Cuba
La Habana mantiene andamiaje represivo contra la libertad de prensa, denuncia informe
La represión constante, el hundimiento progresivo de la economía y el mayor éxodo de la historia marcan la vida de la prensa independiente, asegura el informe sobre la prensa en Cuba presentado en la 78 Asamblea General de la Sociedad Intermaericana de Prensa que se celebra en Madrid, España.
El reporte denuncia que "se mantiene el andamiaje represivo contra la libertad de prensa, que involucra al sistema legal y de justicia, la represión policial, la propaganda por los medios estatales y el control de las telecomunicaciones".
El documento destaca que Internet es espiada y censurada con el apoyo de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, S. A. (ETECSA) y menciona que el monopolio estatal bloquea decenas de websites de medios de prensa independientes y ONG de derechos humanos y que corta la conexión a internet en jornadas conmemorativas en las que pueden incentivarse protestas.
Entre otros aspectos el informe destaca lo siguiente:
Cumple cinco años de prisión, en grave estado de salud, el reportero Lázaro Yuri Valle Roca, condenado por filmar y publicar el lanzamiento de octavillas con frases patriotas en una calle habanera. "Propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia", son los motivos legales de su condena. También son varios los ciudadanos que pueblan las cárceles por haber filmado protestas populares, como un youtuber que se burló del presidente Miguel Díaz-Canel y fue condenado por desacato a la autoridad.
Los inspectores de ETECSA aplican amenazas y multas por el Decreto 370, art. 68, inciso i, creado para reprimir la libertad de expresión en las redes sociales. En este semestre fueron sancionadas con 3.000 pesos al menos 12 personas. Entre ellas el estudiante universitario Leandro René Hernández, los periodistas Boris González Arenas y Adrián Martínez Cádiz, los activistas Ángel Cuza, Víctor Javier Arias, Sayli González, Pedro López y los opositores Hilda Diéguez, Juan Michel López, Dayanis Salazar y Osvel Bárzagas.
Ismario Rodríguez fue multado con 4.000 pesos por "actividad económica ilícita", justificación para castigar a quienes hacen periodismo sin permiso del régimen. A Camila Acosta la multaron con 1.000 pesos por "desorden público", acusada de intentar cubrir las protestas del 11 de julio de 2021. Le confiscaron su equipo de trabajo y artículos personales.
El nuevo Código Penal que entrará en vigor el 1 de diciembre persigue todos los aspectos de la labor periodística, castiga con prisión al autor de cualquier crítica a funcionarios estatales y garantiza impunidad a las autoridades. En su artículo 143, castigará con hasta 10 años la recepción, el uso y la posesión de fondos provenientes del extranjero. Agentes de la Seguridad del Estado usan este argumento para amenazar con prisión a reporteros y medios independientes, además de los consabidos delitos por propaganda enemiga, mercenarismo, desacato, incitación a delinquir o ultraje a los símbolos de la patria.
La represión unida al éxodo acosa a la prensa que queda dentro de Cuba. Unos 20 reporteros, fotógrafos e ilustradores renunciaron a trabajar en la prensa independiente tras prohibírseles a seis de ellos viajar a un evento periodístico, y luego, seguirles el acoso de la Seguridad del Estado unido al chantaje con no dejarlos salir del país.
En algunos casos se les forzó implícitamente a "renunciar" también a regresar al país. Otras amenazas contra ese grupo de colegas incluyeron procesamiento judicial, decomiso de bienes o daños a familiares. De estas "ofertas" fueron víctimas Wimar Verdecia, Mary Esther Lemus, Irán Hernández Castillo, realizadores del suplemento gráfico Xel2. También Meilin Puertas, José Leandro Garbey, Mauro Díaz, Aleiny Sánchez, Claudia Bravet, Laura Seco, Cynthia de la Cantera, Yadiris Luis Fuentes, Nelson Álvarez Mairata y Jancel Moreno. Yoe Suárez, Nelson Álvarez Mairata y Luz Escobar ya salieron al exilio después de varios años con prohibición de salir del país.
También sufrieron estas amenazas Ismario Rodríguez, Manuel de la Cruz, Mel Herrera, Anay Remón, Boris González Arenas, Geisy Guía y María Lucía Expósito. De igual modo Amarilis Cortina, José Antonio Fornaris y Julio César Álvarez, del equipo de la Asociación Pro Libertad de Prensa.
Los periodistas Vladimir Turró y Yoel Acosta fueron arrestados en tres ocasiones; Enrique Díaz y Henry Constantin, dos veces; Camila Acosta, Yania Suárez, Neife Rigau, Dunierky Martínez, Lisbeth Moya, Antonio Abad Sánchez, Pedro Yoel Rivas, Osniel Carmona y Orisvey Díaz, al menos una vez. Pedro Luis Hernández fue detenido en la capital y deportado hacia su provincia.
El reportero Alberto Corzo tiene prohibido salir de su municipio, Los Arabos, por estar bajo investigación policial tras producirse una protesta contra los apagones en ese pueblo.
Yunia Figueredo, Yankiel Gutiérrez, Pedro Yoel Rivas y Henry Constantin sufrieron agresiones físicas. Figueredo, cuando quiso cubrir el juicio al reportero Lázaro Yuri Valle Roca; Gutiérrez, tras fotografiar las ruinas de un parque infantil, y Constantin, el 30 de abril, mientras estaba detenido por publicar un post de Facebook crítico con la marcha oficialista del 1 de mayo. El agente de la policía que lo detuvo lo empujó por el cuello hacia el piso, y le pisó con fuerza sin previo aviso ni explicación frente a otro oficial. En otro momento, su motocicleta fue averiada por agentes de la Seguridad y fue seguido y fotografiado mientras paseaba con su hija, tras lo cual las fotos fueron exhibidas en sitios digitales controlados por la Seguridad del Estado.
La "regulación" –nombre eufemístico para la prohibición de salida del país– todavía la padecen Anay Remón y Camila Acosta, Reinaldo Escobar, 14ymedio; Ismario Rodríguez, Periodismo de Barrio; Rosalía Viñas, Revista Convivencia; Boris González Arenas, Diario de Cuba y la freelancer Yunia Figueredo. La Hora de Cuba es el medio más castigado, con cuatro reporteros que tienen prohibido viajar al exterior: Iris Mariño, Yunier Gutiérrez, Inalkis Rodríguez y Henry Constantin. Estas prohibiciones no están justificadas por orden judicial o causas penales.
Para quienes se niegan a emigrar y no tienen prohibido salir de Cuba, es posible que cuando regresen de algún evento o actividad en el exterior no se les permita reingresar al país sin justificación legal ni previo aviso.
El régimen tampoco deja entrar a periodistas extranjeros críticos, como el premio Pulitzer Anthony DePalma, bloqueado durante seis horas en el aeropuerto de La Habana y luego obligado a reembarcar. Varios miembros acreditados en Cuba de los equipos periodísticos de AP, Reuters y EFE denunciaron limitaciones a su labor.
El arresto domiciliar sin mandato judicial, investigación o denuncia policial puede durar de algunas horas a varias semanas. El régimen presiona a los propietarios de casas para que desalojen a sus inquilinos cuando son periodistas críticos con el régimen, como la fotógrafa María Lucía Expósito.
Internet, aunque es el mayor y más potente escenario de expresión, ha servido de campo de represión. El activista LGBTI Jancel Moreno fue coaccionado para que cerrara su website y lo anunciara públicamente. El maestro Austin Llerandi fue amenazado con despido si no renunciaba a su empleo tras publicar un post viral en Facebook. También por sus publicaciones críticas en Facebook fueron amenazados por agentes del MININT el popular director de teatro Freddy Núñez Estenoz, el locutor Yunior Morales, el tuitero Raúl Alejandro Oropesa, así como varios sacerdotes católicos, familiares y amistades de presos políticos, amas de casa y dueños de negocios privados.
En la prensa estatal, fue llamativo el despido de Armando Franco, director de la revista oficial Alma Mater, por publicar información sobre detenidos en las protestas del 11 de julio de 2021. Además, los reporteros deportivos Boris Luis Cabrera, Joel García, Norland Rosendo González y Jhonah Díaz González, de medios estatales, fueron privados de participar en la conferencia de prensa de una institución oficial, tras criticar a uno de sus directivos.
Sigue preso el popular youtuber Yoandi Montiel, conocido como El Gato de Cuba. Fue condenado a dos años de cárcel por el delito de desacato, debido a sus publicaciones en Facebook con críticas burlescas a las autoridades y el presidente. A Montiel, se le negó el beneficio de la "libertad condicional" tras haber cumplido la mitad de la condena.
Continúa encarcelado Yoennis Domínguez de la Rosa, condenado en 2021 a cinco años de cárcel por grabar y difundir en redes sociales el video de un enfrentamiento entre vecinos y tropas especiales en un barrio de Santiago.
Entre estos encarcelados, figura Mayelín Rodríguez Prado, conocida en Facebook como "Lachamaca dechamaco ya estaostinada", encarcelada por haber entrevistado a dos niñas golpeadas por agentes del Ministerio del Interior (MININT) en las protestas por los apagones en la ciudad de Nuevitas. La obligaron a grabar una autoinculpación y un desmentido, que el gobierno transmitió en el noticiero estelar de la noche.
Estuvieron presos más de dos semanas Rosmery Almeda, conocida como Alma Poet, y Danilo Martínez, jóvenes artistas que filmaron las recientes protestas en La Habana durante los apagones que sufrió esta ciudad.
Yoan de la Cruz, quien transmitió los primeros videos virales que desencadenaron las protestas del 11 de julio de 2021, continúa en prisión domiciliar cumpliendo una condena de seis años. Fue excarcelado en mayo luego de estar 10 meses tras las rejas.
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Casi 18 mil cubanos llegaron a la frontera de EEUU en abril
En abril, un total de 17.870 inmigrantes cubanos fueron registrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés).
Se trata del mes con el menor número de llegadas en lo que va de año fiscal 2024, en el que se certificó el arribo de 144.378 cubanos.
En abril de 2024, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registró 128.900 encuentros entre puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste, la cifra representa un 6% menos que los registros de marzo de 2024 y un 30% menos que los de abril de 2023.
“Como resultado de una mayor vigilancia, los encuentros en la frontera suroeste no han ido en aumento, revirtiendo tendencias previas. Seguiremos monitoreando los patrones migratorios, los cuales cambian de manera constante”, dijo Troy Miller, comisionado en funciones de la CBP.
En abril, las autoridades estadounidenses permitieron el ingreso de 41.400 personas en los cruces fronterizos con México por medio de la aplicación de citas en línea CBP One, con lo cual la cifra total de ingresos ascendió a más de 591.000 desde que se introdujo este sistema en enero de 2023.
En el caso del parole humanitario, se han beneficiado 91.000 cubanos.
Este mes la Administración Biden anunció nuevas restricciones a la política de asilo, otorgando más poder a los agentes federales de inmigración para conceder o no las peticiones y acelerar las deportaciones.
"Esta regla permitiría expulsar más rápidamente a aquellos que están sujetos a las prohibiciones y representan un riesgo para nuestra seguridad nacional o pública", dijeron las autoridades estadounidenses.
La ley federal "prohíbe el asilo y la suspensión de la expulsión a personas que representan un riesgo para la seguridad nacional o pública, específicamente aquellos que han sido condenados por un delito particularmente grave, participaron en la persecución de otros, son inadmisibles por motivos de seguridad nacional o relacionados con el terrorismo, o para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de los Estados Unidos".
Anteriormente, la determinación de elegibilidad para el asilo se daba en una etapa posterior del proceso: en la etapa de adjudicación de méritos de las solicitudes de asilo y de retención de expulsión, pero en lo adelante, los funcionarios de asilo esto ocurrirá pocos días después de que se encuentra a una persona.
"La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí", dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
A uno le negaron el Parole pero otra alta dirigente entró por CBPOne por “miedo al socialismo” (VIDEO)
Mientras a Liván Fuentes Álvarez, ex presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud le negaban el parole humanitario para entrar a Estados Unidos, su antecesora en el cargo, Arelys Casañola Quintana, se instalaba en Kentucky tras pedir asilo el 20 de abril de 2024 en la frontera sur, mediante la aplicación CBPOne en la que alegó “miedo al socialismo”, según conoció Martí Noticias.
Casañola Quintana fue presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud entre 2012 y 2018 y diputada al parlamento cubano. Antes, fue dirigente de la Federación oficialista de Mujeres Cubanas, jefa en la Unión de Jóvenes Comunistas y otras empresas estatales, e incluso llegó a graduarse en la Escuela Superior del Partido Ñico López con especialidad en Defensa Nacional.
Un reporte de la prensa local en 2018 da cuenta de su “liberación por petición propia” de sus cargos, debido a que permanecería “por un largo período de tiempo en el exterior, que la imposibilita cumplir las tareas asignadas”.
"Numerosos reconocimientos de organismos y organizaciones recibió, entre ellos la réplica del buque Pinero, atributo de mayor rango que otorga la Asamblea Municipal del Poder Popular", reseñó entonces el Periódico Victoria.
La ex dirigente no quiere hablar de su pasado comunista
Casañola Quintana, de 56 años, viajó a México con su hijo Fidel Alejandro Espinosa Casañola y durante meses esperaron su cita de CBPOne, la única vía legal para pedir asilo en la frontera estadounidense. Medios independientes habían reportado su presencia en México, pero aún así logró obtener su cita y entrar a Estados Unidos alegando “miedo al socialismo”, dijeron fuentes cercanas a la exfuncionaria, que fueron consultadas por Martí Noticias.
Mediante las citas programadas en CBPOne han entrado a Estados Unidos más de 500,000 inmigrantes, quienes alegan miedo a regresar a sus países por persecución y en teoría deben pelear un asilo en cortes norteamericanas.
Madre e hijo eliminaron sus perfiles de Facebook tras ser contactados por Martí Noticias para esta historia.
Un perfil a nombre de Casañola Quintana en la red social X fue muy activo en compartir propaganda favorable al régimen cubano hasta mayo de 2023.
Martí Noticias conversó telefónicamente con un familiar de Casañola Quintana, quien confirmó que ella entró a Estados Unidos por CBPOne y que no quiere hablar con la prensa sobre su pasado comunista.
Recientemente Martí Noticias reveló en exclusiva cómo le fue negada la entrada a Estados Unidos a Liván Fuentes Álvarez, quien trabajó mano a mano con Casañola Quintana, primero como vicepresidente de la Asamblea Municipal en Isla de Pinos y luego la sustituyó cuando ella decidió irse al extranjero.
Reacciones ante su llegada a Estados Unidos
“Ella iba por los pueblos pidiéndole a la gente que confiara en la revolución y el socialismo. Pedía mano dura contra las ilegalidades. Hablaba maravillas de Fidel, de Raúl y de Díaz-Canel y mira dónde está ahora. Todo el mundo está indignado en la Isla ¿Cómo pueden dejar entrar a Estados Unidos alguien así?”, dijo María Antonia Guerra desde la Isla de la Juventud.
El activista Ramón Salazar, reprimido por manifestarse el 11 de julio de 2021, dijo a Martí Noticias que es una “vergüenza” que se le permitiera la entrada a EEUU a alguien “con esas credenciales”.
“Queremos ponerle asunto a las autoridades migratorias de Estados Unidos para hacerle llegar que esta señora, en el tiempo que estuvo como presidenta del Poder Popular, ordenó y participó en actos de repudio en contra de opositores y también es miembro del Partido Comunista de Cuba”, dijo.
“Pedimos que se analice su caso y sea devuelta a territorio cubano. Disfrutó de los beneficios de la dictadura y ahora también quiere hacerlo con Estados Unidos de Norteamérica”, insistió Salazar, quien preside el opositor Partido Autónomo Pinero.
¿Quién tiene derecho a pedir asilo?
Según el derecho estadounidense e internacional, cualquiera que llegue a Estados Unidos puede solicitar asilo, dijo el abogado Ángel Leal.
“Las leyes actuales permiten que cuando cientos de miles de personas cruzan la frontera estadounidense puedan buscar esa protección. Es la sección 208 del Código de Inmigración”, dijo Leal.
Para ganar un caso de asilo, el inmigrante debe demostrar persecución o temor a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.
De acuerdo con fuentes cercanas a Casañola Quintana, las autoridades le entregaron un Formulario I-94, considerado un Registro de Entrada al país.
El Departamento de Seguridad Nacional expide este documento a los extranjeros que son admitidos, a los que están en proceso de ajusta su estatus en EEUU o a quienes extienden su estadía.
Con el Formulario I-94 podrá obtener un Parole que le permitirá acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, al año y un día de llegar a EEUU y hacer su camino a la residencia permanente.
“Su residencia y ajuste de estatus dependerá de si es admisible o no y hay un sinnúmero de motivos por la que la podrían descalificar, por ejemplo delitos contra la moral, fraudes migratorios o la pertenencia a un partido totalitario. En el caso de Cuba tanto la pertenencia a la Unión de Jóvenes Comunistas como el Partido Comunista podrían impedirle hacerse residente”, añadió Leal.
De acuerdo al abogado, quienes participaron en un partido político totalitario deben esperar al menos cinco años para obtener la residencia permanente y en el caso de la ciudadanía deberá demostrar al menos 10 años de no tener vínculos con este tipo de organizaciones.
Organizaciones religiosas piden a Biden cambios en relaciones con Cuba
Unos 20 grupos religiosos con sede en Estados Unidos enviaron una carta al presidente Joe Biden la semana pasada instándolo a realizar cambios importantes en las relaciones bilaterales con Cuba, informó la publicación Baptist News Global.
Además, criticaron la inclusión de Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, opinando que esto es un factor importante en la crisis económica del país caribeño y que ha tenido un efecto en la capacidad de estas organizaciones religiosas de colaborar con grupos religiosos dentro de Cuba y de brindar ayuda humanitaria en la isla.
“Para nosotros es muy difícil mandar apoyo en forma de recursos financieros, en forma de apoyo para hacer proyectos allá en Cuba. No se puede hacer por medio de los bancos, porque Cuba está en esta lista. No se puede hacer por medio de Western Union. Es una situación muy difícil, entonces nosotros hemos tenido que llevar pocas cantidades de efectivo. En realidad, es la única manera de llevar apoyo y llevar asistencia a nuestros amigos”, declaró Jason Smith, Director Ejecutivo de Bautistas por la Paz, uno de los grupos que se unió a la misiva.
En entrevista con Martí Noticias, señaló que otra dificultad que enfrentan estos grupos de fe es que los pastores cubanos que colaboran con Bautistas por la Paz y otras organizaciones no pueden viajar a Estados Unidos para participar en conferencias.
“Estamos en colaboración con amigos en México, en Puerto Rico, hasta Uganda y la República de Georgia y en ninguna de esas situaciones está tan difícil como Cuba, que solo queda a 90 millas, a 150 kilómetros de los Estados Unidos”, opinó Smith.
Además de Bautistas por la Paz, la carta fue firmada por el Consejo Nacional de Iglesias, el Servicio Mundial de Iglesias, Pax Christi USA, la Iglesia Episcopal, la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.), la Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), Iglesia Metodista Unida, Comité Central Menonita de EE. UU., Comité de Amigos de la Legislación Nacional, Iglesia Evangélica Luterana en América e Iglesia de los Hermanos, la Alianza de Bautistas y Sociedades Misioneras Bautistas Americanas.
En la carta enviada a Biden también piden al presidente que tome medidas adicionales destinadas a aliviar la crisis económica en Cuba y opinan que el embargo contra el gobierno cubano es moralmente inaceptable y va en contra de los derechos humanos.
“No estamos en solidaridad con el gobierno de los Estados Unidos, ni con el gobierno de Cuba. Estamos en solidaridad con el pueblo cubano”, subrayó Smith.
Aunque La Habana insiste en que el embargo es la principal razón de la crisis económica, las importaciones desde Estados Unidos han mantenido una tendencia al alza en los últimos años. Sólo en alimentos y productos agrícolas, Cuba alcanzó en 2023 los 342.6 millones de dólares, según estadísticas del Departamento de Agricultura.
La Administración del presidente Biden ha señalado anteriormente que el embargo permite las exportaciones de productos médicos estadounidenses, así como de otros artículos de apoyo a la ciudadanía cubana.
El 12 de enero de 2021, Estados Unidos designó a Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo tras determinar “que brindó apoyo reiteradamente a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas”.
Este miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos retiró a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, según conoció Martí Noticias.
Un documento enviado a miembros del Congreso y al que Martí Noticias tuvo acceso, dice que el Departamento de Estado ha determinado que las circunstancias para la certificación de Cuba como País que No Coopera Plenamente con los Esfuerzos Antiterroristas (Not Fully Cooperating Country, NFCC) han cambiado de 2022 a 2023 y que, por consiguiente, la cancillería no designa a la isla como tal para el año calendario 2023, según la Sección 40A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas.
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