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CIDH : muy grave la situación de los DDHH en Venezuela


Debate sobre Venezuela en CIDH

Varias organizaciones solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la elaboración de un informe sobre el derecho a la protesta pacífica y la democracia en la nación sudamericana.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó hoy como "muy grave" la situación de las cárceles de Venezuela por la violencia, el hacinamiento y las muertes que ocurren en ellas. Así lo manifestó el comisionado y relator especial para Venezuela de la CIDH, Felipe González, en una audiencia de este organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación de los presos en Venezuela.

González definió la situación como "muy grave por la cantidad de muertos en prisiones" y aseguró que se ve "agravada" por tratarse de centros para los cuales el Gobierno venezolano ha adoptado medidas preventivas. Según explicó en la sesión una de las peticionarias, la coordinadora judicial del Observatorio Venezolano de Prisiones, Marianela Sánchez Ortiz, 509 personas murieron en cárceles de Venezuela en 2013, diez de las cuales eran enfermos de sida y tuberculosis y fallecieron por "no recibir la atención debida".

La comisionada Rose-Marie Belle Antoine consideró "inaceptable" la muerte de presos por sida y recordó que "el Estado tiene la responsabilidad sobre la salud de los presos". Activistas acusaron el viernes a las fuerzas de seguridad venezolanas de violar los derechos humanos al reprimir las manifestaciones callejeras que han dejado al menos 32 muertos en las últimas seis semanas en ese país.

Varias organizaciones solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la elaboración de un informe sobre el derecho a la protesta pacífica y la democracia en la nación sudamericana.

Venezuela en la agenda de la CIDH
Venezuela en la agenda de la CIDH
Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 -conocidos como "Caracazo"-, dijo que numerosos detenidos en las protestas de las últimas semanas recibieron asesoría legal apenas minutos antes de comparecer ante un juez, lo que calificó como una "afectación importante al debido proceso".

Ortega también denunció que en numerosos casos hubo un uso excesivo de la fuerza, amplia criminalización de los manifestantes, formulación de cargos criminales idénticos a personas que participaron en protestas diferentes, amenazas de muerte y abuso sexual. Además dijo haber documentado 54 casos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que incluyeron dos muertes y 14 ataques a residencias por grupos de civiles armados.

Germán Saltrón, agente del Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la cancillería venezolana, reconoció que 15 funcionarios policiales y militares son investigados por incurrir en presuntas violaciones a los derechos humanos pero acusó a los manifestantes de perpetrar actos terroristas para "provocar un estado de ingobernabilidad que propicie un golpe de Estado o una intervención extranjera".

El funcionario venezolano señaló que solamente el 20% de los 1.529 detenidos hasta el 14 de marzo son estudiantes y que las protestas han tenido lugar en 17 de los 335 municipios del país. Las manifestaciones "no son pacíficas, no son sólo de estudiantes, ni representan la mayoría", agregó Saltrón tras aseverar que las protestas han incluido el uso de mercenarios colombianos y de francotiradores que desde azoteas disparan a quienes intentan despejar las barricadas en las vías públicas.

Al menos 300 personas murieron en el estallido violento conocido como "Caracazo" al inicio del segundo mandato del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez (1989-1993), que fue desatado por una serie de alzas en los precios de la gasolina y las tarifas del transporte público.

El abogado Carlos Ayala, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Católica "Andres Bello" de Caracas, atribuyó la presunta violación de derechos humanos en Venezuela a una falta estructural de independencia del Poder Judicial que atribuyó a que 70% de los 1.914 jueces del país gozan de nombramiento provisional y pueden ser suspendidos antes de ser investigados por supuestas faltas. "La falta de independencia no sólo produce impunidad en el delito común, sino que permite la persecución judicial de disidentes políticos", indicó.

Mientras la CIDH celebraba su audiencia, la Guardia Nacional desalojaba el viernes barricadas en el estado Táchira y la alcaldía de Maracay era atacada con bombas molotov. La Comisión culminó el viernes su periodo 150 de audiencias, que tuvo lugar toda la semana en la capital estadounidense.
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