Cuba
Denuncian ante ONU y OEA desalojo a madres solteras en Santiago de las Vegas (VIDEO)
El capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR) y la Red Femenina de Cuba hicieron llegar a relatores especiales de derechos humanos de la ONU y la OEA una denuncia de los atropellos cometidos la madrugada del domingo contra familias, madres solteras y sus hijos en el Reparto Sierra Maestra, en el municipio capitalino de Santiago de las Vegas.
Así lo dieron a conocer el miércoles en una carta abierta dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.
Las remitentes le recuerdan que fuerzas de la policía “apoyadas por buldóceres, entraron sin previo aviso a demoler las humildes viviendas de un grupo de pobladores, en su mayoría madres solteras con sus hijos” en el reparto de Santiago de las Vegas.
La demostración de fuerza sirvió para destruir los hogares que esas personas habían levantado allí con esfuerzo propio y sacrificios personales, dicen.
“En los testimonios del video que le anexamos, se verifica que algunas de las víctimas se niegan a creer que usted, que recién ha llamado a sus colegas a ser ‘valientes’ para arreglar el país, conoce los abusos que comete el gobierno que encabeza”, declaran.
El video en cuestión fue compartido en YouTube por el medio digital Diario de Cuba.
“Si en este caso se declara desconocedor de lo que ocurre a su alrededor lo emplazamos a que, al menos, detenga esta salvajada de inmediato y les dé garantías a esos pobladores mientras investiga los hechos”, exigen a renglón seguido.
Llaman la atención sobre el hecho de que algunas de las personas desalojadas a la fuerza nacieron en zonas rurales y decidieron moverse a otra parte de su propio país en busca de prosperidad para sus hijos.
“Pero una serie de decretos inconstitucionales violan el derecho a fijar libremente residencia a los ciudadanos, y así han construido un muro de persecuciones, sanciones y deportaciones que incluye la demolición de sus precarias viviendas”, denuncia la carta.
Se trata de ciudadanos que ocuparon un limitado terreno lleno de escombros y basura por más de 25 años y, después de higienizarlo, levantaron viviendas muy modestas que para ellos eran sus hogares, indican las remitentes antes de subrayar una paradoja.
“A nadie nacido antes de 1959 se le escapa la ironía de que uno de los argumentos empleados por la revolución para legitimar la naturaleza humanista del proceso nacido ese año era precisamente poner fin a los desalojos agrarios y urbanos y establecer el derecho constitucional a una vivienda ‘digna’ o ‘adecuada”, dicen en el mensaje dirigido a Díaz-Canel.
Además, señalan, esas personas ya habían pagado multas de 500 y luego de 1,000 pesos, que se suponía les permitían legalizar sus viviendas. “Si eso fue una estafa, ¿quién se embolsilló ese dinero? ¿Lo sabe usted?”, preguntan las denunciantes.
Le dicen también al gobernante que tanto él como la policía del estado que encabeza deberían abstenerse de atizar odios en las circunstancias que vive el país.
“En lo que a nosotros respecta, y mientras usted decide qué acción va a tomar, abrimos una solicitud de vigilancia y acompañamiento de este caso con los relatores especiales de derechos humanos de la ONU y la OEA”, le informan. “El mundo estará mirando a partir de hoy la suerte que corran esas humildes madres solteras y sus hijos. Ellos no estarán solos”, concluyen.
EL DETONANTE
“Son muchos los desalojos que ocurren en Cuba diariamente; estamos en contra de esa arbitrariedad, de ese abuso”, le dijo a la reportera de Radio Televisión Martí Yolanda Huerga la representante occidental del capítulo Cuba de FLAMUR, Lisandra Orraca, quien refirió que el detonante para remitir la denuncia y escribir la carta fue la extracción con violencia de entre ocho y 10 núcleos familiares en la comunidad del reparto Sierra Maestra.
“Esa fue la gota que derramó el vaso”, aseguro Orraca. “Fueron desalojadas en la madrugada del 17 de mayo de sus hogares, que habían construido con su propio sacrificio porque el gobierno nunca les dio ningún apoyo para poder levantar sus moradas y fueron echadas sin contemplaciones, cruelmente”, agregó la directiva de FLAMUR.
Las desalojadas habian levantado sus casas donde antes estaba el llamado “basurero de los rusos”, porque allí depositaban sus desechos los técnicos procedentes de la entonces metrópoli socialista, que tenían un asentamiento cerca, explicó Agustín López Canino, autor del video que divulgó las denuncias de los afectados.
“La PNR, Policía Nacional Revolucionaria, fue al barrio y no les importaron las lágrimas que derramaron esas madres con sus niños, no tuvieron piedad y derrumbaron todas las casas, a pesar de que habían pagado ya multas de 500 y mil pesos porque les habían dicho que si las pagaban iban a poder legalizar sus domicilios”, denunció Orraca.
Iliana Hernández, integrante de la Red Femenina de Cuba, la otra entidad firmante de la carta al gobernante cubano, recordó que muchas de esos ciudadanos son tratadas como inmigrantes dentro del territorio que los vio nacer.
“Estas son personas que vienen desde el interior del país buscando mejorar su calidad de vida, pero con estas normas que hay aquí son como inmigrantes ilegales y es penoso, vergonzoso que alguien en su propio país sea un inmigrante ilegal”, comentó la también periodista independiente.
Hernández subrayó que las desalojadas “están indefensas; lo que tienen que hacer las autoridades es legalizar su situación.”
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Denuncian graves violaciones a derechos humanos de prisioneros políticos cubanos mayores de 60 años
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) alertó este viernes en un comunicado a organismos internacionales sobre la crítica situación de los prisioneros políticos de la tercera edad en Cuba, señalando que estos "sufren un trato discriminatorio" y son víctimas de "la negación de derechos y beneficios carcelarios" por ser considerados "contrarrevolucionarios".
En la nota de prensa, el OCDH aseguró que este accionar del régimen cubano es una clara violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos jurídicos internacionales. La organización aseguró que tras una exhaustiva investigación técnica, jurídica y política sobre los prisioneros políticos documentados, reveló que las condenas y medidas privativas de libertad son resultado de detenciones arbitrarias y juicios sin garantías procesales.
Yaxis Cires, jefe de estrategias del OCDH, señaló que el informe que registró los hechos fue enviado a las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "La situación que hay en las cárceles cubanas, en el sistema penitenciario cubano, es realmente incompatible con la integridad física, la dignidad humana, máxime sí se tiene más de 60 años", dijo en declaraciones a Martí Noticias.
El OCDH insistió que el sistema de justicia penal cubano carece de independencia en todas las fases del proceso, perpetuando una injusticia que va más allá del período de ejecución de la sentencia, convirtiéndose en una forma de castigo individual y colectivo contra aquellos que se oponen al régimen.
El informe hizo énfasis en el entorno desfavorable en el que se encuentran estas personas mayores, tanto en el régimen carcelario como en las restricciones impuestas a aquellos que cumplen pena fuera de prisión. El bienestar, la dignidad y la salud física y mental de estos prisioneros se ven afectados debido a las condiciones incompatibles con los estándares internacionales.
"Las propias cifras oficiales que hablan de la población en general cubana de mayores de 60 años, reconocen que más del 80% de ellos tienen una enfermedad crónica y que más del 50 tienen dos enfermedades crónicas", expresó Cires.
La organización destacó la preocupante situación de salud de 17 de los adultos mayores recluidos, incumpliendo los deberes establecidos en la Carta de la ONU para los Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y otros instrumentos jurídicos relacionados. Entre los casos más graves registrados están: Félix Navarro Rodríguez (69), Lázaro Yuri Valle Roca (61), Carlos Manuel Pupo Rodríguez (68 años de edad), Miguel Díaz Bauza (80) y Fredy Beirut Matos (65).
De la misma manera, la organización señaló que hay otros casos en investigación por parte del OCDH y serán incorporados como una ampliación de la denuncia.
Colectivos independientes reportan muerte de una mujer en Sancti Spíritus; sería el feminicidio número 35 de este año en Cuba
Plataformas independientes dieron a conocer el miércoles otro feminicidio en Cuba que sería el número 35 sub registrado por estas organizaciones.
Se trata de Yanelis Carbonel Mayet una maestra de la escuela primaria Humberto Carmenate ubicada en la comunidad Las Nuevas, municipio La Sierpe, Sancti Spíritus, según dijo a Martí Noticias, Mariluz Arbelaes, directora de la institución.
"Era de educación primaria, de tercer grado", indicó.
Según el testimonio, Yanelis de 39 años fue asesinada presuntamente por su ex pareja.
"Hacía tres meses que se habían divorciado. Porque él era muy maldito, siempre estaba dándole una pila de golpes y ella no pudo resistir más y lo dejó. El hecho ocurrió el lunes 29 de mayo. Ella estaba en la vivienda donde ella estaba viviendo ahora y el compañero entró y empezó a darle golpes y golpes hasta que le dio muchos golpes y después le dio un machetazo por la cabeza".
El presunto ejecutor se encuentra en estos momento en manos de las autoridades, afirmó Arbelaes, quien además indicó, que a la víctima le sobreviven dos hijos.
"Un niño tiene 14 años, que termina 9no. (grado) y el otro tiene 17 (años)", precisó.
Ileana Álvarez, directora de la revista feminista Alas tensas y de su Observatorio de Género, desde España dijo a Martí Noticias.
"Con este nuevo feminicidio, el Observatorio de Género de Alas Tensas y YoSíTeCreo registran 35 crímenes machistas en lo que va de 2023. Casi alcanzamos la cifra de 36 feminicidios ocurridos en el 2022 y en el 2021. Alertamos que podemos hacer alianzas para llegar a la verdad, que es imprescindible para alertar y prevenir para que luego se puedan hacer políticas públicas, obligar al estado cubano a prevenir los casos de feminicidios", dijo.
Aunque las autoridades cubanas se han referido recientemente a los feminicidios en la isla, Álvarez señala la necesidad de declarar un estado de emergencia por violencia de género en el país.
"Reiteramos el tercer llamado por el estado de emergencia en Cuba por violencia de género. Han ocurrido de hecho muchas más denuncias. Pensamos que la ciudadanía está alcanzando una mayor conciencia de la importancia que tiene denunciar los feminicidios", aseveró.
Informe documenta 1.880 detenciones relacionadas con protestas en Cuba desde el 11J
"A inicios de mayo, pobladores de Caimanera, Guantánamo, protestaron frente a la sede del Partido Comunista local. Además de exigir condiciones dignas de vida, los manifestantes coreaban “Libertad”, “Derechos humanos”, “Patria y vida”, “Viva Cuba libre”. Se escucharon también consignas de “Abajo el Comunismo” y “Abajo el PCC”. En pocos minutos se perdió la comunicación con Caimanera", relata el grupo de trabajo, Justicia 11J.
La organización no gubernamental - que ha venido documentando los casos de presos políticos, arrestados y desaparecidos en Cuba desde que ocurrieron las multitudinarias manifestaciones del 11 de julio de 2021 en gran parte del país, y la posterior represión gubernamental - publicó su más reciente informe, correspondiente al mes de mayo, en el que actualiza "cifras sobre detenciones, procesos judiciales y protestas en el espacio público o en prisiones, en lo que va del año".
Luego de un periodo de recolección y verificación de nuevos datos, el grupo de trabajo ha documentado hasta la fecha 1880 detenciones relacionadas con protestas en Cuba: 1555 en el contexto del 11J, 103 en el contexto del 15N, 207 en 2022, y 21 en 2023.
El nuevo total de personas que han sido detenidas al menos en un escenario de protestas es 1845, informa Justicia 11J. De ese total, 773 continúan en detención, 84 se encuentran en el exilio y 909 personas han sido juzgadas y/o sancionadas, subraya el grupo.
Además de documentar los casos de personas que han sido juzgadas y/o sancionadas en Cuba por motivos políticos, el documento también muestra la relación de todas las personas que han sido detenidas en las distintas protestas que ha observado.
El grupo menciona la protesta de Caimanera como una de las 33 protestas documentadas,"entre colectivas e individuales en el espacio público o en prisiones, observada por este grupo de trabajo en lo que va de año".
Asimismo señala que por manifestarse, al menos 21 personas fueron detenidas. 11 de estos arrestos fueron de corta duración y en los otros 10 casos, los afectados "han sido privados de la libertad bajo proceso de investigación o medidas cautelares".
Justicia 11J precisa que tres de las víctimas están siendo procesadas únicamente en relación con publicaciones en redes sociales en las que se hacían llamados a la protesta pública masiva: Sulmira Martínez (Salem), Jesús Guerra y Agustín López Canino.
El grupo también denuncia en su informe la censura a internet en Cuba, destacando que durante la protesta en Caimanera "cesaron las transmisiones en directo porque hubo un apagón de internet y de telefonía móvil a nivel nacional que impidió ver en tiempo real la represión violenta a los manifestantes por parte de civiles y militares; tal como ocurrió en distintas localidades del país los días 11 y 12 de julio de 2021", afirmó Justicia 11J.
El acuerdo entre la UE y Cuba, a examen en la Eurocámara, tras “oportunidad perdida” de Borrell
El Parlamento Europeo examinará el próximo martes en Estrasburgo el estado del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre la Unión Europea y Cuba, “a la luz de la reciente visita del Alto Representante Josep Borrell a la isla”, según la agenda aprobada este jueves y a la que tuvo acceso Martí Noticias.
Los conservadores, el grupo de mayor representación, adelantaron que resaltarán “la falta de libertades y la exigencia de respecto a los derechos en Cuba”, de acuerdo con fuentes parlamentarias. Además, mostrarán “especial preocupación” por el hecho de que Borrell “no abordara el tema, ni visitara a los presos políticos durante su reciente visita”.
Mientras tanto, los socialistas avanzaron su “apoyo” a la reciente visita del jefe de la diplomacia europea a La Habana y su “apuesta” por el ADPC con la isla, “como única política posible y útil para influir en Cuba”, según dijeron.
Desde Renew Europa, el grupo que aglutina a los liberales, consideraron que la visita de Borrell “ha sido una oportunidad perdida para reclamar dignidad en Cuba”.
“El ADPC abre la puerta a más financiación europea, pero, a cambio, no solo no vemos ningún avance democrático en la isla, sino que cada reforma es un paso más de represión. ¿Por qué no ha denunciado eso el Sr. Borrell en Cuba? Tuvo numerosas oportunidades y su única aproximación a la sociedad civil fue un paseo por la Habana Vieja”, reprocharon los liberales.
Después del debate está prevista una votación, el próximo 10 de julio, donde los grupos, previsiblemente, adoptarán una resolución sobre el tema.
La Eurocámara ya aprobó en 2021 dos resoluciones sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba, que no han servido para variar la política del departamento de Josep Borrell y del ejecutivo comunitario.
El Parlamento Europeo también analizará el martes la situación en Nicaragua.
Abusos, falta de atención médica e insalubridad en cárceles cubanas, denuncian madres de presos políticos del 11J
Madres de presos del 11 J denunciaron a Martí Noticias las precarias condiciones y maltratos que sufren sus hijos en los penales cubanos.
La madre del preso político Rolier Salazar González, de 36 años de edad y quien cumple una condena de 12 años por el presunto delito de sedición, tras su participación en las protestas en la barrida de La Güinera, municipio Arroyo Naranjo el 12 de julio, relató las condiciones en las que se encuentra su hijo.
Idalmis Salazar González dijo a Martí Noticias: "Lo que está pasando con mi hijo es que ellos no le están dando la alimentación que tienen que darle, la comida que le dan que se la dan a las cuatro de la tarde y hasta el otro día sin comer nada".
Y continuó: "No hay medicina, las prisiones están llenas de chinches y todo allí está pésimo, seguridad del estado con un mal comportamiento con todos los padres, con todos, y maltratándolos como ellos quieren, allí hay reclusos que ellos los han esposado en la cama y le han dado golpes, muchos muchachos ellos le han dado golpes, los han maltratado, ellos están viviendo con la fe de Dios”, dijo la madre de Rolier.
Por su parte, Dayron Martí Rodríguez, de 37 años de edad, también de La Güinera, cumple 22 años de condena. Es paciente esquizofrénico y no le están dando los sicofármacos en el Combinado del Este. Además le han suspendido las llamadas telefónicas con su madre que reside en Quito, Ecuador, informó Estelvina Rodríguez:
“No lo dejan hablar conmigo, esa fue una de las cosas que le ha dado todavía más depresión. Nos llamaba tres veces a la semana y nosotros sabíamos lo que le pasaba y hacíamos denuncias. Hace aproximadamente un mes y medio que él no puede llamar para acá y con nosotros no puede hablar", precisó.
"De cinco no le están dando ningún medicamento y él se ha quejado allí y como que lo tiran como a loco, hace más de dos meses que a él no lo ve un siquiatra. Ellos a los presos no les importante ninguna condición”, argumentó la madre de Dayron.
Mientras que Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad, también con discapacidad intelectual, se encuentra cumpliendo nueve años de condena en la prisión de Quivicán, por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos, por participar en las manifestaciones en Güines, en Mayabeque.
Machado Conde intentó suicidarse el pasado ocho de mayo.
El preso político sigue en espera de una evaluación psiquiátrica, señala su madre, Beatriz Conde Mesa:
“Abel no es compatible para ningún régimen penitenciario en este país, eso lo sabe el mundo entero".
"Desde el primero de la seguridad que lo metió preso, todos son responsables de la vida de mi hijo si le pasa algo”, advirtió la madre de Abel Lázaro.
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