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Cuba

El cubano que puso en manos del Congreso la política de EEUU hacia Cuba. Así lo cuenta...

Lincoln Diaz-Balart (der.) y su hermano Mario Diaz-Balart (izq.). Foto Archivo.
Lincoln Diaz-Balart (der.) y su hermano Mario Diaz-Balart (izq.). Foto Archivo.

El legislador republicano Lincoln Diaz-Balart impulsó la codificación del embargo. Él mismo relata los pormenores del proceso en el artículo "La Codificación del embargo contra la tiranía", publicado originalmente por El Instituto La Rosa Blanca y que reproducimos a continuación...

En octubre de 1992, unas pocas semanas antes de ser electo al Congreso de Estados Unidos, el Presidente George H.W. Bush firmó la Cuban Democracy Act (o la "Ley Torricelli", como suele denominarse, por uno de sus principales autores, el entonces Congresista Robert Torricelli de New Jersey).

La Cuban Democracy Act les prohibía el comercio (y financiamiento) con el régimen cubano a las subsidiarias extranjeras de empresas de Estados Unidos. Fue un logro particularmente importante debido al creciente comercio y el financiamiento comercial entre la dictadura y las subsidiarias extranjeras de compañías americanas que se había estado produciendo desde que el Presidente Gerald Ford autorizó dicho comercio en julio de 1975. (Notablemente, Castro le “agradeció” el gesto al gobierno de Ford enviando tropas cubanas a Angola desde agosto de 1975 y organizando una masiva “Conferencia de Solidaridad con la Independencia de Puerto Rico” en La Habana en septiembre de 1975).

Tan pronto como llegué al Congreso en enero de 1993, confirmé lo que ya sospechaba: la recientemente aprobada Cuban Democracy Act no aplicaba a la abrumadora mayoría de las empresas de Estados Unidos. Dado que la nueva ley solo aplicaba a subsidiarias extranjeras, el comercio con la dictadura cubana por parte de empresas radicadas en Estados Unidos estaba prohibido únicamente por órdenes ejecutivas, algunas de las cuales se remontaban a la administración de Kennedy a principios de los años 60. Por lo tanto, la abrumadora mayoría de lo que entonces se conocía como el "embargo americano" contra el régimen cubano estaba compuesto por estas órdenes ejecutivas y las regulaciones que las implementaban. Las órdenes ejecutivas son, en efecto, decretos presidenciales que cualquier Presidente puede levantar o cambiar en cualquier momento.

Con cada mes que pasaba, me preocupaban cada vez más las intenciones del Presidente de Estados Unidos que había sido electo al mismo tiempo que yo había sido electo al Congreso, Bill Clinton. A pesar de un par de declaraciones de Clinton de que su Administración apoyaba el embargo y, posteriormente, una carta suya asegurándome que seguía apoyando la Cuban Democracy Act, me resultaba evidente que Clinton tenía la intención de levantar unilateralmente, con el tiempo, todas las sanciones de Estados Unidos contra la dictadura cubana. Clinton parecía interesado solo en la eliminación de la otra dictadura que existía en el Caribe en ese momento: la de Haití. De hecho, Clinton enviaría a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a Haití, e instaló al violento Jean Bertrand Aristide en el poder en septiembre de 1994.

No había un solo asesor principal de Clinton que apoyaba las sanciones contra la dictadura cubana, y Clinton pronto comenzó una serie de "obsequios" unilaterales a Castro, ocultos en el lenguaje de la política de "pueblo a pueblo". En consecuencia, me enfoqué en la necesidad de quitarle el embargo al Presidente de Estados Unidos y ponerlo dentro de los parámetros de la ley de Estados Unidos a través de legislación.

Mi meta de codificar (hacer ley) el embargo de Estados Unidos contra la dictadura cubana no era una tarea fácil. Significaba, en efecto, tomar la esencia de la política exterior de Estados Unidos hacia otro país de manos del Presidente y ponerla en manos del Congreso. Nunca se había hecho anteriormente. Y durante mi primer periodo en el Congreso, como Republicano, yo formaba parte de la minoría parlamentaria. Pero creía firmemente que era necesario codificar el embargo. Era extremadamente importante condicionar la normalización de las relaciones económicas entre Estados Unidos y Cuba, a una transición democrática en la isla esclavizada.

Habiendo vivido, años antes, en España, había visto lo importante que había sido para España que la Comunidad Económica Europea (más tarde conocida como la Unión Europea o UE) condicionó la democracia, la hizo un requisito previo, para la entrada de España en la UE. Me quedé impresionado por el hecho de que no fue hasta que España había sido una democracia durante una década, que se le permitió entrar en la UE.

Siempre he considerado admirable el requisito democrático para entrar en la UE. Es una cuestión de ética básica, así como, también, de sentido común. Si un estado-nación desea ser parte de Europa, tiene que ser una democracia. En otras palabras, tiene que respetar a su pueblo, otorgándole a su pueblo un Estado de Derecho, libertades básicas y elecciones periódicas, libres y justas. Lo que vi en España, Portugal y Grecia en el último cuarto del siglo XX fue que el requisito democrático europeo, aunque no obliga la democracia para los países con dictaduras militares, es, sin embargo, extremadamente eficaz. Es una cuestión absolutamente básica. ¿Quieres formar parte de la UE? Entonces tienes que ser una democracia.

Vi cómo, en el momento de la muerte del dictador Francisco Franco en España, la dictadura militar, profundamente deseosa de entrar en las instituciones europeas, se dio cuenta de que no tenía otra opción que permitir la democracia para su pueblo. La dictadura no pudo continuar. La democracia tuvo que ser permitida en España.

Obviamente, múltiples otros factores entran en la ecuación para que los pueblos puedan recobrar su libertad. Los pueblos oprimidos son los actores principales en sus propios destinos. Pero la solidaridad internacional siempre ha sido clave para ayudar a liberar a pueblos oprimidos por dictaduras.

Aunque es una realidad mucho menos conocida, el hemisferio occidental también tiene un requisito democrático. En el momento en que se creó el Sistema Interamericano moderno, en 1948, la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el documento orgánico principal del derecho interamericano, estableció claramente en su Capítulo II, Artículo 3, Sección d, “La solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa.”

La democracia es un requisito legal para las repúblicas del hemisferio occidental. Nunca he olvidado ese hecho tan básico como críticamente importante.

Mis esfuerzos para codificar el embargo contra la dictadura recibieron un gran espaldarazo cuando, en noviembre de 1994, los Republicanos capturaron la mayoría en ambas Cámaras del Congreso por primera vez en 40 años.

La nueva Mayoría Republicana hizo grandes cosas para Estados Unidos y la causa de la libertad en el mundo. Tal vez el éxito más dramático de esa Mayoría Republicana fue la Ley de Presupuesto Equilibrado de 1997 que puso fin a 30 años de déficits presupuestarios y logró superávits presupuestarios a partir de 1999. Esto se logró a pesar de la vehemente oposición del Presidente Clinton que incluyó múltiples vetos presidenciales en 1995 y 1996.

Tan pronto como se volvió a reunir el Congreso después de las elecciones de 1994, presenté varios proyectos de ley para fortalecer las sanciones contra la dictadura cubana. El 29 de noviembre de 1994, presenté un proyecto de ley para prohibirle al Presidente toda contribución de Estados Unidos a las instituciones financieras internacionales que proporcionaban "cualquier tipo de asistencia a Iraq, Irán, Libia o Cuba" (HR 5295), otro proyecto de ley para prohibir la admisión de la dictadura cubana en todas las instituciones financieras internacionales "hasta que en Cuba se celebren elecciones libres supervisadas internacionalmente" (HR 5296), otro para negarles visas a toda persona que hubiese participado o se hubiese beneficiado de la confiscación o receptación de propiedad de ciudadanos de Estados Unidos (5297), y otro para prohibir la importación a Estados Unidos de azúcar de cualquier país que, a su vez, importara azúcar de Cuba hasta que se celebraran elecciones libres supervisadas internacionalmente en Cuba (HR 5298).

Volví a presentar estos proyectos de ley en cuanto comenzó a sesionar el próximo Congreso, el 4 de enero de 1995. El 7 de febrero de 1995, presenté una Resolución (H. Con. Res. 24), cuyas clausulas claves eran las siguientes:

(1) Estados Unidos considera los actos del gobierno de Castro, incluidas sus violaciones masivas, sistemáticas y extraordinarias de los derechos humanos, una amenaza a la paz mundial;

(2) el Presidente debe abogar e instruir a los representantes de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que propongan y soliciten un embargo internacional obligatorio contra el gobierno totalitario de Cuba de conformidad con el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

Así fue como comenzó lo que después sería "Helms-Burton”.

El Presidente Clinton continuó emitiendo decretos para fortalecer a la dictadura cubana. Actuaba como si le tuviese terror a Castro. Nunca pudo olvidar el violento motín por refugiados del Mariel en Arkansas que fue decisivo en su derrota para la reelección como Gobernador en 1980, su más dolorosa experiencia vital. El 2 de mayo de 1995 se anunció un acuerdo entre la Administración de Estados Unidos y el régimen cubano que le otorgaba un mínimo de 20,000 visas anuales a cubanos y Estados Unidos se comprometía a devolverle forzosamente a la dictadura los cubanos encontrados en alta mar o que entraran en la base naval de Guantánamo.

Me indignó tanto el Acuerdo Castro-Clinton del 2 de mayo de 1995 que, en protesta, llevé a cabo un acto de desobediencia civil frente a la Casa Blanca (rehusé moverme después de una petición policial) y fui arrestado. El 2 de mayo de 1995 fue un día ignominioso en la historia de la presidencia de Clinton.

En octubre de 1995, Clinton anunció un relajamiento de restricciones de viajes como parte de un regalo adicional de "pueblo a pueblo" a la dictadura cubana. El 6 de octubre de 1995, el Jefe de Despacho de la Casa Blanca, Leon Panetta, y otros altos asesores de Clinton se reunieron con un grupo de aproximadamente 50 líderes empresariales de Estados Unidos para exhortarlos a cabildear en contra del embargo. Dichos empresarios entonces fueron clasificados como "periodistas" por la Administración Clinton y enviados a reunirse con Fidel Castro en La Habana. La lista de esos líderes empresariales de Estados Unidos incluyó a los gerentes de Time Warner, Hyatt Hotels, General Motors y Zenith.

El Senador Jesse Helms y el Congresista Dan Burton presentaron proyectos de leyes en la Cámara de Representantes y el Senado, que se conocieron como Helms-Burton, en febrero de 1995. En formas importantes, Helms-Burton fue formada por proyectos de ley que yo había presentado desde el mes de noviembre anterior. Mi solicitud de que Estados Unidos liderara una campaña para lograr un embargo internacional contra Castro se convirtió en la Sección 101 (1) y (2). Mi proyecto de ley pidiendo la oposición de Estados Unidos a la membresía cubana en organizaciones financieras internacionales hasta que fuera restaurada la democracia en Cuba se convirtió en la Sección 104 (a)(1). Mi proyecto de ley que pedía la negación de visas de Estados Unidos a personas involucradas en la confiscación de bienes de Estados Unidos o que posteriormente se beneficiaran de tales receptaciones en Cuba, se convirtió en el Título IV. Una disposición que permitía a los ciudadanos de Estados Unidos el derecho de demandar a compañías extranjeras que traficaran en propiedades americanas robadas en Cuba (que yo no había presentado) se convirtió en el Título III.

Mi prioridad principal, la codificación del embargo, nunca se había presentado como un proyecto de ley. Por lo tanto, no estaba en la versión ni de la Cámara ni la del Senado deHelms-Burton. Aunque mi Jefe de Despacho (y gran amigo) Steve Vermillion siempre me dio esperanza de que la codificación era posible, cada vez que trataba el tema con alguien más me enfrentaba a la realidad de que la codificación presentaba obstáculos extraordinarios.

Pero yo sabía que era necesaria. Recibía confirmaciones continuas de mis temores sobre las intenciones de Clinton. Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores británico (el “Foreign Office”), por ejemplo, me dijo que la Administración de Estados Unidos le había asegurado que Clinton levantaría el embargo después de su reelección en 1996.

La Administración Clinton se opuso públicamente a Helms-Burton. En una entrevista en CNN en abril de 1995, el propio Clinton dijo que la legislación era "innecesaria".

No obstante, aprobamos Helms-Burton en la Cámara de Representantes el 21 de septiembre de 1995 por un voto de 294 a 130, y el proyecto de ley pasó al Senado. En el Senado, sin embargo, los 60 votos necesarios para "cloture" (cerrar el debate) no se obtuvieron a pesar de dos intentos por parte del Senador Dole para hacerlo a mediados de octubre de 1995. Incapaz de lograr la aprobación del proyecto en la forma que fue presentado, el Senador Dole eliminó el Título III y el Título IV del proyecto de ley, antes de que fuera aprobado por el Senado el 19 de octubre de 1995.

Fidel Castro claramente se sintió envalentonado por nuestro fracaso en el Senado y por las constantes señales de apaciguamiento de Clinton. Y llegó la tragedia del 24 de febrero de 1996.

A pesar de la existencia de una "orden permanente" (standing order) para que cazas americanos interceptasen inmediatamente a todo Mig cubano volando hacia Estados Unidos desde Cuba, se emitió una contraorden impidiendo que los cazas americanos interceptaran a Migs cubanos volando hacia Estados Unidos el 24 de febrero de 1996. Ese trágico día, dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate fueron destruidas en los cielos cerca de la costa de la Florida, resultando en los salvajes asesinatos de cuatro ejemplares humanitarios (tres ciudadanos de Estados Unidos y un residente legal de Estados Unidos), Armando Alejandre, Jr., Mario de la Peña, Carlos Costa y Pablo Morales.

Recuerdo haberme sentido profundamente triste y francamente indignado al conocer los trágicos detalles de lo que sucedió el 24 de febrero de 1996 cuando recibí un detallado informe de Jeffrey Houlihan, un especialista en sistemas de detección del Servicio de Aduanas de Estados Unidos que supervisó radares de Estados Unidos el 24 de febrero.

Para evitar el tener que tomar medidas más enérgicas contra Castro, el 26 de febrero Clinton anunció públicamente que tenía la intención de llegar a un acuerdo con el Congreso sobre Helms-Burton.

Es importante recordar que ni Fidel Castro ni Bill Clinton sabían en ese momento que la codificación iba a ser parte de Helms-Burton. Ese hecho es importante porque algunos "cubanologos" han dicho que Fidel Castro derribó los aviones de Hermanos al Rescateporque quería mantener el embargo de Estados Unidos. Fidel Castro seguramente pensó que sus asesinatos del 24 de febrero podrían costarle la aprobación de una ley Helms-Burton, pero casi seguramente una Helms-Burton "suspendible", que sería promulgada y "ejecutada" por un Presidente de Estados Unidos que tenía la intención de continuar apaciguándolo. El embargo podría luego continuar siendo levantado poco a poco. Castro nunca pensó que el embargo sería codificado.

En la tarde del 27 de febrero, al regresar a Washington, DC, Ileana Ros-Lehtinen, Bob Menéndez, Dan Burton, Peter Deutsch, Patrick Kennedy, Bob Torricelli y yo nos reunimos en un salón de conferencias del Longworth House Office Building para planear nuestros próximos pasos.

Todos acordamos intentar incluir los Títulos III y IV en Helms-Burton nuevamente. Y entonces les pedí a todos que me apoyaran para la inclusión de una nueva medida en el proyecto de ley: la codificación del embargo. Todos los presentes estuvieron de acuerdo en apoyarme.

En la mañana siguiente, el 28 de febrero, a las 8:00 a.m., en la oficina de Bob Menéndez en el Longworth House Office Building, Bob Menéndez y yo nos reunimos con una delegación de la Casa Blanca para comenzar las negociaciones sobre un proyecto Helms-Burton que se convertiría en ley. El equipo negociador de la Casa Blanca con el que nos reunimos esa mañana estaba dirigido por Richard Nuccio, el coordinador de asuntos cubanos de Clinton en esos momentos (que previamente había sido asesor de Robert Torricelli).

El equipo de Clinton comenzó aclarando que buscaban el derecho de “suspensión” presidencial para el Título III. Bob y yo le dijimos que negociaríamos sobre ese tema a medida que avanzara el día. Entonces yo dije que había un asunto en el que insistiríamos, pero que no debería ser un problema, ya que el Presidente Clinton había dejado claro en su declaración dos días antes que apoyaba el embargo: la codificación.

El equipo de Clinton se sorprendió. "Eso es nuevo, no está en el proyecto de ley de la Cámara ni el del Senado", dijeron.

"¿El Presidente piensa levantar el embargo?", les pregunté.

"No", respondieron.

"Bien, entonces no tenemos ningún problema. Próximo tema", dije.

Hablamos durante un par de horas en la oficina de Bob y luego acordamos que Bob iría a la oficina del Vice-Presidente Gore en el Capitolio, y el resto de nuestro equipo ese día (Burton, Torricelli, Ileana Ros-Lehtinen y yo) se reuniría en la Oficina del Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Senado (Helms) por la tarde para continuar nuestras negociaciones por teléfono.

Las conversaciones continuaron de esa manera durante toda la tarde de ese día. Burton, Ileana, Torricelli y yo en la oficina privada de Helms en el lado del Senado del Capitolio, al teléfono con Bob Menéndez, que estaba en la oficina del Vice-Presidente, también en el lado del Senado del Capitolio. Bob transmitía nuestras posiciones a la Casa Blanca por otro teléfono en la oficina de Gore.

La codificación no se volvió a mencionar durante toda la negociación. Nos negamos a conceder una “suspensión” para el Título IV (Torricelli hizo el papel de “policía malo” para ello), y acordamos otorgar una suspensión para el Título III. Básicamente, la esencia deHelms-Burton fue: nosotros obtuvimos la codificación, a cambio de una “suspensión” para el Título III. Teníamos un acuerdo.

Más tarde, el equipo de asesores de Clinton se reunió para revisar el acuerdo. Cuando los Secretarios de Estado y Defensa y la Fiscal General se enteraron de la codificación, se opusieron. Pero los asesores políticos de Clinton, George Stephanopoulos y Leon Panetta, se sobrepusieron a ellos. Sabían que Dole podía ser derrotado en 1996. Pero ciudadanos de Estados Unidos habían sido asesinados, y no era una buena idea que Clinton le diera un tema de campaña a Dole. Entonces los asesores de Clinton se enfocaron en su "victoria" del Título III, que usarían para explicar su cambio de opinión al aceptar a Helms-Burton. Y Clinton declaró que firmaría la ley.

Aprobamos la ley por una votación de 74 a 22 en el Senado el 5 de marzo, y de 336 a 86 en la Cámara el 6 de marzo. Clinton la firmó en el Old Executive Office Building de la Casa Blanca el 12 de marzo de 1996. El embargo ahora era la ley de Estados Unidos. No podría ser levantado - por Clinton, ni más tarde por Obama - hasta que se cumplan condiciones muy importantes. Esas condiciones incluyen la liberación de todos los presos políticos en Cuba; la legalización de toda actividad política, incluidos los partidos políticos independientes; la legalización de sindicatos obreros libres y de la prensa; y la convocatoria de elecciones con supervisión internacional. La Sección 102 (h) establece: La Codificación del Embargo Económico. - El embargo económico de Cuba, en vigencia el 1 de marzo de 1996, incluyendo todas las restricciones bajo la parte 515 del título 31, Código de Regulaciones Federales, entrará en vigor con la promulgación de esta Ley, y permanecerá vigente, sujeto a la sección 204 de esta Ley.

La codificación en Helms-Burton transfirió la esencia de la política de Estados Unidos hacia Cuba del Presidente al Congreso. Bill Clinton y Barack Obama no pudieron levantar el embargo.

Es importante tener en cuenta que, si perdiésemos una mayoría del Congreso sobre el tema de Cuba, pero el Presidente está con nosotros, una amenaza de veto presidencial será suficiente para mantener el embargo. Vimos lo que las amenazas de vetos presidenciales pueden significar durante los primeros años de la Presidencia de George W. Bush, cuando habíamos perdido provisionalmente una mayoría del Congreso sobre los temas del financiamiento del comercio agrícola y el turismo masivo de Estados Unidos a Cuba, pero no fuimos derrotados.

[Este artículo de Lincoln Diaz-Balart fue publicado por El Instituto La Rosa Blanca el 11/17/2017]

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Rusia estudia construir una refinería de petróleo en Cuba, según TASS

Foto Archivo. Refinería de petróleo en Cienfuegos. REUTERS/Claudia Daut
Foto Archivo. Refinería de petróleo en Cienfuegos. REUTERS/Claudia Daut

Rusia ha mantenido conversaciones con Cuba sobre la construcción de una refinería de petróleo en la isla con empresas rusas, informó la agencia de noticias TASS citando a un legislador ruso.

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Rusia ha mantenido conversaciones con La Habana sobre la construcción de una refinería de petróleo en Cuba junto con empresas rusas, informó la agencia de noticias TASS citando a un alto legislador ruso, Alexander Babakov.

Una delegación de parlamentarios rusos encabezada por el presidente de la Cámara Baja, Viacheslav Volodin, se encuentra de visita en Cuba. Babakov dijo que durante el viaje se discutió la posible construcción de una refinería de petróleo.

"Cuba tiene petróleo crudo: es lógico no importar productos petrolíferos, sino producirlos aquí", dijo a TASS.

"Las mayores empresas rusas podrían participar aquí", añadió.

Rusia y el Estado socialista cubano tienen una larga historia de estrechas relaciones que se remontan a los días de la Revolución Cubana de 1959, tras la cual La Habana recibió el apoyo de la Unión Soviética.

Rusia reanudó en marzo el suministro de crudo a Cuba tras un año de interrupción.

Venezuela es el principal proveedor de petróleo de Cuba, pero los envíos han disminuido en los últimos años. El año pasado, México exportó cantidades significativas de petróleo a Cuba, pero no lo ha hecho este año.

Nace grupo de la sociedad civil para “luchar” por la amnistía de los presos políticos en Cuba

Presos políticos cubanos. (Facebook/Albert Fonse)
Presos políticos cubanos. (Facebook/Albert Fonse)

El Comité Pro Amnistía para los presos políticos en Cuba propone desarrollar acciones para la liberación de los presos políticos a través de la amnistía general.

El Comité Pro Amnistía para los presos políticos en Cuba, una iniciativa surgida del seno de la sociedad civil, tiene como propósito lograr la libertad de las personas encarceladas por motivos de opinión en la isla.

La iniciativa, que nació el pasado 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela, se propone desarrollar acciones enfocadas a la liberación de los presos políticos o de conciencia en función de conseguir la amnistía general, tanto de los encarcelados más recientemente como los que están presos desde antes del 11 de julio del 2021.

Cuba no posee una ley de Amnistía. En febrero de este año, el Parlamento cubano rechazó la petición para tramitar una ley de amnistía entregada por familiares de presos considerados políticos o de conciencia por distintas ONGs.

La Constitución de 2019 instituye que el indulto es reservado para el presidente de la República. El jefe de Estado también puede solicitar a la Asamblea Nacional la concesión de amnistías, atribución que la Constitución le reconoce a este órgano.

Además, el nuevo proyecto pretende luchar porque se reconozca la condición de preso político de forma legal en Cuba y que no se conviertan a los disidentes en presos comunes, denunciar el acoso a los familiares de los presos políticos y poner en la palestra pública el régimen carcelario de la isla, que suprime derechos elementales de los seres humanos.

“Ellos [las autoridades cubanas] lo que hacen es convertir al preso político en un preso por delitos comunes y con eso desvisten todos los casos judiciales del verdadero sentido en el orden jurídico”, dijo a Martí Noticias la antropóloga e historiadora Jenny Pantoja, una de las fundadoras del grupo.

“Y por supuesto, eso va a tener que ver de alguna manera con la defensoría de los casos, con visibilizar la injusticia en cada caso, pero eso ya también lo hacen otros grupos como Prisiones Defenders, Presos Políticos en Cuba, Justicia 11J, con los cuales también quisiéramos en algún momento estrechar relaciones, colaborar”, apuntó.

“También lograr, por supuesto, la amnistía, porque es injusto que estén por disentir o por manifestarse o por expresar libremente su pensamiento político”, agregó Pantoja.

Justicia 11J y Prisoners Defenders cifran por encima de 1.000 los presos políticos actualmente en el país.

Justicia 11J ha documentado en estos últimos dos años la detención de 1.887 manifestantes, de los que 793 continúan en prisión. Más de 900 personas han sido sancionadas y cerca de un centenar se han marchado al exilio.

El Gobierno cubano califica de "contrarrevolucionarios" a los manifestantes procesados y asegura que estaban organizados y financiados desde el exterior con el objetivo de acabar con el sistema socialista imperante en la isla desde 1959.

El Comité Pro Amnistía para los presos políticos en Cuba está estructurado de forma horizontal, con cinco miembros principales que dirigirán diferentes aspectos de la actividad: un coordinador general y cuatro coordinadores más, especializados en las áreas de Defensoría, Familiares de los presos políticos, Condiciones carcelarias y Comunicaciones (TIC).

“Hasta ahora no somos tantos. Tenemos personas que están aquí en Cuba y personas que están fuera de Cuba, que nos apoyan muchísimo”, indicó Pantoja.

El Comité indicó al momento de su fundación que su accionar estará basado en las Reglas para el Tratamiento a los reclusos aprobadas por Naciones Unidas en 2015 y que son conocidas internacionalmente como Reglas Mandela.

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La población cubana cae a menos de 10 millones, reconoce el Gobierno

En cuatro años Cuba se ha quedado con más de un 10% menos de los habitantes que tenía / Foto: Eliana Aponte (AP)
En cuatro años Cuba se ha quedado con más de un 10% menos de los habitantes que tenía / Foto: Eliana Aponte (AP)

El Gobierno cubano reconoció que la población no llega a los 10 millones y que en los últimos dos años el saldo migratorio era de más de un millón de personas.

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La población en Cuba en 2024 cayó a menos de 10 millones, y el Gobierno de la isla reconoció que en los últimos dos años el saldo migratorio era de más de un millón de personas.

Juan Carlos Alfonso Fraga, vicejefe de la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), informó ante el Parlamento que al cierre de 2023 sumaban 1.249.733 los cubanos radicados en el exterior. El 75% de ellos no mantenía la residencia en Cuba.

“Los mayores decrecimientos proporcionalmente se registran en La Habana, Cienfuegos y Mayabeque; los menores, Granma, Guantánamo y Santiago de Cuba. En general, las provincias y municipios que más decrecen son los de la región centro-occidental”, puntualizó.

Las cifras dan cuenta de un éxodo migratorio sin precedentes y de una marcada tendencia al decrecimiento poblacional. Hasta el 31 de diciembre de 2023, la población de Cuba era de 10.055.968 habitantes, según el Gobierno. Alfonso Fraga aclaró que en esa cifra estaban los que viven en la isla y aquellos en el exterior, pero que mantienen su residencia en el país.

“Esa población efectiva es un 10.1% menor a la que se tenía al 31 de diciembre del 2020 y similar a la que Cuba registró en algún momento del año 1985”, dijo el experto en declaraciones recogidas por la prensa estatal.

Tomando en cuenta las cifras actuales de flujo migratorio y otras variables demográficas como la contracción de los nacimientos y el número de defunciones, la proyección actual es de menos de 10 millones, dijo.

“Dada la dinámica demográfica que se registra en los primeros meses del 2024, la contracción del número de nacimientos y la continuidad del movimiento de personas hacia el exterior desde los últimos meses del 2023, actualmente la población de Cuba es menor a 10 millones de habitantes y debe seguir decreciendo”, agregó el funcionario.

Alfonso Fraga sostuvo que el informe de la ONEI no recoge nombres ni datos personales de los cubanos que actualmente radican en el exterior.

La crisis económica, la represión y la falta de libertades han llevado a los cubanos a escapar en masa de la isla. En los últimos tres años, más de medio millón ha emigrado a Estados Unidos, la mayoría de manera irregular, según estadísticas oficiales.

Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP, por sus siglas en inglés) indican que solo en el año fiscal 2023 arribaron a territorio estadounidense más de 200.000 cubanos: más de 153.000 ingresaron de manera irregular por frontera y otros 67.000 volaron directamente a gracias al programa de parole humanitario implementado por la administración del presidente Joe Biden.

Otros países como España registran un número importante de emigrantes cubanos. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) español, entre 2021 y 2023, casi 22.000 cubanos se instalaron en la nación ibérica.

También se han registrado flujos migratorios importantes hacia países México, Brasil y Uruguay.

La más reciente proyección de Naciones Unidas indica que la población cubana sufrirá un decrecimiento acelerado en los próximos años hasta descender a 5.58 millones en 2100.

Sacerdote Alberto Reyes: Cuba es como "un barco que se hunde"

Sacerdote cubano Alberto Reyes
Sacerdote cubano Alberto Reyes

El padre Alberto Reyes Pías, sacerdote de la Diócesís de Camagüey, expresa su preocupación por las precarias condiciones de vida que padecen los cubanos y el daño antropológico que causa en la poblacíon la larga crisis económica, política y social.

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El sacerdote Alberto Reyes, párroco de la Arquidiócesis de Camagüey, dice que el daño antropológico de la sociedad es tan grande que va a tardar años para que los cubanos puedan recuperarse.

En su participación como invitado al programa "Las noticias como son", de Martí Noticias, el religioso se refirió a Cuba como “un barco que se hunde, desgraciadamente”.

"La gran pregunta que me hago todos los días es, los que están en el timón del barco, ¿no ven que esto no va a ningún lugar?”, cuestionó .

Reyes hizo referencia a la profunda crisis económica, política y social que vive el país. “Asistimos a una situación donde prácticamente todo es un problema, una dificultad”.

Padre Alberto Reyes preocupado por la difícil situación de los cubanos
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“Aquí a mi iglesia viene gente todos los días pidiendo medicinas, porque no hay pero, pero con todo es así. Cuando las personas no tienen qué comer, cuando no tienen qué darle a los hijos aumenta la desesperación por escapar, por irse", dijo.

“Esto lo vamos a arrastrar mucho tiempo, con la buena noticia de que un día empezaremos a caminar hacia la luz y hacia una sociedad definitivamente distinta pero el daño antropológico lo vamos a arrastrar años, muchos años, desgraciadamente”, agregó.

A mediados de mayo, en medio de apagones que duraban hasta 18 horas en la mayoría de las provincias del país, el sacerdote dijo quetocaría las campanas de su iglesia en señal de protesta cada vez que se fuera la electricidad.

"Tocaré las campanas de la iglesia 30 veces, con el repique lento de los cortejos fúnebres, con el repique que anuncia muerte y luto: la muerte agonizante de nuestra libertad y de nuestros derechos, la asfixia y el colapso de nuestras vidas”, escribió en su columna “He Estado Pensando”, que publica periódicamente en Facebook.

Pero unos días después le prohibieron seguir con la iniciativa.

El párroco, una de las voces más críticas dentro de la iglesia en Cuba, cuestionó recientemente los cientos de presos políticos que permanecen en las cárceles de la isla tras las protestas del 11 de julio de 2021.

"Cuando en una sociedad, los que gobiernan, responden con la cárcel a quienes piensan diferente, es primitivo y habla muy mal de un gobierno, de una sociedad, donde la respuesta a la diferencia es la represión, la cárcel, la exclusión", comentó.

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Cuba aprueba nueva ley de Ciudadanía que le da al presidente el poder de revocarla

Defensores de derechos humanos advierten que el gobierno podría usar la nueva ley como una herramienta contra activistas y opositores políticos.
Defensores de derechos humanos advierten que el gobierno podría usar la nueva ley como una herramienta contra activistas y opositores políticos.

El Parlamento cubano aprobó una nueva Ley de Ciudadanía que, entre otras reformas, le entrega al presidente el poder de revocarla en ciertos casos. También aprobó una Ley de Extranjería que introduce importantes reformas para los extranjeros que viven o tienen negocios en la isla.

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El Parlamento cubano aprobó este viernes la Ley de Ciudadanía que, entre otras reformas, le otorga al presidente el poder de revocarla en ciertos casos.

La ley introduce además los nuevos requisitos para adquirir la ciudadanía, por nacimiento y por naturalización.

Cuba se regía para estos casos por el Decreto 258, Reglamento de Ciudadanía, de 1944, y el Decreto Ley 352, Sobre la Adquisición de la Ciudadanía Cubana por Nacimiento de los Nacidos en el Extranjero de Padre o Madre Cubano, de 2017.

Según la norma, quienes se alisten “en cualquier tipo de organización armada con el objetivo de atentar” contra el país y quienes realicen “actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales” podrán ser despojados de la ciudadanía.

Aunque las autoridades insisten en que la revocación de la ciudadanía se haría solo en casos “excepcionales”, defensores de derechos humanos advierten que el gobierno podría usar la nueva ley como una herramienta contra activistas y opositores políticos.

En cuanto a la renuncia de la ciudadanía cubana, la ley establece que podrán hacerlo los mayores de 18 años que tengan otra ciudadanía y se encuentren en el extranjero. Los interesados deben cumplir además ciertos requisitos, como no tener deudas con el Estado cubano, ni estar cumpliendo una sentencia penal, o ser perseguidos por delitos cometidos en el territorio nacional o el extranjero.

La solicitud solo se admitirá desde el exterior y para que sea efectiva debe ser aceptada por las autoridades de la isla.

En caso de pasar todos los filtros, la persona que renuncie a la ciudadanía podrá entrar al país sin el pasaporte cubano.

El Parlamento cubano aprobó además una Ley de Extranjería

Este viernes el Parlamento aprobó también una Ley de Extranjería que introduce importantes reformas para los extranjeros que viven o tienen negocios en la isla.

La norma establece además los casos y la forma en que los extranjeros van a ser expulsados del territorio nacional y las instituciones encargadas de ello.

Según las autoridades a los extranjeros se le podría revocar la ciudadanía si se demuestra que cometieron fraude o si no entran al país en tres años o no ratifican ante los consulados correspondientes en ese plazo su voluntad de mantenerla.

"Algunas de las novedades de la ley son la clasificación migratoria de residente provisional, que se concederá previamente al otorgamiento de la residencia permanente, y la de residente humanitario, destinada a los refugiados, apátridas y asilados políticos, además de la inclusión de las causas de cancelación de la estancia y la residencia de los extranjeros en el país", dijeron.

“Los extranjeros deben mantener una conducta de respeto y cumplimiento de la Constitución de la República de Cuba y las demás disposiciones normativas vigentes, observar y acatar las reglas de convivencia y las tradiciones y costumbres del pueblo cubano”, puntualiza el texto.

Ambas leyes, junto con la de Migración, fueron las que más espectativas generaron durante las sesiones del Parlamento esta semana.

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