En Cuba, documentar la realidad y compartirla en redes sociales continúa generando consecuencias legales y represivas para ciudadanos y activistas, uno de los ejemplos más recientes es el del joven Anyelo Ramírez Martínez, de 24 años.
Actualmente enfrenta una petición fiscal de cuatro años de prisión, tras un incidente ocurrido el pasado 5 de marzo, cuando fotografió un cartel antigubernamental en la calle Barracones, cerca de la Alameda de Santiago de Cuba.
La organización independiente Cubalex denunció que el caso representa un ejemplo de criminalización contra la libertad de expresión y el derecho ciudadano a documentar hechos en espacios públicos.
El abogado y experto en derechos humanos Alain Espinosa explicó a Martí Noticias que fotografiar actuaciones oficiales o hechos cotidianos no constituye un delito y aseguró que tanto los estándares internacionales como la propia legislación cubana protegen el derecho de los ciudadanos a grabar y documentar hechos de interés público.
“Lo primero que hay que plantear en este caso es que filmar tanto el ejercicio de una autoridad como un hecho de la vida cotidiana es totalmente legal y constituye una forma de ejercer el derecho a la libertad de expresión”, afirmó.
El jurista también calificó la detención de Ramírez como arbitraria y cuestionó el uso de cargos como desobediencia, atentado y resistencia, en un contexto donde no existía delito flagrante ni justificación legal para el uso de la fuerza.
Espinosa además criticó elementos incluidos por la Fiscalía en las conclusiones provisionales del caso, donde se señala que Ramírez “no demuestra simpatía por el proceso revolucionario”, no pertenece a los CDR y se relaciona con personas “proclives a cometer delito”.
Según el abogado, este tipo de argumentos reflejan mecanismos de persecución ideológica y prácticas asociadas a la antigua figura de peligrosidad predelictiva.
Mientras tanto, en Holguín, el activista humanitario "Noly Blak" denunció haber sido citado por la policía después de publicar mensajes de apoyo a Yamilka Mora, quien permanece detenida bajo investigación de la Seguridad del Estado tras compartir un video relacionado con las protestas ocurridas en Antilla el pasado 20 de mayo.
Las manifestaciones se produjeron en medio de apagones superiores a las veinte horas diarias, además de denuncias por escasez de alimentos y falta de agua.
“Mi amiga Yamilka Mora fue citada por la Seguridad del Estado aquí en la provincia de Holguín porque compartió lo de la protesta en Antilla”, declaró el activista.
Para observadores y organizaciones independientes, ambos casos reflejan un patrón de utilización de mecanismos policiales y judiciales para desalentar la documentación ciudadana, limitar la expresión pública y aumentar el costo personal de denunciar hechos que afectan a la población cubana.
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