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Cuba permite alquileres de inmobiliarias a cubanos


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Hasta ahora sólo los extranjeros residentes en la isla y las instituciones (nacionales o foráneas) podían alquilar inmuebles.

Cuba dio otro paso en sus reformas al autorizar este miércoles a las inmobiliarias arrendar casas y locales comerciales a cubanos, poniendo fin a una prohibición de medio siglo, en una medida que beneficia al floreciente sector de los trabajadores privados.

"Eso es fenomenal. Hasta ahora aquí había personas que disponían del presupuesto, pero no tenían la posibilidad de arrendar en una inmobiliaria", declaró a la AFP Grisel Espinosa, de 43 años, que vende camisetas en la principal feria de artesanía de La Habana Vieja.

"Me parece muy bien que el que tenga un buen negocio, pueda arrendar un espacio aunque sea pequeño. Por ahora no me animo, pero sí quizás más adelante", dijo la talabartera Illinois Borges, de 38 años.

Hasta ahora sólo los extranjeros residentes en la isla y las instituciones (nacionales o foráneas) podían alquilar inmuebles a las agencias inmobiliarias, que son estatales o de capital mixto (sociedad del Estado cubano con una empresa extranjera).

La resolución publicada en la Gaceta Oficial autoriza a "las personas naturales cabanas residentes en Cuba" a contratar "los servicios de arrendamiento de inmuebles que se ofertan por entidades inmobiliarias autorizadas".

No obstante, la norma advierte que los cubanos no podrán alquilar esos inmuebles para usarlos como "escuelas internacionales, agencias de prensa y organizaciones no gubernamentales".

Activistas de la sociedad civil en Cuba, restaron importancia a la nueva disposición del gobierno.

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Cuba, con una población de 11,1 millones de habitantes, tiene ahora unos 445.000 cuentapropistas, que fundamentalmente ofrecen servicios, como restaurantes, lo que ha creado una creciente demanda por inmuebles de uso comercial. También han aparecido galerías de arte y tiendas de artesanía.
La resolución del Ministerio de Finanzas y Precios fija una tarifa mínima de cinco pesos convertibles (cinco dólares) por cada metro cuadrado de la vivienda; y de entre siete y 10 CUC (siete y 10 dólares) por los locales de oficinas, tiendas o almacenes.

Esas tarifas resultan prohibitivas para la mayoría de los cubanos, en un país donde el salario promedio es de 20 dólares al mes.

"Esas tarifas están altas", dijo a la AFP el artesano Mauricio Alvarez, de 31 años, quien indicó que paga "casi 300 dólares" mensuales por el alquiler e impuestos de su pequeño puesto en la feria de artesanía.

Otra norma del Ministerio fijó las tarifas de otros servicios que deberán pagar los nuevos arrendatarios, como de electricidad, agua y estacionamiento de automóviles.

El negocio inmobiliario comenzó a florecer a partir de los años 90 con las tímidas reformas económicas que el entonces presidente Fidel Castro (1959-2006) aprobó tras la desintegración del bloque soviético.

Las agencias inmobiliarias, que habían desaparecido tras la revolución de 1959, reaparecieron en los 90, pero los cubanos no tenían permiso para contratar sus servicios.

Hoy sólo existe un puñado de estas empresas en la isla. Directivos de tres inmobiliarias estatales consultadas por la AFP se negaron a comentar la nueva resolución.

A fines de 2011, Raúl Castro permitió la compraventa de casas, que también estuvo prohibida durante décadas, y en septiembre de 2013 autorizó la actividad de "agente inmobiliario" entre los nuevos oficios que pueden desempeñar los trabajadores privados.

Otras actividades permitidas en la misma ocasión fueron las de vendedor mayorista de productos agrícolas y de agente de servicios de telecomunicaciones, lo que elevó a 201 la cantidad de oficios autorizados para los trabajadores por cuenta propia.

Junto con el trabajo privado, el gobierno está impulsando también la creación de cooperativas integradas por los trabajadores de antiguas empresas estatales, con el fin de reducir la abultada planilla estatal, de casi cinco millones, y darle mayor dinamismo a la alicaída economía.

A partir de este año el gobierno también autorizó la libre venta de automóviles, nuevos y usados, en las concesionarias de la isla (todas estatales), pero fijó precios exorbitantes por los vehículos -hasta 261.000 dólares-, lo que causó frustración e indignación entre los potenciales compradores.

Desde fines de 2011 estaba autorizada la compraventa de autos entre particulares.
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