América Latina
“Así se sobrevive aquí”: Prolifera el mercado negro de vacunas en Venezuela
Venezolanos ávidos de vacunas contra el COVID-19 pagan de 20 a 600 dólares por inmunizarse en el mercado negro. Expertos advierten que la corrupción ocurre por “desespero” ante la opacidad del plan nacional de vacunación.
CARACAS / MARACAIBO, VENEZUELA. - Julia*, una venezolana de 64 años que sufre de hipertensión arterial, prefirió pagar 20 dólares por una vacuna clandestina contra el COVID-19 antes que esperar semanas o meses más por su turno en el plan de inmunización del gobierno de Nicolás Maduro.
Recibió la vacuna hace pocos días en un Centro de Diagnóstico Integral, administrado por el gobierno de Nicolás Maduro, en una ciudad oriental de Venezuela. Una enfermera que había atendido a su esposo durante una complicación oncológica, un año atrás, le ayudó a conseguir “la cita”.
“Sentía que, si no lo hacía, no iba a llegar a vacunarme tan pronto”, admite a la Voz de América. “Me sentí con miedo de contagiarme y complicarme. Por eso, cuando se dio esa opción, inmediatamente dije que sí”, argumenta.
Julia asegura que conoce a venezolanos que han pagado hasta 200 dólares por una vacuna como la que ella consiguió en un mercado clandestino que hoy se camufla en las instituciones de los servicios de salud del país suramericano.
El gobierno venezolano ha experimentado retrasos en su plan de vacunación contra el nuevo coronavirus, según voceros de academias y gremios sanitarios. Lo atribuye al “bloqueo económico” y a la confiscación de activos en el exterior de parte de gobiernos como el de Estados Unidos y la Unión Europea.
La Academia Nacional de Medicina denunció este lunes que la cantidad de vacunas recibidas, enviadas esencialmente por aliados de Maduro, como Rusia y China, es “insignificante” comparada con la meta de 15 millones de personas, que es el equivalente a 70 por ciento de la población adulta.
La administración de Maduro ha anunciado la llegada desde inicios de año de dos millones 750.000 dosis de las vacunas de Rusia y de China, pero voceros de la oposición y de las organizaciones médicas del país critican la opacidad, lentitud e inexistencia del plan de vacunación en los 23 estados y la capital.
El domingo, Maduro se declaró esperanzado de que el plan de vacunación avance “de una manera definitiva” entre junio y agosto, para lograr a final de año “la liberación de la vida social”, es decir, la flexibilización de la cuarentena.
También con ese fin, anunció el mes pasado el pago de la mitad de los 120 millones de dólares necesarios para recibir 11,5 millones de vacunas del mecanismo COVAX, una iniciativa global que busca repartirlas equitativamente para beneficiar al 20 por ciento de la población de los países participantes.
Venezuela experimenta un pico de la enfermedad, entretanto. Voceros del poder ejecutivo de Maduro, entre ellos el mismo presidente, reportan un promedio de 2.000 contagios diarios en todo el país, mientras expertos advierten de un subregistro de casos positivos por COVID-19 debido a la falta de pruebas diagnósticas.
Y, en ese contexto, nace el “desespero” de la gente por obtener su vacuna mediante prácticas ilegales e inseguras, advierte Huníades Urbina, pediatra, intensivista y secretario de la Academia Nacional de Medicina.
“Es motivado a la falta de transparencia del ministerio de Salud sobre un plan de vacunación. Hay mucha angustia y desespero, y empieza a producirse ese mercado negro típico en situaciones de esta naturaleza”, afirma a la VOA.
La desconfianza
El doctor Urbina alerta sobre la posibilidad de que, primero, las vacunas sean extraídas de la custodia del gobierno venezolano; luego, no hayan mantenido la cadena de frío para su preservación; o que, finalmente, no se trate siquiera de una dosis para inmunización, sino de una solución acuosa cualquiera que no proteja.
En marzo, el poder judicial venezolano notificó el arresto de cuatro venezolanos por la reventa de vacunas contra el COVID-19 por 280 dólares en una página web. Según la nota oficial, los detenidos tenían en su vivienda frascos de otras sustancias químicas, como tramadol, meropenem y bromuro de rocuronio.
Ese mercado clandestino no es exclusivo de Venezuela, pues se han conocido denuncias similares en países como México y Perú, dice Urbina. “Los donantes de dinero y vacunas entran en desconfianza al saber estas noticias, que afectan la imagen de Venezuela en el extranjero”, señala en referencia a sus consecuencias.
Un doctor venezolano con 30 años de experiencia, quien pidió reservar su identidad, denunció que algunos colegas cobran entre 200 y 300 dólares por incluir a conocidos en jornadas de vacunación dentro de hospitales públicos de Maracaibo, una de las ciudades más pobladas de Venezuela.
“Somos el único país del mundo que no tiene un plan establecido de vacunación. No hay vacunas, pero todo el mundo las está vendiendo. Hay un plan de vacunación clandestino, no uno establecido. Es como la gasolina”, que escasea en las estaciones de servicio, pero se halla en mercados negros, afirma.
Políticos aliados del líder opositor Juan Guaidó, como Dinorah Figuera, denunciaron este mes la venta de vacunas contra el COVID-19 por montos que oscilan entre 300 y 600 dólares. “Esta situación es condenable y criminal. Mientras mueren los venezolanos, están estos criminales de las vacunas que comercian con la salud del pueblo”, dijo a la prensa a inicios de mayo.
Julio Castro, representante del Parlamento opositor de 2015 en la mesa técnica de vacunación, donde comparte con voceros del gobierno de Maduro, también se ha hecho eco de estas denuncias sobre la venta clandestina de vacunas.
En una entrevista radial reciente, el médico internista e infectólogo contó que amigos le confesaron que les llamaron para ofrecerles llevarles la vacuna hasta sus hogares a cambio de dinero. “Delivery de vacuna. La primera pregunta que debes hacerte es cuál es la cadena de custodia de la inyección. ¿Cómo llegó hasta mí? ¿De dónde sale? Eso es una mala señal”, expresó el galeno hace un mes.
"Tenemos que resolver aquí"
Adela recibió una invitación en el grupo de mensajería donde comparte con sus vecinos, en una urbanización de clase media de Caracas, la capital del país. A las 4:00 de la tarde de ese día, una enfermera llevaría varias dosis de la vacuna Sinopharm para aplicarlas a domicilio a quienes desearan, a cambio de 40 dólares y con la garantía de contar con la segunda dosis, semanas luego.
Leyó el mensaje con indignación. Siete de sus conocidos pagaron y se inmunizaron. Ella, en cambio, sintió temor y vergüenza, dice. “Es una vagabundería”, comentó a la Voz de América, mientras reivindicaba la memoria de parientes y médicos amigos que han fallecido por el COVID-19.
Yanitza, por el contrario, no dudó en vacunar de forma irregular a su padre en otra ciudad del interior de Venezuela, a 600 kilómetros de Caracas. Sentía angustia, detalla, pues su papá no había sido inmunizado a sus 73 años.
“Él es médico. Trabaja en un hospital público, ¿y tú puedes creer que aún no lo han llamado a vacunarse?”, critica Yanitza en una conversación con la VOA.
Algunos colegas de su padre ya habían recibido sus vacunaciones. Otros, sin embargo, había muerto a la espera de una dosis de protección. Esa experiencia aumentaba el temor entre su familia, por lo que empezaron a llamar a conocidos que laboran en la gobernación del estado llanero donde residen, precisa.
Mediante el tráfico de influencias y sin pagar, le aplicaron una primera dosis de la vacuna china VeroCell. Piensa que están en deuda con quien les facilitó el acceso al fármaco. “Algún favor habrá que hacerle, pero valió la pena”, estima.
Yanitza dice sentirse “aliviada” y “sin remordimientos”. “Ninguna culpa. El que vive en Venezuela tiene que pagar por todo. Te acostumbraste a hacer amigos en las gobernaciones, en los bancos, para conseguir favores”, expone.
Venezuela es considerado uno de los países más corruptos del mundo. Un estudio de Transparencia Internacional, de 2019, determinó que es la nación con mayor Índice de Percepción de Corrupción en América y el Caribe, y se ubica en el quinto lugar en el planeta en esa variable negativa.
Pero, Yanitza defiende su decisión al alegar que, en Venezuela, “se sobrevive así”. “Los ricos pueden salir y vacunarse en Estados Unidos. Los que somos clase media, tenemos que quedarnos aquí y resolver aquí”, asevera, exaltada.
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Detenidos otros tres opositores en Venezuela (VIDEO)
Tres partidarios de la opositora venezolana María Corina Machado han sido detenidos en los últimos días, luego de asistir a actos de campaña con vista a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador y jefe del comando de campaña en el mismo municipio, y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela, fueron arrestados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa, a 400 kilómetros de Caracas.
Los activistas detenidos fueron presentados en los tribunales y sin derecho a la defensa, denunciaron varias fuentes de la oposición.
Los partidos de oposición Vente Venezuela y Primero Justicia exigieron la liberación inmediata de los dirigentes, cuyos arrestos se suman a los de otros siete jefes de campañas regionales.
La organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.
Edmundo González Urrutia, un diplomático jubilado de 74 años se perfila como único rival del gobernante Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales del 28 de julio, como candidato unitario de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de 10 partidos de oposición.
La postulación de González Urrutia fue admitida por el Consejo Nacional Electoral.
Maduro acusa a exministro Tareck El Aissami de conspirar con la oposición para derrocarlo
El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami de conspirar en su contra, además de estar vinculado a la trama de corrupción por la que fue detenido a principios de abril.
Maduro señaló que las investigaciones apuntan a que El Aissami conspiraba con líderes de la oposición para derrocarlo, entre ellos los exiliados Leopoldo López y Julio Borges.
"Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando", dijo el gobernante en su programa semanal de radio y televisión.
Aunque López negó las acusaciones del oficialismo con respecto a El Aissami, admitió haber sostenido conversaciones "para explorar la salida de Maduro". En un post en X dirigido al fiscal general Tarek William Saab, el opositor exiliado en España acusó al alto funcionario de haber participado en gestiones similares.
"@TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", escribió.
Borges también negó los vínculos con El Aissami.
"@TarekWiliamSaab, ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el #28Jul", dijo en la red social X, en referencia a los esfuerzos de la oposición por derrocar a Maduro en las urnas, que se han visto afectados por la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles.
Maduro dijo en el programa que su gobierno tiene pruebas de llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, considerado por muchos un testaferro al servicio de El Aissami. "La derecha estaba articulada para destruirnos desde adentro", afirmó.
El Aissami fue detenido a principios de abril por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales. El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró en 2017 a El Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”.
El acusado comparecerá prontó ante una audiencia preliminar, dijo el fiscal general, sin mencionar la fecha.
Otras 65 personas, incluido Samark López, permanecen detenidas en relación con el caso, bajo acusaciones de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Según explicó Saab, la Fiscalía detectó a una red de funcionarios en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, un consorcio que administra a varias empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes.
El daño causado por los implicados es "incalculable en millones de dólares", dijo el fiscal general.
Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
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