Al menos 63 personas fueron detenidas de “forma arbitraria” en Nicaragua durante el mes de mayo por el gobierno de Daniel Ortega -y de ellas 55 en una sola noche-, denunció el viernes la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que llamó a las autoridades a “detener la represión” contra la disidencia.

Marta Hurtado, portavoz del organismo, dijo que el gobierno nicaragüense utiliza el poder judicial para perseguir y “silenciar a sus críticos” mediante acusaciones por los supuestos delitos de "conspiración para socavar la integridad nacional” y “difusión de noticias falsas”.

Hurtado destacó que en una sola noche, la del pasado 3 de mayo, 55 personas fueron arrestadas en distintos puntos de Nicaragua y acusadas por esos delitos. Entre ellas, había “defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas, trabajadores rurales y personas vinculadas a la Iglesia Católica”, dijo.

“Durante sus audiencias de custodia, ninguno de los 55 acusados tenía un abogado de su elección y en su lugar fueron representados por un defensor público que se les impuso”, denunció la informante.

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La portavoz cuestionó además la inhabilitación, también en mayo, de 26 abogados nicaragüenses a quienes el gobierno les suspendió sus títulos por considerarlos críticos. También reprochó las medidas adoptadas contra personas vinculadas a la Iglesia católica.

Al respecto, se refirió al detenido obispo de Matagalpa (norte), monseñor Rolando Álvarez, quien está recluido en una cárcel de Managua donde “no tiene luz natural y no se le permite salir al exterior, condiciones que violan los estándares internacionales de derechos humanos”.

Hurtado dijo que Ortega acusa a la Iglesia católica de apoyar “lo que denomina el terrorismo y la desestabilización” y aseguró que en los últimos días se congelaron las cuentas bancarias de al menos tres de las nueve diócesis, a las que se investiga por presunto lavado de dinero.

La portavoz del Alto Comisionado urgió al gobierno de Ortega a detener la persecución de la disidencia y a liberar a los opositores encarcelados. Según fuentes de la oposición, en el país hay ahora 47 personas detenidas consideradas presos políticos.

Recordó que el gobierno también ha clausurado más de 3.200 organizaciones sin fines de lucro desde junio de 2022 y que medios de prensa independientes “también se han visto obligados a cerrar”.

“Hacemos un llamado a las autoridades a detener la represión de la disidencia, liberar inmediatamente a todos los detenidos arbitrariamente y restaurar el estatus legal de todas las organizaciones y medios de comunicación que han sido clausurados arbitrariamente desde 2018”, afirmó.

Hurtado pidió al gobierno de Managua aceptar la vía del diálogo para resolver “la crisis actual” y dijo que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU “está lista y disponible para ayudar a Nicaragua a promover los derechos humanos” en el país.

“Dar acceso a nuestro personal sería un paso importante hacia una mejor cooperación con el sistema de la ONU”, agregó.

Mientras tanto en Managua, el Parlamento dominado por el oficialismo aprobó el viernes la creación de la “Cruz Blanca”, entidad que reemplazará a la Cruz Roja Nicaragüense, clausurada por el gobierno el 10 de mayo pasado.

Según la nueva ley sandinista, la “Cruz Blanca” estará adscrita al Ministerio de Salud y operará con “los recursos financieros, bienes muebles y bienes inmuebles, registrados o no, que hayan pertenecido a la extinta Asociación Cruz Roja Nicaragüense” y que fueron confiscados tras su cierre, así como con recursos del Estado y donaciones.

Nicaragua vive una grave crisis política desde hace más de cinco años, cuando una rebelión cívica que estalló en abril de 2018 fue reprimida con violencia por la policía y fuerzas paramilitares con un saldo de 355 civiles muertos, más de 2.000 heridos y al menos 100.000 exiliados, según organismos humanitarios.

El presidente de El Salvador Nayib Bukele cumple cuatro años en el cargo. En los últimos 12 meses, su mandato incluyó un régimen de excepción que ha prorrogado, originando un centenar de denuncias de violaciones a DDHH. La medida ha buscado, con cierto éxito, una disminución de la violencia.

Nayib Bukele cumple este 1 de junio cuatro años en la silla presidencial de El Salvador: en el último año, su mandato se ha caracterizado por una afrenta contra las pandillas que ha reducido los niveles de violencia. El gobierno y muchos salvadoreños sostienen que el régimen de excepción en el que se mantiene el país centroamericano ha hecho posible la desarticulación de las maras; otros señalan graves violaciones a derechos humanos en este periodo.

El mandatario sigue siendo visto de reojo por la comunidad internacional que lo ha tachado de autoritario. Sin embargo, en El Salvador, la popularidad de Bukele se compensa con el alto apoyo que reflejan las encuestas de opinión pública.

Bukele entró al poder Ejecutivo en junio de 2019 tras haber ganado la elección presidencial contra los partidos tradicionales ARENA y FMLN. En 2021, la victoria de su partido Nuevas Ideas, en las elecciones legislativas, le permitió tener una cómoda mayoría en el Congreso, con la que fueron destituidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general.

Bajo ese mapa político, el líder salvadoreño ha logrado hacer realidad sus proyectos de gobierno, unos con notable éxito como es el control de los territorios antes dominados por pandillas, y otros con fracasos, como fue la adopción del Bitcoin en un país que aún se rehusa a adoptarlo.

La medida más popular adoptada por el gobierno ha sido la aprobación de un régimen de excepción que ha logrado desarticular a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18, y bajar de esa forma la tasa homicida a 7,8 por cada 100.000 habitantes en 2022. Según una encuesta de opinión de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) publicada a finales de marzo de 2023, 8 de cada 10 salvadoreños aprueba la gestión de Bukele en El Salvador. Mientras que el régimen de excepción tiene una aprobación de 7,9.

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"Sin duda, el principal pilar que sostiene la popularidad y la buena imagen no solo del presidente de la república sino prácticamente de toda la institucionalidad pública es el régimen de excepción. (...) Pero es sorprendente que el 75 % (de los que opinaron) no conoce los derechos que suspende ese estado de excepción y los que menos conocen esos derechos son los que mejor califican el régimen de excepción", explicó Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la universidad encuestadora.

El régimen de excepción, al que Bukele ha publicitado como "Guerra contra las pandillas", dio inicio el 27 de marzo de 2022 y ha dejado al menos 68.000 personas capturadas por agrupaciones ilícitas en maras o pandillas. Al menos 5.000 han sido liberados por no probárseles el delito. El resto permanece en varios penales del país, entre ellos, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la nueva megacárcel para 40.000 reos inaugurada este año.

Previo al aniversario de mandato de Bukele, el gabinete de Seguridad ha mantenido en la conversación pública el régimen de excepción como una "ofensiva" contra remanentes de pandillas; capturando con ello a varios miembros de maras que aún se mantenían escondidos en algunas comunidades del país.

"La población salvadoreña ahora es testigo que las percepciones de la seguridad pública han sido bastante positivas y la seguridad que están demandando los mismos salvadoreños es una realidad", aseguró el director de la Policía de El Salvador, Mauricio Arriaza Chicas, el 29 de mayo, cuando se lanzó el operativo.

Pero el precio por la anhelada seguridad en El Salvador ha sido, en el último año, al menos 3.491 personas vulneradas en sus derechos. La mayoría por detenciones arbitrarias y allanamiento ilegal de la morada, según un informe de la organización de derechos humanos Cristosal, con sede en San Salvador, publicado el 29 de mayo.

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En ese informe, la organización asegura que al menos 153 personas detenidas durante el régimen de excepción murieron bajo la custodia del Estado. Ninguno había sido declarado culpable del delito que se les atribuía cuando las detuvieron.
Bukele ha reiterado sus críticas contra los que fustigan sus políticas contra los padilleros y ha expresado: "Los derechos humanos de la gente honrada son más importantes que los de los delincuentes".

A mediados de mayo, Bukele lanzó un mensaje contra los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional, en el contexto del asesinato de un policía a manos presuntamente de un pandillero.

"Que sepan todas las ONGs de derechos humanos, que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores, los meteremos en prisión y no saldrán jamás. No nos importan sus reportajes lastimeros, sus periodistas prepago, sus políticos marionetas, ni su famosa comunidad internacional, que jamás se preocupó por nuestra gente", afirmó Bukele en Twitter.

Reelección, a las puertas

El Salvador celebrará las elecciones presidenciales y legislativas en 2024. Y Bukele, a quien solo le queda un año de mandato, anunció que se lanzará a la reelección presidencial con la venia de la nueva Corte Suprema de Justicia y el apoyo popular, a pesar de que la reelección está prohibida en la Constitución salvadoreña.

"La reelección inmediata no es posible según la Constitución, pero los magistrados elegidos por sus diputados reinterpretaron una sentencia y le allanaron el camino al presidente. Lo legal es que si él (Bukele) quiere volver a ser presidente debe esperar 10 años, pero ya dijo que no lo hará. Claro, el régimen de excepción lo ha hecho tan popular que la gente ignorará que es inconstitucional su reelección", dijo a la Voz de América, el abogado Alejandro González.

La decisión de Bukele, de continuar al frente del gobierno, ha hecho que algunas organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos piensen en presentar una candidatura única que busque hacerle frente a la influencia del mandatario en las elecciones. Sin embargo, aún no hay un consenso.

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"Que esto se vaya a traducir en una fórmula presidencial única, no lo sé. Creo que dependerá de los procesos internos que todos los partidos políticos estamos teniendo. Al menos Nuestro Tiempo tiene las puertas abiertas a organizaciones de sociedad vicil para ver si nos ponemos de acuerdo con una fórmula presidencial ciudadana", explicó a los medios Andy Failer, presidente del partido político Nuestro Tiempo.

La iniciativa es conocida como "Sumar por El Salvador", la cual fue creada por organizaciones civiles y fundaciones tras el amago de golpe de Estado de Bukele al anterior Congreso en febrero de 2020. La iniciativa ya dio a conocer su apoyo a una fórmula presidencial.

Mientras, Bukele mantiene el favor de la población apostándole a medidas sobresalientes como la seguridad en el país. Bajándole volumen a una decisión económica como fue el Bitcoin que, a pesar de que es ley, no logra adaptarse a la forma de pago de los salvadoreños.

El gobierno del presidente Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron el jueves la extensión del actual ciclo de negociaciones que se realizan en Cuba hasta el 8 de junio, una semana más de lo acordado.

De acuerdo con un comunicado conjunto, la decisión obedece a la importancia de los temas que se están abordando en este momento en la mesa de conversaciones y que tienen que ver con el cese del fuego bilateral y los mecanismos de participación ciudadana.

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Aunque el grupo guerrillero ha hecho énfasis en la importancia de definir esos mecanismos de participación ciudadana, para el gobierno el punto prioritario de este ciclo de conversaciones en La Habana es concretar el cese del fuego.

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Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, ha propuesto que ese cese del fuego comience en una región determinada del país, por ejemplo, en el departamento de Putumayo o Nariño, para que luego se extienda a todo el territorio nacional.

La idea del mandatario es que se puedan pactar los mecanismos de verificación en esas regiones específicas para que después se aplique un modelo similar y efectivo en todo el país.

CARACAS —La Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven) documentó 305 violaciones a los derechos humanos de personas con discapacidad entre enero y diciembre del 2022, revela su más reciente informe.

“La mayoría de las personas reportaron como principal factor el poco poder adquisitivo para cubrir gastos médicos y alimenticios. Asimismo, refirieron que el sistema de salud público no cuenta con médicos especialistas e insumos médicos por lo que ven como única opción la salud privada y sin embargo por sus pocos ingresos es imposible tener acceso a esta”, resalta el informe presentado esta semana.

Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, afirma que las personas con discapacidad enfrentan importantes barreras, entre ellas de accesibilidad y justicia. Si bien admite que Venezuela posee “buenos instrumentos legales”, sostiene que no se están cumpliendo adecuadamente.

“El sistema de políticas públicas no tiene herramientas, mecanismos de inclusión, de atención inclusiva, le da poca importancia a las personas con discapacidad para que haya una real inclusión”, resalta.

Manuel Vicente Pérez, director de Programas de la Sociedad Amigos de los Ciegos, llama al Estado venezolano a revisar las políticas públicas y los exhorta a convocar a organizaciones privadas que tienen un “trabajo fundamental”.

“Que estas personas con discapacidad visual, auditiva, múltiple, intelectual, motora, que forman parte de una minoría bastante vulnerable, sean dignificadas y que haya políticas serias”, dijo a la Voz de América.

Para Pérez, en Venezuela se evidencia una importante exclusión de personas con discapacidad e insiste en que “la lucha” debe ser por la verdadera inclusión.

“A veces nos sentimos muy integrados pero integrado es muy distinto a la inclusión. Integrado es solamente que somos parte de un todo, pero incluido es que somos sujetos de derecho”, afirma.

El gobierno venezolano constantemente asegura trabajar por la inclusión y en visibilizar a las personas con discapacidad. A principios de este año la Asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó una Ley Especial para Trabajadoras y Trabajadores con Discapacidad.

Educación

El informe destaca que en Venezuela no se dispone de cifras públicas oficiales que permitan conocer el estado de las garantías de acceso a la educación y las condiciones de participación de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) con discapacidad.

Sin embargo, aunque según datos recabados por Consorven, para el 2022 el 100% de los NNA con discapacidad consultados para llevar a cabo el informe son parte del sistema público educativo, dos de cada diez no estudian actualmente con regularidad.

“La mayoría de los niños están inscritos en sistema escolar pero no se ha podido proseguir con el estudio porque no hay materiales accesibles o porque muchas veces los docentes no están totalmente preparados para la adecuación de los materiales educativos para los NNA con discapacidad”, explica a la VOA Argelia Bolívar, coordinadora de DDHH de Consorven.

Además, señala que durante la pandemia de COVID-19 se profundizaron las condiciones “desiguales” de participación de los NNA con discapacidad.

“Se interrumpieron las clases, lo cual quiere decir que, en efecto, no se pudo garantizar la continuidad escolar de los NNA con discapacidad en el 77% de los casos (…) el tiempo de ausencia escolar ha sido de 6 meses a 1 año, en su mayoría, aunque incluso un gran grupo ha estado sin asistir a la escuela 3 años o más”, precisa.

Consorven recuerda que la Ley Orgánica de Educación establece que el Estado debe garantizar la continuidad de las actividades educativas, por lo que, al existir NNA con discapacidad ausentes del sistema educativo, “se están violando derechos consagrados y se están generando condiciones para su evolución futura”.

“En Venezuela es urgente avanzar en un sistema educativo que promueva el aprovechamiento de las diferencias; es urgente, también, que las escuelas se conviertan en espacios que incentivan la cooperación, la convivencia entre las diferencias y la tolerancia como rasgo característico de las relaciones sociales”, destaca.

Salud

La investigación reitera la situación que, durante años, organizaciones dedicadas a trabajar con personas con discapacidad han denunciado; diariamente enfrentan “grandes barreras para vivir de manera digna, respetuosa y con iguales oportunidades y condiciones que personas sin discapacidad”.

“Quisiéramos destacar que las personas con una discapacidad motora realmente no pueden movilizarse, muchas veces están encamados porque no tienen acceso a ayudas técnicas, porque no tienen terapias de rehabilitación cuando la capacidad es adquirida y cuando es congénita, se necesita acondicionarlo a la necesidad que tengan”, asegura Bolívar.

De acuerdo al informe, 8 de cada 10 personas con discapacidad motora no asisten actualmente a terapias de rehabilitación; el 46% de los consultados lo atribuye a la falta de recursos económicos y 34% a las distancias hasta los centros de rehabilitación disponibles.

Bolívar hace énfasis en que, teniendo las ayudas técnicas, entre ellas coches, andaderas y muletas, los NNA con discapacidad pueden alcanzar un nivel de independencia mayor.

La investigación revela que 3 de cada 10 personas con discapacidad motora no tienen la ayuda técnica que requieren para su movilidad personal. El 70% de las personas entrevistadas refiere que la falta de recursos económicos es la principal razón que impide el acceso a la ayuda técnica; 20% refiere que no posee conocimiento sobre qué institución podrá otorgar la ayuda y 10% no posee conocimiento sobre la ayuda que requiere con exactitud.

El artículo 14 de la Ley de Personas con Discapacidad de 2006, precisa que “toda persona con discapacidad tiene derecho a obtener para uso personal e intransferible ayudas técnicas”.

En Venezuela, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis) y la Misión José Gregorio Hernández, son los entes estatales encargado de velar por los derechos de las personas discapacitadas.

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador fijó para el 20 de agosto la primera ronda de las elecciones presidenciales anticipadas, luego de que el presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea y redujera su propio período de gobierno la semana pasada.

El órgano electoral anunció su decisión la noche del martes, cuando estableció que en caso de que sea necesaria una segunda vuelta, se realizará el 15 de octubre y la entrega de credenciales a las futuras autoridades está prevista para el 30 de noviembre.

Tras los comicios, en los que también se renovará la Asamblea —pero ésta únicamente en la 1ra vuelta—, se prevé la posesión de las nuevas autoridades, a decir el presidente, el vicepresidente y un total de 137 legisladores.

La fórmula ganadora de las elecciones presidenciales debe completar el período de gobierno de Lasso y de su vicepresidente Alfredo Borrero, que termina en mayo de 2025. Los ganadores de los comicios legislativos también cubrirán el período restante de los asambleístas que dejan sus cargos y que concluye en igual fecha.

El mandatario estuvo sometido a un juicio político para destitución, pero tras la primera jornada del proceso, disolvió la Asamblea Nacional apoyándose en la Constitución y argumentando una grave crisis política.

Como los asambleístas no pudieron defenestrar a Lasso y el mandatario disolvió el congreso, se pasó a la llamada "muerte cruzada", en la que las partes dejan sus cargos.

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Lasso estaba acusado de malversación de fondos, lo que negó, y tampoco los legisladores pudieron probar completamente ni presentaron la denuncia correspondiente ante la justicia.

Después de la disolución de la Asamblea, el mandatario ecuatoriano se encuentra gobernando mediante decretos ejecutivos que deben ser aprobados por la Corte Constitucional.

En una semana de gestión en este periodo extraordinario, el mandatario ha enviado dos proyectos de ley, uno relacionado con una reforma tributaria y otro proponiendo la creación de zonas francas para atraer inversión externa y generar empleos, sin que hayan tenido aún respuesta de la Corte Constitucional.

Aunque no se ha abierto la inscripción de candidaturas, al menos media docena de políticos y empresarios ecuatorianos han anunciado su decisión de postularse a la presidencia, entre ellos, el exvicepresidente Otto Sonnenholzner (2018-2020), los exlegisladores Fernando Villavicencio y Salvador Quishpe y el empresario Jan Topic, entre otros.

Lasso, un exbanquero de derechas de 67 años, asumió el poder en mayo del 2021 para un período de cuatro años tras ganar los comicios generales.