Las resoluciones pertinentes del Comité Coordinador Mundial se difundieron antes de la publicación, el 28 de febrero, del Informe por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos 2004, del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Forman parte del Comité la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami; La Asociación Mundial de Periódicos, con sede en París; la Asociación de Empresas Radiodifusoras de América del Norte, con sede en Toronto, Canadá, y varios otros grupos. El Comité Coordinador emitió las resoluciones sobre Cuba y Venezuela durante su reunión en Ginebra el 16 de febrero.
En su resolución sobre Cuba, dijo que la reciente excarcelación de varios periodistas por el régimen del dictador cubano Fidel Castro “no es suficiente, ya que 26 colegas” de los periodistas liberados “permanecen aún detrás de rejas bajo el pretexto de haber delinquido por el sólo hecho de expresar sus ideas o criticar” al gobierno de Castro.
Al condenar el tratamiento que reciben los periodistas independientes bajo el régimen castrista, el Comité Coordinador citó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por Naciones Unidas en 1948, que dice que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el derecho a no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión”.
El Comité Coordinador resolvió también mantenerse vigilante y trabajar con gobiernos y organizaciones internacionales “hasta alcanzar en Cuba la liberación de todos los periodistas y disidentes”.
El informe de derechos humanos en Cuba, que emitió el Departamento de Estado, dice que el gobierno cubano priva a sus ciudadanos de las libertades de expresión, prensa, reunión y asociación y somete a periodistas cubanos y extranjeros a la vigilancia física y electrónica.
Con respecto a Venezuela, el Comité Mundial dijo que el código penal aprobado recientemente en ese país contradice la “doctrina interamericana de libertad de expresión, al castigar a quienes ofendan oralmente o por escrito” al presidente Hugo Chávez y a otros funcionarios del gobierno, jueces y legisladores.