El periodista Henry Constantín Ferreiro, director de La Hora de Cuba, podría enfrentar otro proceso penal por el delito de Portación y tenencia de armas o explosivos, una figura del Código Penal que le acarrearía de seis meses a dos años de privación de libertad.
El caso de Constantín quien es también vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, cobró mayor relevancia debido a las denuncias sobre la presunta fabricación de pruebas con un arma blanca mientras se encontraba bajo prisión provisional.
El proceso penal contra el periodista continúa desarrollándose en un escenario de absoluta indefensión jurídica y manipulación institucional. Miembros de la sociedad civil independiente han subrayado la imposición de trabas burocráticas y maniobras dilatorias cometidas de manera coordinada por la Seguridad del Estado y las autoridades policiales y judiciales de la isla.
La más reciente arbitrariedad procesal tuvo lugar este martes 20 de octubre, fecha en la que estaba programada formalmente la toma de declaración de Constantín. A este acto judicial debían asistir el periodista, su abogada defensora y el instructor penal de la Seguridad del Estado asignado para el nuevo delito que se le imputa. Sin embargo, la diligencia fue cancelada a última hora.
“Este martes 20 de octubre estaba prevista una reunión con su abogada para realizar la toma de declaración de Henry, junto a un instructor penal de la Seguridad del Estado que estaba asumiendo este nuevo delito del que se le está imputando”, explicó Iris Mariño, miembro del equipo de La Hora de Cuba.
“La acción no pudo suceder, pues el instructor penal se comunicó con la abogada para comunicarle que no podía asistir a la toma de declaración que quedó suspendida hasta una fecha próxima de la que aún no tenemos conocimiento”.
Organizaciones de derechos humanos han señalado que el aplazamiento indefinido constituye una táctica recurrente de hostigamiento y desgaste psicológico empleada por el aparato represivo cubano, con el objetivo de prolongar la incertidumbre legal de los detenidos y criminalizar el ejercicio de la libertad de prensa en el país.
De acuerdo con las normativas penitenciarias, los mandos militares aplicaron a Constantín Ferreiro, un castigo en una celda de aislamiento por entre 15 o 20 días, y suspendieron sus derechos a visitas familiares, pabellones conyugales y llamadas telefónicas.
En concordancia con la legislación puede instrumentarse, luego de ser juzgado, la pérdida de beneficios de rebaja de pena o progresión a regímenes de menor severidad.
El comunicador fue arrestado el 16 de septiembre de 2026 en Camagüey tras acudir a una citación policial. Las autoridades judiciales le impusieron prisión preventiva acusándolo del delito de desobediencia, argumentando que no se presentó a una citación previa el 9 de septiembre. El periodista y su equipo de prensa sostuvieron que él sí asistió ese día, pero que los oficiales de migración ya se habían marchado.
Abogados independientes calificaron la medida como excesiva y arbitraria porque la ausencia a un primer llamado suele conllevar únicamente una multa y no encarcelamiento.
Tras ser trasladado en prisión preventiva al establecimiento de máxima seguridad Kilo 7, el proceso dio un giro drástico el 15 de octubre de 2026 cuando, durante una requisa en su celda, custodios del penal afirmaron haber encontrado un cuchillo de fabricación artesanal dentro del bolsillo exterior de su maletín.
Constantín rechazó tajantemente la propiedad del objeto y aseguró que el arma blanca le fue "sembrada" por la Seguridad del Estado en complicidad con otros internos.
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