El director de la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, dice estar al tanto de que el gobierno del presidente Joe Biden implementó nuevas restricciones a los solicitantes de asilo que ingresan a Estados Unidos, pero advirtió que algunos aspectos de la orden ejecutiva podrían infringir la protección a los refugiados requerida en el derecho internacional.

Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, habló con The Associated Press mientras su agencia daba a conocer el jueves su informe anual "Tendencias Globales" para 2023. Halló que el número acumulado de personas que se han visto obligadas a efectuar un desplazamiento forzado se elevó a 120 millones de personas en ese año, 6 millones más que el año previo.

La ACNUR hizo notar que la cifra total equivalía aproximadamente a toda la población de Japón.

El informe de la agencia halló que tres cuartas partes de esas personas desplazadas a la fuerza —incluidos los refugiados que tuvieron que irse al extranjero y la gente desplazada dentro de su propio país— vivían en naciones pobres o de ingreso medio. Grandi insistió que ello era un indicio de cómo los flujos de migrantes y refugiados no eran sólo un problema para el mundo de los países ricos.

Lamentó cómo las crisis en África han sido pasadas por alto en gran medida, en particular en Sudán, donde unos 10,8 millones de personas tuvieron que desplazarse a fines de 2023, luego que se desató un conflicto entre fuerzas leales a generales rivales en abril de ese año.

Grandi dijo que la atención del mundo a las crisis que enfrentan los refugiados y las personas desplazadas internamente se ha centrado principalmente en Gaza —donde estalló un conflicto devastador y letal en octubre del año pasado— y en Ucrania, que ha padecido la invasión de Rusia desde febrero de 2022.

Lamentó también cómo el mundo ha ignorado mayormente la crisis de refugiados generada por el conflicto en Sudán.

Mientras tanto, Estados Unidos ha enfrentado "el reto más complejo" en lo que respecta a refugiados de cualquier país en el mundo desarrollado, agregó Grandi, refiriéndose a la llegada de gran cantidad de personas a la frontera con México.

El director de la ACNUR criticó los planes del gobierno de Biden de implementar nuevas restricciones a los migrantes que piden asilo en la frontera —que para algunos son una maniobra política antes de las elecciones nacionales de noviembre—, considerándolas una posible infracción al derecho humanitario internacional.

Sin embargo, reconoció que las ambiciones del gobierno de Biden de reubicar a unos 125.000 refugiados en Estados Unidos equivalían a "un ejemplo muy luminoso de generosidad" estadounidense.

En Estados Unidos, una coalición de grupos de defensa de los migrantes demandó el miércoles al gobierno por la reciente directiva sobre solicitudes de asilo en la frontera sur, argumentando que no es muy distinta a una acción similar de la presidencia de Donald Trump que los tribunales bloquearon.

Grandi también puso de relieve las dificultades que enfrentan refugiados y personas desplazadas internamente en medio de conflictos en países como Congo y Myanmar, e hizo notar que Siria sigue siendo el país con la mayor crisis de desplazados del mundo, con casi 14 millones de personas obligadas a irse al extranjero o a otro sitio dentro del territorio sirio.

Durante el mes de mayo, el equipo de Monitoreo de la ONG Cubalex documentó 317 hechos represivos en todas las provincias del país, abarcando 706 incidentes en 50 categorías de represión e informó sobre las muertes de al menos cinco personas bajo custodia de los uniformados.

Cubalex agrega que durante ese mes se registró la muerte "por falta de atención médica del recluso Alexis Curbelo en el Combinado del Este 11 y otro de identidad desconocida en la prisión Cuba-Panamá; así como de los prisioneros José Antonio Zulueta y Dionis Castañeda, en el Combinado de Guantánamo, por hambre, según informó el preso político Emeregildo Duvergel en llamada telefónica al Consejo de Relatores. También en Pinar del Río, en la estación policial de San Juan y Martínez, ocurrió la muerte bajo custodia, con signos de violencia física, del joven Luis Ángel Benítez, detenido horas antes por los uniformados".

Aunque estos datos representan un subregistro, evidencian la sistematicidad de las violaciones de derechos en Cuba, subrayó la organización en un comunicado de prensa.

El reporte dice que un dato notable es que no hubo un solo día en mayo sin al menos un evento represivo registrado.

Entre los incidentes documentados destacan las violaciones contra los presos, detenciones arbitrarias, amenazas, actos de violencia, operativos policiales de vigilancia, cortes selectivos de comunicaciones, citaciones arbitrarias y violaciones a la libertad religiosa.

Entre las provincias, la mayor cantidad de violaciones se registró en La Habana (128), Matanzas (28) y Camagüey (25). En cuanto a municipios, los mayores acumulados estuvieron en Camagüey y Diez de Octubre (ambos con 22) y Guanabacoa (18).

"Las prisiones se mantienen como espacios de violaciones e impunidad. La negación de atención médica y falta de medicamentos, unido a la mala alimentación, arbitrariedades, torturas, aislamientos prolongados, agresiones, malos tratos y violaciones de las Reglas Mandela hacen que los reclusos comparen las cárceles cubanas con campos de concentración", indica el reporte.

Un submarino nuclear de la Armada estadounidense ha llegado en las últimas horas a la base naval de Guantánamo, en el extremo oriental de Cuba, mientras una nave similar rusa entró a la Bahía de La Habana este miércoles como parte de una escuadra naval de ese país de visita en la isla.

La información fue dada a conocer por el Comando Sur de Estados Unidos a través de su cuenta en la red social X.

"El submarino de ataque rápido USS Helena se encuentra en la Bahía de Guantánamo, Cuba, como parte de una visita portuaria de rutina, mientras transita por el área geográfica de responsabilidad del Comando Sur en misión global de seguridad marítima y defensa nacional", indicó el mando militar.

Según el Comando Sur, la ubicación y ruta del buque estaban previamente planificadas.

El arribo de la nave estadounidense a Guantánamo se reporta un día después de la llegada al puerto de La Habana de la fragata Almirante Gorshkov, el submarino de propulsión nuclear Kazan, un buque cisterna y otro de salvamento de la marina de Rusia, visita que ha sido considerada por expertos como una demostración de fuerza por parte del gobierno de Vladimir Putin ante la escalada de tensiones por la invasión rusa a Ucrania y el amplio apoyo de Estados Unidos y sus aliados a la exrepública soviética.

Benjamin Gedan, director del Programa para América Latina del Centro Wilson, en declaraciones a la Prensa Asociada, manifestó que existe una conexión directa entre los ejercicios de la Armada rusa y el apoyo de Estados Unidos a Ucrania.

"Los buques de guerra son un recordatorio para Washington de que es desagradable cuando un adversario se entromete en el extranjero cercano", dijo Gedan. "También recuerda a los amigos de Rusia en la región, incluidos los antagonistas de Estados Unidos, Cuba y Venezuela, que Moscú está de su lado".

El Pentágono y el Ministerio cubano de Exteriores dijeron previamente que la presencia de las embarcaciones del Kremlin en la isla no representa una amenaza.

"Se trata de una práctica normal para todos los Estados, incluida una potencia marítima tan grande como Rusia", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que no había pruebas de que Rusia estuviera transfiriendo misiles a Cuba, pero que Estados Unidos se mantendría vigilante.

Entre el 5 y el 8 de julio de 2023, Cuba denunció el anclaje de un submarino de propulsión nuclear en la Bahía de Guantánamo, calificándolo como una "escalada provocativa" por parte de Estados Unidos.

El congresista republicano por el estado de Florida, Carlos A. Giménez, manifestó preocupación por el despliegue naval ruso en Cuba al recordar que los buques pasaron a 30 millas de las costas de EEUU.

“Esa es la manera que el régimen de Cuba se burla de la política del presidente Joe Biden que parece quiere tener más apertura con este régimen que ha oprimido a su pueblo por más de 60 años”, dijo el legislador nacido en Cuba en un audiovisual publicado en su cuenta de X.

El opositor camagüeyano Bárbaro de Céspedes, quien cumplió dos condenas en prisión por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021 en Cuba, pidió que a la fiscal de su caso, Rosabel Roca Sampedro, quien hoy espera una cita de CBPOne para pedir asilo en Estados Unidos no se le otorgue ese beneficio migratorio.

Martí Noticias reportó esta semana, citando a fuentes de Inmigración que pidieron no ser identificadas, que Roca Sampedro había pedido una cita en la aplicación móvil.

“Quiero a través de esta comunicación y por esta plataforma denunciar a la fiscal Rosabel Roca Sampedro. Esta títere de la dictadura castro-canelista fue la fiscal que participó en mi amañado juicio, donde sin piedad y sin un ápice de humanidad me trató sumamente mal y pidió al tribunal la máxima sanción por los delitos que se me estaban imputando”, dijo De Céspedes a Martí Noticias.

El opositor envió a nuestra Redacción los documentos relativos a su juicio, todos firmados por la fiscal Roca Sampedro. En el juicio fue condenado a un año y seis meses de prisión bajo las acusaciones de desobediencia e instigación a delinquir, por su participación en las protestas masivas del 11 de julio de 2021.

“Quiero dejar claro que esa persona no merece que en los Estados Unidos se le conceda la entrada y, en caso de ser admitida, que sea con el único propósito de ser repatriada para Cuba para que sus mismos colegas la acusen de alta traición”, sugirió el opositor.

El cargo de instigación a delinquir se sustentaba en la directa que hizo el activista en Facebook incitando al pueblo a salir a las calles, cuando ya habían iniciado a las protestas en Camagüey durante el estallido social que tuvo lugar en decenas de ciudades y localidades de la isla.

De Céspedes dijo que la fiscal no tiene “ni un ápice de humanidad”, principios o ética.

“Personas de este tipo (...) fieles sirvientes de la dictadura Castro-Canelista no se les puede permitir vivir en libertad. El único objetivo de esa señora para pedir un asilo político es porque siente la amenaza de la ya tambaleante dictadura”, añadió De Céspedes.

“Pido al gobierno norteamericano y al servicio de inmigración de Estados Unidos que no se le conceda el derecho a entrar y, en caso de que pudiera hacerlo, sea devuelta a Cuba”, reiteró.

Otras víctimas de Roca Sampedro

De acuerdo con múltiples denuncias en redes sociales, Roca Sampedro abandonó Cuba junto a su hija pequeña y actualmente reside en México, el único país desde donde se puede solicitar la aplicación móvil para presentarse en la frontera y pedir asilo político.

Durante este periodo ha borrado un perfil en sus redes sociales en el que mostraba su cercanía con el régimen cubano.

La fiscal Roca Sampedro también intervino en los procesos judiciales de cuatro presos políticos: Adrián Quesada Flores (32 años al momento del arresto), Geovanis Cepulveda Martínez (43 años al momento de su arresto), Lesyani Heredia Salazar (22 años al momento de su arresto) y Yadisley Rodríguez Ramírez (34 años al momento de su arresto).

Todos se encuentran en prisión o cumpliendo medidas cautelares y han confirmado a Martí Noticias estar al tanto de la solicitud de asilo de la fiscal, aunque pidieron no hacer declaraciones debido a lo delicado de su situación legal y el temor a represalias por parte del régimen cubano.

Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, quien ha acompañado este caso, dijo que debido a la actitud de “soslayo” de la fiscal no se puede saber si realmente está arrepentida de lo que hizo.

“Si la fiscal quiere redimir sus crímenes, dado que la prisión arbitraria es un crimen de lesa humanidad del que ella habría participado y cuyos autores serían la familia Castro, lo primero que debe hacer es convocar a los medios y contar absolutamente todo lo que ha hecho para el régimen, lo que obliga a hacer el régimen y la operativa del mismo”, dijo Larrondo.

“Sus víctimas siguen en prisión. No puede redimirse de manera alguna sin al menos darlo todo por corregir en alguna medida el mal que ha hecho”, agregó Larrondo.

Este jueves los congresistas cubanoamericanos del sur de Florida, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez, enviaron una carta al Secretario de Estado, Antony Blinken y al Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en la que piden impedir la entrada de represores cubanos a EEUU utilizando las bondades del asilo político.

En la misiva los representantes republicanos mencionan específicamente el caso de la fiscal de Camagüey: “Como miembros del Congreso con constituyentes afectados personalmente por la brutalidad del régimen opresivo en Cuba, les escribimos para asegurarnos de que estén al tanto de la indignación causada por el intento de la nacional cubana Rosabel Roca Sampedro de ingresar a los Estados Unidos, y que verifiquen cuidadosamente a quienes buscan ingresar a EEUU para asegurarse de que no sean abusadores de derechos humanos”.

Jueces, fiscales, represores y descendientes buscando asilo en EEUU

Martí Noticias reportó a finales del mes de mayo la llegada a Tampa de la jueza villaclareña Melody González Pedraza, quien ha sido señalada por condenar a jóvenes opositores en Villa Clara. La jueza, detenida en Broward, en la Florida, tiene previsto este 12 de junio una audiencia de asilo en la que se decidirá si es deportada a Cuba.

Este medio también ha documentado el intento de Manuel Alejandro Marrero, hijo del primer ministro, Manuel Marrero Cruz de obtener un parole humanitario y la llegada de las dos sobrinas del dirigente, quienes se asentaron en Cape Coral.

Recientemente, se conoció la llegada a Kentucky de Arelys Casañola Quintana, exdirigente del gobierno en la Isla de la Juventud y la negativa del parole a su sucesor en el cargo, Liván Fuentes Álvarez.

Los tres congresistas cubanoamericanos del sur de Florida, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez, enviaron una carta al Secretario de Estado, Antony Blinken y al Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en la que piden impedir la entrada de represores cubanos a EEUU utilizando las bondades del asilo político.

“Como miembros del Congreso con constituyentes afectados personalmente por la brutalidad del régimen opresivo en Cuba, les escribimos para asegurarnos de que estén al tanto de la indignación causada por el intento de la nacional cubana Rosabel Roca Sampedro de ingresar a los Estados Unidos, y que verifiquen cuidadosamente a quienes buscan ingresar a EEUU para asegurarse de que no sean abusadores de derechos humanos”, dijeron los representantes republicanos en una carta publicada en sus redes sociales.

Martí Noticias fue el primer medio en reportar el intento de Roca Sampedro de ingresar a los Estados Unidos mediante la aplicación CBPOne, que permite a los inmigrantes programar una cita en la frontera sur para pedir asilo en Estados Unidos.

Roca Sampedro, una fiscal camagüeyana que pidió años de prisión para jóvenes manifestantes del 11 de julio de 2021 y otros disidentes, borró su perfil en las redes sociales e intentó ocultar su pasado comunista.

“Como saben, la ley de EEUU proporciona amplia autoridad para la imposición de sanciones en respuesta a los abusos de los derechos humanos, incluida la denegación de la entrada especial a EEUU. Además de la Ley de Responsabilidad por los Derechos Humanos Magnitsky Global, la Administración puede negar la entrada a EEUU a través de la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, Sección 7031(c) en actos de asignaciones de operaciones exteriores, así como a través de la autoridad proporcionada por la E.O. 13818”, explicaron los congresistas.

“Con la represión continua y los abusos contra los derechos humanos que ocurren en Cuba hoy, debemos asegurarnos de que aquellos individuos que actúan en nombre de un régimen cruel que se opone activamente a los intereses de EEUU, no se beneficien del privilegio extraordinario de la entrada a EEUU, y deben ser agregados a la lista de individuos específicamente sancionados que se les niega la entrada al país”, añadieron.

Roca Sampedro, de 42 años, tiene una hija en Houston, Texas, con la cual, presumiblemente, iría a vivir si se le permite permanecer en Estados Unidos. Adrián Díaz, el contacto ofrecido por Roca Sampedro en Houston, Estados Unidos, no negó conocerla, pero dijo que no mantiene comunicación con ella, y colgó tras unos segundos de conversación con Martí Noticias.

Martí Noticias intentó contactar a Roca Sampedro mediante sus redes sociales y no obtuvo respuesta.

Los presos políticos que hasta el momento se conocen y en cuyos casos intervino la fiscal Roca Sampedro son Adrián Quesada Flores (32 años al momento del arresto), Geovanis Cepulveda Martínez (43), Lesyani Heredia Salazar (22) y Yadisley Rodríguez Ramírez (34).

La fiscal también estuvo directamente vinculada al caso contra el disidente camagüeyano Bárbaro de Céspedes, quien cumplió dos condenas en prisión por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021 en Cuba, y para quien pidió el máximo de condena que permitía la ley.

“Sería una deplorable injusticia si se concediera la entrada a EEUU mientras aquellos que fueron encarcelados injustamente continúan languideciendo en cárceles cubanas”, dijeron los congresistas.