Cuba
Cuba estrena “Ley Mordaza” con una sola novedad, la “publicidad socialista”
Inspirada en “el legado” del dictador cubano Fidel Castro y con una fuerte carga ideológica, la Ley de Comunicación Social fue aprobada este jueves por unanimidad en la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, durante sesión extraordinaria, en el Palacio de Convenciones de La Habana.
“Su mayor valor radica en el reconocimiento de las potencialidades y beneficios de la comunicación social para el desarrollo del país”, declaró el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, presente en los debates, y agregó que “el largo período de confrontación y la agresividad que caracteriza la criminal política del gobierno estadounidense impacta en todos los ámbitos de la sociedad cubana y, de manera particular, en lo comunicacional”.
La prensa oficialista y sus representantes han acogido la noticia con júbilo. La teórica y diputada Rosa Miriam Elizalde, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), comentó al medio oficialista Cubadebate que la aprobación de la Ley de Comunicación Social fue “un día histórico”, debido a que en Cuba no existía una norma similar que ordenara el sistema de comunicación desde hacía más de medio siglo.
“Vamos a tener la primera Ley de Comunicación derivada de la Constitución directamente y, además, de una Constitución socialista. A mi juicio, eso no sólo es histórico, porque va a producir eso en Cuba, sino que es mucho más importante y trascendente fuera del ámbito de la geografía nacional”, expresó.
Para Elizalde, quien también fue fundadora de Cubadebate y su Editora Jefa hasta 2017, la cubana es “la primera ley de comunicación de América Latina que integra los distintos sistemas que coinciden dentro del ámbito comunicacional”, al coordinar a todos los actores de la comunicación. “Eso es muy relevante y pone a Cuba a la vanguardia en este tipo de diseño de ley”, dijo.
Sin embargo, donde Elizalde percibió una virtud, la periodista y profesora cubana Iliana Medina percibió una debilidad: “El problema de cualquier ley cubana, y de esta Ley de Comunicación, específicamente, parte de esa Constitución aprobada en 2019, que en el Artículo 1 recoge que Cuba es, por definición, un ‘Estado Socialista’; en el Artículo 4, que ‘la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano’; en el Artículo 5, que ‘el Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista-leninista... es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado’; en el Artículo 13-g, que la función del Estado es ‘afianzar la ideología inherente a nuestra sociedad socialista’, y así, sucesivamente”.
“En este contexto, hablar de la Ley de Comunicación casi que daría risa, si no fuera por lo grave que es la situación de pobreza y falta de libertades en que malviven nuestros compatriotas. Esta ley, como todas las demás, y la Constitución misma, y todo el lenguaje que de facto utilizan los medios de comunicación estatales de Cuba, es un intento falaz de manipular y disfrazar conceptos que se usan en los países democráticos, como democracia, participación y transparencia, pero que no tienen ningún sentido si no se parte del principio básico de pluralidad política. Allí son puros eufemismos, palabras huecas”, aseguró Medina desde Tenerife, España, donde reside.
Desde la isla, el periodista y escritor Jorge Enrique Rodríguez, colaborador de Diario de Cuba, tampoco recibió con entusiasmo la normativa. “Esto es una extensión de una ley mordaza que ellos han profundizado luego de su experiencia con el 11J (11 de julio), que fue gracias a las redes sociales, y ellos lo tienen claro”, dijo a Martí Noticias.
Rodríguez también opinó que la normativa busca arremeter, principalmente, contra la sociedad civil, los cubanos de a pie, y los perfiles de humoristas e influencers que ridiculizan con memes y otros contenidos a los dirigentes comunistas cubanos y sus políticas. “Al ellos perder el control de la narrativa de lo que pasa en Cuba, están intentando amedrentar con este tipo de ley”, agregó.
La versión 34 del proyecto, que se publicó a comienzos de mayo de este año, revela desde sus fundamentaciones una explícita subordinación a los intereses del Partido Comunista de Cuba, al considerar que la comunicación social contribuye a “fortalecer la unidad del pueblo, afianzar la ideología de nuestra sociedad socialista y defender la independencia, soberanía y seguridad de la patria”, en un escenario “de guerra política, ideológica, económica, comunicacional y cultural que enfrenta la Revolución cubana”.
“El Proyecto, primero que sobre esta materia se promueve en el país, se inspira en el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el gran comunicador de la Revolución, se nutre de la práctica cubana en este campo y constituye un texto teórica y conceptualmente fundamentado que distingue a las personas y su acción transformadora como centro de los procesos de comunicación social”, sostiene más adelante.
Sus 64 páginas, compuestas principalmente por 19 capítulos y 107 artículos, fueron el resultado del análisis de acuerdos y planteamientos de congresos y otros foros de la UPEC, la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Asociación Hermanos Saíz; así como de la consulta de 312 documentos legales, éticos y políticos sobre la práctica comunicacional desde la etapa colonial y más de 90 tesis de pregrado y posgrado de diferentes universidades del país.
Además, según el documento, entre los meses de julio y octubre se 2022 se desarrolló un proceso de consultas a lo largo de la isla que implicó más de 60 reuniones y la participación de 6 mil 638 personas, entre ellas estudiantes y profesores universitarios, periodistas, artistas, comunicadores sociales, delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular y diputados, dirigentes políticos y gubernamentales, empresarios y nuevos actores económicos.
Dicho proceso de consulta conllevó a la versión 32 del proyecto, que estuvo disponible en noviembre de 2022, y se sometió a evaluación en el Secretariado y el Buró Político del Comité Central del Partido, el Consejo de Ministros y el Consejo de Estado, antes incluso de que los más de 400 diputados pudieran discutirla. Supuestamente, en diciembre de 2022, el parlamento debía aprobar la norma, pero el Consejo de Estado “propuso” retrasar su aprobación, debido a su complejidad y a una serie de cambios que había tenido. Y casi un mes más tarde, el 11 de enero, la Asamblea publicó otra versión, la número 33.
El proyecto El Toque Jurídico, coordinado por el abogado cubano Eloy Viera, destacó en un análisis reciente que solo las tres últimas versiones fueron dadas a conocer a la ciudadanía y que en cada una se percibió una evolución negativa. “El proyecto definitivo eliminó o edulcoró los elementos que más señalaron un sector del funcionariado y la opinión pública favorables al Gobierno cubano (que lo consideraba un riesgo porque entendían que la norma abría la posibilidad para impulsar una glasnost cubana)”, explicó.
“La influencia de esos sectores hizo que desaparecieran del proyecto definitivo prerrogativas como la facultad de la ciudadanía para exigir información pública a las entidades estatales; que se establecieran claras limitaciones a los contenidos que pueden ser difundidos; que se restringiera y controlara mucho más el tema de las formas de financiamiento de la prensa estatal; y que se terminara por autorizar la inclusión de la publicidad ‘socialista’”, precisó.
Uno de los avances más mencionados de la Ley de Comunicación Social es que -en sus artículos 37, 38 y 39- permite a “los medios fundamentales de comunicación social” comercializar sus productos y servicios dentro y fuera de Cuba, vender publicidad, recibir patrocinio y optar a cooperación nacional e internacional; aunque sin conceder a dichos medios total autonomía, pues para dar cualquiera de esos pasos necesitan “el aval de su titular y la aprobación de los organismos de la Administración Central del Estado”. Y, en el caso de la publicidad, el visto bueno del Instituto de Información y Comunicación Social.
Además, los llamados en el texto “otros medios de comunicación social” pueden sostener su producción con “fuentes lícitas y transparentes de financiamiento, cuya procedencia no tenga como objetivo subvertir el orden constitucional establecido en el país”.
Pero para los medios independientes del Estado no hay iguales derechos, ni siquiera con limitaciones. La norma jurídica sólo reconoce dos tipos de medios: los fundamentales y otros. Los fundamentales (artículo 28) son las “organizaciones mediáticas que tienen un carácter estratégico en la construcción del consenso, cumplen funciones de servicio público y constituyen mediadores políticos, ideológicos y culturales”; como las agencias de noticias, la radio, la televisión y los medios impresos y digitales, y “son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, de masas y sociales, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad”.
Mientras, “los otros” tienen objetivos y perfil editorial específicos, en correspondencia con la misión o la actividad económica o social que desarrolla su titular, y pertenecen a organismos y entidades del Estado, organizaciones políticas, de masas y sociales, o a otros actores económicos y sociales legalmente reconocidos.
“El principal problema de esta ley y de todas las que hagan es que no cuestionan el orden establecido (que es el problema). Al contrario, lo apuntalan. Más allá de que esta ley no reconozca al periodismo independiente, que es lo que muchos le han señalado, el problema principal está en que sigue siendo pensada para sostener al sistema y reconoce al PCC como rector de la comunicación social”, dijo el periodista e investigador cubano José Raúl Gallego, residente en México, en conversación con Martí Noticias.
Gallego afirmó que el documento no trae muchas novedades y que constituye un esfuerzo más del régimen cubano por mostrar a la comunidad internacional una imagen de cambio e institucionalización. “Mientras se mantenga intacta la base de la estructura política de Cuba y los medios subordinados a ella, es imposible que el sistema de medios estatales produzca periodismo y no propaganda, entendido el primero como una actividad que tiene en su centro el cuestionamiento del poder”, argumentó.
“El sistema de medios cubanos, como lo fue el soviético en su momento, está diseñado a la medida del poder que busca legitimar. Los medios en Cuba no son autónomos, ni se conciben como un contrapeso del poder. Al contrario, se conciben, y así lo dicen explícitamente, como un instrumento del trabajo del poder”, añadió.
Para Medina, las concepciones que sustentan la nueva ley corresponden a “ese estadio primitivo de la comunicación de masas” que los teóricos llamaron teorías hipodérmicas, en el que la comunicación se entiende como un fin propagandístico, que debe ‘inyectar’ en la gente una determinada ideología y servir a los fines del Estado.
“Parece que en las sucesivas 34 versiones que se hicieron, los derechos, en lugar de ampliarse, se fueron reduciendo, hasta caer en la paranoia cerrada y en el lenguaje quintacolumnista del que siempre han hecho gala, año tras año, y ley tras ley. Saben que cualquier apertura podría significar un castillo de naipes sin control que redundará en la pérdida del poder absoluto”, concluyó la profesora.
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Uruguay abre vía para legalizar a miles de inmigrantes, la mayoría cubanos
El gobierno de Uruguay permitirá que unos 20.000 migrantes, en su mayoría cubanos y dominicanos, pueda regularizar su estatus a través del "Programa de Residencias por Arraigo".
De acuerdo con Soledad Sánchez, coordinadora de la Dirección Nacional de Migración, se trata de “un nuevo tipo de residencia”, que se obtiene por arraigo laboral, trabajo por cuenta propia o arraigo familiar. El decreto contempla además una residencia temporaria renovable de arraigo para formación.
Las personas que obtengan esta nueva figura legal podrán luego tramitar la ciudadanía legal, explicó el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, en una rueda de prensa realizada este jueves
El funcionario señaló que el decreto representa una “solución transitoria”, que también resuelve la posibilidad de reunificación familiar pero advirtió que tampoco se trata de una política para atraer migrantes.
"Por ahora no es una solución definitiva. Por lo tanto, no es 'vengan, que esto funciona automáticamente'", dijo.
El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou escuchó el reclamo de la sociedad civil, específicamente las comunidades de cubanos y dominicanos que piden refugio pero luego no cuentan con elementos para probar sus casos, acotó Sánchez.
Cubanos en Uruguay reaccionan a la medida
“Es una gran oportunidad para personas como yo que llevamos meses en Uruguay sin posibilidades de legalizarnos ni hacer la ruta hacia Estados Unidos”, dijo Arianne Martínez, una cubana que emigró al país en 2023 tras cruzar la selva amazónica desde Guyana.
"La mayoría de nosotros queremos estabilizarnos y ayudar a nuestra familia”, añadió.
Uruguay se ha convertido en uno de los países con más emigración cubana en la región debido a las facilidades que brinda Montevideo para que los extranjeros trabajen allí.
Muchos cubanos pagan cerca de tres mil dólares a coyotes que los llevan hacia el sur desde Guyana, uno de los pocos países que no le pide visado a los cubanos en América Latina. La mayoría pasa por Brasil de manera clandestina y otros siguen su ruta a Chile, donde también se ha asentado una importante comunidad caribeña.
Carlos Alberto Madrigal, residente en Montevideo, consideró que se trata de “una gran oportunidad” para trabajar y estudiar en Uruguay.
“Busca que las personas se regularicen y trabajen en blanco, es decir, legalmente. Ayudará a muchísimos inmigrantes”, aseguró.
Grupos de cubanos en Uruguay habían realizado manifestaciones pidiendo la regularización de sus casos. En 2022 las autoridades negaron más del 86 % de las solicitudes de asilo provenientes de migrantes de la isla.
Uruguay cerró 2023 con 24.193 solicitudes de refugio pendientes de resolución. Datos de la Comisión de Refugiados indican que hasta ahora el promedio de espera para la entrevista de los solicitantes era de dos años.
Nuevo mecanismo busca acelerar trámites migratorios para solteros en cinco ciudades de EEUU
Estados Unidos anunció el jueves un mecanismo para acelerar deportaciones de inmigrantes solteros o tramitar con mayor celeridad sus casos de asilo siempre que sean pertinentes, a través del Registro de Arribos Recientes (Recent Arrivals Docket (RA).
La medida presentada por el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, y el Fiscal General, Merrick B. Garland, está diseñada para adultos solteros que intentan cruzar irregularmente entre los puertos de entrada de la frontera sur entre México y los Estados Unidos.
El RA Docket operará en cinco ciudades: Atlanta, Boston, Chicago, Los Ángeles y Nueva York, donde los jueces de inmigración intentarán emitir decisiones en un marco de 180 días, aunque el tiempo para solucionar los casos seguirá sujeto a circunstancias específicas y protecciones procesales, incluido dar tiempo a los inmigrantes a buscar representación legal cuando sea necesario.
Según han explicado en un comunicado conjunto, lo que se busca es "imponer consecuencias más rápidamente, incluida la expulsión, a quienes no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos y otorgar más rápidamente alivio o protección migratoria a los no ciudadanos con reclamos válidos".
El Departamento de Justicia también presentó al Registro Federal una norma final para promover la gestión eficiente de casos y expedientes en los procedimientos de inmigración.
"Hoy, estamos instituyendo con el Departamento de Justicia un proceso para acelerar los procedimientos de asilo para que las personas que no califican para recibir ayuda puedan ser expulsadas más rápidamente y aquellos que sí califican puedan obtener protección antes", dijo el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas.
“Esta medida administrativa no sustituye los cambios radicales y muy necesarios que el proyecto de ley bipartidista del Senado produciría, pero en ausencia de una acción del Congreso haremos todo lo que podamos para hacer cumplir la ley de la manera más efectiva y desalentar la migración irregular”, agregó el cubanoamericano.
Por su parte, el Fiscal General aseguró que "los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia están comprometidos con la aplicación justa y eficiente de las leyes de inmigración y que estas medidas promoverán esa misión al ayudar a garantizar que los casos de inmigración se resuelvan con prontitud y justicia".
La declaración reconoce que el sistema migratorio estadounidense está abrumado de casos y que muchos de los extranjeros que llegan a la frontera "a menudo esperan años antes de recibir una decisión final en un procedimiento judicial de inmigración".
Además admiten que los recursos de los que disponen son insuficientes, incluidos jueces y abogados de inmigración, algo que ha impedido la resolución rápida de las reclamaciones y han extendido la duración del proceso judicial de inmigración.
El Departamento de Justicia presentó al Registro Federal la normativa Gestión eficiente de casos y expedientes en procedimientos de inmigración, que permite a los jueces de inmigración priorizar los casos que están listos para resolverse con prontitud, promover la adjudicación eficiente, expedita y justa de casos de inmigración, asignar recursos limitados de manera más eficiente y garantizar protecciones procesales para las partes en los tribunales de inmigración.
El Departamanto de Justicia y el de Seguridad Nacional están solicitando que se designen más jueces de inmigración, oficiales de asilo, personal de apoyo, y autoridades necesarias para adjudicar más rápidamente los casos.
Casi 18 mil cubanos llegaron a la frontera de EEUU en abril
En abril, un total de 17.870 inmigrantes cubanos fueron registrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés).
Se trata del mes con el menor número de llegadas en lo que va de año fiscal 2024, en el que se certificó el arribo de 144.378 cubanos.
En abril de 2024, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registró 128.900 encuentros entre puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste, la cifra representa un 6% menos que los registros de marzo de 2024 y un 30% menos que los de abril de 2023.
“Como resultado de una mayor vigilancia, los encuentros en la frontera suroeste no han ido en aumento, revirtiendo tendencias previas. Seguiremos monitoreando los patrones migratorios, los cuales cambian de manera constante”, dijo Troy Miller, comisionado en funciones de la CBP.
En abril, las autoridades estadounidenses permitieron el ingreso de 41.400 personas en los cruces fronterizos con México por medio de la aplicación de citas en línea CBP One, con lo cual la cifra total de ingresos ascendió a más de 591.000 desde que se introdujo este sistema en enero de 2023.
En el caso del parole humanitario, se han beneficiado 91.000 cubanos.
Este mes la Administración Biden anunció nuevas restricciones a la política de asilo, otorgando más poder a los agentes federales de inmigración para conceder o no las peticiones y acelerar las deportaciones.
"Esta regla permitiría expulsar más rápidamente a aquellos que están sujetos a las prohibiciones y representan un riesgo para nuestra seguridad nacional o pública", dijeron las autoridades estadounidenses.
La ley federal "prohíbe el asilo y la suspensión de la expulsión a personas que representan un riesgo para la seguridad nacional o pública, específicamente aquellos que han sido condenados por un delito particularmente grave, participaron en la persecución de otros, son inadmisibles por motivos de seguridad nacional o relacionados con el terrorismo, o para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de los Estados Unidos".
Anteriormente, la determinación de elegibilidad para el asilo se daba en una etapa posterior del proceso: en la etapa de adjudicación de méritos de las solicitudes de asilo y de retención de expulsión, pero en lo adelante, los funcionarios de asilo esto ocurrirá pocos días después de que se encuentra a una persona.
"La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí", dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
Mientras no tenga nada para mis hijos voy a dar guerra: Testimonio de una de las madres que protestó en Marianao
Siete madres cubanas se plantaron este miércoles frente a la sede del Gobierno de Marianao, en La Habana, para reclamar soluciones a sus problemas de vivienda y alimentación.
Nidia Noriega, una de las que protestó, dijo a Martí Noticias que lleva 15 años albergada y aún espera la reparación del local que le fue asignado meses atrás.
“Yo no puedo estar sentada en un lugar pensando qué le voy a dar de comer a mis hijos. Mientras no tenga nada voy a dar tremenda guerra”, comentó la mujer, madre de cinco menores de edad. Entre las manifestantes también estaban Gintajaly Bruzon, Lizbeth Ferrer y Estanys Rodríguez, quienes enfrentan problemas similares a los suyos.
Tras casi 12 horas de espera en el portal del edificio, las mujeres fueron atendidas por un grupo de funcionarios, entre ellos la intendenta Yudeisi, el director de trabajo y representantes policiales, a quienes Noriega identifica como miembros de la Contrainteligencia Militar.
Las mujeres que acudieron a la sede del Gobierno fueron las mismas que en abril pasado se plantaron frente a la casa del gobernante Miguel Díaz-Canel con demandas similares.
"Tienen que seguir esperando porque no hay materiales ni presupuesto", respondieron en ese momento las autoridades a sus reclamos.
Poco después, fueron citadas y amenazadas con ser procesadas ante la justicia si continuaban manifestándose.
"Nos amenazaron porque quieren que cojamos miedo pero no estamos haciendo nada malo, estamos reclamando nuestros derechos", explicó Noriega a nuestra redacción.
"Nos dijeron que podían pedirnos de uno a tres años si seguíamos protestando... Nos dicen que no vayamos a más ninguna parte pero a dónde vamos a ir las madres con niños que tenemos todo este dolor por dentro... A dónde tenemos que dirigirnos nosotras, a dónde", agregó.
Martí Noticias conversó a inicios de marzo con varias de las madres que han sido amenazadas por las autoridades en los últimos meses. La mayoría teme por lo que puedan hacerle a sus hijos.
Yadiuska Domínguez, una joven de tres menores que protestó en octubre en la comunidad La Favela, en el municipio guantanamero de Maisí, se refirió a ello. “Sé que las represalias que toman aquí, el gobierno cubano, contra las mujeres que se manifiestan son medidas fuertes; lo primero que hacen es amenazarnos con quitarnos a los niños, con meternos presas y todas esas cosas y me he sentido atemorizada", explicó.
"Las mujeres con hijos nos volvemos leonas por la situación que tenemos con nuestros hijos”, comentó por su parte Yaquelín de la Caridad Rodríguez una de las que protestó frente al Ministerio de Salud Pública de Cuba en La Habana en noviembre de 2023.
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