Las recientes normativas económicas y laborales aprobadas el jueves en Cuba no solo han generado alarmas por la drástica reducción de las plantillas estatales y el desmantelamiento de la seguridad social, sino que responden a una estrategia de fondo trazada meticulosamente por la cúpula gobernante.
De acuerdo con analistas entrevistadas por Martí Noticias, la reorganización del aparato público marca el tránsito definitivo desde un socialismo burocrático de Estado hacia un modelo de capitalismo autoritario de corte patrimonial.
La académica e investigadora Alina Bárbara López Hernández señala que estas reformas no constituyen una improvisación, sino la ejecución de un plan estructural que se preparaba desde hace años.
Para López Hernández, la conversión de empresas estatales en sociedades mercantiles y la apertura a esquemas de gestión privada tienen su base legal en la Carta Magna aprobada en 2019.
“El grupo de poder se está preparando hace mucho tiempo para todas estas medidas que, en definitiva, de lo que se trata es de cambiar un modelo de socialismo burocrático de Estado por un modelo de capitalismo, pero en ambos casos sin democracia”, afirmó la historiadora.
Según explica, el texto constitucional de 2019 introdujo giros jurídicos clave que pasaron inadvertidos para gran parte de la ciudadanía. Por primera vez en la historia constitucional cubana —a diferencia de los textos de 1976 y su reforma de 1992—, se definió al Estado como el "administrador" de los bienes de propiedad social, una distinción que otorga al Ejecutivo competencias plenas para decidir sobre los activos públicos.
“Cuando una propiedad estatal esté en bancarrota puede pasar a diversas formas de propiedad, alianza con otras formas de propiedad, propiedad mixta o propiamente ser ya una propiedad privada. Todo eso estaba establecido”, subrayó López Hernández.
Si el proceso de reestructuración no se aceleró antes, precisa la investigadora, se debió al impacto político de las protestas masivas del 11 de julio de 2021, que obligaron a la dirigencia a ralentizar la transición.
Sin embargo, el severo deterioro económico subsiguiente terminó por dejar a la sociedad en una posición de vulnerabilidad absoluta.
“Ese tránsito hacia un capitalismo de tipo mafioso patrimonial ocurre cuando empobreciste mayoritariamente a la población, hasta el punto de que sus condiciones de vida son infrahumanas. La gente no tiene dinero para comprar acciones si no tiene dinero para comprar comida o para comprar carbón para cocinar”, enfatizó.
“Esas medidas van a dar el tránsito de la apropiación por una mafia clientelar, quizás con asociaciones extranjeras, y se van a traspasar a sí mismos la propiedad que era supuestamente social, pero que nunca lo fue. La población que ya está impactada va a quedarse desposeída; si ya lo era de hecho, ahora va a estar desposeída desde el punto de vista del derecho”, explicó.
La académica matancera opina que, “sencillamente, es el paso de un capitalismo salvaje porque se está dando sin posibilidades reales para una competencia desde abajo. Quienes tienen dinero, el grupo de poder y sus aliados, podrán comprar esas propiedades”.
Bajo este escenario de vulnerabilidad, López Hernández advierte sobre la consolidación de un esquema opaco.
Por su parte, la socióloga Helen Ochoa sostiene que la afectación directa a la fuerza de trabajo, la reducción de personal en las estructuras presupuestadas no guarda una relación directa con la eficiencia de servicios esenciales como la salud y la educación.
“La calidad de los servicios en Cuba, en estos sectores —educación, salud, estructuras que son totalmente presupuestadas por el Estado— no está subordinada a la cantidad de personas que haya para realizar una actividad determinada”, afirmó Ochoa, recordando que “la plantilla socialista siempre está sobredimensionada”.
En esa línea, descartó que los recortes sean la causa primaria del colapso asistencial en la isla: “No creo que esto atente contra la calidad de los servicios de la salud o la educación en Cuba. Lo que atenta es el abandono con que el Estado ha tenido por años y años tanto al Ministerio de Educación y a toda su red institucional de escuelas y centros docentes, como al sistema de salud pública”.
Para la especialista, el propósito detrás de la justificación oficial de la "racionalidad presupuestaria" responde a una urgencia fiscal del régimen.
“Esto que pudiera tener un viso de racionalidad y eficiencia, yo creo que es más bien una de las medidas de desespero que está haciendo el régimen para quitarse de arriba el costo de la seguridad social de todas estas personas que recibían un salario”, aseveró.
A pesar de que los ingresos en el sector público suelen ser “irrisorios”, representaban una entrada mensual estable. Con estas medidas, la masa laboral desplazada pasará a integrarse, de manera forzosa, a un mercado de trabajo desregularizado y vinculado al sector privado o mixto, donde las reglas internas quedan supeditadas al criterio del empleador.
Ochoa alertó además sobre las complejas y contradictorias condiciones operativas impuestas a las instalaciones estatales que pasan a operar con capital privado, como hoteles, centros de la red Coppelia, locales recreativos y restaurantes:
Por un lado, la arbitrariedad estatal se mantiene sobre los arrendatarios o inversores, puesto que “es hasta que el Estado decida que va a operar ahí”, independientemente de los convenios firmados.
Aun así, la normativa impone duras cargas al capital privado: el inversionista no puede seleccionar libremente a su personal, y está obligado a asumir la totalidad de los salarios, impuestos sobre ganancias y contribuciones a la seguridad social.
A través de esta maniobra, concluyen las analistas, el Estado logra una doble meta: se desentiende de sus obligaciones sociales trasladando los costos operativos a terceros, mientras reserva la propiedad estratégica para los grupos afines al poder.
“¿Qué está haciendo el Estado? Lanzando a la inmensa mayoría de la fuerza laboral en Cuba a un mercado privado donde las leyes internas del funcionamiento de ese empleo los pone, por supuesto, el empleador”, recalcó Ochoa.
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