Derechos Humanos
Activistas denuncian en Europa situación de derechos humanos en Cuba
Activistas cubanos denunciaron recientemente ante organizaciones internacionales violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen cubano, especialmente luego de las protestas pacíficas de julio de 2021.
Alain Espinosa, abogado de la organización Cubalex; Frisia Batista, coordinadora de la Red Femenina de Cuba; y Darcy Borrero, integrante del grupo de trabajo Justicia 11J, alertaron ante representantes de Naciones Unidas, la Unión Europea y organizaciones de la sociedad civil en Europa la situación de derechos humanos en la isla.
Según publicó el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, los encuentros se dieron entre el 16 y el 21 de marzo en las ciudades de Ginebra, en Suiza, y Bruselas, en Bélgica. En ellos abordaron temas como el incremento de los casos de feminicidio, la falta de una Ley integral contra la violencia de género, las recomendaciones del Examen Periódico Universal de 2018 que fueron incumplidas por el Estado cubano, la crisis migratoria, el desabastecimiento de alimentos, los cortes de internet, la represión a personas defensoras de derechos humanos, las desapariciones forzadas de corta duración, y las personas privadas de la libertad por motivos políticos.
“Visibilizar la situación de derechos humanos ante estos órganos tiene una importancia crucial en la búsqueda de mecanismos efectivos para exigir el cumplimiento de las obligaciones del gobierno de Cuba, y garantizar el respeto de las libertades individuales a los ciudadanos”, afirmó Espinosa al Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
Por su parte, Batista informó que la Red Femenina de Cuba hizo un pedido de recomendaciones a la comunidad internacional en Naciones Unidas y en el Parlamento Europeo, para que el Estado cubano apruebe pronto una Ley contra la violencia de género. “Este estatus de ley crearía las bases para implementar un sistema integral de prevención y atención que sea realmente efectivo para la ciudadanía”, explicó la activista.
Según el instituto, durante las reuniones se refirieron a las más de 1.800 personas que han sido detenidas después de las protestas multitudinarias en Cuba el 11 de julio de 2021, conocido también como el 11J.
De esta cifra todavía permanecen en prisión más de 600 cubanos y cubanas. “Es importante que en Europa y en cualquier otra parte del mundo se sepa que hay defensores de derechos humanos pendientes de la situación de los presos políticos en Cuba, y que esa realidad se ponga en la agenda”, afirmó la integrante del grupo de trabajo Justicia 11J.
Los activistas hicieron un llamado a la comunidad internacional para que se exija al Estado de Cuba el reconocimiento de los derechos fundamentales de cada una de las personas que residen en la isla, independientemente de su posición política, creencia religiosa, color de piel y orientación sexual e identidad de género.
El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos aseveró que seguirá "impulsando acciones para denunciar las violaciones a los derechos humanos que se registran en la isla y para lograr que mejoren las condiciones de vida de los cubanos y las cubanas".
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Abogado demandó al Parlamento de Cuba por postergar Ley de Manifestación y fue detenido poco después
El abogado de Cubalex Julio Ferrer Tamayo interpuso una demanda el miércoles contra la Asamblea Nacional del Poder Popular en exigencia de que sea aprobada una Ley de Manifestación en Cuba y el viernes fue detenido temporalmente.
El jurista independiente estuvo arrestado durante media hora en la estación policial de las calles Infanta y Manglar, en La Habana y ofreció a Martí Noticias detalles de lo ocurrido.
“Mi propósito es materializar el dicho de las autoridades, sobre todo de las máximas autoridades, del presidente de la Asamblea Nacional, del presidente de la República, que incluso ahora anda por allá por las Naciones Unidas y defiende que Cuba es un Estado de derecho en el que se respetan y se le garantiza a los ciudadanos el ejercicio de todos los derechos humanos, cuando no es así”, explicó Ferrer a Martí Noticias.
“A mí no me sorprende. Desde el proyecto de Constitución vaticiné que la Constitución- como estaba hecha en forma de declaración- no tenía por sí manera de ejercitarse, de aplicarse, necesitaba de leyes específicas y leyes que desarrollaran sus preceptos, pero que ahí era donde estaba el rejuego de las autoridades: a través de las leyes de desarrollo, restringen el derecho que está en la Constitución. Esto han pretendido hacerlo, como ha sido práctica judicial en el país, a través de la Ley del Derecho a la Manifestación y la Protesta Pacífica y en el cronograma inicial, ellos previeron un decreto ley que debía haber sido aprobado en septiembre del 2020, para implementar cómo deben realizarse las protestas, en qué lugar, todas las condiciones de ese ejercicio (…) Siempre supuse que esa ley no se iba a aprobar”, agregó el abogado.
“Las autoridades aquí, ya por una cuestión, no sé , ancestral, no permiten nada, nadie que que les reclame, entonces dan derecho a petición, atención a la población, pero una ley que implemente todo eso es casi impensable. Entonces, llegado a ese momento en que debía ser aprobado ese decreto, no lo hicieron. Después, justificaron con el problema de la pandemia, bueno, ya la pandemia pasó, le hicimos una petición a la Asamblea de que por favor implementaran esa ley, que evitaría un sin número de procesos penales que se llevan a cabo, incluidos muchos de los que están en el 11J, que están siendo juzgados incluso por delitos que requieren para su integración la existencia de esa ley, de esas disposiciones", precisó.
"Entonces, hicimos ese pedido a la Asamblea y nos respondió, que por su dinámica, esa ley no estaba prevista y que si nosotros pretendíamos hiciéramos uso de la iniciativa legislativa ciudadana que requiere para eso, como mínimo 10.000 ciudadanos con la condición de electores", explicó.
"Te aconsejan ejercer un derecho y después obstaculizan ese derecho, entonces si es así, la Asamblea, por supuesto, las autoridades electorales registrales, están violando ese derecho (...) Entonces no queda otra que demandar a esas autoridades que están incumpliendo con el deber de la asamblea de aprobar las leyes que desarrollan los preceptos constitucionales, sobre todo los derechos fundamentales de los ciudadanos", agregó.
La directora de Cubalex, Laritza Diversent, declaró a ADN Cuba que "a las estructuras del MININT les molesta que Julio utilice el propio sistema legal para denunciar las violaciones del debido proceso, la inefectividad de los recursos de amparo. Ahora lo detienen y le dicen que van a seguir violando la legislación aunque él siga con sus denuncias".
Diversent añadió que, aunque el arresto fue de corta duración, "en sí mismo es una amenaza contra su trabajo como defensor de los derechos humanos. Nos preocupa su situación; ha estado dos veces privado de libertad por su labor (2015 y 2016). Es un ex preso político y reconocemos que activar los procedimientos legales en la forma en que lo ha hecho Julio durante este tiempo implica riesgos y esta detención es una prueba de ello".
[Con entrevista del periodista Tomás Cardoso para el programa Cuba al Día]
En persistente batalla legal, abogado logra que se levante la prohibición de su salida de Cuba
Después de una larga batalla legal, las autoridades cubanas suspendieron la prohibición de salida del país al abogado independiente Julio Ferrer Tamayo.
Ferrer se había percatado de que estaba regulado cuando en 2019 intentó hacer un viaje al extranjero. Desde entonces comenzó una serie de reclamaciones a las instituciones de justicia.
En 2020 presentó su primera demanda ante la Sala de Amparo de Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial de La Habana, en la que solicitaba que se levantara la medida que limitaba su libertad de movimiento, restringida por la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior (MININT), entidad a la que además pidió una retractación pública.
Ante la negativa de esa instancia, recurrió a la misma sala del Tribunal Supremo.
El máximo órgano de justicia declaró sin lugar la reclamación y entonces, el jurista escribió al presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, para que hiciera pronunciarse a los tribunales sobre su caso.
De igual forma, envió una carta al gobernante Miguel Díaz-Canel para que requiriera a las autoridades judiciales acerca de las solicitudes para que fuera anulada la prohibición de salida del país. Pero su misiva no fue contestada.
“A finales del pasado mes, dos oficiales de la Seguridad del Estado se personaron en el centro de trabajo de mi esposa, interesados en saber qué acciones había hecho yo que les habían ordenado quitarme la ‘regulación’, relató a Martí Noticias Ferrer Tamayo, residente en La Habana.
“Esta información para mí no era cierta en ese momento, por esa razón acudí en los días siguientes a varias oficinas del carné de identidad a comprobarlo. En todas me afirmaron que no tenían ningún tipo de prohibición para salir del país, qué podía hacerme el pasaporte cuando lo deseara, lo que hice días después, pero no había hecho pública esta información, pues aún no tenía el pasaporte en mis manos”, dijo.
Ferrer, miembro del centro de asesoramiento legal Cubalex, ha hecho varias demandas contra los órganos de justicia en Cuba, a la vez que asesora a familiares de presos políticos y otros ciudadanos sobre conflictos con las instituciones estatales y legales.
“En mi opinión, tal indicación puede haber salido del Tribunal Supremo o de la fiscal de la Fiscalía General, Nerly Espinosa Rivera. Me inclino por esta última, la que me citó el 30 de julio del 2023 para entrevistarse conmigo y me pidió toda la documentación que acreditaban todas las acciones legales que había hecho ante las autoridades migratorias, comprometiéndose a solucionar el problema".
"Yo considero que es un triunfo del ejercicio sostenido del derecho a accionar contra las autoridades en pos del restablecimiento de la legalidad y el respeto a los derechos humanos”, recalcó.
Informe descalifica candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos
Una semana antes de la inauguración de la Asamblea General de la ONU, importantes organizaciones internacionales de derechos humanos han revelado un informe que descalifica a Rusia, China, Cuba, Burundi y Kuwait para ser electas al Consejo de Derechos Humano de este organismo mundial.
En las próximas elecciones de octubre de 2023, los 193 estados miembros de la Asamblea General de la ONU deberán elegir 15 de los 47 puestos del Consejo de Derechos Humanos para el período 2024-2026.
Los abusos cometidos por esos cinco candidatos se detallan en un informe conjunto elaborado por las organizaciones no gubernamentales independientes UN Watch, Human Rights Foundation (la Fundación de Derechos Humanos) y el Centro Raoul Wallenberg para los Derechos Humanos, con sede en Suiza, Estados Unidos y Canadá, respectivamente.
"Instamos a los Estados miembros a que se abstengan de votar a favor de Rusia, China, Cuba, Burundi y Kuwait", indica el texto, que argumenta que los antecedentes de estos candidatos sobre el respeto derechos humanos en sus respectivos países y en las votaciones de la ONU no cumplen con los criterios de la ONU para ser miembro del Consejo.
"Elegir a las dictaduras de China, Rusia y Cuba como jueces de derechos humanos de la ONU es como convertir a una banda de pirómanos en los bomberos", dijo Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch, un grupo independiente no gubernamental de derechos humanos con sede en Ginebra.
"Será una bofetada para sus miles de prisioneros políticos, y para millones de otros ciudadanos sometidos a represión, si la ONU convierte a los agresores flagrantes en jueces y guardianes globales de los derechos humanos", dijo Neuer.
En el caso del régimen de La Habana, que actualmente es miembro del Consejo de Derechos Humano, el informe plantea:
"Cuba comete graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones ilegales o arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, por parte del gobierno; tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia disidentes políticos, detenidos y presos por fuerzas de seguridad; duras condiciones carcelarias y potencialmente mortales; arrestos y detenciones arbitrarias; prisioneros políticos; represión transnacional contra individuos en otro país; problemas serios con la independencia del poder judicial; arbitrario o interferencia ilegal con la privacidad; graves restricciones a la libertad de expresión y de medios de comunicación; serias restricciones a la libertad en Internet; sustancial interferencia con los derechos de reunión pacífica y libertad de asociación; restricciones severas sobre la libertad religiosa; restricciones a la libertad de circulación y residencia dentro del país y en el derecho a salir del país; incapacidad de los ciudadanos cambiar su gobierno pacíficamente mediante elecciones libres y justas; restricciones a la participación política; grave corrupción gubernamental; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género, incluyendo
feminicidio; trata de personas, incluida la trata forzosa mano de obra; y la ilegalización de los sindicatos independientes".
Por otra parte el reporte recuerda que "Cuba es un Estado comunista autoritario, antidemocrático y de partido único" donde el régimen "continúa aplastando toda disidencia, prohibiendo medios independientes y restringiendo severamente las libertades civiles".
El informe destaca que en junio de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el régimen cubano fue responsable de la muerte en julio de 2012 del destacado disidente Oswaldo Payá y que Reporteros sin Fronteras sitúa a Cuba como el país con la peor calificación de libertad de prensa en América Latina, donde los medios de comunicación e Internet están bajo un estricto control y vigilancia estatal.
Además menciona que "periodistas independientes, blogueros, disidentes y artistas son rutinariamente acosados y amenazados, son objeto de detenciones arbitrarias, amenazas de encarcelamiento, agresiones públicas, allanamientos de viviendas y confiscación y destrucción de equipos".
Las organizaciones recuerdan también que en mayo de 2022, el
gobierno cubano aprobó una enmienda al código penal que prohibía efectivamente la financiación extranjera para periodistas independientes y que el derecho de los cubanos a la libertad de reunión es severamente restringido.
"Las reuniones pacíficas son a menudo dispersadas violentamente por agentes del gobierno. En julio 2021, miles de cubanos protestaron en 50 ciudades durante la peor crisis económica en décadas. Las autoridades arrestaron violentamente a más de 1.000 manifestantes, acusándolos de diversos delitos y desde entonces, cerca de 500 personas han sido condenadas".
Por otra parte, el informe alude a la trata de personas como "un grave problema de derechos humanos" y menciona el esquema de trata de personas que utiliza profesionales médicos enviados al extranjero a más de 150 países como herramientas de propaganda, mientras aplica medidas coercitivas y de represalia para evitar que deserten.
"En el último informe sobre trata de personas de Estados Unidos, Cuba tiene la clasificación más baja posible (Nivel 3), lo que significa que no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico y no está haciendo un esfuerzo significativo para hacerlo".
En el registro de votación de Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos, el informe recuerda que el gobierno comunista se opuso a las resoluciones a favor de las víctimas de derechos humanos en Irán, Siria, Bielorrusia, Burundi, Nicaragua y Venezuela, entre otros; que apoyó resoluciones que socavaron los derechos humanos individuales o abordó cuestiones más allá de la competencia del Consejo.
Como parte de la Asamblea General, Cuba votó en contra
resoluciones que hablaban en favor de las víctimas de
derechos humanos en Irán, Siria, Crimea y Georgia y fracasó
apoyar resoluciones en favor de los derechos humanos
de la víctimas en Ucrania.; también apoyó resoluciones contraproducentes que socavaban los derechos individuales al elevar conceptos vagos e indefinidos como el “derecho a la paz” por encima de los derechos humanos individuales universalmente reconocidos, y protegió a violadores de los derechos humanos a través de una resolución que niega el derecho a sancionar a tales regímenes y se opuso a una resolución sobre la responsabilidad de prevenir el genocidio.
La semana pasada decenas de organizaciones y miembros de la sociedad civil cubana rechazaron en una declaración la recién anunciada candidatura de Cuba. Los firmantes, 21 grupos y 31 activistas, sostienen que el Estado cubano incumple con sus obligaciones en materia de derechos humanos y que ha habido un retroceso extremo en el ejercicio efectivo de estos derechos en Cuba.
Robles lleva más de tres semanas esperando su traslado a régimen de menor severidad
El preso político Luis Robles Elizástegui continúa en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana, a pesar de que hace más de tres semanas le fue aprobado el traspaso a un régimen de mínima severidad.
El joven guantanamero que vivía en La Habana Vieja fue condenado a 5 años de privación de libertad por cargos de supuesta “propaganda enemiga” y “desobediencia”, tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica en diciembre de 2020, en el céntrico boulevard de San Rafael, en Centro Habana.
Este miércoles, Yindra Elizástigui dijo a Martí Noticias que en la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones, ubicada en 15 y K, en el Vedado, le informaron el martes que aún está pendiente una evaluación del expediente.
“Ayer fui a 15 y K y allí se me atendió porque estaba yo con la inquietud de que, todavía, aún no se le ha hecho el traslado a Luis para su campamento. Entonces me explicaron que el expediente estaba ahí, en la dirección de 15 y K y que estaban esperando que se aprobara. Fui porque tenía esa inquietud”, relató la madre del joven preso político.
Según la señora, le explicaron que “tenía que esperar a que se reuniera el ‘órgano’, que es el que evalúa ese expediente, es decir, que dice la última palabra”.
“Luis está muy preocupado por todo esto porque, según él me dice, hay otras personas que igual ya se les aprobó y que ya se trasladaron para su campamento y entonces eso a él lo tiene un poco preocupado”, dijo la mujer.
Familiares han presentado reiteradas denuncias de malos tratos y otros abusos contra el preso político durante su encarcelamiento. En agosto de 2022, el paso a régimen de mínima severidad le fue denegado debido a una sanción tras un altercado con oficiales del penal, del que Robles se declaró inocente.
Ese mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 41/22, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a su favor, tras considerar que se encuentra actualmente privado de libertad en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.
(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)
"Me voy a plantar”, advierte Lizandra Góngora a autoridades carcelarias si limitan sus derechos
La presa política Lizandra Góngora advirtió que podría plantarse si las autoridades de la prisión Los Colonos, en la Isla de la Juventud, limitan los derechos que le pertenecen como reclusa.
Así lo dijo a través de la grabación de una llamada telefónica que hizo a su esposo Ángel Delgado el pasado jueves, enviada a nuestra redacción este lunes.
“Mi nombre es Lizandra Góngora Espinoza, yo estoy recluida en la prisión de mujeres de la Isla de la Juventud y yo estoy denunciando que no tengo privacidad para hablar con mi esposo, ni con nadie, las cosas que yo necesito porque, como yo estoy presa, yo tengo que hablar y decir por teléfono lo que la directora de esta prisión quiera y me permita que yo pueda decir. Ella dice que ya está autorizada a colgarme mi teléfono y a quitarme mi teléfono. Yo quiero que el mundo entero sepa que, si a mí se me priva de las cosas que me pertenecen como reclusa, yo me voy a plantar”, afirmó la opositora.
Góngora, de 38 años, fue condenada en abril de 2022 a 14 años de prisión, acusada por los supuestos delitos de “sabotaje”, “robo con fuerza” y “desorden público”, por participar en Güira de Melena, Artemisa, donde reside su familia, en las protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021.
A finales de marzo de 2023, la opositora fue trasladada desde la prisión de mujeres del Guatao, en La Habana, hacia la cárcel Los Colonos, en la Isla de la Juventud, donde se encuentra actualmente.
Desde ese centro penitenciario, Góngora ha denunciado acoso y frases intimidatorias por parte de una reclusa que cumple prisión preventiva por delitos de malversación y robo y que, además, porta un cuchillo bajo consentimiento de las autoridades por ser la encargada de hacer trabajos de jardinería en el lugar.
La situación también ha sido denunciada por Ángel Delgado, esposo de Góngora, quien ahora asegura que en el cubículo donde convive con prisioneras que cumplen altas condenas, la opositora presenta afectaciones de salud por el hacinamiento en el que se encuentra.
“Lizandra se siente mal porque tiene catarro y tiene la nariz tupida porque dice que hay muchas presas que ahí fuman, y ella no fuma ni nada de eso, y ella es alérgica. Entonces ella está pidiendo que le pongan una cama para al lado de una ventana y ellos no quieren”.
La prisionera política ha sido amenazada por la Seguridad del Estado, según ha denunciado con anterioridad su esposo, con ser enviada a una cárcel en la provincia Pinar del Río, o en el oriente del país, por pedir su traslado a una prisión donde pueda ser visitada con frecuencia por sus hijos, algunos menores de edad que, por los problemas de transporte para llegar a la Isla de la Juventud, pueden pasarse meses sin verla.
“Aquí yo tengo que hablar lo que ellos quieran y hasta que ellos quieran y lo que decidan que yo debo hablar”, concluyó Góngora su denuncia.
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