo busco jefes y llamo para aquí y llamo para allá, cuando he querido entrar, ya se me echó a perder la comida", dijo la mujer.
Hace unos tres meses que Montero Nocot no va a visitar a su hijo y su nuera a la prisión, "por motivos de la economía", explicó.
Agregó que el proceso judicial fue muy injusto. "Se ensañaron con esos muchachos, cuando había toda una multitud de personas en la manifestación. Por desorden público, por ese delito, y le imputaron más cosas (...). Yo puse un abogado, pero el abogado no hizo nada”, argumentó la madre del preso político.
Además del matrimonio, también cumplen prisión otros siete residentes de Baracoa por haber participado en la protesta: Richard Sánchez Sanamé, de 24 años de edad; Keiler Navarro Silot, de 33; Misael Pons Blanco, de 46; Irioldis Barrabia Cobas, de 30; Hilder Columbié Hernández; Norges Paumier Paumier, de 50 años; y Orlenis Paumier Blancar, de 27 años de edad.
La petición fiscal fue firmada por Yuliet Caballero Cintra, fiscal municipal de Baracoa.
La protesta popular en la zona del malecón de Baracoa ocurrió cerca de la medianoche del 15 de julio de 2022, después de que durante todo el día se realizara una fiesta popular en el lugar en conmemoración del 26 de julio.
El detonante fue un apagón y la población, al verse tan afectada por la falta de electricidad, el desabastecimiento de alimentos y las malas condiciones de vida, gritaron consignas como "Abajo Díaz-Canel" y "No más hambre", y manifestaron que querían un futuro mejor.
Comienza juicio a prisionera política Daily Batista Pérez
El juicio en contra de la presa política Daily Batista Pérez, de 19 años, comienza este lunes en el Tribunal Popular Municipal de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque.
Su hermana, Saily Núñez, esposa del preso político del 11J Maykel Puig Bergolla, dijo a Martí Noticias que la joven enfrenta una petición fiscal de 4 años de privación de libertad.
"En estos momentos me encuentro en el Tribunal provincial de San José, a la espera de un juicio “circo” por delitos fabricados en contra de mi hermana Daily Batista Pérez”, informó Núñez.
Sobre los resultados que pudiera tener el juicio a su hermana, Núñez respondió con escepticismo: “No sabremos cómo va a quedar esto, estamos aquí, le piden cuatro años. Este es uno más de los abusos y el ensañamiento en contra de nuestra familia... Seguiremos alzando nuestra voz pidiendo libertad”.
La hermana de la joven encausada ha denunciado anteriormente que el caso está siendo manipulado para incriminar a Batista Pérez con delitos que no cometió, todo esto como castigo a la familia por la defensa que han hecho del preso político Puig Bergolla, detenido durante las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021.
"Esta es una forma más de represión. Nuestra familia corre peligro... Si algo nos pasa, esto es un total ensañamiento hacia nosotros", escribió en su momento Saily Núñez en su cuenta de Facebook.
El centro de asesoría jurídica Cubalex señaló que Batista Pérez enfrenta cargos de “desorden público”, “atentado” y “daños” por su presunta participación en las protestas por los prolongados apagones ocurridas el 10 de octubre de 2022 en el poblado de Güines.
(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)
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