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América Latina

Transportistas de Venezuela rechazan última idea de Maduro: racionar la gasolina

Un empleado y un cliente bombean combustible en una gasolinera de Caracas, en julio de 2018. El presidente Nicolás Maduro quiere regular el precio del combustible para la gasolina más barata del mundo, a través del "Carnet de la Patria" -un documento electrónico para disribuir subsidios a sus simpatizantes.
Un empleado y un cliente bombean combustible en una gasolinera de Caracas, en julio de 2018. El presidente Nicolás Maduro quiere regular el precio del combustible para la gasolina más barata del mundo, a través del "Carnet de la Patria" -un documento electrónico para disribuir subsidios a sus simpatizantes.

La oposición venezolana ha criticado con dureza esta medida y asegura que en realidad busca ocultar el hecho de que en Venezuela no hay gasolina y que facilitaría discriminación política.

Venezuela comenzó el miércoles un polémico censo de vehículos que rechaza la oposición y la mayoría del gremio de transportistas, pero que el gobierno asegura acabará con el "derroche" y el "contrabando" de gasolina.

Con este mecanismo los vehículos quedarán sujetos al llamado "carné de la patria" (un registro paralelo que ideó el chavismo con fines políticos y que entrega millones de bolívares en subsidios cada mes) poder acceder a "precios de gasolina subsidiada".

Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva, dijo que el "principal" objetivo es "atacar a las mafias del contrabando que se llevan el combustible del pueblo venezolano para sostener regímenes antidemocráticos".

"No más una política de derroche de la ciudadanía en cuanto al uso de los combustibles", añadió la funcionaria.

El precio de la gasolina en Venezuela es tan barato que solo un dólar alcanza para pagar 28.795 litros, o llenar casi 720 tanques de vehículos medianos.

La oposición venezolana ha criticado con dureza este censo, al señalar que pretende "ocultar el hecho de que no hay gasolina" y que la petrolera estatal PDVSA "está quebrada", según declaraciones del diputado José Guerra, citadas por la agencia EFE.

"No censes tu vehículo (...), no al racionamiento de la gasolina", agregó el parlamentario.

En tanto que su compañero de bancada y presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, Rafael Guzmán, señaló que la "intención" del censo es "controlar y dominar".

"Quieren someter la voluntad del pueblo y que dependan de ellos hasta para movilizarse. Destruyeron Pdvsa y este miércoles comienzan con esta farsa para ocultar que ya ni gasolina hay en Venezuela", dijo a EFE.

La vicepresidenta Rodríguez aseguró que estas críticas parten de "sectores antidemocráticos que buscan el perjuicio del pueblo venezolano a través de la guerra económica" y participan "de las mafias de extracción del combustible".

El diario caraqueño El Nacional señala que todos los funcionarios involucrados en el registro ­ desde Maduro, pasando por su vice Delcy Rodríguez, hasta el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez- han repetido que el propósito es hacer un "uso racional" de la gasolina en el país, entregar subsidios a los que tengan “carnet de la patria” y "atacar las mafias de contrabando de combustible".

Un conductor, que prefirió no identificarse y trabaja en una línea en Las Mercedes, dijo al periódico que el censo es otro control más y hará que continúe la escasez y el bachaqueo (mercado negro) de gasolina. "Eso fue aplicado en Táchira y cuando uno va para allá compra la gasolina bachaqueada". Aseguró que no tiene el carné de la patria ni piensa tenerlo. Un compañero de él, que escuchaba la conversión, expresó: "El gobierno no sabe ni lo que está haciendo, ya no saben qué hacer. Yo tengo tres carros y una moto, entonces cuál registro. ¿Cómo hago yo?", se preguntó.

Al consultárseles si se inscribirán en el censo, la respuesta fue unánime: "No nos registraremos".

En otra línea de taxis, en Antímano, el encargado afirmó que el registro vinculado al carné de la patria es una discriminación política. "Todos somos venezolanos y todos tenemos derecho, no solo los que tienen ese carné".

El Comando Intergremial del Transporte, que representa a 85% de los transportistas públicos (sindicatos nacionales, cooperativas, cámaras y bloques), acordaron en una reunión que no participarán en el censo.

En la plataforma digital patria.org.ve los conductores deben aportar en la sección de "vehículos” detalles como la matrícula de sus autos, el año, la marca, el tipo de carro y el uso que generalmente le dan. Además, el gobierno quiere saber si los carros son propiedad exclusiva o compartida, si están o no operativos, el número del motor, el serial del chasis, el tipo de combustible que consume y la capacidad del tanque de gasolina.

El censo es una de las medidas anunciadas la semana pasada por Maduro en su intento por reflotar la economía venezolana, la de peor desempeño en la región pese a la cantidad de recursos naturales de que dispone el país.

Por estas razones, se registran a diario manifestaciones de ciudadanos que reclaman agua, luz, transporte, medicinas, alimentos y mejores salarios, entre otras exigencias.

[Con información de agencia EFE y El Nacional]

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Detenidos otros tres opositores en Venezuela (VIDEO)

María Corina Machado encabezó multitudinarios actos de campaña en Portuguesa, el estado donde ocurrieron los más recientes arrestos.
María Corina Machado encabezó multitudinarios actos de campaña en Portuguesa, el estado donde ocurrieron los más recientes arrestos.

Tres partidarios de la opositora venezolana María Corina Machado han sido detenidos en los últimos días, luego de asistir a actos de campaña con vista a las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador y jefe del comando de campaña en el mismo municipio, y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela, fueron arrestados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa, a 400 kilómetros de Caracas.

Los activistas detenidos fueron presentados en los tribunales y sin derecho a la defensa, denunciaron varias fuentes de la oposición.

Los partidos de oposición Vente Venezuela y Primero Justicia exigieron la liberación inmediata de los dirigentes, cuyos arrestos se suman a los de otros siete jefes de campañas regionales.

La organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.

Edmundo González Urrutia, un diplomático jubilado de 74 años se perfila como único rival del gobernante Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales del 28 de julio, como candidato unitario de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de 10 partidos de oposición.

La postulación de González Urrutia fue admitida por el Consejo Nacional Electoral.

Maduro acusa a exministro Tareck El Aissami de conspirar con la oposición para derrocarlo

El exministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, junto al presidente Nicolás Maduro, en una foto del 18 de mayo de 2018.
El exministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, junto al presidente Nicolás Maduro, en una foto del 18 de mayo de 2018.

El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami de conspirar en su contra, además de estar vinculado a la trama de corrupción por la que fue detenido a principios de abril.

Maduro señaló que las investigaciones apuntan a que El Aissami conspiraba con líderes de la oposición para derrocarlo, entre ellos los exiliados Leopoldo López y Julio Borges.

"Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando", dijo el gobernante en su programa semanal de radio y televisión.

Aunque López negó las acusaciones del oficialismo con respecto a El Aissami, admitió haber sostenido conversaciones "para explorar la salida de Maduro". En un post en X dirigido al fiscal general Tarek William Saab, el opositor exiliado en España acusó al alto funcionario de haber participado en gestiones similares.

"@TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", escribió.

Borges también negó los vínculos con El Aissami.

"@TarekWiliamSaab, ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el #28Jul", dijo en la red social X, en referencia a los esfuerzos de la oposición por derrocar a Maduro en las urnas, que se han visto afectados por la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles.

Maduro dijo en el programa que su gobierno tiene pruebas de llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, considerado por muchos un testaferro al servicio de El Aissami. "La derecha estaba articulada para destruirnos desde adentro", afirmó.

El Aissami fue detenido a principios de abril por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales. El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.

La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró en 2017 a El Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”.

El acusado comparecerá prontó ante una audiencia preliminar, dijo el fiscal general, sin mencionar la fecha.

Otras 65 personas, incluido Samark López, permanecen detenidas en relación con el caso, bajo acusaciones de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Según explicó Saab, la Fiscalía detectó a una red de funcionarios en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, un consorcio que administra a varias empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes.

El daño causado por los implicados es "incalculable en millones de dólares", dijo el fiscal general.

Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN

El presidente colombiano Gustavo Petro deberá tomar la decisión sobre el futuro de las negociaciones de paz. (AP/Ivan Valencia)
El presidente colombiano Gustavo Petro deberá tomar la decisión sobre el futuro de las negociaciones de paz. (AP/Ivan Valencia)

BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.

La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.

El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.

La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".

El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".

"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.

Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".

Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".

Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.

Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.

El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.

Gobierno de transición toma el poder en Haití

Louis Gerald Gilles, Frinel Joseph, Emmanuel Vertilaire, Laurent Saint-Cyr, Michel Patrick Boisvert, Jean Joseph Lebrun, Edgard Leblanc Fils, Regine Abraham, Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire y Smith Augustin integran el Consejo de Transición de Haití, el 25 de abril de 2024.
Louis Gerald Gilles, Frinel Joseph, Emmanuel Vertilaire, Laurent Saint-Cyr, Michel Patrick Boisvert, Jean Joseph Lebrun, Edgard Leblanc Fils, Regine Abraham, Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire y Smith Augustin integran el Consejo de Transición de Haití, el 25 de abril de 2024.

El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.

El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.

La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.

En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".

El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.

Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.

La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.

Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).

La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.

ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela

Díaz-Canel y Nicolás Maduro en la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP, celebrada en Caracas, Venezuela.
Díaz-Canel y Nicolás Maduro en la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP, celebrada en Caracas, Venezuela.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.

"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.

La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.

La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".

También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".

A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.

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