El Parlamento guatemalteco está debatiendo proyectos de ley es sobre la propiedad privada, así como normas del Código Penal referentes a manifestaciones y reuniones ilícitas.
El comunicado de Amnistía asegura que debe cesar la falta de seguridad jurídica con relación a la propiedad de terrenos en áreas rurales, pues hubo 31 desalojos forzados el año pasado en Guatemala.
En una carta al Congreso, Amnistía Internacional advierte que la iniciativa de ley para reformar el código penal podría violar el principio de legalidad, debido a ciertas ambigüedades.
Asimismo, la entidad con sede en Londres recalcó que el Congreso debería aprobar el acuerdo entre Guatemala y Naciones Unidas que autoriza la instalación en el país de una Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.