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América Latina

CIDH denuncia aumento de ataques a la prensa y violaciones a DDHH en Nicaragua

Nicaragüenses protestan en Costa Rica contra el presidente Daniel Ortega.
Nicaragüenses protestan en Costa Rica contra el presidente Daniel Ortega.

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia la escalada de ataques a la prensa, la censura y clausura de medios de comunicación, y la detención arbitraria y enjuiciamiento de periodistas en Nicaragua.

La Comisión también ha documentado la persistencia de un patrón de detenciones arbitrarias e ilegales, así como condiciones de detención que violan los derechos de las personas privadas de la libertad y de sus familias.

Durante las primeras semanas del año, el MESENI de la CIDH recibió información sobre la detención de Wilfredo Brenes Domínguez, Karla y Fernando Escobar Maldonado y Ramón Javier Cerrato ocurrida en el barrio Fox el 2 de enero, y la de Keneth Martínez, ocurrida en el barrio Monimbó el 3 de enero. Para estas detenciones la Policía habría desplegado unos treinta efectivos antimotines acompañados de perros. Además, el 11 de enero, en el poblado El Jícaro en Nueva Segovia, fueron detenidos Jorge García y Salvador Orozco por realizar pintadas de protesta contra el Gobierno en letreros públicos. En el momento de la detención fueron llevados a la delegación del Jícaro y luego a la delegación departamental del Jocotal. Sin embargo, durante cuatro días a partir de su detención, sus familiares no tuvieron información precisa sobre su paradero, ninguno de los dos había sido presentado ante un juez, ni se conocía la imputación legal que habría justificado la detención. Finalmente, Jorge García y Salvador Orozco fueron liberados de la estación policial el 19 de enero.

Lo anterior pone de relieve la gravedad de la persistencia de un patrón de detenciones arbitrarias ininterrumpido en el que la detención preventiva pierde su función cautelar y constituye la regla general para castigar a quienes manifiestan su disidencia con el Gobierno. La CIDH recuerda al Estado que una detención es ilegal o arbitraria cuando se produce fuera de las hipótesis previstas en la ley, o cuando es utilizada para fines diferentes a los previstos y sin las estrictas formalidades establecidas en la norma. La CIDH hace presente, además, que las detenciones ilegales y arbitrarias constituyen verdaderas penas aplicadas sin que se haya llevado a cabo un debido proceso legal.

La Comisión también recibe con profunda preocupación el aumento de las denuncias de malos tratos y castigos físicos contra mujeres y hombres recluidos en las cárceles conocidas como La Esperanza y La Modelo. A través del MESENI, la Comisión tomó conocimiento de que la noche del 31 de diciembre en la cárcel La Modelo, un grupo de antimotines, armados con fusiles de guerra AK 47, con gas pimienta y con perros agredieron a un grupo de internos que había entonado el himno nacional. También se conoció sobre la golpiza recibida el 11 de enero por Francisco Sequeira, recluido en dependencias de máxima seguridad de la cárcel La Modelo. La agresión habría sido cometida por varios funcionarios, como represalia por la eventual grabación de un video en el que el interno Chester Membreño habría comunicado su testimonio desde el interior de la unidad penal. Sequeira habría sido rociado con gas pimienta y, luego de la agresión, dejado en su celda sin atención médica. Similares denuncias llegaron a la CIDH sobre la agresión, el 16 de enero, contra Kenia Gutiérrez, recluida en la cárcel La Esperanza. Según la denuncia pública, la detenida habría comparecido a su primera audiencia de juicio con marcas visibles de golpes en los brazos, los que habría recibido de una funcionaria penitenciaria como represalia por haber brindado agua a otra mujer detenida. En el mismo contexto, la CIDH ha tomado conocimiento de que los días 23 y 24 de enero, agentes penitenciarios realizaron allanamientos en las galerías 16-1 y 16-2 de la cárcel la Modelo e inutilizaron los alimentos no perecibles de las personas privadas de libertad en el lugar. Además se habrían apropiado de varios utensilios y productos de primera necesidad que regularmente traen los familiares de los detenidos para su aseo personal, lo que podría afectar sus condiciones de salud e integridad.

La Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua, expresó que "se trata de un conjunto de prácticas que reflejan el uso de la privación de la libertad como un modo de criminalizar, sancionar y neutralizar la protesta social, desnaturalizando las funciones excepcionales que debería cumplir la privación de la libertad en una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos”. La Comisionada añadió: "reitero el llamado al Estado al cese de la represión, así como violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares y al restablecimiento de las garantías del debido proceso”.

Asimismo, la CIDH recibió información sobre personas privadas de la libertad que no estaría recibiendo la debida atención médica. En este marco, la CIDH expresa su especial preocupación por el caso de María Mercedes Chavarría, que se encuentra con parte importante de su cuerpo paralizada sin que se haya brindado información sobre su estado de salud, ni se haya provisto la atención médica que requiere. También se recibieron antecedentes de la operación de reparación del marcapaso a la que fue sometida el 7 de enero Ruth Matute, detenida también en la cárcel La Esperanza, y quien tuvo que ser intervenida de suma urgencia debido a la desatención por las autoridades penitenciarias de la seria condición médica que padece.

La Comisión ha expresado en reiteradas ocasiones la grave violación a los derechos humanos que constituye la falta de atención médica adecuada a las personas privadas de libertad. La CIDH recuerda nuevamente a las autoridades del Estado de Nicaragua su insoslayable obligación de garantizar la integridad física de las personas que se encuentran bajo su custodia y de brindar las condiciones sanitarias y de atención médica adecuada. La Comisión recuerda que el incumplimiento de esta obligación, en particular cuando se trata de personas confinadas bajo el control de agentes estatales, constituye una seria violación a los derechos humanos.

El Relator para Personas Privadas de la Libertad, Comisionado Joel Hernández, expresó que “las condiciones de reclusión deben tener en cuenta el especial deber de protección del Estado con la integridad y salud de las personas recluidas”. Asimismo, añadió que "el Estado de Nicaragua debe modificar las prácticas en su sistema penitenciario para cumplir con los estándares a los que está obligado”.

Sobre la situación de las personas privadas de libertad, la CIDH toma nota que la delegación del Parlamento Europeo que visitó Nicaragua el 23 de enero de 2019 tuvo acceso a las personas detenidas en los centros de detención denominados La Esperanza y El Chipote. Si bien la visita confirmó las preocupaciones sobre la salud de las personas detenidas y sobre las condiciones generales de reclusión, la CIDH toma nota de la apertura del Gobierno para facilitar la visita y el contacto con los detenidos.

En las últimas semanas sigue la ofensiva para cerrar y censurar medios de comunicación independientes, detener y encarcelar periodistas y forzar al exilio a los nombres más importantes del periodismo nicaragüense. La CIDH ya había denunciado los ataques a la prensa ocurridos desde el inicio de la crisis, entre los que se encuentran La Prensa, Confidencial, 100% Noticias, Radio Darío, Radio Mi Voz, Canal 12 y el equipo periodístico de Canal 10 de Nicaragua (Comunicado R267/18). En este mismo ámbito, la Comisión recibió información sobre la criminalización de Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora, Jefa de Prensa y Director del canal de televisión 100% Noticias, quienes fueron detenidos el 21 de diciembre y luego acusados de “proposición y conspiración para cometer actos terroristas y apología e inducción para cometer delitos impulsados por el odio”, junto a otros tres trabajadores de la prensa, Jaime Arellano, Jackson Orozco, y Luis Chavarría Galeano, quienes habrían abandonado el país.

La Policía Nacional mantiene el control y ocupación de las plantas y equipos de las redacciones de 100% Noticias y el medio digital El Confidencial. El ente regulador de las telecomunicaciones suprimió de la grilla de la televisión para abonados canales con líneas editoriales independientes, como 100% Noticias. Asimismo, el Canal 12 ya no transmite los programas “Esta Semana” y “Esta Noche”, que se producían en las instalaciones de El Confidencial. Las autoridades mantienen retenidas en la aduana las importaciones de papel realizadas por el histórico diario La Prensa, que publicó su portada en blanco como una forma de denunciar este nuevo mecanismo de censura, mientras que anunció el inminente cierre de su edición papel debido a la medida.

A lo largo de los últimos tres meses, se han exiliado más de 60 periodistas nicaragüenses debido a amenazas provenientes de distintos grupos controlados por el Estado. En paralelo, el Gobierno favorece al duopolio que mantiene el control de la mayor parte de la televisión y la radio en Nicaragua. De acuerdo a información pública, uno de esos grupos estaría constituido por miembros da familia del Presidente y la Vice Presidenta del país.

“La democracia y el Estado de Derecho son incompatibles con la criminalización de la prensa independiente. El uso del derecho penal para castigar la emisión de información u opiniones, conforme a un criterio fuertemente asentado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, viola abiertamente sus estándares. El Estado de Nicaragua debe cesar inmediatamente los ataques a la prensa independiente y mostrar cuanto antes apego a los principios democráticos”, sostuvo el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza.

La CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) han manifestado su preocupación por la garantía de los derechos sociales en Nicaragua, en relación con los actos de represión por parte del Estado desde el inicio de las protestas sociales en abril de 2018. Recordando que dichas protestas siguieron al anuncio de una reforma del seguro social, la REDESCA de la CIDH manifiesta su preocupación ante la adopción del Decreto Presidencial No. 06-2019 en la materia, publicado el 1 de febrero. Dicho decreto contiene reformas al “Reglamento General de la Ley de Seguridad Social” sobre la base de la resolución 1/325, del 28 de enero de 2019 del Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Entre otros aspectos, la reforma implica aumentos en las cotizaciones de trabajadores y empleadores, omite referirse a la actualización periódica de las pensiones ahora en el 5% anual, e introduce modificaciones en el cálculo de las mismas que puede suponer una disminución de hasta el 30% en las nuevas pensiones. Recordando el carácter progresivo de los derechos sociales y ambientales, la REDESCA expresa su preocupación por el carácter prima facie regresivo de tales reformas y su potencial impacto negativo para los derechos humanos de la población nicaragüense, en particular para los derechos laborales, el derecho a la seguridad social y los derechos de las personas mayores.

La CIDH y la REDESCA también han recibido información que indica que las reformas son decretadas sin un apropiado proceso de consultas, información y diálogo con los diferentes sectores afectados. Un Decreto presidencial no resulta la vía adecuada para la realización de reformas que afecten derechos sociales y puedan suponer retrocesos en relación con los niveles de progreso ya alcanzados por Nicaragua en el cumplimiento de obligaciones relativas a DESCA. La CIDH y su REDESCA recuerdan que el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los instrumentos interamericanos y universales vigentes requiere que cualquier medida que afecte al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tenga la consideración más cuidadosa y se justifique plenamente en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos disponibles. Además, la toma de decisiones debe producirse en el marco de procesos transparentes y ampliamente informados, asegurando una amplia y efectiva participación social que permita a las autoridades evaluar el impacto y considerar con seriedad todas las alternativas diferentes a la adopción de medidas de naturaleza regresiva.

Asimismo, la REDESCA reitera que una reforma al sistema del seguro social debe tomar en cuenta no sólo una perspectiva económica o financiera, sino fundamentalmente de derechos humanos. "Cualquier proceso de reforma legislativa que afecte derechos sociales debe garantizar la participación ciudadana y evaluar exhaustivamente el impacto para la realización de tales derechos antes de su adopción”, manifestó Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre DESCA de la CIDH.

La CIDH urge a restablecer las condiciones propias de un Estado de Derecho en Nicaragua. El Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, destacó: “Es muy preocupante que junto al cierre paulatino de los espacios democráticos en el país, también persistan las amenazas a la integridad y a la libertad de las personas. Asimismo, reiteramos el llamado a que el Gobierno de Nicaragua se abra al escrutinio internacional en materia de derechos humanos”.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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"Me mareo cuando veo a Maduro"; líder chavista aparece 13 veces en la boleta electoral

Esta imagen proporcionada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela muestra la boleta de las elecciones presidenciales antes de las elecciones del 28 de julio de 2024. (Foto, CNE vía AP)
Esta imagen proporcionada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela muestra la boleta de las elecciones presidenciales antes de las elecciones del 28 de julio de 2024. (Foto, CNE vía AP)

Muestra una sonrisa confiada, está bien peinado y tiene los ojos ligeramente entrecerrados: el primer candidato que probablemente uno vea en la boleta de las próximas elecciones presidenciales de Venezuela es el presidente Nicolás Maduro, quien busca reelegirse.

A diferencia de algunos de sus nueve rivales, Maduro aparece no una o dos veces, sino 13 veces en la boleta, y seguramente captará la atención de los votantes.

Cada vez, es para uno de los varios grupos políticos que representa en las muy esperadas elecciones presidenciales del 28 de julio. Maduro ocupa la primera fila entera de las cuatro que tiene la papeleta, mientras que el resto de las fotos de los candidatos están esparcidas aquí y allá, incluida la del exdiplomático Edmundo González Urrutia, el único contendiente con posibilidades reales de negarle al presidente un tercer mandato.

Aún así, la gran cantidad de imágenes de Maduro que aparecen en la boleta desmiente la gravedad del momento.

Venezuela enfrenta su prueba electoral más dura en décadas. El resultado podría darle a Maduro otros seis años en el poder o poner fin a las políticas autodenominadas socialistas que alguna vez impulsaron exitosamente los programas contra la pobreza, pero cuya mala gestión sostenida luego empujó al país a una crisis económica en curso.

Las reglas electorales de Venezuela permiten que las fotografías de los candidatos aparezcan en las boletas —las electrónicas dentro de Venezuela y las impresas para quienes votan en el extranjero— tantas veces como el número de partidos que las apoyan. La boleta de este año tiene 38 fotografías, cada una con el nombre y el partido de cada candidato debajo.

Los volantes con la ficha de Maduro, en Agua de Maíz, Caracas el 11 de julio de 2024.
Los volantes con la ficha de Maduro, en Agua de Maíz, Caracas el 11 de julio de 2024.

Los votantes venezolanos experimentados también están acostumbrados a ver a muchos candidatos en las pantallas táctiles utilizadas en las elecciones del país sudamericano.

Pero para algunos, tantas fotos pueden resultar confusas.

"Me mareo cuando veo a Maduro tantas veces en ese tarjetón, pero el peligro sé que está en los candidatos que no nos representan", dijo Sonia Guevara, oficinista de 38 años, en referencia a algunos candidatos de la oposición que son vistos como cercanos al gobierno.

Un ejemplo de ello es el caso de Luis Martínez, el candidato de Acción Democrática (AD), un partido tradicional de oposición cuyo liderazgo fue suspendido hace meses por el máximo tribunal, que es leal a Maduro.

Martínez decidió no apoyar a González, el contendiente de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

"Esto confunde. He tenido que explicarle a mi mamá muchas veces que el AD del tarjetón no es el AD por el que ella voto siempre", señaló Guevara. "Mi mami tiene 71 años y le digo que no vote por AD esta vez".

González aparece tres veces en la boleta. Martínez, considerado un aliado del gobierno, seis.

Se estima que el número de votantes elegibles antes de las elecciones de este mes ronda los 17 millones. Otros 4 millones de venezolanos que viven en el extranjero están registrados para sufragar, pero solamente unos 69.000 cumplieron los requisitos establecidos por el gobierno para emitir su voto en el extranjero. Los costosos y prolongados requisitos gubernamentales para registrarse, la falta de información y una prueba obligatoria de residencia legal en un país anfitrión impidieron que muchos migrantes se inscribieran para votar.

Francisco Maldonado, un comerciante caraqueño de 50 años, está listo para votar.

"A estas alturas creo que todos sabemos por quién vamos a votar, pero más que nunca tenemos que tener cuidado, el mismo cuidado que tenemos cuando usamos un cajero", comentó. "No podemos equivocarnos al marcar".

La población exacta de Venezuela no está clara, ya que el último censo en el país sudamericano se realizó en 2011. En ese momento, se concluyó que había 27,2 millones de personas, pero debido a la crisis política, económica y social en la última década, más de 7,7 millones se han ido.

Laura Dib, directora del Programa Venezuela en WOLA, una organización no gubernamental con sede en Washington centrada en los derechos humanos en el Continente Americano, dijo que incluso si es común que la cara de un candidato se repita en la boleta, al aparecer 13 veces, hace que Maduro sea "visualmente el más fácil de identificar".

Considerando que la facción opositora que apoya a González no tiene acceso a los medios oficiales en Venezuela, Dib dijo que "la oposición tiene más dificultades para educar a los votantes sobre cómo votar".

También señaló que hay otros asuntos confusos: algunos partidos están usando los mismos colores en la boleta que los que apoyan a Maduro. Y a un candidato de un grupo opositor menor se le permitió usar el mismo color que el del principal grupo de candidatos de la oposición.

Eso, dijo Dib, "también genera confusión y viola las reglas del CNE", en referencia al Consejo Nacional Electoral.

Además, la ley electoral permite a los partidos sustituir candidatos 10 días antes de la jornada electoral, aunque ese cambio puede no reflejarse en las papeletas, que ya han sido programadas en las máquinas electrónicas o impresas para el voto en el extranjero.

Si la gente vota por un candidato que ha sido reemplazado, indicó Dib, "esos votos emitidos serán nulos".

¿Por qué el gobierno de Venezuela enfrenta un serio desafío en las próximas elecciones?

El candidato presidencial de la oposición Edmundo González y la líder opositora María Corina Machado en un mitin de campaña presidencial, en Caracas, Venezuela, el jueves 4 de julio de 2024. (Foto AP/Ariana Cubillos)
El candidato presidencial de la oposición Edmundo González y la líder opositora María Corina Machado en un mitin de campaña presidencial, en Caracas, Venezuela, el jueves 4 de julio de 2024. (Foto AP/Ariana Cubillos)

¿Quién es el candidato de la oposición? ¿Por qué Nicolás Maduro tiene problemas? Te explicamos cuatro puntos clave de las próximas elecciones en Venezuela.

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El autoproclamado gobierno socialista de Venezuela enfrenta un serio desafío electoral en unos comicios presidenciales por primera vez en décadas.

El presidente Nicolás Maduro, ahora en su 11mo año en el cargo, es desafiado por el exdiplomático Edmundo González Urrutia, que lidera una oposición renaciente, así como por otros ocho candidatos. El período oficial de campaña para las elecciones del 28 de julio inició el jueves.

Maduro, que ha presidido un colapso económico que ha causado la emigración de millones de personas, y su Partido Socialista Unido de Venezuela han evadido los desafíos al excluir a sus rivales de las elecciones y acusarlos de ser elitistas desconectados de las mayorías y aliados con potencias extranjeras.

Esta vez prometió permitir que la coalición opositora Plataforma Unitaria participara en las elecciones, en un acuerdo que brindó a su gobierno cierto alivio de las paralizantes sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Sin embargo, ese respiro duró poco, ya que Washington volvió a imponer sanciones a raíz de las crecientes medidas gubernamentales contra la oposición, incluido el bloqueo de la candidatura de la influyente opositora María Corina Machado.

A continuación ofrecemos detalles sobre las próximas elecciones presidenciales de Venezuela.

¿Quién es el candidato de la oposición?

El nombre más sonado en la contienda no está en la boleta electoral: María Corina Machado, exlegisladora, se convirtió en una estrella de la oposición en 2023, llenando el vacío dejado cuando una generación anterior de líderes opositores se exilió. Sus ataques a la corrupción y la mala gestión del gobierno movilizaron a millones de venezolanos para votar por ella en las primarias de la oposición de octubre.

Pero el gobierno de Maduro declaró que las primarias eran ilegales y abrió investigaciones penales contra algunos de sus organizadores. Desde entonces, ha emitido órdenes judiciales contra varios partidarios de Machado y ha arrestado a algunos miembros de su personal, y el máximo tribunal del país ratificó la decisión de mantenerla fuera de las urnas.

Sin embargo, ella siguió haciendo campaña, celebrando mítines por todo el país y convirtiendo la prohibición de su candidatura en un símbolo de la pérdida de derechos y las humillaciones que muchos votantes han sentido durante más de una década.

Machado ha brindado su apoyo a Edmundo González Urrutia —un exembajador que nunca ha ocupado un cargo público—, lo cual ha ayudado a una oposición fraccionada a unirse detrás de él.

Están haciendo campaña juntos, prometiendo una economía que atraerá a los millones de venezolanos que han emigrado desde que Maduro asumió la presidencia en 2013.

El jueves, el autobús que iba a transportar a Machado y a González a través de un sector de Caracas fue detenido temporalmente por policías mientras los dos candidatos estaban de pie en una plataforma fijada al vehículo. Los agentes alegaron que la detención era un procedimiento de rutina para verificar la validez de los documentos del conductor.

Las personas reunidas en la marcha de la oposición para conmemorar el inicio oficial de la campaña coreaban “¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!” y “va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer”. Ondeaban banderas de Venezuela mientras aguardaban la llegada de los dos opositores, y los automovilistas los acompañaban con las bocinas de sus vehículos.

González comenzó su carrera diplomática como asistente del embajador de Venezuela en Estados Unidos a finales de la década de 1970. Ocupó puestos en Bélgica y El Salvador y fue embajador de Caracas en Argelia. Su último cargo fue el de embajador en Argentina durante los primeros años de la presidencia de Hugo Chávez, iniciada en 1999.

Más recientemente, González fue consultor de relaciones internacionales y escribió una obra histórica sobre Venezuela durante la Segunda Guerra Mundial.

¿Por qué el actual presidente tiene problemas?

La popularidad del presidente Nicolás Maduro ha disminuido debido a una crisis económica resultante de una caída de los precios del petróleo, la corrupción y la mala gestión gubernamental.

Maduro todavía puede contar con un grupo de creyentes acérrimos, conocidos como “chavistas”, que incluye a millones de servidores públicos y otras personas cuyos negocios o empleos dependen del Estado. Pero la capacidad de su Partido Socialista Unido de Venezuela de usar el acceso a programas sociales para llevar a los votantes a las urnas ha disminuido a medida que la economía del país se ha desgastado.

Es el heredero de Hugo Chávez, un socialista popular que amplió el Estado de bienestar de Venezuela al tiempo que enfrentaba a Estados Unidos.

Enfermo de cáncer, Chávez eligió a Maduro para que fuera presidente interino tras su muerte. Maduro asumió el cargo en marzo de 2013 y, al mes siguiente, ganó por estrecho margen las elecciones presidenciales que fue necesario organizar luego de que su mentor falleció.

Maduro fue reelegido en 2018 en una contienda que muchos consideran una farsa. Su gobierno prohibió la participación de los partidos y políticos de oposición más populares de Venezuela y, a su vez, la oposición instó a los votantes a boicotear las elecciones.

Esa inclinación autoritaria formó parte de los argumentos que utilizó Estados Unidos para imponer sanciones económicas, las cuales paralizaron la crucial industria petrolera del país.

Maduro llevó a cabo dos eventos el jueves, incluida una marcha en Caracas, con los que marcó el inicio oficial de su campaña.

¿Quiénes votarán?

Más de 21 millones de venezolanos están registrados para votar, pero se prevé que el éxodo de más de 7,7 millones de personas debido a la prolongada crisis —incluidos unos 4 millones de votantes— reduzca el número de votantes potenciales a unos 17 millones.

La votación no es obligatoria y se realiza mediante máquinas electrónicas.

La ley venezolana permite a sus ciudadanos votar en el extranjero, pero sólo unos 69.000 cumplieron los criterios para emitir su voto en embajadas o consulados durante estas elecciones. Los costosos y lentos requisitos gubernamentales para registrarse, la falta de información y la exigencia de presentar una prueba obligatoria de residencia legal en un país anfitrión impidieron que muchos inmigrantes se registraran para sufragar.

Los venezolanos en Estados Unidos enfrentan un obstáculo insuperable: los consulados, donde los ciudadanos en el extranjero normalmente votarían, están cerrados porque Caracas y Washington rompieron relaciones diplomáticas tras la reelección de Maduro en 2018.

¿Bajo qué condiciones se desarrollan las elecciones?

Unas elecciones presidenciales más libres e imparciales en Venezuela parecían una posibilidad el año pasado, cuando el gobierno de Maduro acordó trabajar con la coalición Plataforma Unitaria respaldada por Estados Unidos para mejorar las condiciones electorales en octubre de 2023. Un acuerdo sobre dichas condiciones le valió al gobierno de Maduro un amplio alivio de las sanciones económicas de Washington en sus sectores de petróleo, gas y minería, controlados por el Estado.

Pero las esperanzas de que haya mayor igualdad de condiciones comenzaron a desvanecerse días después, cuando las autoridades indicaron que las primarias de la oposición eran ilegales para luego comenzar a emitir órdenes judiciales y arrestar a defensores de los derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición.

Un panel respaldado por la ONU que investiga infracciones a los derechos humanos en Venezuela reveló que el gobierno venezolano ha aumentado la represión contra críticos y opositores antes de las elecciones, sometiéndolos a detenciones, vigilancia, amenazas, campañas difamatorias y procedimientos penales arbitrarios.

El gobierno también ha utilizado su control de los medios de comunicación, el suministro de combustible, la red eléctrica y otras infraestructuras del país para limitar el alcance de la campaña Machado-González.

Las crecientes acciones tomadas contra la oposición llevaron al gobierno del presidente estadounidense Joe Biden este año a poner fin al alivio de las sanciones que había concedido en octubre.

¿Qué problemas legales enfrenta el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro?

ARCHIVO - El expresidente Jair Bolsonaro durante un mitin en Sao Paulo, Brasil, el 25 de febrero de 2024. (Foto AP/Andre Penner, archivo)
ARCHIVO - El expresidente Jair Bolsonaro durante un mitin en Sao Paulo, Brasil, el 25 de febrero de 2024. (Foto AP/Andre Penner, archivo)

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha sido objeto de investigaciones desde sus primeros días al frente del gobierno, y el número de casos se ha multiplicado.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha sido objeto de investigaciones desde sus primeros días al frente del gobierno, y el número de casos se ha multiplicado desde su fallido intento de reelección en 2022.

Las autoridades han estado indagando diversas acusaciones. Algunas podrían resultar en cargos penales en tribunales menores, los cuales le darían la posibilidad a apelar cualquier eventual condena. El Supremo Tribunal Federal tendrá la última decisión en lo referente a cinco investigaciones a fondo que podrían poner al exmandatario tras las rejas, en arresto domiciliario o dejarlo fuera de cualquier actividad política.

Bolsonaro ha negado haber cometido irregularidad alguna en todos los casos, y sus aliados han acusado que se trata de una persecusión política, aunque reconocen la gravedad de los riesgos políticos en múltiples frentes.

Fraude de vacunación

Bolsonaro ha sido acusado formalmente por girar instrucciones a un funcionario para manipular una base de datos de salud pública para que reflejara que él y su hija de 12 años de edad habían recibido la vacuna contra el COVID-19 a fin de cumplir con los requerimientos de ingreso a Estados Unidos. Durante la pandemia, Bolsonaro arremetió contra la vacuna, calificó el hecho de inocularse como una cuestión de libertad personal y declaró en varias ocasiones que nunca se vacunó.

La Policía Federal acusó a Bolsonaro de asociación delictuosa y de ingresar datos falsos en registros públicos, delitos que conllevan penas de 4 y 12 años en prisión, respectivamente. Fue su primera acusación formal desde que dejó la presidencia y la única hasta la fecha.

STATUS: El Supremo Tribunal Federal envió el acta de acusación al fiscal general, quien sopesa la posibilidad de presentar cargos. La prensa local informó que buscaba consultar con las autoridades estadounidenses sobre si Bolsonaro usó el documento falsificado para entrar al país, y si hacerlo podría resultar en un proceso jurídico en Estados Unidos.

Joyas saudíes

La Policía Federal ha investigado si Bolsonaro giró instrucciones a funcionarios para contrabandear joyas de lujo con valor de varios millones de dólares desde Arabia Saudí y Bahréin hacia Brasil, y posteriormente tomar medidas para evitar que fueran incluidas en la colección presidencial y mantener posesión de ellas.

Los investigadores llamaron a declarar a Bolsonaro en abril y agosto de 2023. Devolvió las joyas en cuestión.

STATUS: La Policía Federal acusó formalmente a Bolsonaro por lavado de dinero y asociación delictuosa, según una fuente con conocimiento directo del caso. Una segunda fuente confirmó la acusación, aunque no especificó los delitos. Ambos hablaron bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados a hacer declaraciones públicas.

Levantamiento en la capital

La policía federal investiga el papel de Bolsonaro en una conspiración para mantenerlo en el poder después de perder en su campaña de reelección ante Luiz Inácio Lula da Silva, incluida la posibilidad de que haya incitado la revuelta del 8 de enero de 2022 en la que un grupo de simpatizantes irrumpió en el Supremo Tribunal Federal y en el Palacio Presidencial de la capital, Brasilia. El máximo tribunal desprecintó el 18 de marzo los testimonios de los jefes del ejército y la fuerza aérea durante el gobierno de Bolsonaro, y ambos declararon que él participó activamente en el plan.

STATUS: La investigación continúa en marcha, y varios simpatizantes y aliados de Bolsonaro ya fueron condenados y encarcelados.

Irregularidades electorales

La máximo corte electoral de Brasil determinó en junio pasado que Bolsonaro utilizó canales de comunicación del gobierno durante una reunión con diplomáticos para promover su campaña de reelección y sembrar desconfianza en el proceso electoral. El caso se centró en una reunión celebrada el año anterior, durante la cual Bolsonaro utilizó a personal gubernamental, al canal de televisión estatal y al palacio presidencial en Brasilia para declarar ante embajadores extranjeros que el sistema de votación electrónica del país estaba amañado. El fallo lo inhabilitó de cualquier cargo público hasta 2030.

La corte también determinó que Bolsonaro abusó de su poder durante los festejos por el Día de la Independencia de Brasil, un mes antes de los comicios. El fallo no le sumó años a la inhabilitación de Bolsonaro, pero complicó sus posibilidades en una apelación. Hay un tercer caso que continúa abierto en la corte.

STATUS: La apelación de Bolsonaro al fallo inicial fue rechazada.

Sabotaje durante la pandemia

La Policía Federal de Brasil investiga a Bolsonaro por incitar crímenes contra la salud pública durante la pandemia de COVID-19, entre los que se incluye alentar a la población a no usar mascarillas y causar alarma sobre un peligro inexistente de vacunas que aceleraban el desarrollo de sida. Una comisión investigadora del Senado también pasó meses indagando sus actos y decisiones durante la pandemia, y recomendó que se le presentaran nueve cargos penales.

El exfiscal general de Brasil, Augusto Aras, quien era percibido como aliado de Bolsonaro, no presentó ningún cargo basado en los hallazgos de los legisladores, quienes han instado al sucesor de Aras a que reabra el caso.

STATUS: Investigación en curso.

Noticias falsas y milicia electoral

El Supremo Tribunal Federal ordenó en 2020 una investigación en torno a una red que supuestamente difundía noticias falsas difamatorias y amenazas contra los jueces del máximo tribunal. La pesquisa ha dado como resultado el encarcelamiento de legisladores del círculo de allegados del expresidente y allanamientos en residencias de simpatizantes. Bolsonaro fue incluido como sospechoso en 2021.

Como consecuencia de esta pesquisa, la Policía Federal también indaga si un grupo que operaba desde el interior del palacio presidencial durante el gobierno de Bolsonaro produjo contenido de redes sociales con el fin de socavar el estado de derecho. Al grupo, supuestamente conformado por colaboradores y el yerno de Bolsonaro, se le ha llegado a conocer como una milicia digital y “el gabinete del odio”.

STATUS: Ambas investigaciones continúan abiertas.

Tras escala en Cuba, 2 barcos de guerra rusos atracan en puerto venezolano

Tripulantes rusos brindan con una bebida tradicional venezolana durante un recorrido de bienvenida por parte de autoridades oficiales en La Guaira, Venezuela, el 2 de julio de 2024. (Foto AP/ Ariana Cubillos)
Tripulantes rusos brindan con una bebida tradicional venezolana durante un recorrido de bienvenida por parte de autoridades oficiales en La Guaira, Venezuela, el 2 de julio de 2024. (Foto AP/ Ariana Cubillos)

Dos buques de guerra rusos atracaron en el puerto venezolano de La Guaira después una escala inicial en Cuba y ejercicios en el Atlántico que, según Moscú, eran para “mostrar la bandera” en regiones remotas e importantes.

Dos buques de guerra rusos atracaron el martes en el puerto venezolano de La Guaira después de ejercicios en el Océano Atlántico que, según Moscú, eran para “mostrar la bandera” en regiones remotas e importantes, y una escala inicial en Cuba.

La fragata Almirante Gorshkov y el petrolero Akademik Pashin forman parte de la Flota del Norte de Rusia, que desde el 17 de mayo lleva a cabo tareas que incluyen "garantizar la presencia naval rusa" en "zonas remotas de los océanos", informó la agencia de noticias rusa Tass citando al Ministerio de Defensa.

La escala duraría varios días y pondría de relieve los estrechos vínculos entre Moscú y el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Al igual que su predecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez, Maduro ha forjado una relación estrecha con Rusia. La visita se produce antes de que Maduro busque la reelección en las elecciones del 28 de julio.

Las autoridades venezolanas no han informado del arribo de las embarcaciones rusas, que apenas podían verse desde lejos atracadas en La Guaira, pero periodistas de The Associated Press vieron a sus tripulantes en el centro histórico de la ciudad.

Tripulantes rusos asisten a una gira de bienvenida por parte de autoridades oficiales en La Guaira, Venezuela, después de que la fragata Almirante Gorshkov y el petrolero Akademik Pashin de la Armada rusa atracaron allí, el martes 2 de julio de 2024. (Foto AP/Ariana Cubillos)
Tripulantes rusos asisten a una gira de bienvenida por parte de autoridades oficiales en La Guaira, Venezuela, después de que la fragata Almirante Gorshkov y el petrolero Akademik Pashin de la Armada rusa atracaron allí, el martes 2 de julio de 2024. (Foto AP/Ariana Cubillos)

A mediados de junio, el Almirante Gosrhkov y el buque petrolero se encontraban entre los buques rusos que atracaron en La Habana, Cuba.

Los otros buques presentes en esa parada incluían un submarino de propulsión nuclear, y permanecieron atracados allí durante cinco días tras realizar ejercicios en el Océano Atlántico. Algunos vieron el ejercicio como una demostración de fuerza por parte de Moscú en el contexto de tensiones mientras Estados Unidos y otras naciones occidentales apoyan a Kiev en la guerra de Rusia contra Ucrania.

EEUU pagará vuelos de repatriación de migrantes irregulares en Panamá

Migrantes en Lajas Blancas, Panamá, el 28 de junio de 2024. Un nuevo acuerdo entre EEUU y Panamá promueve la colaboración en la gestión de la migración. (Foto AP/Matías Delacroix)
Migrantes en Lajas Blancas, Panamá, el 28 de junio de 2024. Un nuevo acuerdo entre EEUU y Panamá promueve la colaboración en la gestión de la migración. (Foto AP/Matías Delacroix)

EEUU pagará el costo de los vuelos de repatración para ayudar a Panamá a frenar la migración irregular en ese país.

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Estados Unidos se hará cargo del costo de los vuelos para repatriar a migrantes irregulares en Panamá, según un acuerdo firmado el lunes por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, durante su visita a ese país para acudir a la investidura del nuevo mandatario, José Raúl Mulino.

“La migración irregular es un desafío regional que requiere una respuesta regional”, dijo Mayorkas mientras el presidente de la nación centroamericana prometió cerrar el Tapón del Darién por donde transitan la mayoría de los migrantes en su ruta hacia Estados Unidos.

"El nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Panamá promueve la colaboración en la gestión de la migración, incluido el apoyo a operaciones de repatriación seguras y efectivas de panameños que incluyen la evaluación de protección. El programa de vuelos de expulsión es parte del enfoque regional integral para abordar la migración irregular", recoge el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).

Asimismo, indica que "Estados Unidos está trabajando con 21 socios en toda la región para tomar medidas coordinadas para promover la estabilidad, ampliar las vías legales y brindar a las personas opciones para quedarse donde están, y gestionar humanamente las fronteras en todo el continente americano".

A finales de junio Mulino había anunciado que estaban a la espera de la firma de un convenio con Estados Unidos para facilitar la repatriación de los migrantes que cruzan el peligroso Tapón del Darién.

El nuevo presidente panameño, que tomó posesión del cargo este lunes 1 de julio, había prometido durante su campaña que buscaría cerrar la selva por donde cruzaron el año pasado más de medio millón de migrantes.

"He visto crisis en el Darién de otra dimensión, pero esta se saltó la barda; me quebró el alma ver a niños de la edad de mis nietos pidiéndome una botella de agua... madres y otras embarazadas. Creo que no hay ninguna razón y nadie nos puede pedir a Panamá que toleremos esto", afirmó en mayo.

Según cifras del Servicio Nacional de Migración de Panamá, entre enero y junio de este año unas 174.513 personas transitaron por esa vía. De ellos, 113.244 eran venezolanos, 12.300 ecuatorianos, 11.219 colombianos, 10.348 chinos, 9980 haitianos, 1771 de India, 402 cubanos y el resto de otras nacionalidades.

Mulino, de 65 años, fue ministro de Seguridad en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

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