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Era lo que nos faltaba. Resulta que el régimen castrista se auxilia de la ONU para mejorar la producción de frutales en el país y reducir la factura importadora por esos conceptos, alrededor de 2.500 millones de dólares al año de alimentos. La agricultura cubana aprendiendo cómo se produce de la mano, ni más ni menos, que de funcionarios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la embajada de Canadá en Cuba. En principio, el proyecto aprobado se concentra solo en Santiago de Cuba y Artemisa, la idea es ir extendiéndolo al resto del país. El importe asciende a 6 millones de dólares a fondo perdido. Casi nada.

Al parecer, y según algunos medios de comunicación, el proyecto tiene como principal objetivo el logro de incrementos de entre un 10% y un 30% de las producciones de guayaba, mango y fruta bomba. Esto se pretende conseguir con una formación del personal para diagnosticar, proyectar y gestionar de forma estratégica los frutales, aportando un enfoque de cadena, la comprensión del funcionamiento del mercado y el análisis de oportunidades, todo ello con el objetivo de conseguir retornos sostenibles a la inversión.

El proyecto se inscribe dentro de las actuaciones del Plan Nacional de Desarrollo 2030, con la introducción de nuevas bases tecnológicas, patrones de utilización de los factores productivos y modelos de gerencia y de organización de la producción en la producción de frutales. Igualmente está previsto un aumento de las capacidades de las cooperativas para producir y comercializar frutas frescas y procesadas, con el fin de lograr beneficios económicos que repercutan en la mejora del nivel de vida en comunidades rurales, especialmente de jóvenes y mujeres.

Me van a permitir los responsables de este proyecto sugerir algunos datos estadísticos publicados en la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI para que sepan dónde se meten, y si realmente, tienen o pueden hacer algo para lograr los objetivos que se plantean.

En Cuba, y situándonos en 2016, último año disponible, los rendimientos por superficie cultivada (en toneladas por hectárea) según el titular de la propiedad de la tierra, es la que se presenta en el siguiente Cuadro.

Muy fácil de entender. Los rendimientos por superficie en las tierras del estado para las distintas producciones de frutales recogidas son inferiores a los rendimientos obtenidos en las tierras no estatales en un 11% para la guayaba, un 20% para la frutabomba y nada más y nada menos que un 63% inferior en el caso del mango. ¿Quieren aumentar la producción de estos tres frutales? Con permiso de los funcionarios expertos de la ONU y de los canadienses, lo mejor que pueden hacer las autoridades comunistas es preguntar a los guajiros cubanos que se tiene que hacer. Ellos lo saben. Lo han sabido siempre, desde los tiempos de la república antes de 1959 cuando Cuba era una potencia agrícola mundial en numerosas rúbricas. Lo que ocurre a los guajiros cubanos es que su gobierno no hace otra cosa que bloquear su iniciativa emprendedora, su capacidad de producir con libertad y desarrollar sus empresas libremente. Y eso si que es un bloqueo.

Una primera propuesta muy fácil de aplicar sería, por ejemplo, que el estado dejase de producir frutales en Cuba. Actualmente, las tierras de titularidad del estado, que son todas, lo que ocurre es que aquellas que explota directamente, alcanzan una superficie total de 7.025 hectáreas, casi el 20% de las 39 mil hectáreas que se explotan por los no estatales. Más de 7 mil hectáreas con rendimientos inferiores a los que se obtienen en las no estatales. La solución inmediata sería que esas 7.025 hectáreas de bajos rendimientos en la explotación agraria pasaran a ser de propiedad privada y de quienes obtienen rendimientos superiores. La producción automáticamente podría aumentar sin más.

Por muchos proyectos de buena voluntad y mucho dinero entregado gratuitamente al régimen lo que está claro es que la economía castrista tiene muchas oportunidades de mejorar si avanza en la privatización de los derechos de propiedad y el estado se retira a sus funciones tradicionales, y deja de tener ese "peso muerto" sobre la actividad de los agentes económicos privados. No es ceder tierras en arrendamiento o crear de manera artificial cooperativas controladas por los comunistas. Eso sería más de lo mismo.

Es hora de regresar a un marco jurídico compatible con el resto del mundo en el que los cubanos sean dueños reales de sus activos, de su trabajo, de sus proyectos de vida, para elegir en libertad. Se trata de que, hasta los vietnamitas, han apostado por los derechos de propiedad privada y se han convertido en una potencia exportadora de arroz, después de décadas de hambrunas comunistas. Ah, y sin ayuda de la ONU ni de Canadá. Por cierto sigo preguntándome qué sabe Canadá de mangos, guayaba y frutabomba.

(Publicado originalmente en Cubaeconomía, el 14 de noviembre de 2017)

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