Cuba
Decreto-ley 310: su señoría, el policía
La jurista independiente Laritza Diversent advierte que, a partir de octubre, la policía cubana podrá investigar y calificar delitos y juzgar y sancionar a los infractores, empeorando el clima de inseguridad jurídica de la ciudadanía.
“¡Pssst¡, ¡Eh, ve’ acá! Calné de i’dad”
“Pero ¿por qué usted me pide…?”
“¡No me’ té re’pondiendo, ni me contete, ni ‘na!, ¡Calné de i’dad te dije!”
“Deja esa forma, viejo…”
“¡Oye: bájame la mano! ¡No me manotee… no me manotee…! ¡Dame el calné de i’dad, ha ‘me el favol!”
“¿Pero ¿por qué?”
“¡Compadre, mira: no me ge’ticule! ¡No me ge’ticule que te vo’a cuadriculal toa la’ véltebra en el carro!”
“Oye pero, cógelo suave…”
“¡No me’ té hablando y saca el calné! ¡O voy a sacá’ el batón y te vo’a paltil toa la epalda!”
Desde el próximo octubre cualquiera de estos policías, muchos abusivos y con cerebro de mosquito (los Aldeanos los llevan peor), no sólo podrá pedirle a cualquier ciudadano cubano el carnet de identidad y llevárselo en el auto patrullero a la estación para que aclare allí.
No, usted tendrá que aclarar con él; él decidirá si usted cometió un delito; determinará cuál , y si se trata de uno penado con menos de tres años de cárcel tal vez no lo enviará a los tribunales, pero le impondrá una multa que podrá oscilar entre 200 y 7.000 pesos cubanos.
La abogada Laritza Diversent, activista del proyecto de asesoría legal gratuita Cubalex, dijo a martinoticias que las recientes modificaciones al Código Penal y a la Ley de Procedimiento Penal implementadas por el decreto-ley 310 del Consejo de Estado, y que entrarán en vigor el 1ro de octubre, empeorarán el clima de inseguridad jurídica de la ciudadanía, y la posibiidad de abusos contra los derechos de los cubanos.
Ella detalla la esencia de las modificaciones: a fin de aligerar la carga de los tribunales provinciales, abrumados por un alza de la “criminalidad” (en su mayor parte delitos económicos como Actividad Económica Ilícita, Acaparamiento, Venta sin Licencia, Intervención en el Mercado Negro etc.) se transfiere a los tribunales municipales la autoridad para juzgar un 78 por ciento de los delitos previstos en el código penal.
Pero a su vez, los gendarmes estarán facultados para resolver mediante multas administrativas un 53 por ciento de esa actividad delictiva. Sólo en un 26 por ciento de esos casos necesitarán que su decisión sea aprobada por un fiscal.
Hasta ahora la autoridad de los policías para imponer multas prácticamente se limitaba a contravenciones con una sanción máxima de un año de privación de libertad. La sanción a imponer era de hasta 1.000 pesos cubanos, susceptible de aumentar a discreción del agente hasta 2.000 pesos “atendiendo a las condiciones personales” del infractor.
Desde octubre,en cambio, la PNR tendrá autoridad sobre los delitos sancionados con hasta tres años, y en la mayoría de los casos el límite de la multa se elevará a 2.000 pesos, pero el uniformado podrá elevarla hasta 3.000.
Si uno acepta la multa en lugar de ir a juicio, estará renunciando a que se presuma su inocencia, y cabe la posibilidad de que se le registren antecedentes penales (el decreto-ley --señala laritza-- no hace precisiones al respecto)
VÍSTEMELO DE AZUL Y PONLE UN MALLETE EN LA MANO
“La pregunta aquí es: ¿están los policías debidamente capacitados para calificar legalmente un hecho y juzgarlo?”, se pregunta la autora del blog Jurisconsulto de Cuba, y recuerda que un juez o un abogado defensor necesita estudiar cinco años en una Facultad de Derecho para poder hacer ese trabajo. Mientras tanto, un policía pasa un breve curso de adiestramiento del cual no sale con suficiente capacitación para aplicar normas legales.
Diversent señala que en su experiencia como asesora legal gratuita con Cubalex se ha encontrado con personas que fueron multadas por un policía bajo los límites previos a la revisión. Esto lo permite el artículo 8.3 del Código Penal vigente, que intenta evitar mediante multas administrativas los efectos contraproducentes de enviar a la cárcel por períodos cortos a personas que no revisten mayor peligrosidad. Sin embargo, en muchos casos estas personas sólo sabían que les habían “aplicado el 8.3”, pero nunca les dijeron por qué delito.
Respecto a la desproporción de las multas precisa que en los delitos en el límite superior, sancionables con hasta 3 años de cárcel y/o multas de más de 50 mil pesos, los nuevos policías-jueces estarán facultados para aplicar correctivos de entre 500 y 5 mil pesos MN, los que el improvisado árbitro podrá extender hasta 7 mil, más de lo que gana un asalariado promedio en un año.
¿MENOS POBLACIÓN PENAL?
“Una vez que se activa la vía judicial, hay muchísimas instrucciones del Tribunal Supremo para que los tribunales inferiores castiguen con severidad”, acota la jurista.
Además, en la actualidad, si la multa se paga a los 3 días y se cumplen los términos de la responsabilidad civil, se cierra el asunto sin consecuencias penales. Con la modificación el término se extiende ta 10 días. Pero en estos casos pueden también decomisar bienes y objetos.
A juicio de Laritza, lo ideal hubiera sido restituir la figura del juez de instrucción, de modo que fuera un perito legal quien calificara el delito, con la posibilidad (no contemplada en las modificaciones) de que la persona acusada, como es su derecho, fuera acompañada desde el inicio del proceso por la asesoría de un representante legal.
Pero en los cambios –afirma Diversent—“no se tuvieron en cuenta las garantías de debido proceso. El policía decide si lleva o no ante el tribunal al ciudadano y la cuantía de la multa y tampoco está prevista en estos casos la asistencia de un abogado defensor. Sin dudas, una sutil forma de violentar el derecho a ser oído públicamente por un tribunal”.
Para concluir, la abogada del proyecto Cubalex se pregunta por qué una legislación de tal envergadura no fue sometida a la Asamblea Nacional que, siendo el máximo órgano legislativo del país, no participa en la implementación legal de los “cambios y transformaciones” en el ámbito económico y social.
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"Berta y yo estamos listos para ir a prisión el día que así lo decida la Seguridad del Estado"
El opositor Ángel Moya dijo este miércoles a Martí Noticias que él y su esposa Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fueron amenazados por la Seguridad de Estado por el impago de multas, que ambos se niegan a abonar, porque consideran que se las impusieron por razones políticas.
“Amenazas de que iríamos a prisión, nos llevarían a prisión, nos encarcelarían por impago de multa y si continuábamos el activismo en favor de los presos políticos cubanos”, denunció el exprisionero político de la Primavera Negra de Cuba en 2003.
Según Moya, anteriormente “estos mismos oficiales” les habían preguntado si ambos tenían pensado marcharse al exilio, a lo cual, el matrimonio opositor siempre respondió que no tenían intención de abandonar la isla.
“Simple y llanamente, yo les respondí que Berta y yo no teníamos interés ninguno en irnos del país y, quizás también esta sutil amenaza de este oficial, que se identificó como 'Damián', tenga que ver mucho con eso”, alegó el opositor.
Moya reiteró además que ni él ni su esposa tienen intención de pagar las multas que se han ido acumulando tras cada domingo de arrestos: “No le hemos pagado ni le vamos a pagar un solo centavo de multa a la Seguridad del Estado puesto que han sido multas impuestas por razones políticas, por tanto, ni jurídicamente, ni moralmente, vamos a pagar un solo centavo de multa. Berta y yo estamos listos para ir a prisión el día que así lo decida la Seguridad del Estado”.
El pasado domingo 16 de abril se cumplió el domingo represivo número 83 contra las integrantes de la organización femenina Damas de Blanco, fundadas al calor de la llamada Primavera de Cuba, donde fueron encarcelados 75 opositores y activistas en toda la isla.
En 2005, el movimiento fue galardonado con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia que otorga el Parlamento Europeo.
(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)
Funcionarios cubanos reconocen múltiples incumplimientos en programas sociales y económicos
Este martes, presidida por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, sesionó la reunión mensual con los gobernadores de las provincias cubanas, y el intendente del municipio especial Isla de la Juventud.
Durante el encuentro, la directora general de la Vivienda, Dilaila Díaz Fernández, reconoció que al cierre del primer trimestre del año, todas las provincias están en retroceso en sus programas de mejoramiento del fondo habitacional.
Antonio Font, quien labora en una cooperativa independiente de construcción, explicó a Martí Noticias que el plan de reparación y construcción viviendas no se cumple porque faltan los recursos indispensables para ejecutar estas tareas.
“Yo quisiera que tú vieras cuánto vale un saco de cemento ahora, cuánto vale una tira de cabilla, es imposible arreglar algo, entonces, lo pocos materiales, los pocos recursos que tiene el gobierno, los destina a los hoteles. Es que no se reparan ni los hospitales”, indicó el constructor.
En esa reunión gubernamental el vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca dijo que tampoco se cumple la demanda de viandas en el país, por los bajos niveles de contratación de campesinos con el Estado.
Sobre este particular, el campesino Esteban Ajete Abascal advirtió a Martí Noticias que lo que sucede es que los agricultores independientes están cansados del hostigamiento estatal.
“Ya el campesino no quiere más negocios con el Estado, con las empresas parásitas estas como ACOPIO”, explicó el líder campesino desde Los Palacios, en Pinar del Río.
El primer vicepresidente del Consejo de Estado Salvador Valdés Mesa criticó en el encuentro los altos niveles de inflación en los alimentos.
“Los precios tienen que subir porque el costo de la materia prima, todo el costo que generan todos esos productos que nosotros adquirimos, se pagan en moneda fuerte y esa moneda fuerte la rige el mercado negro, y en el mercado negro ya supera los 350 pesos un dólar”, dijo a Martí Noticias desde la ciudad de Santa Clara el emprendedor Yoel Espinosa Medrano.
Varios entrevistados por Martí Noticias concluyeron que es otra reunión más, donde se habla de viejos problemas que siguen sin solución, como opinó desde Cienfuegos Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
“Es verdad que es toda una falacia y mentira de ese Consejo de Ministros, la inflación no es a causa de las MIPYMES, la inflación es a causa de que ellos han tratado de dolarizar el país”, opinó el activista.
Sobre esto, opinó en sus redes sociales el economista Pedro Monreal: "De lo que verdaderamente importa, y no de las baraterías “conceptuales” de turno (“proyecciones”, “corregir distorsiones”, “problemática del déficit”), ni parecen saber ni quieren explicar. Se intenta vender como “política económica” cualquier simpleza de moda".
Días atrás, el experto opinó acerca de una reunión similar del Consejo de Ministros de Cuba, llamada a fiscalizar "la marcha de las acciones para corregir las distorsiones y reimpulsar la economía", que no existe tal “reimpulso” económico, que en la isla las llamadas “distorsiones” se agudizan y que las “acciones” gubernamentales son ineficaces.
Opiniones recogidas por nuestra redacción apuntan a otro grave problema, el del desabastecimiento de los alimentos que se venden por la libreta de racionamiento.
“A la bodega no ha llegado absolutamente nada, el desabastecimiento es total, imagínate tú que el aceite ya está a 1.300 pesos”, dijo desde Sagua de Tánamo en el oriente de la isla, Alfredo Álvarez Leyva.
Lo mismo sucede en Holguín, como indicó desde allí el residente Dámaso Alberto Fernández: “Nada de cárnicos, huevos, aceite... en lo que va de año, eso aquí no existe, y para el mes de abril, ayer entraron 4 libras de arroz”.
En Pinar del Río sólo han vendido dos bolsas de leche de las seis que corresponden para niños hasta los siete años, y aún esperan por el arroz de abril, según reportó el periodista independiente José Rolando Cásares.
“Han mentido cuando dicen que tienen la canasta básica asegurada del mes de abril y de mayo”, dijo el activista.
ETECSA multa "actividad subversiva" de periodista en Camagüey que dio “like a cosas graciosas contra los dirigentes”
Por segunda vez en menos de una semana, el periodista independiente José Luis Tan Estrada tuvo que presentarse en la Tercera Estación de Policía de la ciudad de Camagüey.
El comunicador fue multado con 3000 pesos por una supuesta “inspectora de ETECSA”, la empresa estatal que tiene el monopolio de las telecomunicaciones en Cuba.
“Esta vez, antes de entrar a la Estación de Policía, el oficial que estaba de guardia hizo que me quitara todo lo que traía puesto, menos el pantalón, para registrarme”, explicó Tan Estrada a Martí Noticias.
Según Tan Estrada, en esta ocasión fue "atendido" por el mismo policía que lo interrogó el sábado pasado: "Me dijo que unos minutos antes se habían reunido con el ‘grupo comunitario’ de la zona donde resido -yo no sabía que existía un grupo comunitario- para ponerles al tanto, entre comillas, de mi actividad subversiva”.
De acuerdo con el comunicador, el oficial “Manda a pasar a una inspectora de telecomunicaciones, una inspectoras de ETECSA, la cual traía un file cargado con muchas publicaciones mías y me dijo que me iba a aplicar una multa de 3000 pesos porque estaba violando el Decreto Ley Nº 370”, expuso.
“Ahí me enseñó esa carpeta llena de hojas impresas con publicaciones mías tanto en Facebook como en Twitter (X), además de ‘likes’ a memes, comentarios, ‘likes’ a otras publicaciones, memes compartidos e, incluso, publicaciones del año pasado y, según expresó la inspectora, ‘le estaba dando ‘like’ a cosas graciosas contra los dirigentes”, relató Estrada.
El activista camagüeyano dijo que en este proceder “se ponen de manifiesto, una vez más, las manos represivas de la Seguridad del Estado, violando todos los derechos humanos contra quienes alzamos nuestras voces en contra de sus arbitrariedades y en contra de sus acciones represivas”.
Tan Estrada, fue acompañado a dicha entrevista por el también periodista y director de La Hora de Cuba, Henry Constantín, quien tildó de absurda la citación del Ministerio del Interior.
El vicepresidente regional para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa dijo que ese organismo "ya está al tanto" de lo que ocurre con Tan Estrada.
En la entrevista del pasado sábado, la Seguridad del Estado amenazó a Tan Estrada con imputarlo de los cargos de incitación a delinquir, desobediencia y desacato, si no desiste de sus labores informativas y como activista de derechos humanos.
Desde su expulsión de la Universidad de Camagüey, donde impartía clases, hace poco más de un año, el joven ha sido víctima de varias detenciones, interrogatorios, campañas de descrédito por parte del Gobierno, y ataques y amenazas en las redes sociales y en programas de la televisión nacional.
(Con reporte de Yolanda Huerga para Martí Noticias)
"Nada baja"... en Cuba se necesita medio salario para comprar un litro de aceite y 300 pesos para un pan
El pueblo cubano está enfrentando otro año difícil, alertó el economista Orlando Freire Santana.
El desabastecimiento de alimentos está lejos de resolverse, la situación puede empeorar, aseguró.
“Si se cae el pollo , imagínate tú, porque el pollo era más o menos una de las pequeñas proteínas que el pueblo, que el pueblo no, que la gente que puede, porque ahora en Cuba hay una división, los que pueden comprar pollo en la mipymes y los que no lo pueden comprar. Pero bueno, para los que lo podían comprar era una opción”, opinó.
Las exportarciones de carne de pollo de Estados Unidos a Cuba se desplomaron en febrero de 2024 respecto al mes anterior, con caídas de 47,5% en las toneladas y de 42, 4% en valor, regresando a los bajos niveles de noviembre de 2023, señala el economista Pedro Monreal en la red social X.
Siendo esas exportaciones de Estados Unidos, hasta ahora la principal oferta de la fuente de proteína animal de mayor consumo en Cuba, el bache de febrero pudiera indicar la fragilidad de la seguridad alimentaria en un contexto de crisis agropecuaria nacional, escribió Monreal.
"Una posible respuesta es que las mipymes están bajo la presión del combate que el gobierno pretende hacer a lo que ellos llaman “precios abusivos”, o sea, a lo mejor las mipymes se ven desestimuladas a importar pollo porque al precio que las mipymes después lo pueden vender pueden recibir el ataque gubernamental a ese precio, al considerar ese precio excesivamente alto”, opinó Freire Santana.
Actualmente un litro de aceite cuesta 1500 pesos en Camagüey, dijo el periodista José Luis Tan Estrada, eso equivale a casi la mitad del salario promedio en el país, destacó.
“La carne de puerco está 900 pesos la libra. Un pan ya está a 300 pesos, son cosas elementales”, opinó el comunicador.
“Supongamos que usted pueda comprar el aceite y cómo vas a comprar lo que necesita para freír porque un cartón de huevos está hasta en 3500 pesos aquí, es decir, que todo está en aumento y cuando sacas la cuenta es por gusto. Nada baja”, comentó.
Cuba enfrenta una crisis en de liquidez y muchos aseguran que la situación económica seguirá empeorando.
Denuncian "práctica represiva amplia y diversificada" en Cuba en marzo
Cuba registró en marzo pasado 388 incidentes de hostigamiento por parte de las autoridades, reportó la asesoría jurídica Cubalex, la cifra más alta desde agosto de 2022, cuando la organización comenzó a documentar cada mes las violaciones de derechos humanos en la isla.
"Durante el mes de marzo, Cuba fue testigo de las primeras protestas masivas del año 2024. A pesar de que el régimen cubano negó la represión, los hechos demuestran una práctica represiva amplia y diversificada", señaló la ONG en un informe publicado el martes.
El grupo con sede en Estados Unidos afirmó que algunos de los 388 incidentes de hostigamiento que registró su equipo de monitoreo estuvieron directamente relacionados con la represión de las protestas populares.
Según Cubalex, los incidentes se distribuyeron por todas las provincias y 59 municipios, incluyendo la Isla de la Juventud. En La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas se registró el mayor número de actos represivos.
En el informe, Cubalex identificó los patrones de represión en relación con las protestas de marzo y cómo estas prácticas represivas "constituyen violaciones flagrantes de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución nacional, como la libertad de expresión, reunión, manifestación y asociación para fines lícitos y pacíficos", señala una nota de la organización.
La ONG precisó que para la elaboración del reporte se analizaron 719 registros que incluyen 331 noticias sobre el contexto y 388 eventos de represión ocurridos del 1 al 31 de marzo de 2024, y que los datos se obtuvieron principalmente de publicaciones en Facebook (333), sitios web de noticias (178), la red social X (135) y aportes directos a Cubalex (44).
La organización explicó que la represión en marzo se produjo en un contexto de crisis generalizada, en el que la población cubana volvió a sufrir apagones de más de 15 horas, el deterioro de los servicios públicos como el abasto de agua, el sistema de salud, la recogida de basura y la distribución normada de alimentos "que aparecen cuando las personas se lanzan a la calle a protestar". Mientras, señaló, el régimen invirtió "cuantiosos recursos para organizar eventos de propaganda internacionales, como el Coloquio Patria".
A principios de abril, Cubalex dijo en un comunicado que varios cubanos han sido detenidos, interrogados y amenazados por sus publicaciones en redes sociales tras las protestas de marzo en varias provincias del país.
"Registramos acciones represivas contra ciudadanos y activistas por sus publicaciones en redes sociales. Tales acciones contra la libertad de expresión representan una violación flagrante de los derechos humanos, evidenciando una alarmante tendencia de intimidación por parte del régimen, con el objetivo de silenciar las voces disidentes", señaló la ONG.
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