La esposa de Moya, Berta Soler, había dicho horas antes que la reunión que había tenido el miércoles con funcionarios del régimen de isla, no había cambiado su propósito de seguir protestando hasta que su esposo enfermo, condenado a 28 años de presidio, fuera traslado a un hospital de La Habana y operado de una hernia discal en la columna vertebral.
Soler y su cuñada, Lídice Moya, se encontraban desde el martes acampadas en el parque con otras tres mujeres después de entregar en el Consejo de Estado una carta dirigida a Fidel Castro para pedir el traslado de Moya desde la lejana prisión de Las Mangas, en Bayamo, hasta la capital.
Soler dijo que habló el miércoles con el jefe del Departamento del Consejo de Estado para la atención a la población, René Montes de Oca, y con otro funcionario.
Montes de Oca les reprochó que con su protesta estaban llamando la atención de la prensa internacional y que eso era un obstáculo para arreglar el problema. Pero añadió que estaban tramitando su petición con la mayor rapidez y que debía esperar por una respuesta.
La respuesta llegó poco después en varios automóviles patrulleros de la policía con unos 50 agentes entre los cuales había mujeres.
Gisela Delgado, esposa del preso político Hector Palacios, que cumple sentencia de 25 años de prisión, dijo que “hubo una movilización enorme con muchisimos automóviles a las tres de la madrugada”. Y que las agarraron del brazo y las pusieron a bordo de los automóviles de patrullaje para llevarlas a sus domicilios.
Moya fue condenado a 20 años de cárcel durante la ola represiva de la primavera del 2003, junto a otros 74 disidentes, también activistas de los derechos humanos o periodistas independientes.