El centro de asesoría legal Cubalex identificó a 677 personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba hasta el 2 de noviembre de 2026. En declaraciones a Martí Noticias, el abogado de Cubalex Alain Espinosa explicó que el listado es resultado del monitoreo continuo que realiza su equipo.
“Es fundamental destacar que este registro no es un censo completo y que la cifra real de personas privadas de libertad por motivos políticos puede ser mucho mayor que esta que hemos logrado identificar”, afirmó.
Según el informe, el 92,5 % de las personas registradas son hombres y el 7,5 % mujeres, con una edad promedio de 40 años. La Habana encabeza las provincias de residencia con más casos reportados, con 205, seguida de Santiago de Cuba, con 65, y Camagüey, con 56.
Cubalex ha identificado los centros penitenciarios donde se encuentran 583 de las personas incluidas en el registro. En los otros 99 casos, no dispone de información que permita determinar la prisión en la que permanecen.
Además, 81 personas están recluidas fuera de su provincia de residencia. Espinosa señaló que esta situación dificulta el acompañamiento de sus familiares y el acceso a asistencia legal.
“Esta distancia territorial impone graves barreras”, advirtió al referirse a los obstáculos para que los presos reciban el apoyo que necesitan.
Entre los centros penitenciarios con mayor cantidad de presos políticos registrados figuran el Combinado del Este, con 74 personas; Valle Grande, con 30; y la prisión provincial de Granma, con 26.
El 53,9 % de los casos documentados hasta este 2 de noviembre cuenta con una verificación reciente. El abogado aclaró que la ausencia de información actualizada sobre otros detenidos no significa que hayan sido excarcelados. “El hecho de que una persona no cuente con una verificación reciente no significa que esta persona se encuentre en libertad”, subrayó.
Espinosa atribuyó las dificultades para dar seguimiento a los casos a las restricciones impuestas por las autoridades. Según afirmó, “el Estado cubano está obstaculizando el flujo y el acceso a la información” sobre las personas privadas de libertad.
“Los datos y las cifras de este listado están conectados a una base de datos en tiempo real”, puntualizó. Las nuevas detenciones, los traslados y las excarcelaciones generan modificaciones en el número de personas registradas o en la información sobre su situación.
Espinosa destacó que la documentación también exige proteger la privacidad de los presos, sus familiares y quienes aportan información sobre los casos. “Estamos documentando solamente los datos esenciales para visibilizar la represión que existe en Cuba”, explicó. Esa labor, precisó, se realiza “sin exponer información que vulnere la vida privada de las personas”, sus fa milias o las fuentes que se comunican con Cubalex.
El registro de presos políticos en Cuba es llevado por organizaciones independientes. El el caso de Prisoners Defenders, que incluye a quienes están bajo otras restricciones de libertad, al cierre de septiembre había documentado 1.351.
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