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Dirigente kirchnerista acusada de mal manejo de fondos


La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner
La ex diputada argentina Liliana Korenfeld, ahora titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, será juzgada este martes en los tribunales por los supuestos delitos de desvío de fondos, administración fraudulenta, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público, reportó el diario El Clarín.

La histórica dirigente kirchnerista Korenfeld será acusada junto con otros seis funcionarios que tuvieron intervención en el manejo de más de 1.100 millones de pesos por año destinados a tratamientos complejos que deben afrontar las obras sociales sindicales, y que incluso aún lo están, como el gerente general de APE, Manuel Martín Alves, un hombre del ministro de Salud, Juan Manzur, y Donato Spaccavento, ex director del Hospital Argerich y muy cercano a los Kirchner.

En la presentación acusatoria en los tribunales, los legisladores radicales, Manuel Garrido y José Cano, tomaron como base las groseras irregularidades detectadas por la Auditoría General de la Nación en el control del manejo de esos fondos que se les reintegra a las obras sociales sin un control eficiente, asegura la publicación.

Además de Korenfeld, Alves y Spaccavento, serán denunciados el antecesor de la primera en la SSS, Ricardo Bellagio, cercano al sindicalista José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias; Cristian Asorey, ex coordinador de sistemas; Ángel David Aragón, ex gerente de control de gestión; y Alejandro Ferrari, quien actuó en la auditoría interna.

A Korenfeld se la puso en marzo de este año al manejo de los millonarios fondos de la reformulada Administración de Programas Especiales, que en estos momentos son objeto de investigaciones judiciales, a cargo de los jueces federales Claudio Bonadio y Norberto Oyarbide.

Entre las irregularidades encontradas se encuentran, desde la falta de documentación y requisitos que respalden lo que informan las obras sociales al pedir el dinero de reintegros hasta casos en los que se alegaba beneficios para supuestos enfermos que no figuraban en el padrón de la obra social.
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