Álvarez fue declarado culpable de un cargo de conspiración para cometer tráfico humano con el fin de obtener beneficios financieros y de 12 cargos de contrabando de inmigrantes para recibir dinero. Por la primera acusación puede ser condenado a un máximo de cinco años de prisión y por las otras 12, a un máximo de 15 años.
Las autoridades federales también presentaron acusaciones contra otras siete personas que se declararon culpables antes de que se juzgara a Álvarez.
El contrabando de inmigrantes ocurrió en enero del 2002 cuando Álvarez y José Ramón López, otro acusado en el caso, viajaron a Cuba en una lancha rápida y regresaron a Estados Unidos con 12 cubanos.
El gobierno de Estados Unidos no apoya ni alienta la inmigración ilegal. Su política consiste en apoyar solamente la inmigración ordenada y segura, utilizando los medios legales.