América Latina
¿Por qué las elecciones de 2021 en Nicaragua están consideradas las peores en tres décadas?
Analistas consultados por la Voz de América formulan al menos cinco puntos que evidencian las graves anomalías en este proceso electoral.
MANAGUA — Ni siquiera en las elecciones de 1990, cuando Nicaragua estaba sumergida en una guerra en que algunos historiadores estiman que murieron más de 50.000 personas, se vieron unos procesos electorales tan anómalos como ahora, dijo a la Voz de América el exdiputado Eliseo Núñez.
De hecho, así se refleja en el libro “La difícil transición nicaragüense”, escrito por el fallecido ministro de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, Antonio Lacayo. En dichos comicios se permitió la observación electoral y la candidata tuvo reuniones con importantes delegaciones de Estados Unidos y Europa.
Chamorro fue recibida antes de los comicios por el entonces presidente estadounidense George Bush en la oficina oval y también estuvo en varias capitales europeas, a las cuales les pidió la asistencia de observadores.
Las campañas electorales fueron maratónicas, relata Lacayo en su libro, al punto de que hubo momentos en que se improvisaron algunos cordones de seguridad para proteger a la candidata presidencial.
Un poco más de 30 años después, miles de nicaragüenses esperaban con ansias las elecciones de este año, tras la crisis de 2018 que marcó un antes y un después por la muerte de 300 opositores y el exilio de unas 100.000 personas que salieron a las calles exigiendo la dimisión del mandatario sandinista, Daniel Ortega, que volvió al poder en 2007.
Por ello, el proceso electoral tuvo inicialmente la misma relevancia con la que se dio en 1990, pero las condiciones fueron cambiando poco a poco y Ortega, lejos de preparar un panorama adecuado, anuló de facto el proceso al encarcelar a opositores, anular personerías, entre otras cosas.
Estos son cinco puntos por los cuales los opositores consideran esta elección como la peor de los últimos 30 años en Nicaragua.
1. Ausencia de observadores internacionales
A inicios de mayo de este año, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista aprobó unas reformas en donde anularon la observación electoral, desoyendo las propias recomendaciones de la OEA al Gobierno de Ortega.
En la reforma se cambió la observación electoral, por el "acompañamiento electoral", el cual meses después fue explicado por la magistrada del Tribunal Electoral, Mayra Salinas, señalada de ser afín al oficialismo.
La diferencia, según ella, radica en que los observadores “quieren estar por encima de tu proceso nacional, de tu legislación y quieren incluso intervenir en los aspectos que no deben intervenir porque tu legislación no lo permite”.
“El acompañante internacional es como el amigo que llega a tu casa, que vos lo invitás para que llegue a tu casa y que pueda acompañar en un proceso de compartir, de ver, de disfrutarlo, de conocerlo y que pueda hacer recomendación efectivamente, pero el observador se te pone como que está por encima de tu proceso nacional”, indicó.
2. Precandidatos presidenciales están en prisión
Posteriormente, el mandatario inició una jornada de arrestos contra los precandidatos a la presidencia que gozaban de apoyo popular, según encuestas independientes y de prestigio como la de Cid Gallup.
Inició con la de mayor popularidad: Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios.
La fiscalía acusó a Chamorro de lavado de dinero por medio de una organización que lleva el nombre de su madre y que tenía como fin promover la libertad de prensa.
“Esto es muy sencillo y voy a usar una palabra nicaragüense: el hombre (Ortega) está cagado. Se cagó de miedo, de pánico, porque Cristiana ha subido como la espuma”, dijo en entrevista pasada a la VOA, Claudia Lucía Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios.
Luego siguió el exembajador y catedrático Arturo Cruz, tras retornar este de un viaje a Estados Unidos. Su detención fue el 5 de junio en el Aeropuerto de Managua y las autoridades emitieron un comunicado indicando que era acusado de traición a la patria.
Tres días después, Ortega ordenó el arresto de dos precandidatos presidenciales más: Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga.
El 20 de junio en horas de la noche también fue arrestado Miguel Mora, igualmente precandidato a la presidencia y expreso político en 2018.
Quince días después fue detenido el líder campesino y aspirante a la presidencia Medardo Mairena, también con altos niveles de simpatía.
Y finalmente Ortega abrió una causa por medio del sistema judicial a Noel Vidaurre, uno de los últimos candidatos inscritos oficialmente en un partido político de oposición.
En total son siete los precandidatos detenidos.
“Claramente es, si no una de las peores, la peor elección que ha vivido Nicaragua en los últimos 30 o 40 años. Ortega eliminó a su competencia llevándolos a la cárcel. Eso no pasó ni siquiera en 1984 a mitad de la guerra”, enfatiza a la VOA el exdiputado Eliseo Núñez”.
3. No se permitió campaña electoral por la pandemia
También el Consejo Supremo Electoral, señalado de ser afín a Ortega, emitió unas medidas restrictivas alegando la pandemia del COVID-19 para los partidos que participan en la contienda, y los cuales son señalados de “legitimar” al mandatario sandinista.
El CSE redujo el periodo de campaña y ordenó que no se hagan convocatorias de no más de 200 personas. Además de eso, los partidos tendrán como máximo hora y media de campaña.
“Con estas restricciones es primera vez que se da algo así”, valora el analista político Edgar Parrales, quien recordó que en las primeras elecciones en Nicaragua después del triunfo de la Revolución Sandinista “hubo campañas”, y que incluso en medio de la guerra en 1990 también se lanzaron convocatorias donde se permitió a la oposición hacer campañas.
4. Daniel Ortega y Rosario Murillo se postulan como candidatos en medio de señalamientos de crímenes de lesa humanidad por las protestas de 2018
Desde el retorno al poder en 2007 de Daniel Ortega, el mandatario sandinista fue creciendo levemente en el apoyo popular. Algunos expertos sostuvieron en su momento que se debió al espaldarazo que dio el fallecido líder venezolano Hugo Chávez a Managua, lo cual fue utilizado por Ortega para crear programas “clientelistas” y considerados “populistas”.
Sin embargo, la caída de la poca popularidad que había alcanzado Ortega se dio tras la crisis de 2018 donde murieron varios estudiantes y los expertos independientes acusaron al mandatario y a su esposa de dichos “crímenes”, algunos considerados de “lesa humanidad”.
El analista político Eliseo Núñez cree que Ortega cierra la vía electoral porque está más consciente, “incluso que muchos opositores, de la enorme debilidad que tiene en apoyo popular”.
“Ortega es un líder de minoría, con una capacidad de organización alta que termina controlando al resto de la sociedad a costa de mecanismos de autoritarismo, fuerza y demás. Esa es la razón por la cual no se arriesga por la vía electoral. De hecho, en 2007 gana porque la oposición se divide, no por votos”, dice.
5. Ortega canceló la mayoría los partidos de oposición
Y finalmente la estocada al proceso electoral se dio el 6 de agosto, tres meses antes de los comicios. De forma sorpresiva el Tribunal Electoral canceló la personalidad jurídica al Partido Ciudadanos por la Libertad, considerado el último bloque oposición que quedaba en pie en Nicaragua.
Meses atrás también habían sido anulados dos partidos de oposición. El Partido de Restauración Democrática (PRD) y el Partido Conservador, cuyos dirigentes denunciaron que Nicaragua iba en camino a una de las peores elecciones de la historia, tal y como había señalado el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
“La decisión del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo el 6 de agosto de prohibir al último partido genuino de oposición participar en las elecciones de noviembre subraya su deseo de permanecer en el poder a toda costa”, criticó el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado, en el que además calificó la maniobra como “autocrática”
Por otro lado, Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, apuntó que Daniel Ortega y Rosario Murillo han aplastado las posibilidades de un proceso electoral “creíble y legítimo” tras la cancelación del último bloque de oposición.
“Su decisión, llevada a cabo por el Consejo Supremo Electoral, el 6 de agosto, de despojar de su personalidad jurídica al último partido político de la oposición antes de las elecciones generales de noviembre, aplasta las perspectivas de un proceso electoral creíble y legítimo. La oposición ha sido eliminada”, indicó Borrell.
Vea todas las noticias de hoy
Aumentan a 56 los muertos por las lluvias en el sur de Brasil; unos 70 siguen desaparecidos
El número de muertos por las lluvias en Rio Grande do Sul, el estado más meridional de Brasil, ascendió a 56, según informaron las autoridades locales el sábado por la mañana, mientras que decenas de personas siguen desaparecidas.
La autoridad de defensa civil de Rio Grande do Sul dijo que 67 personas seguían desaparecidas y que casi 25.000 habían sido desplazadas, ya que las tormentas afectaron a más de la mitad de las 497 ciudades del estado, fronterizo con Uruguay y Argentina.
Las inundaciones destruyeron carreteras y puentes en varias regiones del estado. La tormenta también provocó corrimientos de tierras y el derrumbamiento parcial de una presa en una pequeña central hidroeléctrica.
Un segundo embalse en la ciudad de Bento Gonçalves también corre el riesgo de derrumbarse, según las autoridades.
En Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul, el río Guaiba se desbordó e inundó las calles. El aeropuerto internacional de la ciudad suspendió todos los vuelos por tiempo indefinido.
El gobernador estatal, Eduardo Leite, dijo a la prensa el viernes por la noche que el número de muertos aún podría aumentar.
Según el Instituto Nacional de Meteorología de Brasil, el sábado podría haber más lluvias en las regiones septentrionales del estado, y las autoridades instaron a los habitantes de las zonas de riesgo a buscar refugio en otros lugares.
Detenidos otros tres opositores en Venezuela (VIDEO)
Tres partidarios de la opositora venezolana María Corina Machado han sido detenidos en los últimos días, luego de asistir a actos de campaña con vista a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador y jefe del comando de campaña en el mismo municipio, y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela, fueron arrestados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa, a 400 kilómetros de Caracas.
Los activistas detenidos fueron presentados en los tribunales y sin derecho a la defensa, denunciaron varias fuentes de la oposición.
Los partidos de oposición Vente Venezuela y Primero Justicia exigieron la liberación inmediata de los dirigentes, cuyos arrestos se suman a los de otros siete jefes de campañas regionales.
La organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.
Edmundo González Urrutia, un diplomático jubilado de 74 años se perfila como único rival del gobernante Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales del 28 de julio, como candidato unitario de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de 10 partidos de oposición.
La postulación de González Urrutia fue admitida por el Consejo Nacional Electoral.
Maduro acusa a exministro Tareck El Aissami de conspirar con la oposición para derrocarlo
El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami de conspirar en su contra, además de estar vinculado a la trama de corrupción por la que fue detenido a principios de abril.
Maduro señaló que las investigaciones apuntan a que El Aissami conspiraba con líderes de la oposición para derrocarlo, entre ellos los exiliados Leopoldo López y Julio Borges.
"Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando", dijo el gobernante en su programa semanal de radio y televisión.
Aunque López negó las acusaciones del oficialismo con respecto a El Aissami, admitió haber sostenido conversaciones "para explorar la salida de Maduro". En un post en X dirigido al fiscal general Tarek William Saab, el opositor exiliado en España acusó al alto funcionario de haber participado en gestiones similares.
"@TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", escribió.
Borges también negó los vínculos con El Aissami.
"@TarekWiliamSaab, ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el #28Jul", dijo en la red social X, en referencia a los esfuerzos de la oposición por derrocar a Maduro en las urnas, que se han visto afectados por la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles.
Maduro dijo en el programa que su gobierno tiene pruebas de llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, considerado por muchos un testaferro al servicio de El Aissami. "La derecha estaba articulada para destruirnos desde adentro", afirmó.
El Aissami fue detenido a principios de abril por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales. El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró en 2017 a El Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”.
El acusado comparecerá prontó ante una audiencia preliminar, dijo el fiscal general, sin mencionar la fecha.
Otras 65 personas, incluido Samark López, permanecen detenidas en relación con el caso, bajo acusaciones de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Según explicó Saab, la Fiscalía detectó a una red de funcionarios en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, un consorcio que administra a varias empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes.
El daño causado por los implicados es "incalculable en millones de dólares", dijo el fiscal general.
Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
Foro