América Latina
Bolsonaro da por concluidas las elecciones: "Se acabó"
El gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro indicó su disposición a ceder el poder, dos días después de su ajustada derrota electoral ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y ante las especulaciones de que el líder de ultraderecha podría disputar el resultado.
Bolsonaro habría dicho el martes a los miembros del Supremo Tribunal Federal que su batalla electoral contra Lula, como se conoce popularmente al expresidente, había llegado a su fin. Antes en el día, en un breve discurso desde el palacio presidencial, indicó que "siempre he jugado dentro de las cuatro líneas de la Constitución", aunque no llegó a reconocer su derrota en el balotaje.
Tras una reunión privada con Bolsonaro, el juez del alto tribunal Luiz Edson Fachin apuntó que el líder conservador había dicho que "Se acabó. Miremos hacia adelante". El magistrado realizó las declaraciones en un video difundido por medios locales.
A preguntas de periodistas, otros dos jueces del tribunal rechazaron realizar declaraciones acerca del encuentro, que duró una hora. El ministro de Economía, Paulo Guedes, también estuvo presente, pero no se pronunció al respecto.
En un comunicado posterior, el Supremo Tribunal Federal dijo que los jueces le dijeron a Bolsonaro durante la "reunión cordial y respetuosa" que es importante que reconozca el resultado del balotaje, así como el derecho del pueblo brasileño a la libertad de movimiento. El país está paralizado en parte debido a los cortes de carreteras por parte de partidarios del mandatario.
Antes en el día, en sus primeras declaraciones públicas desde que se dieron a conocer los resultados, Bolsonaro no reconoció su derrota, pero inmediatamente después su jefe de gabinete dijo a los reporteros que le había autorizado a iniciar el proceso de cesión de poder.
Bolsonaro, quien antes de los comicios había cuestionado en repetidas ocasiones la fiabilidad del sistema electoral brasileño, tenía poco margen para un posible rechazo de los resultados.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otros líderes internacionales reconocieron públicamente la victoria de Lula, igual que muchos de los aliados más cercanos de Bolsonaro. Y miembros del gobierno, gobernadores electos y líderes evangélicos que habían sido firmes partidarios del presidente, hicieron acercamientos al próximo mandatario de izquierdas.
Bolsonaro perdió el balotaje del domingo por un estrecho margen: logró el 49,1% de los votos frente al 50,9% de Lula, según la autoridad electoral nacional. Fue la carrera presidencial más ajustada desde el restablecimiento de la democracia al país en 1985, y es la primera vez que Bolsonaro pierde unas elecciones en sus 34 años de carrera política.
Flanqueado por más de una docena de ministros y aliados durante un discurso de dos minutos desde la residencia presidencial, el líder no mencionó los resultados de las elecciones. En su lugar, defendió su gobierno y dijo que respaldaba las protestas de los camioneros que levantaron bloqueos en carreteras de todo el país, siempre y cuando no se vuelvan violentas.
"Los movimientos populares actuales son el resultado de la indignación y de una sensación de injusticia respecto a cómo ocurrió el proceso electoral", manifestó.
La declaración del presidente fue un "arma de doble filo", según Thomas Traumann, un analista político independiente. "No reconoció su derrota, y mantiene el suspenso (...) Pero como quiere seguir dominando, ser un líder, mantiene la posibilidad de manifestaciones pacíficas".
Igual que el expresidente estadounidense Donald Trump, a quien admira abiertamente, Bolsonaro afirmó que las máquinas de votación electrónica son propensas al fraude, pero no aportó evidencias que respalden su denuncia, ni siquiera cuando se lo ordenó el tribunal electoral.
Muchos de sus simpatizantes afirmaron también que las elecciones habían sido fraudulentas y algunos pidieron una intervención militar y la disolución del Congreso y del Supremo Tribunal Federal.
El alto tribunal había ordenado antes a la policía federal de caminos que despejase de inmediato las carreteras.
La mayoría de los jueces del tribunal respaldaron la decisión, que acusa a las fuerzas de seguridad de "omisión e inercia". A las 20:30 horas de la noche, la policía de carreteras dijo que había retirado 419 bloqueos, pero casi 200 más seguían en pie.
Horas antes, en Sao Paulo, el estado más poblado y la mayor economía de Brasil, los atascos en las inmediaciones del aeropuerto internacional provocaron la cancelación de decenas de vuelos. En redes sociales circulaban videos de viajeros caminando con sus maletas en plena noche por la autopista para tratar de llegar a sus vuelos.
Las carreteras se abrieron el martes por la mañana, pero funcionarios aeroportuarios indicaron que el acceso seguía siendo complicado ya que aún había atascos en las entradas y salidas.
Ahí, Dalmir Almeida, un manifestante de 38 años, dijo que después de tres días de paro, él y otros inconformes llevarán sus camiones a cuarteles militares para pedir su apoyo. "El ejército estará a nuestro favor", aseguró.
En otro bloqueo en el estado de Sao Paulo, los manifestantes prendieron fuego a neumáticos. Varios estaban envueltos en la bandera brasileña, que el movimiento conservador se ha apropiado para sus manifestaciones. En la carretera se podían ver enormes filas de autos.
El gobernador estatal, Rodrigo García, apuntó que el tiempo de las negociaciones se había terminado y no descartó el uso de la fuerza.
En Minas Gerais, un estado clave durante las elecciones, un video en redes sociales mostraba a un manifestante diciéndole a un reportero de O Tempo que la elección fue "fraudulenta" y que habría más protestas. "Queremos a Bolsonaro en 2023 y durante los próximos años", comentó.
En Itaboraí, una zona del estado de Río de Janeiro, un reportero de The Associated Press vio a camioneros arrodillados ante la policía y negándose a marcharse.
Usuarios de redes sociales, incluyendo en varios grupos en Telegram y WhatsApp, compartieron su exigencia de que el ejército tome las calles o de que el Congreso y el Supremo Tribunal Federal sean disueltos y que Bolsonaro permanezca en el cargo.
La decisión tomada el martes por el alto tribunal permite que las fuerzas policiales estatales regulares refuercen a la policía federal de caminos. Lo mismo ocurrió en 2018, cuando una huelga de camioneros paralizó el país durante 11 días.
Bolsonaro cuenta con un amplio apoyo de las fuerzas policiales y no estaba claro cómo de efectiva sería su participación en las protestas.
El paro de 2018 provocó un aumento en el precio de los alimentos y dejó los estantes de los supermercados vacíos, mientras que las gasolineras se quedaron sin combustible.
La protesta causó pérdidas multimillonarias y puso de manifiesto el gran poder de los camioneros. Bolsonaro, que entonces era un legislador que meses más tarde ganaría las presidenciales, se puso de su lado y los camioneros se convirtieron en una de sus bases electorales.
Vea todas las noticias de hoy
Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Foro