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Condena de líder indígena preocupa a defensores de derechos humanos


El líder indídena, Feliciano Valencia.

Temen "una mayor desconfianza" en los movimientos sociales de Colombia ante el proceso de paz que busca acabar con un conflicto de medio siglo en ese país.

La condena y detención esta semana en Colombia del líder indígena Feliciano Valencia preocupa a defensores de derechos humanos, que temen "una mayor desconfianza" en los movimientos sociales ante el proceso de paz que busca acabar con un conflicto de medio siglo en el país.

La ONG Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), una coalición de 265 organizaciones sociales y activistas de derechos humanos, expresó este viernes en un comunicado su inquietud ante lo ocurrido a Valencia, ganador del Premio Nacional de Paz en 2000 por su labor comunitaria, e instó a su "pronta liberación".

Valencia fue detenido el pasado martes en el municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca (suroeste) tras recibir una condena en segunda instancia de 28 años de cárcel, acusado del secuestro de un cabo del ejército ocurrido en una zona de jurisdicción indígena en Piendamó (Cauca) en octubre de 2008.

Según la Fiscalía, el militar, adscrito a un batallón de contraguerrilla, "fue retenido más de 14 horas y sometido a tratos inhumanos hasta que fue liberado por mediación de la Procuraduría".

Por estos hechos, Valencia había sido absuelto en primera instancia en marzo este año, un fallo que fue apelado por la Fiscalía y revocado ahora por el Tribunal Superior del Cauca.

"Inquieta igualmente que esta situación contribuya a alimentar una mayor desconfianza y escepticismo de los movimientos sociales frente al proceso de paz", indicó la CCEEU, al apuntar que esta detención se suma "a otras ocurridas en los últimos meses contra líderes sociales, integrantes de movimientos como el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica".


La comunidad indígena colombiana, integrada por 1,4 millones de personas según el último censo de 2005, ha sido de las más afectadas por el conflicto armado colombiano, al que el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) buscan poner fin con las negociaciones de paz que sostienen desde noviembre de 2012 en Cuba.

La CCEEU reconoció el liderazgo social de Valencia "y su activo compromiso con la búsqueda de la paz" y recordó que los hechos por los que se imputa al dirigente "están relacionados con un ejercicio de autonomía de la jurisdicción especial indígena reconocida por la Constitución de 1991", algo que debería haber sido tomado en cuenta por la sentencia, según dijo.

La Carta Magna colombiana brinda a las autoridades de los pueblos indígenas la potestad de realizar juicios por delitos cometidos en sus territorios ancestrales, aunque no pueden aplicar penas que contravengan las leyes del país.

En más de cinco décadas la conflagración interna en Colombia, que ha involucrado a guerrillas, paramilitares, fuerzas militares y bandas narcotraficantes, ha dejado oficialmente al menos 220.000 muertos y unos seis millones de desplazados internos.

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