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Controvertido fallo sobre ley de medios en Argentina


Foto de archivo

Por un lado le dio la razón al Grupo Clarín y por el otro al gobierno en la disputa legal que mantienen desde hace casi cinco años por una ley que busca regular el mercado audiovisual

Un tribunal argentino emitió el miércoles un controvertido fallo en el que por un lado le dio la razón al Grupo Clarín y por el otro al gobierno de Cristina Fernández en la disputa legal que mantienen desde hace casi cinco años por una ley que busca regular el mercado audiovisual.

La Cámara en lo Civil y Comercial Federal declaró inconstitucional parte de un artículo de la ley sancionada en 2009 que fija un límite a la propiedad de las licencias y otro referido a la composición accionaria de los medios de comunicación, ambos rechazados por Clarín, ya que lo forzaban a optar entre el canal de televisión abierta más visto del país o continuar como operador del principal sistema de televisión paga y su mayor fuente de ingresos.

Pero ese mismo tribunal le dio la razón al gobierno al considerar constitucional el artículo que fija en un año el plazo de desinversión que le impone a los grupos de medios para adaptarse a la ley y otro sobre la transferencia de licencias.

Lo relevante de esta decisión es que a partir de ahora será la Corte Suprema de Justicia la que deberá darle un punto final a la disputa sobre la ley de medios audiovisuales puesto que el máximo tribunal hasta aquí había evitado pronunciarse mientras no se hubieran agotado las instancias judiciales previas.

Los tres miembros de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal fallaron por unanimidad en la inconstitucionalidad del artículo 45 en un apartado el referido a que se puede explotar una licencia de radiodifusión televisiva abierta "siempre que el solicitante no fuera titular de una licencia de televisión por suscripción" y viceversa.

Otros incisos de esa norma rechazados por la justicia fijan "hasta 24 licencias el límite de licencias para la explotación de servicios de radiodifusión por suscripción con vínculo físico en diferentes localizaciones" y establecen que "la multiplicidad de licencias -a nivel nacional y para todos los servicios - alcance al 35% del total nacional de habitantes o de abonados a los servicios referidos en este artículo, según corresponda".

Los jueces también consideraron inconstitucional otro apartado del artículo por el cual los prestadores de servicios de televisión por suscripción (cable) "no podrán ser titulares de registro de señales, con excepción de la señal de generación propia".

El tribunal no avaló tampoco el artículo 48 de la mencionada ley según el cual "el régimen de multiplicidad de licencias previsto en esta ley no podrá alegarse como derecho adquirido frente a las normas generales que, en materia de desregulación, desmonopolización o defensa de la competencia, se establezcan por la presente o en el futuro".

El Grupo Clarín publicó en su sitio de internet que de haberse aplicado los artículos "como pretendía el gobierno", Clarín "hubiera tenido que optar entre mantener Canal 13 o Cablevisión en Buenos Aires, y también desinvertir su operación de TV por cable en numerosas ciudades, donde también tenía que abandonar el servicio de internet" que ofrece a través de la empresa Fibertel.

"Cómo es obvio que la ley es constitucional, la Cámara se ocupó de declarar inconstitucional cada uno de los incisos para beneficiar al grupo Clarín", opinó Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de servicios de comunicación audiovisual (AFSCA). El funcionario adelantó además que el gobierno apelará el fallo ante la Corte Suprema.

Pero Clarín también había planteado ante la justicia la inconstitucionalidad de otros dos artículos, uno que fijaba en un año el plazo para que los medios se ajusten a la norma y otro sobre transferencias de licencias. En este caso, los jueces no le dieron la razón.

La pelea entre Fernández y el principal grupo multimedios de Argentina data de 2008, cuando Clarín respaldó las protestas de los productores agropecuarios en contra de la decisión oficialista de gravar con impuestos las exportaciones de algunos granos.

Un año después el gobierno impulsó en el Congreso la sanción de una ley para regular el mercado audiovisual con el aparente argumento de terminar con los monopolios. Clarín ha dicho que la norma tiene por único objetivo su ruina económica y así silenciar la voz más crítica del gobierno.
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