Un informe que se presenta este miércoles 23 de septiembre en Nueva York identifica 12 patrones de represión estatal que, según sus autores, afectan a jóvenes cubanos que intentan ejercer sus derechos a la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión.
El estudio, titulado “Juventud, poder y redes sociales en Cuba”, fue elaborado por Ciudadanía y Libertad a partir de consultas realizadas durante 2026 con jóvenes activistas, estudiantes, periodistas, creadores de contenido, manifestantes y familiares de presos políticos dentro y fuera de Cuba.
La investigación se presenta en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Bildner Center for Western Hemisphere Studies del Graduate Center de CUNY, en Nueva York.
El panel para discutir el reporte está integrado por Gina Romero, relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación; Luis Manuel Otero Alcántara, artista cubano y fundador del Movimiento San Isidro; y Carolina Barrero, presidenta de Ciudadanía y Libertad.
Uno de los patrones señalados por el informe es la vigilancia y el control de las comunicaciones digitales.
Según los testimonios recogidos, los jóvenes han enfrentado interrupciones del servicio de internet, cancelación de líneas telefónicas, dificultades para comunicarse durante momentos de movilización y, según los participantes, acceso no autorizado a cuentas de mensajería.
Las redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios de información, organización y expresión de los jóvenes cubanos, pero también en un escenario de vigilancia y persecución.
Barrero explicó a Martí Noticias que la investigación parte de una pregunta central: qué ocurre con una generación que quiere participar en la vida pública de su país, pero encuentra prácticamente clausurados los espacios autónomos para hacerlo.
“A partir de consultas realizadas con la relatora especial de Naciones Unidas, Gina Romero, y de testimonios de jóvenes dentro y fuera de Cuba, documentamos cómo el Estado ha trasladado al espacio digital los mismos mecanismos de control que históricamente ha ejercido sobre el espacio cívico”, afirmó Barrero.
La activista señaló que las redes sociales se han convertido en uno de los pocos espacios donde los jóvenes cubanos pueden encontrarse, organizarse y expresarse de manera independiente.
Pero, según Barrero, esos mismos espacios también se han convertido en escenarios de vigilancia y criminalización.
“Las redes sociales se han convertido en uno de los pocos lugares donde los jóvenes pueden encontrarse, organizarse y expresarse de manera independiente, pero también se han convertido en un espacio de vigilancia, criminalización y persecución”, afirmó.
Otro de los mecanismos descritos es las citaciones policiales presentadas como “entrevistas”.
De acuerdo con los testimonios incluidos en el informe, durante estos encuentros las autoridades preguntan a los jóvenes por sus actividades, sus contactos, compañeros de estudio e incluso por miembros de sus familias.
Algunos participantes también denunciaron presiones para colaborar como informantes de la policía y la Seguridad del Estado.
La presión, según el estudio, puede extenderse al entorno familiar, académico y laboral. Los testimonios mencionan citaciones de familiares, amenazas de consecuencias laborales o académicas y dificultades para jóvenes que participan en actividades independientes o realizan publicaciones críticas en redes sociales.
El informe identifica además la criminalización de las expresiones en internet.
Facebook, Instagram y Telegram son descritos como herramientas fundamentales para una generación que utiliza las plataformas digitales para compartir información, denunciar problemas y mantener vínculos con personas dentro y fuera de la isla.
El documento recoge casos de jóvenes que, después de pasar por prisión o enfrentar vigilancia y procesos judiciales, terminan abandonando Cuba.
Según sus autores, para algunos jóvenes el exilio aparece como una alternativa frente a la posibilidad de permanecer bajo vigilancia o enfrentar nuevos procesos.
Carolina Barrero vinculó este fenómeno directamente con la situación demográfica de la isla.
“El informe muestra cómo, en muchos casos, esta persecución culmina en el desplazamiento y el exilio, contribuyendo al extraordinario vaciamiento demográfico que atraviesa Cuba”, afirmó.
“Estamos perdiendo precisamente a la generación llamada a imaginar y construir el futuro del país”.
El estudio también documenta nuevas formas de organización juvenil.
Según la investigación, algunos jóvenes mantienen redes dentro y fuera de Cuba para compartir información, alertar sobre detenciones, apoyar a personas en riesgo y continuar iniciativas independientes.
Parte de esta actividad se desarrolla de manera anónima debido a los riesgos que, según los testimonios, implica identificarse públicamente.
El informe menciona también a jóvenes que envían denuncias a periodistas en el exilio y participan en redes destinadas a alertar cuando un activista es detenido.
De acuerdo con Ciudadanía y Libertad, el desplazamiento de la actividad cívica hacia las redes digitales y las estructuras transnacionales constituye una de las principales características de esta nueva generación.
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