América Latina
CIDH condena muertes en protestas de Venezuela
CIDH condena muertes en protestas y llama a las instituciones del Estado a garantizar los derechos humanos de la población venezolana
Ante las acciones represivas de las manifestaciones realizadas en diferentes zonas del territorio venezolano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena la pérdida de vidas humanas registradas en el marco de las protestas sociales y hace un enfático llamado a las diversas instituciones del Estado a cesar la represión y garantizar la vida, la libertad, la integridad personal, el ejercicio de la protesta social y la libertad de expresión de la población. Asimismo, la CIDH instaló una Sala de Coordinación para Respuestas Oportunas e Integradas (SACROI) para dar seguimiento a la situación en Venezuela.
La crisis política, social y económica en Venezuela, que se agudizó primero con el quebrantamiento del orden constitucional hasta derivar en la ausencia del Estado de Derecho, ha cobrado nuevas dimensiones. Desde el 21 de enero pasado han tenido lugar protestas y movilizaciones en más de 60 ciudades del país, que tuvieron su epicentro en la masiva manifestación del 23 de enero en Caracas. Los hechos de violencia y represión de la protesta social, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, estigmatización y persecución de las personas opositoras que se registraron en diversas localidades, han generado violaciones de derechos humanos que aún se continúan relevando y que dan cuenta del agravamiento de la situación. Según la información disponible hasta el momento, al menos 26 personas perdieron la vida en Amazonas, Barinas, Bolívar, Distrito Capital, Monagas, Portuguesa, Táchira y Yaracuy. De ellas, 21 habrían muerto durante las protestas y otras 5 en el contexto de saqueos y disturbios, éstos últimos en el estado de Bolívar. En varios de estos hechos se denuncia la participación de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), y grupos de civiles armados. Según el Observatorio de Conflictividad Social, todas las víctimas presentarían heridas por armas de fuego. La CIDH también tuvo conocimiento de decenas de heridos, cifra que se encuentra en constante evolución y que hasta el momento, al menos 369 personas habrían sido detenidas desde que comenzaron las protestas.
Paralelamente, la CIDH observa que la libertad de expresión en Venezuela se encuentra gravemente restringida. El día 23 de enero el Estado interrumpió la conectividad de Internet e impidió el acceso normal de los ciudadanos a las redes sociales. Al menos 10 periodistas fueron víctimas de ataques, agresiones y requisa de equipos durante la cobertura de las masivas protestas en diversos puntos del país. Periodistas y medios independientes denunciaron que no pudieron dar cobertura plena a las protestas por temor a ser cerrados por el gobierno. La Comisión también enfatiza su preocupación de que, como consecuencia de los nuevos hechos de violencia e inestabilidad política, se produzca un agravamiento en la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población.
Estos graves hechos se enmarcan en un contexto estructural de violaciones de derechos humanos y de profundas restricciones de acceso a derechos tales como la alimentación, la salud, la educación, o la vivienda, que ocasionaron que más de 3 millones de personas hayan migrado hacia otros países de la región. En particular, ha sido objeto de seguimiento y preocupación de la CIDH el patrón de represión y restricciones indebidas a la protesta social, caracterizadas por perdidas sucesivas de vidas humanas; detenciones arbitrarias y encarcelamiento de opositores y personas que hacen público su disenso con el gobierno; campañas de estigmatización y hostigamiento en perjuicio de periodistas, opositores políticos, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanos en general; entre otros aspectos críticos que fueran relevados por la CIDH en su último informe de país. Es de indicar que según los datos publicados por el Foro Penal Venezolano en la actualidad se contabilizan 278 presos políticos.
Dada la gravedad de la situación, la CIDH hace un llamado a los agentes de seguridad nacionales, estaduales y municipales, en particular a las Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, a respetar la vida de los manifestantes y abstenerse de hacer uso excesivo de la fuerza y de armas letales. Asimismo, les insta a abstenerse de utilizar cuerpos militares o policiales especiales, y/o a permitir la actuación de colectivos civiles armados para reprimir la protesta social. La Comisión recuerda que el Estado tiene la obligación de evitar que las denuncias sobre el uso desproporcionado de la fuerza queden en impunidad, así como de investigar, juzgar y sancionar los autores de las violaciones de derechos humanos. Adicionalmente, la CIDH llama a las instituciones del Estado a abstenerse de efectuar detenciones ilegales o arbitrarias y garantizar que la privación de la libertad sea una medida excepcional, realizada con pleno respeto a las garantías a la integridad personal y al debido proceso, asegurando la comparecencia de la persona ante un juez y la provisión de información a los familiares. La Comisión también exhorta a las autoridades competentes y a la Comunidad Internacional a priorizar la adopción de las medidas necesarias a fin de garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en el contexto de la crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela.
En dicho escenario, la CIDH urge al Estado a garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su labor libre de violencia, estigmatización y criminalización. Adicionalmente, le insta a adoptar medidas de protección efectivas de la vida e integridad de los líderes opositores, en particular, del Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien fuera reconocido como Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela por los gobiernos de Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reafirma su convicción de que el camino hacia la superación de la actual crisis política y la recuperación de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela debe realizarse de manera pacífica y con pleno respeto de los derechos humanos de la población, en especial los derechos a la vida, la integridad y la libertad personales. Finalmente, la CIDH reitera su disposición a realizar una visita de observación in loco a ese país.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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Detenidos otros tres opositores en Venezuela (VIDEO)
Tres partidarios de la opositora venezolana María Corina Machado han sido detenidos en los últimos días, luego de asistir a actos de campaña con vista a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador y jefe del comando de campaña en el mismo municipio, y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela, fueron arrestados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa, a 400 kilómetros de Caracas.
Los activistas detenidos fueron presentados en los tribunales y sin derecho a la defensa, denunciaron varias fuentes de la oposición.
Los partidos de oposición Vente Venezuela y Primero Justicia exigieron la liberación inmediata de los dirigentes, cuyos arrestos se suman a los de otros siete jefes de campañas regionales.
La organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.
Edmundo González Urrutia, un diplomático jubilado de 74 años se perfila como único rival del gobernante Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales del 28 de julio, como candidato unitario de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de 10 partidos de oposición.
La postulación de González Urrutia fue admitida por el Consejo Nacional Electoral.
Maduro acusa a exministro Tareck El Aissami de conspirar con la oposición para derrocarlo
El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami de conspirar en su contra, además de estar vinculado a la trama de corrupción por la que fue detenido a principios de abril.
Maduro señaló que las investigaciones apuntan a que El Aissami conspiraba con líderes de la oposición para derrocarlo, entre ellos los exiliados Leopoldo López y Julio Borges.
"Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando", dijo el gobernante en su programa semanal de radio y televisión.
Aunque López negó las acusaciones del oficialismo con respecto a El Aissami, admitió haber sostenido conversaciones "para explorar la salida de Maduro". En un post en X dirigido al fiscal general Tarek William Saab, el opositor exiliado en España acusó al alto funcionario de haber participado en gestiones similares.
"@TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", escribió.
Borges también negó los vínculos con El Aissami.
"@TarekWiliamSaab, ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el #28Jul", dijo en la red social X, en referencia a los esfuerzos de la oposición por derrocar a Maduro en las urnas, que se han visto afectados por la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles.
Maduro dijo en el programa que su gobierno tiene pruebas de llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, considerado por muchos un testaferro al servicio de El Aissami. "La derecha estaba articulada para destruirnos desde adentro", afirmó.
El Aissami fue detenido a principios de abril por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales. El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró en 2017 a El Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”.
El acusado comparecerá prontó ante una audiencia preliminar, dijo el fiscal general, sin mencionar la fecha.
Otras 65 personas, incluido Samark López, permanecen detenidas en relación con el caso, bajo acusaciones de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Según explicó Saab, la Fiscalía detectó a una red de funcionarios en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, un consorcio que administra a varias empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes.
El daño causado por los implicados es "incalculable en millones de dólares", dijo el fiscal general.
Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
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