América Latina
Diálogo en Colombia: ¿Qué piden las partes? ¿Por qué no se ponen de acuerdo con Duque?
Casi cuatro horas de diálogo entre el presidente de Colombia Iván Duque y miembros del Comité Nacional del Paro, impulsor de las protestas en la nación sudamericana, no alcanzó ni para empezar a ponerse de acuerdo, mientras la convocatoria a seguir en las calles está en pie.
"No se ha mostrado empatía con las víctimas. Hemos exigido que se pare la masacre, que se pare la violencia oficial y privada contra las personas que están ejerciendo el derecho legítimo a la protesta", dijo Francisco Maltés, integrante del Comité Nacional del Paro, cuando culminó el lunes en la tarde la reunión en la Casa de Nariño, sede de la presidencia de Colombia.
Del lado del gobierno colombiano, el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, pareció tener menos expectativas, al afirmar que este había sido solo una primera reunión "exploratoria". A su vez, atribuyó a Duque lo que valoró como su voluntad de "construir un espacio respetuoso y productivo de acuerdos".
Algunas claves para entender lo que sucede en Colombia
¿Qué pide el Comité Nacional del Paro al gobierno de Duque?
A casi dos semanas del inicio de las protestas el pasado 28 de abril y tras el diálogo con Duque, se espera que este martes continúen las movilizaciones, incluso los dirigentes del paro han anunciado para el miércoles lo que pretende ser otra jornada nacional de manifestaciones.
Al mismo tiempo, continúan los bloqueos de vías y sectores sociales siguen exigiendo sus demandas en varias ciudades del país. Los dirigentes del paro presentaron a Duque un documento que contiene 104 puntos. Sostienen que se trata de los mismos temas que vienen planteando desde el 2019, cuando otras protestas estremecieron la nación pero se disolvieron dado el embate de la pandemia.
Los dirigentes de las manifestaciones solicitan, en primera instancia, que los colombianos puedan protestar sin que sean expuestos a la muerte de parte de la violencia generada oficialmente o a manos de privados.
Básicamente, los promotores del paro pidieron a Duque que se pronunciara frente a los abusos a los manifestantes y garantizar la protesta social.
Los colombianos, a través del Comité Nacional del Paro, también piden más oportunidades y el respeto por sus derechos, garantía a un mayor acceso a la salud, la educación y al trabajo.
El Comité ha resumido las peticiones en seis puntos, a través de los cuales solicitan el retiro del proyecto de ley 010 de salud y el fortalecimiento de una
masiva vacunación. La garantía de una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual. La defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina). Así como el otorgamiento de subsidios a las MiPymes y empleo con derecho, y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.
Por otro lado, piden la garantía de una matrícula cero o el pago de este concepto para los estudiantes y el no a la alternancia educativa.
También pugnan por la implementación del acuerdo de paz, más participación para las mujeres y la comunidad LGTBI, y detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.
¿Qué exige el gobierno de Duque?
El gobierno colombiano insistió en que cesen las acciones y los bloqueos en las vías, a lo que achaca el desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en varias regiones del país.
El comisionado para la Paz de Colombia anunció en la madrugada del martes que el Gobierno colombiano "está en la plena disposición de aceptar una mesa de negociación con el comité" para "avanzar en el tema de la agenda".
"Habrá cero tolerancia a cualquier violación dela constitución y de la ley por exceder las funciones de los funcionario públicos, entre ellos, la fuerza pública, pero aclaró que la fuerza pública "hace el mayor esfuerzo para protegernos" y, por eso, "merecen respeto y su vida también debe ser protegida".
El lunes, indicó el gobierno que ha propuesto a los líderes del paro una nueva reunión, esta vez con la mediación de la Iglesia Católica colombiana y del representante especial del secretario general de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.
"Sabemos que hay diferencia en la terminología. Algunos miembros del Comité hablan de negociación y queremos ir más allá. Queremos un acuerdo. No se negocia por negociar, se hace para lograr algo. Así lo dijo esta mañana el presidente de la República y yo lo reitero ante el país: la voluntad clara, expresa, del presidente, es crear un espacio para llegar a acuerdos", subrayó el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, tras la reunión.
¿Qué han dejado las protestas?
Aunque la mayoría de manifestaciones han sido pacíficas, las jornadas de protesta han dejado más de 40 personas muertas, según organizaciones de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo informó la semana pasada que se trataban de 24, muchas de ellas víctimas en medio de enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, así como cientos de heridos y detenidos. Incluso, grupos de civiles armados han atacado con armas de fuego a los manifestantes.
Estos hechos han sido rechazados por representantes en el país de Naciones Unidas y organizaciones defensoras de derechos humanos, que exigen al gobierno respetar el derecho a la protesta pacífica y garantizar la vida de los manifestantes.
El Gobierno asegura que todos los abusos policiales serán investigados y castigados.
Así mismo, las movilizaciones y bloqueos han generado desabastecimiento de alimentos y combustible, pérdidas de productos por parte de los campesinos. Aunque ya se han abierto corredores humanitarios, el alza de los precios es la comida es latente en las ciudades.
En ciudades como Bogotá, el transporte público se ha visto gravemente afectado, ocasionando que las personas deban caminar horas hacia sus casas. Las protestas también han generado el cierre de negocios y pérdidas económicas.
El plan de vacunación también se vio afectado, cuando las vacunas no llegaban a los puntos de inmunización o porque los ciudadanos temían asistir a su cita por el caos vivido en días pasados. Algunos puntos ya han retornado a la normalidad.
¿Qué dicen los analistas?
La politóloga Dionne Cruz, profesora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, le dijo a la Voz de América que "lamentablemente no hay un acuerdo", pero que el hecho que el Gobierno escuche al comité es "positivo".
"No hay todavía todavía una hoja de ruta clara, concreta para avanzar" y la intermediación de la iglesia y la ONU "es muy positiva", pero el proceso sigue cuando la situación de asesinatos "es muy grave".
Para la analista, la cifra cerca de los "50 asesinatos en medio de las manifestaciones" deja ver "el exceso de la fuerza, la infiltración de grupos radicales, paramilitares, en la movilizaciones y el riesgo tan grande que hay sobre una comunidad que está buscando elevar una voz de inconformidad".
La analista dijo que, desde la Asociación Colombiana de saluda Pública, instan a "las fuerzas vivas del país para que definitivamente nos unamos y llevemos una impronta de diálogo, concertación nacional, de salida pacífica, y desmilitaricemos los espacios porque nosotros necesitamos avanzar en un diálogo social que tenga garantías. La policía debe ser garante".
Para ella, hay que "buscar sensatez, diálogo y unas respuestas racionales e inteligentes a las necesidades que tienen hoy los colombianos, pero no caldear más los ánimos que están bastante alterados".
Jaime Carrión, politólogo de la Universidad Nacional de Medellín, le dijo a El Tiempo, que "es que es muy positivo que exista un encuentro ya entre el Gobierno y el Comité Nacional de Paro" y que no es "catastrófico que no hayan acuerdos porque por parte de los manifestantes, quienes vienen avanzando en la protesta social en el país, hay interés en la negociación. Lo que se busca es que el Gobierno escuche y que se siente en una mesa de negociación a abordar una agenda que es muy grande”.
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Detenidos otros tres opositores en Venezuela (VIDEO)
Tres partidarios de la opositora venezolana María Corina Machado han sido detenidos en los últimos días, luego de asistir a actos de campaña con vista a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador y jefe del comando de campaña en el mismo municipio, y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela, fueron arrestados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa, a 400 kilómetros de Caracas.
Los activistas detenidos fueron presentados en los tribunales y sin derecho a la defensa, denunciaron varias fuentes de la oposición.
Los partidos de oposición Vente Venezuela y Primero Justicia exigieron la liberación inmediata de los dirigentes, cuyos arrestos se suman a los de otros siete jefes de campañas regionales.
La organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.
Edmundo González Urrutia, un diplomático jubilado de 74 años se perfila como único rival del gobernante Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales del 28 de julio, como candidato unitario de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de 10 partidos de oposición.
La postulación de González Urrutia fue admitida por el Consejo Nacional Electoral.
Maduro acusa a exministro Tareck El Aissami de conspirar con la oposición para derrocarlo
El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami de conspirar en su contra, además de estar vinculado a la trama de corrupción por la que fue detenido a principios de abril.
Maduro señaló que las investigaciones apuntan a que El Aissami conspiraba con líderes de la oposición para derrocarlo, entre ellos los exiliados Leopoldo López y Julio Borges.
"Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando", dijo el gobernante en su programa semanal de radio y televisión.
Aunque López negó las acusaciones del oficialismo con respecto a El Aissami, admitió haber sostenido conversaciones "para explorar la salida de Maduro". En un post en X dirigido al fiscal general Tarek William Saab, el opositor exiliado en España acusó al alto funcionario de haber participado en gestiones similares.
"@TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", escribió.
Borges también negó los vínculos con El Aissami.
"@TarekWiliamSaab, ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el #28Jul", dijo en la red social X, en referencia a los esfuerzos de la oposición por derrocar a Maduro en las urnas, que se han visto afectados por la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles.
Maduro dijo en el programa que su gobierno tiene pruebas de llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, considerado por muchos un testaferro al servicio de El Aissami. "La derecha estaba articulada para destruirnos desde adentro", afirmó.
El Aissami fue detenido a principios de abril por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales. El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró en 2017 a El Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”.
El acusado comparecerá prontó ante una audiencia preliminar, dijo el fiscal general, sin mencionar la fecha.
Otras 65 personas, incluido Samark López, permanecen detenidas en relación con el caso, bajo acusaciones de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Según explicó Saab, la Fiscalía detectó a una red de funcionarios en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, un consorcio que administra a varias empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes.
El daño causado por los implicados es "incalculable en millones de dólares", dijo el fiscal general.
Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
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