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América Latina

CIDH urge a Nicaragua a cesar criminalización de manifestantes, opositores y defensores de derechos humanos

Manifestantes enfrentan represión de paramilitares sandinistas en Nicaragua.
Manifestantes enfrentan represión de paramilitares sandinistas en Nicaragua.

Han fallecido 322 personas, de las cuales 21 serían policías, y 23 niñas, niños y adolescentes (...) Conforme a la evidencia observada y contrastada, la gran mayoría de víctimas fallecieron como resultado de la acción estatal o de fuerzas parapoliciales al servicio del Estado

Managua / Washington D.C. - A cuatro meses de iniciadas las protestas sociales en el país, y cerrando la octava semana de trabajo en terreno del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte la persistencia de la estigmatización y criminalización de la protesta social bajo cargos infundados y desproporcionados; un grave problema de acceso a la debida defensa y el debido proceso para las personas acusadas; así como violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares.

El MESENI ha registrado una disminución de las acciones violentas y el empleo desproporcionado de la fuerza letal en la represión de las protestas. Sin embargo, la Comisión nota con preocupación que se continúa generando un contexto adverso para la protesta social a través de una estrategia de criminalización y estigmatización. Esto incluye la emisión de comunicados oficiales, así como declaraciones y pronunciamientos de las autoridades, que intentan promover un aparente clima de normalidad en el país, a la vez que estigmatiza a manifestantes, opositores, líderes sociales y defensoras y defensores de derechos humanos.

La CIDH actualiza la cifra de personas fallecidas en el contexto de los hechos acaecidos en el país desde el 18 de abril pasado a 322 personas, de las cuales 21 personas serían policías, y 23 niñas, niños y adolescentes. Adicionalmente, según la información recibida por el MESENI, cientos de personas estarían detenidas. La CIDH insiste en la necesidad de que el Estado de Nicaragua proporcione las cifras oficiales y la información detallada sobre las personas detenidas.

Ante el cuestionamiento público del Ministerio de Relaciones Exteriores a la metodología de trabajo de la CIDH, incluyendo las cifras sobre el número de personas fallecidas, la Comisión reitera que la labor de monitoreo que se realiza a través del MESENI y de los otros mecanismos a su disposición, se lleva a cabo con extrema rigurosidad metodológica. Esto incluye contrastar varias fuentes, dentro de las cuales se encuentran testimonios de víctimas, de familiares de víctimas, información que aportan organizaciones de la sociedad civil y medios informativos, así como también fuentes oficiales.

La CIDH lleva un registro con la indicación de la fuente de la información sobre las personas asesinadas. Como puede apreciarse en el anexo del informe Graves Violaciones a los Derechos Humanos en el Marco de las Protestas Sociales en Nicaragua, la CIDH incorporó a su registro todas y cada una de las personas fallecidas que el Estado de Nicaragua identificó e informó a la Comisión.

En sus posteriores comunicados, la CIDH ha continuado incorporando la información aportada por el Estado. No obstante, conforme a la evidencia observada y contrastada, la gran mayoría de víctimas fallecieron como resultado de la acción estatal o de fuerzas parapoliciales al servicio del Estado.

Asimismo, las cifras de personas fallecidas aportadas por el Estado son inconsistentes. Mediante notas que el Estado remitió a la CIDH entre junio y julio de 2018, el Estado informó sobre 37 personas fallecidas, en su mayoría agentes del Estado o personas afines al gobierno.

Posteriormente, en respuesta a las reiteradas solicitudes de información actualizada, mediante nota del 7 de agosto el Estado reportó una cifra consolidada de 450 personas fallecidas entre el 19 de abril y el 25 de julio. En el desglose de esa cifra, el Estado informó que 197 personas fallecieron como “víctimas del terrorismo golpista”; y 253 personas fallecieron por “muertes homicidas (actividad delictiva común), accidente de tránsito y otras causas, que fueron manipuladas por los golpistas y organismos afines para desprestigiar, difamar y dañar la imagen del Gobierno de Nicaragua”.

No obstante, el informe no presenta el listado de las personas fallecidas. Frente a la inconsistencia de las cifras reportadas por el Estado y sus cuestionamientos al registro de fallecidos de la CIDH, la Comisión reitera al Estado de Nicaragua la necesidad urgente de garantizar el acceso a la información detallada sobre todas las personas fallecidas, a fin de que la CIDH pueda cotejar y verificar las cifras con aquéllas que ofrecen las autoridades nicaragüenses.

La Comisión también reitera el llamado al Estado a adelantar investigaciones serias y eficaces sobre todas las muertes de personas manifestantes como consecuencia de la represión de la protesta social, así como de todas las muertes ocurridas en el contexto de la violencia que vive el país desde el 18 de abril.

Asimismo, la CIDH insta al Estado a suministrar la información referida a las investigaciones judiciales que están en curso con el objeto de establecer los autores materiales e intelectuales. En particular, es indispensable que el Estado nicaragüense rinda cuentas del número y la identidad de las personas imputadas, detenidas, juzgadas y sancionadas por esos hechos.

De igual manera, es urgente que el Estado informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH dirigidas a asegurar la realización de las autopsias de todas las personas asesinadas por agentes del Estado o por grupos parapoliciales que actuaron con la anuencia de éste.

La CIDH expresa su máxima preocupación ante la persistencia de la violencia en la represión de la protesta social, que sigue provocando muertes y heridos, y por la información sobre detenciones arbitrarias, todo lo cual ha sido registrado por el MESENI a través de su trabajo de monitoreo de marchas, plantones y protestas, tanto de oposición como de apoyo al gobierno. En particular, el 11 de agosto, la CIDH fue informada sobre la muerte de una persona, Lenin Mendiola, ocurrida en el contexto de las protestas sociales convocadas en Matagalpa. La CIDH lamentó este hecho y recordó la obligación del Estado de proteger la integridad de todas las personas y de investigar imparcialmente los hechos. Posteriormente, el 19 de agosto, se recibió información de que agentes de la policía nacional y grupos progubernamentales agredieron a participantes en una caravana a Masaya, lo cual habría dejado dos personas heridas.

Por otra parte, en el mes de agosto el MESENI ha documentado la persistencia de declaraciones y pronunciamientos por parte de las más altas autoridades estatales tendientes a la estigmatización de las personas que participan en las actividades de protesta social, acusándoles de “golpistas” y “terroristas”, entre otras graves descalificaciones. Estos discursos crean un ambiente que genera condiciones de hostilidad e intolerancia, poniendo bajo amenaza la vida, la integridad y la seguridad de personas manifestantes, líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. Las autoridades nicaragüenses deben poner fin a los discursos y las declaraciones estigmatizantes.

En ese contexto social de criminalización de la protesta se dan cientos de procesos judiciales bajo cargos infundados y desproporcionados. Se está utilizando de modo generalizado el tipo penal de terrorismo. Asimismo, tal como lo ha evidenciado MESENI, no se han respetado reglas básicas de debido proceso. Por ejemplo, se impide o se obstaculiza el acceso a los abogados defensores antes de las audiencias programadas. Los defensores públicos, en forma generalizada, sugieren la autoincriminación como estrategia de defensa. Se realizan audiencias en horarios o lugares inusuales, impidiendo u obstaculizando la comparecencia de la defensa privada. Se celebran audiencias en que se impide el acceso al público y a veces a las propias familias de las personas detenidas.

La Comisión observa asimismo una práctica de centralización de los procesos y juicios penales en contra de personas opositoras y manifestantes en los tribunales de Managua, pese a que en muchos casos los hechos investigados sucedieron en otros municipios. El MESENI ha recibido información que indica que la Fiscalía cuenta con formatos de acusación preestablecidos para imputar graves delitos como terrorismo, crimen organizado y otros similares a quienes participaron en las protestas o prestaron apoyo, inclusive quienes proveyeron asistencia humanitaria como donaciones de alimentos y medicamentos.

En ciertas audiencias judiciales, las autoridades nicaragüenses denegaron el ingreso a los familiares, a la prensa independiente, y a representantes del MESENI y de las Naciones Unidas. Esto ocurrió en la audiencia judicial contra los líderes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Silvio Pineda, que tuvo lugar el 14 de agosto. Volvió a ocurrir el 15 de agosto, en la audiencia por el asesinato del periodista Ángel Gahona, en que están acusados dos jóvenes de Bluefields, Brandon Lovo Taylor y Glen Slate. Asimismo, la CIDH toma nota sobre las amenazas de muerte en contra de la abogada de las personas acusadas de la muerte del periodista Ángel Gahona, las cuales se habrían producido minutos antes de iniciada la audiencia.

El MESENI también ha comprobado la persistencia de un patrón de represión selectiva, con un conjunto de detenciones arbitrarias e ilegales en las últimas semanas, luego de la deposición voluntaria o por la fuerza estatal de los tranques a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, el MESENI recibió la denuncia sobre la detención arbitraria en Juigalpa de al menos cinco personas que habrían participado en los tranques de la comunidad.

Los testimonios de las víctimas y sus familiares son consistentes en cuanto a señalar la forma en que se realizan estas detenciones arbitrarias, mediante el uso desproporcionado de la fuerza, la ausencia de orden judicial, la falta de comunicación sobre los motivos de la detención, la falta de información a los familiares de las personas detenidas sobre el lugar en que serán recluidos y la falta de cumplimiento con los plazos legales para ponerlos a disposición de un juez. Es de especial preocupación para la CIDH la información documentada por el MESENI en el sentido de que a las personas procesadas no se les estaría garantizando su derecho a una defensa legal adecuada, debido a que no cuentan con acceso a sus abogados y representantes antes de la celebración de las audiencias.

El 9 de agosto, el MESENI fue informado sobre las detenciones del líder campesino Víctor Manuel Díaz, de la zona de El Fajardo, en el departamento de Río San Juan. También ese día fue informado el arresto de un líder estudiantil de la UNAN Matagalpa, Bayardo Siles, quien habría sido liberado el 18 de agosto. En ambos casos se verificó el modus operandi de detención por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales caracterizado por la ausencia de orden judicial, la falta de información precisa sobre los cargos o motivo de la detención, falta de comunicación oportuna a la familia sobre el lugar de reclusión.

En vez de producir investigaciones imparciales para dilucidar la verdad y administrar justicia, los procesos judiciales contra estas personas muestran serias evidencias de estar destinados a criminalizar la disidencia y la protesta social. “El uso inapropiado del sistema penal en contra de manifestantes, opositores, defensoras y defensores de derechos humanos constituye una violación al derecho a la integridad personal, la protección judicial y las garantías judiciales”, señaló el Comisionado Francisco Eguiguren, Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.

“Pero en adición a ello, tiene efectos sociales negativos porque afecta estructuras y amedrenta liderazgos grupales y comunitarios. Por eso se vuelve indispensable que el Estado de Nicaragua cese de inmediato la iniciación de procesos penales como mecanismo de represalia en perjuicio de quienes han participado en las protestas y manifestaciones, y que adopte de manera urgente todas las medidas necesarias para garantizar el debido proceso y las garantías judiciales en todos los procesos penales”, agregó.

En relación con el régimen penitenciario al que se somete a las personas procesadas, el MESENI ha comprobado que el mismo afecta los derechos de las familias, pues el sistema de visitas es administrado discrecionalmente y se producen postergaciones o reprogramaciones el mismo día de la visita, hay total falta de privacidad por la presencia de agentes penitenciarios o policiales en las visitas, existe una asignación arbitraria de tiempo que fluctúa entre 10 minutos y 2 horas, entre otras afectaciones.

Ante la falta de información por varios días sobre el lugar de detención y otras problemáticas, las madres y familiares se han desplazado a la capital, generando una carga desproporcionada y onerosa para muchas familias que, además de dejar sus empleos y alterar la dinámica de sus núcleos familiares, reportan ser víctimas de amenazas y hostigamiento en sus lugares de residencia.

La Comisión reitera la obligación que tiene el Estado de garantizar condiciones dignas de detención a las personas privadas de libertad, así como un régimen adecuado y previsible de visitas. “Es deber del Estado tomar medidas que aseguren que las personas privadas de su libertad mantengan y desarrollen sus relaciones familiares”, señaló el Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad.

Es de suma gravedad la falta de información oficial del Estado de Nicaragua sobre el número de personas detenidas, así como de otros datos que permitan caracterizar este fenómeno. Esto se suma a la condición impuesta al MESENI de no poder acceder a instalaciones judiciales o penitenciarias. Estos factores dificultan gravemente el monitoreo y seguimiento de la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en Nicaragua.

“Es urgente que esta situación cambie y que el Estado ofrezca la información y autorice el ingreso del MESENI a las instalaciones donde están retenidas las personas privadas de libertad y donde tienen lugar los procesos judiciales”, dijo el Comisionado Hernández. Ante la falta de información oficial, la CIDH agradece especialmente la colaboración del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) con la labor del MESENI en esta área.

En adición a ello, la CIDH nota con preocupación que en la práctica, se continúa procesando a adolescentes en el sistema penal para adultos. “Es obligación del Estado garantizar que los y las adolescentes sean tratados bajo una justicia juvenil especializada, basada en el modelo de justicia restaurativa, garantizando la protección de los derechos de la niñez y el interés superior del niño”, dijo la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

En cuanto al derecho a la libertad de expresión, continúan registrándose actos intimidatorios, hostigamientos y amenazas contra periodistas en Nicaragua. El MESENI documentó la denuncia realizada por el Colectivo de Mujeres de Matagalpa, el Grupo Venancia y Radio Vos contra las informaciones difamatorias y hostigamientos de las que son víctimas.

El 14 de agosto, el periodista del medio televisivo Vos TV, Gerall Chávez, denunció las amenazas y el mensaje de intimidación que presuntos simpatizantes del gobierno dejaron en las paredes de su casa en El Rosario, Carazo. El 19 de agosto, el MESENI recibió información sobre la agresión, robo y violencia por parte de grupos encapuchados armados contra la periodista alemana Sandra Weiss, del diario suizo NZZ, mientras se encontraba realizando un reportaje sobre la toma de tierras en Chinandega.

Asimismo, en agosto se continúa recibiendo información sobre despidos injustificados de médicos y profesionales de la salud que brindaron atención a las personas heridas en la represión de la protesta social. Particularmente, según los testimonios recibidos por el MESENI, ahora los despidos se estarían realizando de manera individualizada y no masiva, imputando incumplimientos en los contratos colectivos de trabajo o alegaciones de negligencia médica, provocando un efecto amedrentador e inhibitorio en el resto del personal. Hasta el momento, de acuerdo con la información recibida, unas 135 personas habrían sido despedidas, y habría varias más en lista de personas a ser despedidas.

Frente a esta situación, la CIDH urge al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en relación con la grave situación de derechos humanos registrada en el país. Esto incluye tomar medidas para poner fin al hostigamiento y las amenazas en contra de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, adelantar procesos imparciales y acordes con un debido proceso para el esclarecimiento de la verdad y la administración de justicia en torno a las violaciones a los derechos humanos, cesar la estigmatización y criminalización de manifestantes, opositores y defensores y defensoras de derechos humanos, y garantizar el acceso a información pública confiable que permita monitorear la situación de los derechos humanos en el país.

“La CIDH continuará llevando a cabo sus labores de seguimiento de las recomendaciones y el monitoreo de la situación de derechos humanos de manera seria, rigurosa y responsable con las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad nicaragüense en su conjunto, en cabal cumplimiento de sus mandatos convencionales y reglamentarios”, dijo la Comisionada Margarette Macaulay, Presidenta de la CIDH.

Por su parte, la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua, señaló: “La CIDH requiere del Estado de Nicaragua respuesta a todas y cada una de las solicitudes de información elevadas, acceso a los centros de detención, a las audiencias públicas, a las autoridades competentes y a los lugares identificados por el MESENI; así como el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas. Igualmente, requiere al Estado que dé cumplimiento al convenio suscrito con la Secretaría General de la OEA y la CIDH el 30 de mayo de 2018, y que atienda las solicitudes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de acceder los expedientes de investigación que se hubieran iniciado en el Ministerio Público, así como a las medidas dirigidas a reparar de manera integral las víctimas de violaciones de derechos humanos”.

(Documento No. 187/18 de la CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia)

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EEUU pide a Maduro que "permita a los venezolanos participar en elecciones libres y justas"

"La aceptación por parte del CNE de sólo aquellos candidatos de la oposición con los que Maduro y sus representantes se sienten cómodos va en contra de unas elecciones competitivas", recoge el comunicado / Foto: REUTERS - Gaby Oraa
"La aceptación por parte del CNE de sólo aquellos candidatos de la oposición con los que Maduro y sus representantes se sienten cómodos va en contra de unas elecciones competitivas", recoge el comunicado / Foto: REUTERS - Gaby Oraa

Estados Unidos instó esta semana a Nicolás Madura para que "permita a los venezolanos participar en elecciones libres y justas", luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) impidiera a los candidatos favoritos de la oposición inscribirse para los comicios de julio próximo.

"Seguimos profundamente preocupados, al igual que nuestros socios regionales, por la decisión del CNE de impedir que los partidos democráticos de oposición registren candidatos sucesivos para las próximas elecciones presidenciales de Venezuela", recoge el comunicado firmado por el vocero del Departmento de Estado, Matthew Miller.

"La aceptación por parte del CNE de sólo aquellos candidatos de la oposición con los que Maduro y sus representantes se sienten cómodos va en contra de unas elecciones competitivas e inclusivas que el pueblo venezolano y la comunidad internacional considerarán legítimas", agregó el funcionario.

Miller aclaró que EE.UU continúa "pidiendo a Maduro y sus representantes que garanticen el acceso de observadores internacionales, pongan fin al encarcelamiento y el acoso de miembros de la sociedad civil y de la oposición, permitan que todos los candidatos se postulen y hagan campaña, actualicen el registro electoral y liberen a todos los presos políticos detenidos injustamente.

Asimismo dijo que Estados Unidos sigue unido con la comunidad internacional para pedir al actual gobernante venezolano que permita a sus ciudadanos participar en elecciones libres y justas y reiteró que las acciones que vayan en contra del espíritu y la letra del Acuerdo de Barbados, tendrán consecuencias.

En octubre, la oposición y representantes del gobierno de Maduro firmaron un acuerdo en el que el gobierno se compromete a facilitar unas elecciones limpias. A cambio, Estados Unidos relajó algunas de las sanciones contra el país latinoamericano.

María Corina Machado, que ganó las primarias de octubre de manera aplastante obteniendo el 93% de los votos, no pudo postularse formalmente dada la inhabilitación para ejercer cargo público por 15 años que le impuso la Contraloría del Estado, en manos del oficialismo.

Su suplente, Corina Yoris, una académica de 80 años, tampoco pudo inscribirse antes de la fecha límite del lunes.

Dos grupos de oposición registraron a otros candidatos antes de que cerrara el plazo. El grupo de Mesa de la Unidad Democrática incluyó a Edmundo González, ex embajador. mientras que el partido Un Nuevo Tiempo registró a Manuel Rosales, gobernador de la provincia de Zulia.

Rosales, quien según algunos en la oposición se ha vuelto demasiado cercano al partido gobernante durante su mandato, dijo que se registró para asegurarse de que hubiera un candidato de la oposición y evitar el abstencionismo.

Las elecciones presidenciales en Venezuela están previstas para el próximo 28 de julio.

Duras críticas de Milei a Petro y AMLO; Colombia podría tomar medidas

El presidente de Argentina, Javier Milei, en Buenos Aires, el 26 de marzo de 2024. (Reuters/Agustín Marcarian).
El presidente de Argentina, Javier Milei, en Buenos Aires, el 26 de marzo de 2024. (Reuters/Agustín Marcarian).

El gobierno de Colombia informó este miércoles que está "explorando todas las medidas" y "pronto se anunciarán decisiones", en respuesta a recientes declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, quien describió al presidente Gustavo Petro como "asesino terrorista".

El embajador de Colombia en Buenos Aires, Camilo Romero, dijo en la plataforma X que está "en consulta" sobre este asunto.

Romero comentó en febrero que "en menos de un mes, Milei llama comunista asesino y plaga letal al presidente de Colombia elegido en democracia. Sus descalificaciones e insultos, que son inaceptables, hablan más de sí mismo que del Presidente Petro".

Entretanto, el gobierno de Colombia desmintió que Petro había decidido retirar de forma definitiva a su embajador de la Argentina y que pediría la expulsión del representante argentino, Gustavo Dzugala.

Las declaraciones de Milei

CNN en Español informó el 26 de marzo que el domingo divulgará una entrevista de 50 minutos con Milei, en la cual el mandatario argentino critica duramente a Petro y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

"Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece", ha dicho Milei, según los adelantos ofrecidos por CNN en Español.

Acerca de Petro, dijo que "mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista".

López Obrador anuncia ayuda monetaria a migrantes pero no menciona a los cubanos

Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno entregará ayudas económicas a los migrantes colombianos, ecuatorianos y venezolanos, para contener el flujo migratorio de esos países y estimular que regresen a sus hogares.
Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno entregará ayudas económicas a los migrantes colombianos, ecuatorianos y venezolanos, para contener el flujo migratorio de esos países y estimular que regresen a sus hogares.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó el martes que el flujo de migrantes hacia Estados Unidos descendió 54,8% este mes en comparación con fines del año pasado cuando una gran ola migratoria saturó la frontera norte y obligó a las autoridades estadounidenses a cerrar temporalmente algunos pasos.

López Obrador informó que de los más de 12.000 encuentros diarios con migrantes que reportaron las autoridades estadounidenses el 18 de diciembre, se pasó a 5.645 el 21 de marzo, según registros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) que difundió en su conferencia matutina.

Ante la crisis que se desató a fines del año pasado en la frontera norte por la acumulación de miles de extranjeros, las autoridades de Estados Unidos y México acordaron durante encuentros que sostuvieron entre diciembre y enero una serie de medidas que implicaron un aumento de las detenciones de migrantes en territorio mexicano.

Sin ofrecer mayores explicaciones sobre los motivos del descenso, el mandatario aprovechó para defender las políticas de cooperación que mantiene México con algunos países de la región y dijo que "si se apoya a la gente en sus lugares de origen se reduce considerablemente el flujo migratorio, pero eso requiere de recursos y eso es lo que no ha querido hacer el gobierno de Estados Unidos".

López Obrador reconoció las políticas migratorias aprobadas por el presidente Joe Biden para atender la problemática con la entrega de visas temporales de trabajo, pero insistió en que se deben atender las causas que originan la salida de los migrantes de sus países.

Joven migrante juega en las vías del tren bordeadas por tiendas de campaña y refugios improvisados en Ciudad de México, el martes 26 de marzo de 2024. (AP Photo/Fernando Llano)
Joven migrante juega en las vías del tren bordeadas por tiendas de campaña y refugios improvisados en Ciudad de México, el martes 26 de marzo de 2024. (AP Photo/Fernando Llano)

En ese sentido, López Obrador anunció que su gobierno entregará ayudas económicas a los migrantes colombianos y ecuatorianos, similares a las que se darán a los venezolanos, para contener el flujo migratorio de esos países y estimular que regresen a sus hogares.

"Se va entregar este apoyo, no sé exactamente la cantidad… pero va ser igual" al que se da a los venezolanos, dijo el mandatario al adelantar los detalles de los acuerdos que México suscribirá con los gobiernos de Colombia y Ecuador para repatriar a sus nacionales.

Según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México en enero se reportaron 11.323 eventos con migrantes ecuatorianos en situación irregular, mientras que los casos con migrantes colombianos alcanzaron 5.162, superando en más del doble los eventos que se registraron en el mismo período de 2023.

Familia migrante desayuna junto a las vías del tren en Ciudad de México, el martes 26 de marzo de 2024. (AP Photo/Fernando Llano)
Familia migrante desayuna junto a las vías del tren en Ciudad de México, el martes 26 de marzo de 2024. (AP Photo/Fernando Llano)

México firmó a inicios de marzo un convenio con Venezuela para atender a los migrantes venezolanos que están siendo repatriados a su país de origen en el marco del programa "Vuelta a la Patria" que mantiene desde hace años la administración de Nicolás Maduro.

Como parte de ese acuerdo el gobierno mexicano se comprometió a dar un estipendio de unos 110 dólares al mes por seis meses a los venezolanos incluidos en el programa de repatriación, aunque no precisó de dónde provienen los recursos ni el total de beneficiarios. El convenio también contempla que la empresa venezolana Polar y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y las compañías mexicanas Bimbo y FEMSA den empleos a los venezolanos que vuelven a su país.

El anuncio del convenio desató cuestionamientos contra López Obrador de parte de opositores que plantearon que la iniciativa debía ser aprobada previamente por el Congreso.

Por su parte, autoridades anunciaron el martes la localización 85 migrantes latinoamericanos en un operativo en el estado sureño de Oaxaca.

El hallazgo tuvo lugar el lunes en la ciudad costera de Salina Cruz, donde agentes policiales y miembros de la Armada encontraron durante un cateo a una vivienda 50 cubanos, 30 ecuatorianos y cinco dominicanos, informó en un comunicado la Fiscalía de Oaxaca. En el operativo fueron apresados dos mujeres y un hombre que quedaron a disposición de la Fiscalía.

Con este grupo suman más de 500 los migrantes que han sido localizados este mes en diferentes puntos de México. Hace dos meses fueron rescatados unos 1.000 extranjeros en dos operaciones separadas que se realizaron en los estados de Tlaxcala y Veracruz, en el centro y sureste del país.

La oposición venezolana no pudo inscribir a Corina Yoris para las elecciones presidenciales

"Les pido a los venezolanos serenidad y firmeza”, dijo María Corina Machado / Foto de archivo - Reuters
"Les pido a los venezolanos serenidad y firmeza”, dijo María Corina Machado / Foto de archivo - Reuters

La oposición venezolana denunció este martes que las autoridades no permitieron inscribir la candidatura de Corina Yoris para las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela.

Yoris, una académica y profesora universitaria jubilada de 80 años, había sido designada como candidata unitaria en sustitución de María Corina Machado, quien fue recientemente inhabilitada para ejercer cargos públicos en su país. El plazo de inscripción de las postulaciones cerró este 25 de marzo en la medianoche.

“Mis derechos como ciudadana venezolana están siendo conculcados al no permitirme acceder al sistema e inscribir mi candidatura… Hemos hecho todos los intentos por introducir los datos de las tarjetas... y el sistema está completamente cerrado para poder entrar digitalmente”, dijo a la prensa.

“Que quede constancia de esta violación al derecho de la mayoría de los venezolanos que quieren votar por el cambio y se les impide votar por un candidato”, apuntó por su parte Omar Barboza, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria, en un video divulgado en las redes sociales de la organización, que exigió la sustitución del plazo para la postulación.

En sus palabras a la prensa, María Corina Machado envió un mensaje de esperanza a los venezolanos.

"Son horas muy difíciles, hay profundas decepciones y mucha indignación. Mucha gente siente que se burlaron de ellos”, dijo y apuntó que las decepciones y las traiciones "se convierten en aprendizaje para seguir".

"Les pido a los venezolanos serenidad y firmeza”, dijo.

"Son horas muy difíciles": María Corina Machado le habla a los venezolanos
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En lugar fue postulado el gobernador del estado petrolero de Zulia, Manuel Rosales. Su partido, Un Nuevo Tiempo (UNT), logró inscribirlo mientras que la Plataforma Unitaria no logró hacerlo con Yoris.

“Ayer (lunes) en la noche hasta los últimos minutos estuvimos insistiendo en la posibilidad de inscribir la candidatura que anteriormente se había escogido (la de Yoris) y no fue posible hacerlo y faltaban pocos minutos cuando decidí entre irme al Zulia a vivir en la comodidad como gobernador del estado o salir a darle la cara a Venezuela”, dijo Rosales, quien ha tenido el rechazo de varios líderes opositores.

"Colombia expresa su preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de oposición -como la Plataforma Unitaria Democrática y el Movimiento Vente Venezuela, entre otros-, lo cual podría afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional en la transparencia y competitividad del proceso electoral que culminará con las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio", publicó este martes la cancillería de ese país.

"Las garantías políticas y electorales para todos los actores políticos por igual, constituyen un eje fundamental en el marco de la democracia y por esto, Colombia se une a los llamados de la comunidad internacional sobre la necesidad de priorizar el actual proceso político electoral presidencial como mecanismo democrático para la toma de decisiones que afectan y tendrán incidencia en la vida del Pueblo hermano de Venezuela durante los próximos años", agregó.

"Brasil está dispuesto, junto con otros miembros de la comunidad internacional, a cooperar para que las elecciones anunciadas para el 28 de julio constituyan un paso firme hacia la normalización de la vida política y el fortalecimiento de la democracia en Venezuela, país vecino y amigo de Brasil", escribió el Ministerio de Exteriores de brasileño hace unas horas.

El lunes, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay, habían cuestionado en un comunicado conjunto lo que estaba ocurriendo.

"Esta situación, junto a las inhabilitaciones previas que han sido de dominio público, agrega cuestionamientos sobre la integridad y transparencia del proceso electoral en su totalidad", recoge el documento.

Nicolás Maduro, que aspira a un tercer mandato de seis años, había dicho durante el acto por su postulación: “Ustedes no han postulado a un hombre, no; ustedes han inscrito y postulado a un proyecto histórico y yo me debo por entero a cada letra, a cada palabra”.

Desde el jueves, cuando se abrió el proceso automatizado del CNE, se han registrado 11 candidatos. Además de Maduro, aparecen Luis Eduardo Martínez, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri, Juan Carlos Alvarado, Javier Bertucci, José Brito, Claudio Fermín, Luis Ratti, Enrique Márquez y Benjamín Rausseo.

Alertan que proyecto de ley contra el fascismo será otra herramienta de represión chavista

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante la formalización de su candidatura ante la autoridad electoral venezolana en Caracas, el 25 de marzo de 2024.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante la formalización de su candidatura ante la autoridad electoral venezolana en Caracas, el 25 de marzo de 2024.

A pocos meses de las elecciones en Venezuela, previstas para el 28 de julio, el régimen de Nicolás Maduro anunció la presentación ante la Asamblea Nacional de una nueva “ley contra el fascismo”, que, de acuerdo con analistas consultados por Voz de América (VOA), no es más que otra herramienta para institucionalizar la represión.

El propósito de dicha ley, que iría acompañada de una comisión contra el fascismo y el neofascismo tanto “en la política como en la vida nacional” sería, en opinión de expertos, crear “más miedo y represión”.

La noticia de la presentación de dicha ley fue dada a conocer en su cuenta de X por Delcy Rodríguez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela.

La dirigente chavista dijo que respondía "a los hechos de violencia que conoció el país en los años 2014, 2015, 2017; así como las graves consecuencias para la economía del país, la soberanía y la integridad territorial comprometidos por factores extremistas que tomaron el parlamento venezolano en el año 2015 para despojar a Venezuela de sus recursos y crear desestabilización interna".

En anuncio se da poco antes de que cerrara el período de inscripciones para los candidatos a la presidencia y cuando, Corina Yoris, una académica de 80 años, nombrada para reemplazar a María Corina Machado, la principal oponente de Maduro, no pudo inscribirse por supuestos fallos en la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) por lo cual, Vente Venezuela, el partido liderado por Machado, quedaría excluido de las urnas.

“El fascismo es un movimiento político referido al “gobierno autoritario” de Benito Mussolini, en Italia, entre 1922 y 1943, y que el alemán Adolf Hitler “imitó” a través del proyecto del nacionalsocialismo a principios del siglo XX”, dijo a VOA el doctor en historia y analista Georg Eickhoff.

“La izquierda socialista interpretó estos tipos de movimiento político y de gobierno como una expresión de la lucha de clases bajo el capitalismo”, explicó el experto.

El nuevo proyecto de ley será respaldado por los militares, según adelantó el general Vladimir Padrino López en su cuenta de X: “La estabilidad política, la recuperación económica y la paz que vive Venezuela hay que cuidarlas con tino, celo y determinación. Hoy, cuando una facción subversiva pretende traer nuevamente odio y violencia, el Estado debe blindarse en lo moral y en lo institucional contra el fascismo y el neofascismo".

"¡Cuenten con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta tarea!”, escribió el ministro de Defensa de Venezuela.

El historiador y analista político Ángel Lombardi dijo a la VOA que la utilización del término fascismo por los regímenes totalitarios es “una justificación para aumentar el miedo y la represión en el país”.

“Los sistemas totalitarios siempre crean un enemigo”, dijo, refiriéndose a los motes acuñados por el chavismo contra opositores: “escuálidos, vendepatria, traidores a la patria, extrema derecha o fascistas”, concluyó Lombardi.

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