Sobre Cuba, la entidad afirma que el Estado monopartidista restringe casi todas las vías para la disidencia política, con tácticas como advertencias policiales, vigilancia, detenciones a corto plazo, arrestos domiciliarios, restricciones de los viajes, enjuiciamientos y despidos laborales políticamente motivados.
Destaca el documento, que en abril de 2003 las autoridades sentenciaron a 75 disidentes a penas de prisión de entre 6 y 28 años. Todos ellos, excepto 14 que fueron excarcelados en 2004 por motivos de salud, continuaban presos cuando se redactó el informe,
La entidad con sede en Nueva York indica que las estructuras legales e institucionales de Cuba se encuentran en el origen de las violaciones de los derechos humanos. Asimismo, señala que las leyes cubanas limitan estrictamente el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación, asamblea, movimiento y prensa.
Human Rights Watch dice que los tribunales controlados por el gobierno socavan el derecho a un juicio justo al restringir el derecho a la defensa y, con frecuencia, no respetan las pocas garantías procesales de que disponen los acusados conforme a la legislación cubana.
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