Mientras unos 86,000 estudiantes de secundaria se preparan para graduarse de bachillerato el próximo mes, las plazas ofertadas por las universidades públicas de Nicaragua para el año 2027 han sufrido una reducción de 12,000 cupos en comparación con las ofrecidas en 2026.
El dato ofrecido por una investigación de Confidencial muestra la crisis de la educación universitaria en Nicaragua, tanto en la cantidad de plazas como en la calidad de la enseñanza.
Organismos de derechos humanos nicaragüenses han documentado alrededor de 300 universitarios expulsados arbitrariamente de universidades públicas por participar en las protestas del año 2018, a muchos de los cuales se les borraron sus expedientes académicos para impedirles que continuaran sus estudios en el país.
Por otro lado, diversas investigaciones periodísticas, estiman que alrededor de 20,000 estudiantes universitarios nicaragüenses salieron al exilio desde 2018, cuando inició la represión gubernamental.
Así mismo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha confiscado 28 universidades privadas desde el año 2021, convirtiéndolas en centros de estudio que reciben fondos públicos, pero cobran aranceles como si fueran privadas sin que rindan cuenta alguna de sus finanzas.
María Asunción Moreno, académica y jurista nicaragüense, señaló a Martí Noticias que “desde abril del 2018 el sistema de educación superior nicaragüense ha experimentado un deterioro progresivo hasta prácticamente eliminar la autonomía universitaria, el pluralismo y la libertad académica”.
“Las universidades, particularmente las privadas, que desempeñaron un papel importante durante las protestas estudiantiles del 2018, comenzaron a enfrentar hostigamiento, intervenciones e incluso muchas de ellas fueron cerradas y confiscadas”, apuntó Moreno.
El “punto de inflexión” para la vida universitaria, según Moreno, tuvo lugar en diciembre del 2021 cuando iniciaron las cancelaciones de personerías jurídicas de universidades privadas, algo que se extendió a los años 2022 y 2023.
Uno de esos centros educativos clausurados fue la Universidad Centroamericana (UCA), donde Moreno ocupó por muchos años el puesto de directora de postgrados y maestrías de la Facultad de Ciencias Jurídicas.
La jurista y académica es categórica en señalar que se trata de una “situación de exterminio de la autonomía universitaria como parte de la extensión de la represión política en el ámbito educativo”.
Adoctrinamiento y pensamiento único
“La represión ha tenido un efecto devastador para la autonomía universitaria y la libertad de cátedra”, señaló a Martí Noticias Moreno, al tiempo que recordó que desde el 2018 el régimen ha hostigado, amenazado, vigilado e inclusive forzado al exilio a muchos estudiantes, docentes e investigadores universitarios, logrando "una desarticulación progresiva de la comunidad universitaria independiente”.
La universidad "como un centro generador de pensamiento y de masa crítica, desapareció en Nicaragua y el régimen creó en su lugar un sistema de educación universitaria de adoctrinamiento en donde no existe la libertad de cátedra ni la autonomía universitaria como la entendíamos antes del 2018", agregó.
De acuerdo con la excatedrática de la UCA, que desde mediado del año 2021 se encuentra en el exilio debido a la persecución del régimen, “la confiscación de las instituciones y las instalaciones universitarias ha permitido concentrar en el Estado el control, tanto de la parte administrativa como académica de las universidades”.
En medio de esta arremetida del régimen contra las universidades, la oferta educativa a nivel superior ha perdido calidad. “Las universidades públicas, que son las que en términos generales han predominado en Nicaragua, y ahora también las universidades privadas confiscadas, están siendo parte de ese sistema de adoctrinamiento que pretende crear un pensamiento único de cero críticas en las nuevas generaciones”, apuntó Moreno.
Un nuevo y opaco negocio
En los edificios y recintos confiscados, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) instaló cuatro nuevas universidades estatales, que reciben dinero del 6 % del Presupuesto General de la República que establece la Constitución para la educación universitaria, pero cobran mensualidades a los estudiantes como si fueran centros privados.
Al respecto, Moreno señaló que “hay una doble financiación al utilizarse recursos públicos y además establecer aranceles a los estudiantes, lo cual exige una rendición de cuentas sobre el destino de estos recursos”.
Por otro lado, apuntó que esta situación genera “desigualdad e injusticia, ya que hay familias que terminan pagando por acceder a instituciones universitarias que ya se financian con impuestos pagados por los nicaragüenses”.
“Lo más grave”, señala la jurista y académica, es que se utiliza el patrimonio confiscado a instituciones educativas privadas para construir un sistema universitario estatal por el cual generan recursos no auditados.
“En este sentido, la educación superior no puede convertirse es un instrumento de control político ni un mecanismo de captación de recursos”, concluyó.
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