La muerte a tiros la semana pasada en San Francisco de una estadounidense a manos de un indocumentado mexicano, expulsado cinco veces de Estados Unidos, puso en el tapete la discusión sobre estas ciudades, consideradas "santuarios" para inmigrantes indocumentados.
En el centro del asunto yace el conflicto de intereses entre las autoridades federales, responsables de la lucha contra la migración ilegal, y las policías estatales y municipales, cuya prioridad es la delincuencia y no el control de inmigrantes ilegales.
Con la campaña a la elección presidencial en marcha, el tema inmediatamente tomó dimensión nacional. Los opositores republicanos creen haber hallado la marca de la laxitud migratoria de Barack Obama, el presidente que busca la regularización de millones de indocumentados priorizando la expulsión de los más peligrosos.
Desde 2008 el programa del Gobierno Federal "Secure Communities" o Comunidades Seguras, requiere que las policías locales informen al servicio federal de migración y aduanas (ICE, en inglés) cuando detengan a extranjeros en situación irregular, y los mantengan bajo custodia a la espera de una deportación. Pero muchas ciudades se niegan a cooperar, alegando que ello afectaría la seguridad pública.
"Si los indocumentados tienen miedo de que si reportan un crimen o son testigos de un crimen eso resultará en que serán deportados, se crea de hecho una gran barrera para que la gente coopere con la policía", según Avideh Moussavian, del grupo de ayuda legal National Immigration Law Center.
Hoy en día, la mayoría de los 11 millones de indocumentados viven en las ciudades "santuario", un término polémico que se remonta a los años 1980, cuando iglesias estadounidenses ofrecieron protección a los refugiados de las guerras civiles en América Central, explicó Marc Rosenblum, del Migration Policy Institute.
La lista incluye a San Francisco, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Denver, el estado de California e incluso Washington. En total son más de 350 jurisdicciones y tres estados del país que oscilan entre una cooperación limitada hasta la rebeldía total, según el Immigration Legal Resource Center.
En la práctica, desde 2014 San Francisco prohíbe a su policía mantener bajo custodia a una persona por el solo motivo de no tener papeles, a menos que lo ordene un juez. La solicitud de los federales no es suficiente. Algunas excepciones existen para los indocumentados con graves problemas con la justicia.
Juan Francisco López Sánchez, condenado anteriormente por entrar ilegalmente al territorio estadounidense, fue detenido en marzo a razón de una vieja acusación por venta de marihuana. En abril fue liberado por el sheriff de San Francisco y tres meses después asesinaba a balazos a Katrhyn Steinle, en circunstancias aún confusas. Las autoridades federales de inmigración habían pedido al sheriff avisar antes de cualquier liberación. Pero sin la orden de un juez, y siguiendo la ley local, el sheriff desestimó la solicitud federal.
Situaciones como estas ascienden a más de 17.000 a nivel nacional en el último año y medio, según ICE.
Los defensores de las ciudades "santuario" lamentan la tragedia de San Francisco pero la consideran un caso excepcional y no consecuencia de una política que, aseguran, prueba su utilidad diariamente.
No todos coinciden, incluso entre los demócratas, aliados de Obama
"Creo firmemente que una persona indocumentada, condenada por varios delitos y sujeto de una solicitud de detención por las autoridades migratorias federales, no debió haber sido liberada", denunció la senadora de California Dianne Feinstein, exalcaldesa de San Francisco.
La principal aspirante demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, criticó a San Francisco por su "error", aunque defendió la política sobre inmigrantes. Y el candidato a las primarias republicanas Donald Trump vio en ese crimen la prueba de que los inmigrantes mexicanos son en su mayoría criminales.
Los republicanos en el Congreso impulsan una reforma que cortaría la ayuda del Gobierno Federal a las ciudades rebeldes.
Obama ordenó en noviembre que solo los indocumentados con antecedentes criminales estuviesen sujetos a las solicitudes de detención, un guiño para renovar el contacto con las fuerzas del orden local. El caso en San Francisco, aunque haya sido accidental y trágico, podría ayudarlo.
"Sospecho que algunas jurisdicciones van a querer revisar sus políticas y sé que el Departamento de Seguridad Interior está en contacto con ciudades como Los Ángeles y Chicago para intentar traerlas de vuelta al programa", dijo Rosenblum.
