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Chile reabre el caso de uno de los peores crímenes de la dictadura

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Un juez acusó la semana pasada a siete exmilitares del homicidio de Rodrigo Rojas, de 19 años, durante una protesta efectuada en 1986 contra la dictadura.

La presidenta chilena Michelle Bachelet exhortó el lunes a sus ciudadanos a que rompan los pactos de silencio que hayan servido para encubrir las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura militar de 1973 a 1990. También elogió al exsoldado que ayudó en las investigaciones sobre la muerte de un joven que vivía en Estados Unidos y fue quemado vivo.

Un juez en Chile la semana pasada acusó a siete exmilitares del homicidio de Rodrigo Rojas, de 19 años, durante una protesta efectuada en 1986 contra la dictadura, en tanto que otros cuatro exmilitares fueron interrogados el lunes.

Los cargos fueron presentados debido al testimonio que rindió un soldado el año pasado sobre el caso luego de casi tres décadas de respetar un pacto de silencio.

"Basta de silencio", declaró Bachelet, quien fue detenida y torturada durante la dictadura. "Hay personas que saben la verdad de muchos casos que aún permanecen sin resolver, Chile les pide que sigan el ejemplo del conscripto Fernando Guzmán y que ayuden a reparar tanto dolor", afirmó la mandataria.

Los soldados rociaron con gasolina a Rodrigo Rojas y a Carmen Quintana, de 18 años, y les prendieron fuego durante una manifestación callejera efectuada el 2 de julio de 1986.

Rojas, quien falleció cuatro días después, era un fotógrafo nacido en Chile que había venido de visita desde Estados Unidos, donde vivía con su madre en el exilio. Quintana sobrevivió y fue atendida por sus quemaduras en un hospital canadiense. La cara quemada de Quintana se convirtió después en un símbolo de las atrocidades cometidas durante el régimen de Pinochet.

Según cifras oficiales, 40.018 personas fueron asesinadas, torturadas o encarceladas por motivos políticos durante la dictadura del general Augusto Pinochet. El Gobierno chileno calcula que los fallecidos fueron 3.095 personas.

Alrededor de 700 militares enfrentan juicios acusados de la desaparición forzada de disidentes y unos 70 fueron enviados a prisión acusados de crímenes contra la humanidad.

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