Cuba
Denuncian ante ONU y OEA desalojo a madres solteras en Santiago de las Vegas (VIDEO)
El capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR) y la Red Femenina de Cuba hicieron llegar a relatores especiales de derechos humanos de la ONU y la OEA una denuncia de los atropellos cometidos la madrugada del domingo contra familias, madres solteras y sus hijos en el Reparto Sierra Maestra, en el municipio capitalino de Santiago de las Vegas.
Así lo dieron a conocer el miércoles en una carta abierta dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.
Las remitentes le recuerdan que fuerzas de la policía “apoyadas por buldóceres, entraron sin previo aviso a demoler las humildes viviendas de un grupo de pobladores, en su mayoría madres solteras con sus hijos” en el reparto de Santiago de las Vegas.
La demostración de fuerza sirvió para destruir los hogares que esas personas habían levantado allí con esfuerzo propio y sacrificios personales, dicen.
“En los testimonios del video que le anexamos, se verifica que algunas de las víctimas se niegan a creer que usted, que recién ha llamado a sus colegas a ser ‘valientes’ para arreglar el país, conoce los abusos que comete el gobierno que encabeza”, declaran.
El video en cuestión fue compartido en YouTube por el medio digital Diario de Cuba.
“Si en este caso se declara desconocedor de lo que ocurre a su alrededor lo emplazamos a que, al menos, detenga esta salvajada de inmediato y les dé garantías a esos pobladores mientras investiga los hechos”, exigen a renglón seguido.
Llaman la atención sobre el hecho de que algunas de las personas desalojadas a la fuerza nacieron en zonas rurales y decidieron moverse a otra parte de su propio país en busca de prosperidad para sus hijos.
“Pero una serie de decretos inconstitucionales violan el derecho a fijar libremente residencia a los ciudadanos, y así han construido un muro de persecuciones, sanciones y deportaciones que incluye la demolición de sus precarias viviendas”, denuncia la carta.
Se trata de ciudadanos que ocuparon un limitado terreno lleno de escombros y basura por más de 25 años y, después de higienizarlo, levantaron viviendas muy modestas que para ellos eran sus hogares, indican las remitentes antes de subrayar una paradoja.
“A nadie nacido antes de 1959 se le escapa la ironía de que uno de los argumentos empleados por la revolución para legitimar la naturaleza humanista del proceso nacido ese año era precisamente poner fin a los desalojos agrarios y urbanos y establecer el derecho constitucional a una vivienda ‘digna’ o ‘adecuada”, dicen en el mensaje dirigido a Díaz-Canel.
Además, señalan, esas personas ya habían pagado multas de 500 y luego de 1,000 pesos, que se suponía les permitían legalizar sus viviendas. “Si eso fue una estafa, ¿quién se embolsilló ese dinero? ¿Lo sabe usted?”, preguntan las denunciantes.
Le dicen también al gobernante que tanto él como la policía del estado que encabeza deberían abstenerse de atizar odios en las circunstancias que vive el país.
“En lo que a nosotros respecta, y mientras usted decide qué acción va a tomar, abrimos una solicitud de vigilancia y acompañamiento de este caso con los relatores especiales de derechos humanos de la ONU y la OEA”, le informan. “El mundo estará mirando a partir de hoy la suerte que corran esas humildes madres solteras y sus hijos. Ellos no estarán solos”, concluyen.
EL DETONANTE
“Son muchos los desalojos que ocurren en Cuba diariamente; estamos en contra de esa arbitrariedad, de ese abuso”, le dijo a la reportera de Radio Televisión Martí Yolanda Huerga la representante occidental del capítulo Cuba de FLAMUR, Lisandra Orraca, quien refirió que el detonante para remitir la denuncia y escribir la carta fue la extracción con violencia de entre ocho y 10 núcleos familiares en la comunidad del reparto Sierra Maestra.
“Esa fue la gota que derramó el vaso”, aseguro Orraca. “Fueron desalojadas en la madrugada del 17 de mayo de sus hogares, que habían construido con su propio sacrificio porque el gobierno nunca les dio ningún apoyo para poder levantar sus moradas y fueron echadas sin contemplaciones, cruelmente”, agregó la directiva de FLAMUR.
Las desalojadas habian levantado sus casas donde antes estaba el llamado “basurero de los rusos”, porque allí depositaban sus desechos los técnicos procedentes de la entonces metrópoli socialista, que tenían un asentamiento cerca, explicó Agustín López Canino, autor del video que divulgó las denuncias de los afectados.
“La PNR, Policía Nacional Revolucionaria, fue al barrio y no les importaron las lágrimas que derramaron esas madres con sus niños, no tuvieron piedad y derrumbaron todas las casas, a pesar de que habían pagado ya multas de 500 y mil pesos porque les habían dicho que si las pagaban iban a poder legalizar sus domicilios”, denunció Orraca.
Iliana Hernández, integrante de la Red Femenina de Cuba, la otra entidad firmante de la carta al gobernante cubano, recordó que muchas de esos ciudadanos son tratadas como inmigrantes dentro del territorio que los vio nacer.
“Estas son personas que vienen desde el interior del país buscando mejorar su calidad de vida, pero con estas normas que hay aquí son como inmigrantes ilegales y es penoso, vergonzoso que alguien en su propio país sea un inmigrante ilegal”, comentó la también periodista independiente.
Hernández subrayó que las desalojadas “están indefensas; lo que tienen que hacer las autoridades es legalizar su situación.”
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Los Santos de Hialeah: La iglesia Lukumí cubana que llegó a la Corte Suprema (VIDEO)
Los Santos de Hialeah es una serie audiovisual que narra la batalla legal que enfrentó durante la década del 90' a la Iglesia Lukumí Babalú Ayé contra el gobierno de la ciudad de Hialeah y otros grupos protectores del bienestar animal como PETA y Humane Society.
Los practicantes de la religión Lukumí buscaban defender su derecho a sacrificar animales como parte de sus rituales religiosos. Sin embargo, las leyes de Hialeah les prohibían esta práctica, considerándola como un acto de crueldad animal.
La iglesia desafió esta prohibición, argumentando que violaba su derecho a la libertad religiosa, protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza que el Congreso no puede crear ninguna ley que establezca una religión oficial o prohibir el libre ejercicio de una religión en particular. Esta enmienda protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión, y el derecho de solicitar al gobierno compensación por agravios.
El caso de los santeros cubanos llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1993, donde se dictaminó a favor de la iglesia lukumí (también se escribe lucumí), sentando un precedente importante para la protección de la libertad religiosa.
La serie cuenta con los valiosos testimonios de los protagonistas implicados en el caso: Oba Ernesto Pichardo, cofundador y presidente de la Iglesia Lukumí Babalú Ayé en Hialeah; Lázaro Cuesta, sacerdote de la religión Lukumí; Jorge Duarte, abogado del caso, Thomas Wenski, arzobispo de Miami; y Raúl Martínez, ex alcalde de Hialeah entre 1981 y 2005.
La investigación de Martí Noticias incorpora el valioso aporte de las periodistas Ileana Bravo y Aminda (Mindy) Marqués; quienes cubrieron esta disputa legal desde su desarrollo inicial hasta su triunfo en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
La victoria del caso Church of Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of Hialeah es un ejemplo de cómo las comunidades minoritarias pueden luchar por sus derechos y lograr cambios en los Estados Unidos.
Niegan régimen de mínima severidad al joven preso del 11J Ángel Jesús Veliz Marcano
Las autoridades del penal de Kilo 9, en la provincia de Camagüey, negaron el cambio a un régimen de menor severidad al preso político cubano Ángel Jesús Veliz Marcano.
Su madre, Ailex Marcano, dijo a Martí Noticias que ni a ella ni a su hijo le han dado una explicación sobre las razones de la negativa. "Ellos siempre dicen que tiene un comportamiento adecuado, que está tranquilo", comentó.
Hace más de una semana, Veliz Marcano tuvo una visita en el penal y los oficiales quedaron en darles una respuesta pero hasta el momento no han dicho nada.
En octubre pasado al joven también le fue negado el cambio de medida por una supuesta indisciplina.
Ángel Jesús Veliz Marcano, de 29 años, fue condenado a seis años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.
Su madre ha denunciado en múltiples ocasiones malos tratos contra su hijo en la cárcel y negación de atención médica cuando la ha necesitado, además de amenazas por parte de los oficiales del penal.
Ailex Marcano también ha sido objeto de hostigamiento por exigir la libertad de su hijo. En varias ocasiones la policía la ha detenido y amenazado.
Esta semana también le fue negado el cambio a régimen de mínima seguridad al preso político José Alejandro Rodríguez Gelín, de 24 años.
El joven cumple una sanción de cinco años de privación de libertad por cargos de instigación a delinquir y desorden público tras su participación en las protestas en Jovellanos, provincia de Matanzas.
Al cierre del mes de marzo, la organización Prioners Defenders registraba 1092 prisioneros ppolíticos y de conciencia en la isla.
Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba denuncia el caso de tres presos políticos
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, a través del abogado Juan Carlos González Leyva, ha denunciado la situación de tres presos políticos: Taimir García Meriño, Eglis Heredia Rodríguez y Jorge Cervantes.
La presa política, residente de Victoria de las Tunas, fue condenada en el mes de marzo de 2022 a cinco años de prisión por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. La mujer encarcelada por respaldar a un trabajador independiente, a quien inspectores estatales y agentes policiales imponían una elevada multa por vender plantas medicinales, se encuentra recluida en la prisión Granja Cinco en Camagüey.
“Taimir padece de seis enfermedades en estos momentos, muchas de ellas en crisis casi el mes completo. El año anterior fue diagnosticada con la vesícula acodada y ahí estamos esperando todavía que a la dictadura le dé la gana de llevarla a un salón de operaciones. Y bueno de las otras enfermedades, de la presión, de la diabetes... El medicamento hemos tenido que comprarlo en la calle, a altos precios, para poder mantenerla a ella con vida ahí en prisión, debido a que ellos no tienen medicamentos para los encarcelados”, advirtió Holmis Rivas Carmenate, el esposo de la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
En el caso de Eglis Heredia Rodríguez, recluido en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, tras ser condenado en 2014 por el delito de atentado, el relator dijo que estaba "muy enfermo y sin asistencia médica para un cáncer de garganta muy avanzado que le impide hablar".
"Está extremadamente delgado debido a la hambruna y sufriendo malos tratos a manos de la guarnición de ese centro carcelario", agregó González Leyva.
Heredia Rodríguez había sido excarcelado con una licencia extrapenal por un cáncer que sufre en la laringe, pero esta medida fue revocada porque continuó con su activismo.
De acuerdo con el reporte de varios familiares y compañeros de prisión, la policía política le impide las visitas familiares.
También el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba denunció que el opositor de la UNPACU, Jorge Cervantes, fue trasladado de la cárcel de Aguadores, en Santiago de Cuba, para la prisión de máxima seguridad de Boniato, en la misma provincia, luego de protestar en huelga de hambre por varios días.
Cervantes está detenido desde el 12 de marzo y actualmente está bajo investigación por delitos contra la Seguridad del Estado.
En su caso aún no se ha hecho una petición fiscal.
"Jorge no acepta abogados porque él dice que eso es por gusto, al pasarse de los 10 días en huelga de hambre en Aguadores lo pasaron para Boniato”, dijo Gretchen Alfonso Torres, esposa del activista.
Un total de 19.571 cubanos entraron por frontera a EEUU en marzo
Un total de 19.571 migrantes cubanos llegaron a la frontera de Estados Unidos en marzo pasado, una ligera disminución respecto a febrero (20.815), según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU (CBP por sus siglas en inglés).
La mayoría de los migrantes, 13.411, entraron por los diferentes puntos de la frontera sur; y el resto por vía marítima.
Solo México (67.026) y Venezuela (21.367) superaron a Cuba en la entrada de migrantes en ese periodo. El éxodo masivo de ciudadanos de la isla que comenzó en diciembre de 2021, cuando Nicaragua eliminó el requisito de visado para los cubanos, se ha mantenido imparable desde entonces.
Según CBP, en marzo llegaron 110 menores cubanos no acompañados, la menor cifra registrada desde septiembre de 2023. En los últimos seis meses, el total ha ascendido a 791.
"CBP continúa trabajando estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. (ICE) y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. (USCIS) para procesar rápidamente a las personas encontradas en la frontera y expulsar a aquellos que no establecen una base legal para permanecer en los Estados Unidos", recoge el comunicado.
La llegada de migrantes cubanos en el primer semestre del actual año fiscal, que comenzó en octubre pasado, alcanzó los 126.517.
Además de las detenciones en frontera, los datos de CBP recoge el número de cubanos que llegó a Estados Unidos a través del programa de parole humanitario, aprobado por Joe Biden en enero de 2023.
"Hasta finales de marzo, un total de 404.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente en vuelos comerciales y se les concedió la libertad condicional bajo estos procesos", destaca el documento. En el caso de los cubanos, fueron aprobados hasta esa fecha 86.000.
“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila": activistas denuncian agresión y robo a su hijo
El 2024 despunta como otro año marcado por la inseguridad ciudadana y las quejas de la población por la indolencia policial ante los delitos, afirmó este miércoles a Martí Noticias la activista Marthadela Tamayo, cuyo hijo fue agredido con el propósito de robarle la mochila que portaba.
El adolescente de 16 años, Miguel Alfredo Santana Tamayo, fue amenazado con un machete, alrededor de las 2 de la tarde de este miércoles, muy cerca de su casa ubicada en el Reparto Casino del municipio habanero Cerro.
“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila. El ladrón se dio a la fuga”, relató Osvaldo Navarro, esposo de Marthadela Tamayo y padrastro del muchacho atacado.
“Nos dirigimos a la estación más cercana, la que queda en Calle Blanquita y Entrada en Casino Deportivo”, añadió.
El oficial alegó que esa unidad se había convertido en un centro de reunión de los jefes de sectores, que no registra denuncias, por lo que debían dirigirse a la 4ª. unidad del Cerro.
“La 4ª. del Cerro es bastante lejos de aquí, de la casa, aproximadamente unos 25 minutos en transporte público y en La Habana no hay transporte público”, precisó Tamayo.
La familia que acudió a las autoridades policiales a reportar el asalto, lejos de ver atendida su demanda, se sintió en peligro:
“Nosotros insistimos que al menos habría que tramitar algo referente a lo que había pasado, en una llamada o un documento, llamar a una patrulla, pero en vano. Se acaloró la discusión, fuimos maltratados. [El oficial] trató de intimidarnos con levantarnos un acta de advertencia a cada uno, incluyendo a Miguel Alfredo que, según dijo, ya tiene edad para responder ante la Ley”, aseveró Navarro.
“Todos presenciamos la dejadez con la que el [agente policial] trató el asunto y esa es la realidad de este país. Actualmente recurrir a cualquier instancia policial equivale a poca atención o casi ninguna. Los asaltos siguen en aumento y nosotros en este momento lo estamos viviendo en carne propia, aunque somos conscientes y venimos denunciando desde hace mucho tiempo toda la violencia que está presente en las calles, en los barrios, en las comunidades a lo largo y ancho de la isla”, recalcó Navarro.
No obstante, el régimen indica que “la difusión de información y noticias falsas” pretende crear una percepción de inseguridad en la población”, que no es real.
En ese sentido, la feminista subrayó: “Estoy no solo hablando como activista, estoy hablando como madre. Mi hijo fue víctima de un acto violento ocurrido en los bajos de nuestra casa, y nosotros fuimos maltratados por el policía al que acudimos buscando protección, pero que se puede esperar si dentro de una estación de policía ocurrió un feminicidio”.
En febrero de 2023, Leidy Bacallao, de 17 años, fue asesinada a machetazos en una estación de policía adonde había acudido a refugiarse en el poblado Camalote, del municipio camagüeyano Nuevitas.
Más tarde, la familia se presentó en la 4ª. unidad de la Policía, donde le tomaron declaraciones y le solicitaron a Miguel Alfredo hacer un retrato hablado porque pareciera que [el delincuente] es alguien del barrio.
“Y eso es lo que sí me preocupa, porque si es una gente de la zona se llevó la libreta de abastecimiento que identifica a uno, y eso sí me inquietaría muchísimo más”, lamentó Tamayo.
Una encuesta de la revista oficialista Bohemia reveló en noviembre de 2023 que no todos los perjudicados hacen denuncias en la policía, y que la mayoría de las reclamaciones no se han solucionado favorablemente.
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