Cuba
Amnistía Internacional constata el mismo patrón represivo en Cuba y un aumento de la protesta social
El Informe sobre Derechos Humanos en el Mundo de Amnistía Internacional advierte que en Cuba continuó el año pasado la represión de la disidencia, así como la crisis humanitaria y la discriminación contra mujeres, afrodescendientes y la comunidad LGBTI.
En entrevista este miércoles con Martí Noticias, Johanna Peláez, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional, dijo que “no ha habido cambios significativos en los patrones represivos para canalizar las disidencias y para las distintas expresiones de exigencia de derechos que tiene la sociedad”.
Esta transcripción ha sido editada para mayor claridad y brevedad.
Amnistía Internacional en su informe señala varios problemas con la situación de los derechos humanos en Cuba, ¿qué exactamente le preocupa a Amnistía Internacional?
Bueno, como habrán visto en el informe, señalamos de manera generalizada los casos de hostigamiento, acoso, criminalización y persecución de activistas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, artistas. Esa es una primera gran preocupación, que se mantiene durante nuestro monitoreo de este informe, casos preocupantes de situaciones relacionadas con el activismo y con las posibilidades de defender derechos humanos en Cuba de manera generalizada.
Un segundo punto: la situación de las personas que se encuentran en prisión por su participación en eventos de protestas, porque ya sabemos que además de más de 600 personas que siguen prisioneras después del 11 de julio, tenemos también personas que han entrado en prisión por protestas posteriores al 11 de julio y que siguen ocurriendo en el país y las condiciones tanto del procesamiento de esos juicios, los delitos por los que son acusados, la forma y la falta de garantías procesales de estos juicios, así como las condiciones en prisión, las negativas de derechos de beneficios penales, de acceso a familiares para visitas de manera regular es otra preocupación importante que aparece en el informe.
En especial mencionamos en el informe los casos de los 5 prisioneros de conciencia que hoy tiene Amnistía Internacional, pero que también sabemos que sus circunstancias son compartidas por otros cientos de personas que están en prisión y por las familias, los amigos y las personas que los rodean, que también sufren violaciones a sus derechos al negárselas, por ejemplo, visitas, llamadas telefónicas o estar en condiciones de incomunicación, como tenemos el caso, por ejemplo, de José Daniel Ferrer, que ha estado en condiciones de incomunicacion durante meses, el pasado año.
Otro elemento que señalamos tiene que ver con la discriminación persistente, no solamente por temas de raza, por temas de género. Hemos visto que hay un esfuerzo y una denuncia importante en materia de discriminación racial y de discriminación de género. También la discriminación política y la discriminación religiosa. Dos de nuestros prisioneros de conciencia son líderes religiosos.
Entonces también hemos estado documentando los problemas relativos a los derechos de religiosos relacionados con las prácticas religiosas en Cuba y también señalamos --no lo estoy priorizando por orden de prioridad, ni mucho menos son todos temas relevantes-- el tema de acceso a derechos sociales que también hemos visto que continúa un deterioro en condiciones relacionadas con la economía y que afectan sobre todo el acceso a la alimentación, acceso a la salud, la ocurrencia de apagones y que cortes eléctricos importantes.
Señalamos también la utilización de los cortes selectivos y generalizados de internet como forma de represión, particularmente durante eventos de protesta o en fechas señaladas como el Día de los Derechos Humanos o la conmemoración del 11 de julio, y también los cortes generalizados que vimos durante el 11 y 12 de julio en el año 2021 y que hemos visto sucesivamente en protestas en los años 2022 y 2023 que limitan, por ejemplo, la posibilidad de documentar violaciones de derechos humanos al no tener forma de grabarse y transmitirse esas imágenes.
Mencionaste discriminación en base de género ¿cual es la realidad de la situación de la mujer en Cuba?
Yo creo que es importante señalar el esfuerzo permanente que hace la sociedad civil cubana, organizaciones colectivas feministas, las feministas que están dentro de la isla y que están haciendo un esfuerzo de monitoreo sumamente relevante para las organizaciones internacionales y para mostrar esta otra cara de las condiciones de la violencia de género.
Por ejemplo, el conteo de feminicidios nos habla de un problema importante relacionado con la violencia contra la mujer, que no está siendo reflejado en los discursos públicos. La ausencia de la regulación de este delito de manera explícita en la, por ejemplo, la formulación del nuevo Código Penal cubano. La postergación indefinida que ha sufrido la exigencia de una ley contra la violencia de género que también colectivos feministas y grupos dentro y fuera de la isla han exigido. Nos habla también de una preocupación de la sociedad que no está siendo reflejada en las posturas oficiales y en los pronunciamientos públicos. Entonces creo que es muy importante mencionar el trabajo de los observatorios y de los colectivos independientes para visibilizar esta realidad.
Ahí están los números relacionados con violencia contra la mujer, con violencia de género, con discriminación, que también se ve en los análisis que se hacen sobre participación en la economía, participación en los cuidados, en las tareas de cuidado, que también hay una sobrecarga en las tareas de cuidado y es algo que vemos en todo el mundo, que vemos en Latinoamérica, y que también se ve en Cuba. Esta sobrecarga de las labores de cuidado en las mujeres y que también hemos visto, por ejemplo, en las protestas. Hay una participación importante de mujeres en eventos de protestas que tiene que ver sobre todo con la sobrecarga que tiene en materia de garantizar alimentos, garantizar medicinas a las personas que están bajo su cuidado, que afecta de manera diferente a las mujeres o que está afectando de manera diferente a las mujeres en Cuba, una realidad que no está del todo reflejada en los discursos oficiales.
¿Algo mejoró en la situación de derechos humanos en Cuba este año?
Es muy difícil hablar de mejor o de peor porque los procesos sociales son muy complejos. Tampoco me gusta decir avances porque lo que puedo decir es que no han habido cambios significativos desde la postura oficial y desde los patrones represivos para canalizar las disidencias y para las distintas expresiones de exigencia de derechos que tiene la sociedad.
Entonces yo me quedaría así, que no hay cambios significativos en esos patrones represivos, por lo tanto, se siguen manteniendo las condiciones en que defensores de derechos humanos, activistas, artistas hacen su labor en Cuba y en ese sentido creo que si algo hay que destacar es el aumento de la protesta social.
Sí nos hemos podido dar cuenta de que hay un aumento de la protesta social, un aumento de descontento social y de las formas de expresión pública de ese descontento social de la población de manera general, no solamente de activistas o de colectivos o de defensores de derechos humanos, y lo hemos visto en las últimas protestas de los años 2022 y 2023 cómo fue la protesta de Caimanera que documentamos y que mencionamos en nuestro informe en mayo pasado.
Entonces podemos ver que se mantienen estas condiciones de patrones represivos que impiden la articulación y los canales para expresar disidencias y defender derechos humanos, pero, por otro lado, hay una sociedad que cada vez es más consciente de esos derechos y cada vez exige más estos derechos.
Entonces, si hablamos de manera general de derechos humanos, es importante hacer el reconocimiento a todas las personas que salen a las calles a protestar, a todos los activistas que en ese ambiente, que además es el ambiente de un nuevo Código Penal, de todas maneras, siguen ejerciendo y defendiendo derechos humanos en ese contexto en Cuba.
¿Amnistía no tiene acceso para hacer su trabajo de documentación, entonces, cómo obtienen ustedes su información y qué quiere lograr la organización de derechos humanos con estos informes anuales?
El informe anual es un esfuerzo global que, cada año, vemos patrones muy complicados para el tema de la documentación, no solamente en Cuba, sino en distintas partes del mundo, donde la labor de derechos humanos está siendo criminalizada.
Este informe de Cuba entra dentro de un ejercicio global que hace Amnistía Internacional y los patrones que se ven en Cuba en términos de dificultades de acceso lamentablemente los estamos viendo también en otros lugares donde se está haciendo compleja la labor de documentación.
Efectivamente, no tener acceso al terreno pone limitaciones importantes al trabajo que podemos hacer en materia de derechos humanos, pero creo que hay algunas cosas que funcionan hoy en el caso cubano y también en otros casos. Una, tiene que ver con el acceso y la amplitud de acceso a internet que ha tenido el país. Esto ha garantizado que las formas de comunicación, de hacer entrevistas, de documentar, de obtener información sean mayores. Otra, es la calidad y el profesionalismo que ha ganado la prensa independiente cubana y los esfuerzos de documentar lo que está pasando en Cuba desde la base de un periodismo serio y confiable, también es de muchísima ayuda para nosotros. Otra cosa es el trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos en Cuba y fuera de Cuba, con personas de Cuba que también han ganado muchísimo en organización, en prestigio, en credibilidad, en metodologías de trabajo que nos facilitan datos e información que a lo mejor de otra manera no podríamos tener o que hace unos años era impensable que tuviéramos.
La valentía de las personas que dan su testimonio por distintas vías y que continúan ofreciendo, y documentando violaciones de derechos humanos también es importante.
Pero yo llamaría la atención a que es una exigencia nuestra, una exigencia permanente de la organización, no sólo para Cuba, sino para para el resto de los países, es justamente la posibilidad de que los países estén abiertos al escrutinio en materia de derechos humanos, ya sea de parte de organizaciones como Amnistía Internacional, organizaciones internacionales de derechos humanos como organizaciones locales, organizaciones nacionales o procedimientos internacionales como las relatorías especiales de Naciones Unidas.
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Uruguay abre vía para legalizar a miles de inmigrantes, la mayoría cubanos
El gobierno de Uruguay permitirá que unos 20.000 migrantes, en su mayoría cubanos y dominicanos, pueda regularizar su estatus a través del "Programa de Residencias por Arraigo".
De acuerdo con Soledad Sánchez, coordinadora de la Dirección Nacional de Migración, se trata de “un nuevo tipo de residencia”, que se obtiene por arraigo laboral, trabajo por cuenta propia o arraigo familiar. El decreto contempla además una residencia temporaria renovable de arraigo para formación.
Las personas que obtengan esta nueva figura legal podrán luego tramitar la ciudadanía legal, explicó el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, en una rueda de prensa realizada este jueves
El funcionario señaló que el decreto representa una “solución transitoria”, que también resuelve la posibilidad de reunificación familiar pero advirtió que tampoco se trata de una política para atraer migrantes.
"Por ahora no es una solución definitiva. Por lo tanto, no es 'vengan, que esto funciona automáticamente'", dijo.
El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou escuchó el reclamo de la sociedad civil, específicamente las comunidades de cubanos y dominicanos que piden refugio pero luego no cuentan con elementos para probar sus casos, acotó Sánchez.
Cubanos en Uruguay reaccionan a la medida
“Es una gran oportunidad para personas como yo que llevamos meses en Uruguay sin posibilidades de legalizarnos ni hacer la ruta hacia Estados Unidos”, dijo Arianne Martínez, una cubana que emigró al país en 2023 tras cruzar la selva amazónica desde Guyana.
"La mayoría de nosotros queremos estabilizarnos y ayudar a nuestra familia”, añadió.
Uruguay se ha convertido en uno de los países con más emigración cubana en la región debido a las facilidades que brinda Montevideo para que los extranjeros trabajen allí.
Muchos cubanos pagan cerca de tres mil dólares a coyotes que los llevan hacia el sur desde Guyana, uno de los pocos países que no le pide visado a los cubanos en América Latina. La mayoría pasa por Brasil de manera clandestina y otros siguen su ruta a Chile, donde también se ha asentado una importante comunidad caribeña.
Carlos Alberto Madrigal, residente en Montevideo, consideró que se trata de “una gran oportunidad” para trabajar y estudiar en Uruguay.
“Busca que las personas se regularicen y trabajen en blanco, es decir, legalmente. Ayudará a muchísimos inmigrantes”, aseguró.
Grupos de cubanos en Uruguay habían realizado manifestaciones pidiendo la regularización de sus casos. En 2022 las autoridades negaron más del 86 % de las solicitudes de asilo provenientes de migrantes de la isla.
Uruguay cerró 2023 con 24.193 solicitudes de refugio pendientes de resolución. Datos de la Comisión de Refugiados indican que hasta ahora el promedio de espera para la entrevista de los solicitantes era de dos años.
Nuevo mecanismo busca acelerar trámites migratorios para solteros en cinco ciudades de EEUU
Estados Unidos anunció el jueves un mecanismo para acelerar deportaciones de inmigrantes solteros o tramitar con mayor celeridad sus casos de asilo siempre que sean pertinentes, a través del Registro de Arribos Recientes (Recent Arrivals Docket (RA).
La medida presentada por el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, y el Fiscal General, Merrick B. Garland, está diseñada para adultos solteros que intentan cruzar irregularmente entre los puertos de entrada de la frontera sur entre México y los Estados Unidos.
El RA Docket operará en cinco ciudades: Atlanta, Boston, Chicago, Los Ángeles y Nueva York, donde los jueces de inmigración intentarán emitir decisiones en un marco de 180 días, aunque el tiempo para solucionar los casos seguirá sujeto a circunstancias específicas y protecciones procesales, incluido dar tiempo a los inmigrantes a buscar representación legal cuando sea necesario.
Según han explicado en un comunicado conjunto, lo que se busca es "imponer consecuencias más rápidamente, incluida la expulsión, a quienes no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos y otorgar más rápidamente alivio o protección migratoria a los no ciudadanos con reclamos válidos".
El Departamento de Justicia también presentó al Registro Federal una norma final para promover la gestión eficiente de casos y expedientes en los procedimientos de inmigración.
"Hoy, estamos instituyendo con el Departamento de Justicia un proceso para acelerar los procedimientos de asilo para que las personas que no califican para recibir ayuda puedan ser expulsadas más rápidamente y aquellos que sí califican puedan obtener protección antes", dijo el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas.
“Esta medida administrativa no sustituye los cambios radicales y muy necesarios que el proyecto de ley bipartidista del Senado produciría, pero en ausencia de una acción del Congreso haremos todo lo que podamos para hacer cumplir la ley de la manera más efectiva y desalentar la migración irregular”, agregó el cubanoamericano.
Por su parte, el Fiscal General aseguró que "los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia están comprometidos con la aplicación justa y eficiente de las leyes de inmigración y que estas medidas promoverán esa misión al ayudar a garantizar que los casos de inmigración se resuelvan con prontitud y justicia".
La declaración reconoce que el sistema migratorio estadounidense está abrumado de casos y que muchos de los extranjeros que llegan a la frontera "a menudo esperan años antes de recibir una decisión final en un procedimiento judicial de inmigración".
Además admiten que los recursos de los que disponen son insuficientes, incluidos jueces y abogados de inmigración, algo que ha impedido la resolución rápida de las reclamaciones y han extendido la duración del proceso judicial de inmigración.
El Departamento de Justicia presentó al Registro Federal la normativa Gestión eficiente de casos y expedientes en procedimientos de inmigración, que permite a los jueces de inmigración priorizar los casos que están listos para resolverse con prontitud, promover la adjudicación eficiente, expedita y justa de casos de inmigración, asignar recursos limitados de manera más eficiente y garantizar protecciones procesales para las partes en los tribunales de inmigración.
El Departamanto de Justicia y el de Seguridad Nacional están solicitando que se designen más jueces de inmigración, oficiales de asilo, personal de apoyo, y autoridades necesarias para adjudicar más rápidamente los casos.
Casi 18 mil cubanos llegaron a la frontera de EEUU en abril
En abril, un total de 17.870 inmigrantes cubanos fueron registrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés).
Se trata del mes con el menor número de llegadas en lo que va de año fiscal 2024, en el que se certificó el arribo de 144.378 cubanos.
En abril de 2024, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registró 128.900 encuentros entre puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste, la cifra representa un 6% menos que los registros de marzo de 2024 y un 30% menos que los de abril de 2023.
“Como resultado de una mayor vigilancia, los encuentros en la frontera suroeste no han ido en aumento, revirtiendo tendencias previas. Seguiremos monitoreando los patrones migratorios, los cuales cambian de manera constante”, dijo Troy Miller, comisionado en funciones de la CBP.
En abril, las autoridades estadounidenses permitieron el ingreso de 41.400 personas en los cruces fronterizos con México por medio de la aplicación de citas en línea CBP One, con lo cual la cifra total de ingresos ascendió a más de 591.000 desde que se introdujo este sistema en enero de 2023.
En el caso del parole humanitario, se han beneficiado 91.000 cubanos.
Este mes la Administración Biden anunció nuevas restricciones a la política de asilo, otorgando más poder a los agentes federales de inmigración para conceder o no las peticiones y acelerar las deportaciones.
"Esta regla permitiría expulsar más rápidamente a aquellos que están sujetos a las prohibiciones y representan un riesgo para nuestra seguridad nacional o pública", dijeron las autoridades estadounidenses.
La ley federal "prohíbe el asilo y la suspensión de la expulsión a personas que representan un riesgo para la seguridad nacional o pública, específicamente aquellos que han sido condenados por un delito particularmente grave, participaron en la persecución de otros, son inadmisibles por motivos de seguridad nacional o relacionados con el terrorismo, o para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de los Estados Unidos".
Anteriormente, la determinación de elegibilidad para el asilo se daba en una etapa posterior del proceso: en la etapa de adjudicación de méritos de las solicitudes de asilo y de retención de expulsión, pero en lo adelante, los funcionarios de asilo esto ocurrirá pocos días después de que se encuentra a una persona.
"La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí", dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
Mientras no tenga nada para mis hijos voy a dar guerra: Testimonio de una de las madres que protestó en Marianao
Siete madres cubanas se plantaron este miércoles frente a la sede del Gobierno de Marianao, en La Habana, para reclamar soluciones a sus problemas de vivienda y alimentación.
Nidia Noriega, una de las que protestó, dijo a Martí Noticias que lleva 15 años albergada y aún espera la reparación del local que le fue asignado meses atrás.
“Yo no puedo estar sentada en un lugar pensando qué le voy a dar de comer a mis hijos. Mientras no tenga nada voy a dar tremenda guerra”, comentó la mujer, madre de cinco menores de edad. Entre las manifestantes también estaban Gintajaly Bruzon, Lizbeth Ferrer y Estanys Rodríguez, quienes enfrentan problemas similares a los suyos.
Tras casi 12 horas de espera en el portal del edificio, las mujeres fueron atendidas por un grupo de funcionarios, entre ellos la intendenta Yudeisi, el director de trabajo y representantes policiales, a quienes Noriega identifica como miembros de la Contrainteligencia Militar.
Las mujeres que acudieron a la sede del Gobierno fueron las mismas que en abril pasado se plantaron frente a la casa del gobernante Miguel Díaz-Canel con demandas similares.
"Tienen que seguir esperando porque no hay materiales ni presupuesto", respondieron en ese momento las autoridades a sus reclamos.
Poco después, fueron citadas y amenazadas con ser procesadas ante la justicia si continuaban manifestándose.
"Nos amenazaron porque quieren que cojamos miedo pero no estamos haciendo nada malo, estamos reclamando nuestros derechos", explicó Noriega a nuestra redacción.
"Nos dijeron que podían pedirnos de uno a tres años si seguíamos protestando... Nos dicen que no vayamos a más ninguna parte pero a dónde vamos a ir las madres con niños que tenemos todo este dolor por dentro... A dónde tenemos que dirigirnos nosotras, a dónde", agregó.
Martí Noticias conversó a inicios de marzo con varias de las madres que han sido amenazadas por las autoridades en los últimos meses. La mayoría teme por lo que puedan hacerle a sus hijos.
Yadiuska Domínguez, una joven de tres menores que protestó en octubre en la comunidad La Favela, en el municipio guantanamero de Maisí, se refirió a ello. “Sé que las represalias que toman aquí, el gobierno cubano, contra las mujeres que se manifiestan son medidas fuertes; lo primero que hacen es amenazarnos con quitarnos a los niños, con meternos presas y todas esas cosas y me he sentido atemorizada", explicó.
"Las mujeres con hijos nos volvemos leonas por la situación que tenemos con nuestros hijos”, comentó por su parte Yaquelín de la Caridad Rodríguez una de las que protestó frente al Ministerio de Salud Pública de Cuba en La Habana en noviembre de 2023.
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