América Latina
¿Qué medidas han sido implementadas contra el Gobierno de Nicaragua a una semana de la ley Renacer?
Tras la aprobación de la ley Renacer por el Congreso de Estados Unidos y la posterior firma del presidente Biden, el Gobierno norteamericano ha empezado a mover ficha para seguir presionando al oficialismo nicaragüense.
MIAMI, EE. UU. — Hace una semana que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como Ley Renacer, que tiene que como objetivo presionar al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La medida, que ha recibido el apoyo bipartidista del Congreso de Estados Unidos, ya está teniendo sus efectos.
Sanciones a la Fiscalía y a otros funcionarios
El lunes, pocos días después de entrar en efecto la ley Renacer, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaba la primera gran decisión: iban a castigar al Ministerio Público y a otros nueve cargos del Gobierno de Nicaragua y varios alcaldes.
Desde EE. UU. se les señala cómo actores clave en los actos de represión que tuvieron lugar durante las marchas pacíficas de 2018, cuando miles de personas salieron a la calle a protestar por las reformas sociales en el país.
La lista completa de afectados es:
- Luis Ángel Montenegro Espinoza: trabaja directamente como funcionario del Gobierno de Nicaragua desde 2007. Había ordenado a los bancos auditar y entregar información de 13 altos ejecutivos y empresarios del país de conformidad con la Ley 1055.
- José Adrián Chavarría Montenegro: es el viceministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua.
- Rodolfo Francisco López Gutiérrez: es el gerente de las empresas de distribución eléctrica, propiedad del estado, DISNORTE y DISSUR.
- José Antonio Castañeda Méndez: es el presidente del Instituto de Energía de Nicaragua.
- Mohamed Farrara Lashtar: es el embajador de Nicaragua en Argelia, Egipto, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí y en los Emiratos Árabes Unidos.
- Salvador Mansell Castrillo: es el ministro de Energía y Minería de Nicaragua.
- Sadrach Zeledon Rocha: es el alcalde de la ciudad de Matagalpa (Nicaragua). Se considera que él “contribuyó a la violencia contra los nicaragüenses que participaron en las protestas que comenzaron en abril de 2018”.
- Leonidas Centeno Rivera: es el alcalde Jinotega (Nicaragua). Está relacionado con episodios de represión en las protestas de 2018 y “el uso de armamento pesado por parte de paramilitares que mataron a 4 personas”.
- Francisco Ramón Valenzuela Blandón: es el alcalde de Esteli (Nicaragua) y se considera que él fue quién decidió poner a francotiradores para atacar a los manifestantes que salieron a protestar por las calles de esa ciudad en 2018.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de EE. UU., indicó que, como resultado de estas sanciones, “todas las propiedades e intereses de estas personas en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas”.
“Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de una o más de esas personas”, agregaron desde la agencia federal.
Ortega y Murillo, vetados en EE. UU.
Un día después, el martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmaba una proclama en la que se prohibía expresamente la entrada al país norteamericano al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
"Dada la supresión de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua, he determinado que es de interés para Estados Unidos restringir y suspender el ingreso a Estados Unidos, como inmigrantes o no inmigrantes, a miembros del Gobierno de Nicaragua, encabezados por el presidente Daniel Ortega, incluyendo a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y otros descritos en esta proclama", indicaba el mandatario estadounidense en su escrito oficial.
De nuevo, Biden justifica que “los actos represivos y abusivos del gobierno de Ortega y quienes lo apoyan obligan a Estados Unidos a actuar”, en una clara alusión a las acciones represivas que se han agravado en estos últimos tiempos, a medida que se acercaba la cita electoral del 7 de noviembre, contra miembros de la sociedad civil, periodistas y precandidatos presidenciales.
¿Qué funcionarios nicaragüenses no pueden entrar a Estados Unidos?
La suspensión de entrada a EE. UU. también va dirigida a todos los funcionarios electos y su personal, funcionarios del servicio de Seguridad, entre los que se incluyen la Policía, el Ejército y otras fuerzas especiales, así como los grupos paramilitares.
Son enlistados en la prohibición de entrada integrantes del poder Judicial, las penitenciarías y el Ministerio del Interior.
También los integrantes de “agencias reguladoras, empresas paraestatales, administradores y profesores de educación superior, y funcionarios electos que emprendan acciones, incluidos abusos de derechos humanos, para negar servicios a quienes realizan esfuerzos pacíficos para exigir el retorno a la democracia en Nicaragua”.
Prórroga a la Emergencia Nacional para Nicaragua
Además de estas medidas restrictivas y punitivas, la Casa Blanca también ha confirmado la prórroga de la Orden Ejecutiva 13851 de Emergencia Nacional contra el Gobierno de Nicaragua.
La disposición fue suscrita en 2018 tras las acciones violentas y represivas de las autoridades nicaragüenses contra los manifestantes que salieron a marchar por el país para expresar su rechazo a la reforma social, que se saldaron con más de 300 personas fallecidas.
¿Por qué se extiende la Emergencia?
A juicio de Biden, la situación en el país centroamericano “continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.
Ya en noviembre del año pasado, el expresidente Donald Trump, que estaba al frente del Gobierno de EE. UU., extendió esta medida.
Demócratas y republican apoyan las medidas
La situación se ha tensionado aún más tras la cita electoral del 7 de noviembre, que fue tildada de “farsa electoral” por la mayoría de países y otros organismos de la comunidad internacional. Este escenario está llevando, como hemos visto, al país norteamericano anunció un paquete de sanciones a la fiscalía y a otros altos funcionarios nicaragüenses.
“Esa elección fue un fraude completo. Casi todos los candidatos serios fueron encarcelados, no es legítimo. Dijeron que el 60 por ciento de la población había votado y creemos que solo lo hicieron el 20 por ciento. Todos los candidatos que se quedaron (sin cárcel) son amigos de Daniel Ortega, así que estoy contento”, dijo el congresista republicano por Florida, Carlos Giménez, en declaraciones a la Voz de América.
Desde las bancadas demócratas el mensaje es muy similar. “Estamos presenciando el peor asalto autoritario de una democracia en América Latina en décadas, y me enorgullece haber liderado este esfuerzo en el Congreso para actuar decisivamente para que el régimen Ortega-Murillo sepa que habrá consecuencias por la pseudo-coronación de su dictadura dinástica”, comentó por su parte el senador demócrata Bob Menéndez.
¿Impactará a la economía?
El vicepresidente del Consejo de las Américas, Eric Farnsworth, dijo a la VOA que el paquete de sanciones y otras medidas que puedan venir con la ley Renacer debe servir para “moderar el comportamiento” de Managua, así como también “reducir sus impulsos en materia de violaciones de derechos humanos”.
Pese a todo, Farnsworth subraya que esas acciones no están repercutiendo directamente en las arcas públicas de Nicaragua.
“Hasta este punto Estados Unidos realmente no ha dado ningún paso económico contra le economía de Nicaragua para mostrar descontento hacia el régimen, pero hay varias cosas que se podrían considerar”, dijo poniendo como ejemplo las restricciones al comercio del azúcar de ese país a Estados Unidos.
Precisamente, la ley Renacer contempla que desde Estados Unidos se puedan sentar las bases para que, a través de la diplomacia, se puedan promover las elecciones democráticas en Nicaragua y, también, se revise la participación del país centroamericano en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica.
“El tema principal aquí es la participación nicaragüense en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica que incluye a República Dominicana y que permite a Nicaragua el acceso garantizado libre de aranceles a Estados Unidos y viceversa”, agregó.
“Todas las medidas son positivas”
Muñeca Fuentes, una activista nicaragüense que en los últimos meses ha intensificado su participación desde el exterior para denunciar “los actos violentos y la represión del Gobierno de Nicaragua”, considera que “todo lo que tenga que ver con quitarles la paz a los régimenes de Latinoamérica es positivo”.
Sin embargo, apunta que “el cambio definitivo vendrá por los nicaragüenses” y no por la presión diplomática, tal y como pretende la ley Renacer. “Nicaragua va a ser libre por los nicaragüenses, porque la libertad tiene que venir desde adentro del pueblo”, dijo.
Con todo, dijo estar convencida de que “estas elecciones, a pesar de haberse convertido en un circo electoral, han servido para que la oposición se una” en pro de una “Nicaragua libre y democrática”.
Llamado a una oposición unida
“La verdadera oposición se tiene que unir y creo que estas elecciones falsas son un llamado al pueblo de Nicaragua para que nos unamos los verdaderos opositores”, comentaba la mujer.
María Esperanza Vallejo, otra activista residente en Miami que desde hace tres años y medio protesta semanalmente ante el consulado de Nicaragua por “las atrocidades que está cometiendo el Gobierno de Ortega y Murillo”, también opina que, a pesar de las presiones diplomáticas, “el cambio tiene que venir desde dentro del país”.
Pese a esa postura, celebró que se haya dado luz verde a la ley Renacer por parte de Estados Unidos y que ya se estén viendo sus consecuencias.
El exilio nicaragüense defiende las sanciones
“Cada nicaragüense desde dentro del país está haciendo su parte. Nosotros aquí en el exilio estamos haciendo nuestra parte y pidiendo que apliquen todas las leyes, todas las sanciones posibles al dictador Daniel Ortega y a su cómplice intelectual Rosario Murillo”, comentó la mujer, que reside en el sur de la Florida desde hace más de dos décadas.
Esperanza Juanch, otra exiliada nicaragüense en Miami, Florida, valoró el papel del mundo en poner presión a Managua.
“Tiene que ser también la comunidad mundial la que diga basta. Las sanciones son muy importantes porque Daniel Ortega fue muy vivo e hizo creer a la comunidad internacional que él era democrático y, por eso, todavía hoy recibe millones de dólares de bancos y de instituciones que no usa para el pueblo sino para metérselo en el bolsillo o para asesinar”, afirmó.
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Detenidos otros tres opositores en Venezuela (VIDEO)
Tres partidarios de la opositora venezolana María Corina Machado han sido detenidos en los últimos días, luego de asistir a actos de campaña con vista a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador y jefe del comando de campaña en el mismo municipio, y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela, fueron arrestados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa, a 400 kilómetros de Caracas.
Los activistas detenidos fueron presentados en los tribunales y sin derecho a la defensa, denunciaron varias fuentes de la oposición.
Los partidos de oposición Vente Venezuela y Primero Justicia exigieron la liberación inmediata de los dirigentes, cuyos arrestos se suman a los de otros siete jefes de campañas regionales.
La organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.
Edmundo González Urrutia, un diplomático jubilado de 74 años se perfila como único rival del gobernante Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales del 28 de julio, como candidato unitario de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de 10 partidos de oposición.
La postulación de González Urrutia fue admitida por el Consejo Nacional Electoral.
Maduro acusa a exministro Tareck El Aissami de conspirar con la oposición para derrocarlo
El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami de conspirar en su contra, además de estar vinculado a la trama de corrupción por la que fue detenido a principios de abril.
Maduro señaló que las investigaciones apuntan a que El Aissami conspiraba con líderes de la oposición para derrocarlo, entre ellos los exiliados Leopoldo López y Julio Borges.
"Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando", dijo el gobernante en su programa semanal de radio y televisión.
Aunque López negó las acusaciones del oficialismo con respecto a El Aissami, admitió haber sostenido conversaciones "para explorar la salida de Maduro". En un post en X dirigido al fiscal general Tarek William Saab, el opositor exiliado en España acusó al alto funcionario de haber participado en gestiones similares.
"@TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", escribió.
Borges también negó los vínculos con El Aissami.
"@TarekWiliamSaab, ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el #28Jul", dijo en la red social X, en referencia a los esfuerzos de la oposición por derrocar a Maduro en las urnas, que se han visto afectados por la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles.
Maduro dijo en el programa que su gobierno tiene pruebas de llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, considerado por muchos un testaferro al servicio de El Aissami. "La derecha estaba articulada para destruirnos desde adentro", afirmó.
El Aissami fue detenido a principios de abril por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales. El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró en 2017 a El Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”.
El acusado comparecerá prontó ante una audiencia preliminar, dijo el fiscal general, sin mencionar la fecha.
Otras 65 personas, incluido Samark López, permanecen detenidas en relación con el caso, bajo acusaciones de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Según explicó Saab, la Fiscalía detectó a una red de funcionarios en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, un consorcio que administra a varias empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes.
El daño causado por los implicados es "incalculable en millones de dólares", dijo el fiscal general.
Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
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