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Piden condena para exaliado de Lula en el "juicio del siglo"


El diputado Joao Paulo Cunha (izq.) en un aparte con el presidente durante el primer mandato de Lula.

Un juez dice que el diputado Joao Paulo Cunha, dirigente del Partido de los Trabajadores, es culpable de corrupción. Es la primera condena pedida por un magistrado en el llamado “Juicio del siglo”.

Uno de los jueces instructores del llamado “Juicio del siglo” en Brasil ha pedido que se condene por corrupción pasiva, lavado de dinero y peculado al diputado Joao Paulo Cunha, un dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) de ese país y en una época importante aliado del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El magistrado Joaquim Barbosa es uno de los once miembros del Supremo Tribunal Federal que enjuicia a un grupo de funcionarios y colaboradores del gobierno de Lula (2003-2011)acusados de desviar fondos públicos para sobornar a legisladores.

El veredicto de Barnosa tiene que ser avalado por el resto de los magistrados y si Cunha es condenado o no dependerá del fallo del resto de los jueces.

Entre los procesados figuran miembros de la alta cúpula del oficialista PT y tres ministros del gabinete de Lula, entre ellos José Dirceu, quien por años fue visto como la mano derecha del entonces presidente y quien se vio obligado a renunciar luego de que estalló el escándalo en 2005.

Según el sumario de la causa, Cunha, que fue presidente de la Cámara de Diputados entre 2003 y 2005, recibió unos $25 mil dólares por favorecer un contrato con una agencia de publicidad cuyo propietario, el empresario Marcos Valerio Fernandes, ha sido señalado como coordinador de la red de corrupción.

Aunque varios de los acusados, incluido Cunha, han admitido que el PT recaudó fondos para sus campañas electorales que no fueron declarados como lo estipula la ley, los abogados de la defensa alegan que se trata de un delito ya prescrito por el tiempo transcurrido y que por lo tanto no es punible.

Pero la fiscalía sostiene que tanto el dinero desviado para las campañas como el presuntamente utilizado para los sobornos era del erario público y que por lo tanto sí se trata de delitos susceptibles de ser sentenciados a penas de cárcel por el Supremo.

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