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CONFIRMADO EL PRIMER SECRETARIO DE JUSTICIA HISPANO DE EE.UU.


La confirmación de González solamente recibió seis votos demócratas. Este es el menor nivel de apoyo que un partido minoritario ha dado en muchos años a un nombramiento presidencial para el cargo de Secretario de Justicia.

Minutos más tarde el presidente George W. Bush felicitó por teléfono a González y después el vicepresidente Richard Cheney le tomó el juramento en una ceremonia privada en la Casa Blanca.

González asume una de las posiciones más importantes del gobierno federal que la oposición demócrata vigila estrechamente en relación con la política bélica de Bush en Iraq y en relación con el terrorismo.

Muchos senadores demócratas acusaron a González en los tres días de debate en el hemiciclo del Senado, de haber “dado forma a la política que contribuyó a los abusos de prisioneros en Iraq y en la Base Aeronaval de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba”.

Los senadores republicanos defendieron a González. Dijeron que los demócratas distorsionaban sus antecedentes para así atacar la política de Bush en Iraq.

El senador republicano de Utah, Orrin G. Hatch, contraatacó las denuncias demócratas diciendo que “nada podría alejarse más de la verdad”. Según Hatch, los demócratas “han exagerado acerca de lo que equivocadamente alegan que es la política de la administración de Bush en relación con la tortura y sobre cómo, de alguna forma, el juez González actuó para condonar la tortura”.

Hatch añadió que los opositores culpaban a González “por un memorando que él no escribió, que fue preparado por una oficina que él no dirigía en un departamento (de Justicia) donde él no trabajaba, que suministró consejos que el presidente Bush no aceptó”.

González, cuando era asesor de la Casa Blanca, fue el foco de discusiones internas en el año 2002, acerca de cuán severamente el personal de Estados Unidos podía interrogar a sospechosos de terrorismo sin violar las leyes que prohíben la tortura. González, según dicen sus críticos, escribió una “opinión legal” en el sentido de que algunas de las protecciones de derechos humanos de la Convención de Ginebra eran “anticuadas” e inaplicables a supuestos miembros de Al-Kaeda o del Talibán.

Durante las audiencias para su confirmación González declaró el mes pasado que “la tortura y el abuso no serán tolerados por esta administración”.

Legisladores republicanos y demócratas elogiaron la conducta personal de González, que creció pobre en un hogar de inmigrantes en Texas, pero pudo graduarse de abogado en Harvard y, cuando Bush fue Gobernador de Texas, alcanzar una posición en la Corte Suprema de Justicia de aquel Estado.

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