A Carromero le piden 7 años de privación de libertad. ¿Por qué España no hace nada por su ciudadano y espera tranquilamente a que lo sancionen?
Para las autoridades consulares españolas la situación personal de Ángel Carromero como acusado es su preocupación principal.
Con la intención de actuar de la forma en que más favorezcan al acusado, las autoridades consulares han preferido manejar su caso con un bajo perfil, sin declaraciones públicas o asociaciones políticas a los intereses que pueden mover el juicio en contra del ciudadano español.
Proveerle de los servicios consulares, velar porque se respeten sus derechos como acusados, gestionar la defensa penal de Carromero y garantizar un régimen de comunicación estable con familiares y representantes, son algunas de las tares asumidas por el consulado español en la Habana.
Las posibles conversaciones o negociaciones que se establezcan a nivel de estado sobre este caso, nunca serán del dominio público y no es prudente para nadie especular al respecto.
Si se deja claro que existe un acuerdo de expatriación entre España y Cuba, mediante el cual, previo acuerdo de ambas partes, los ciudadanos de un país, sancionados en el otro, pueden ser entregados a su nación de origen para que extingan allí la sanción que en su día impuso el tribunal de origen.
Esta pudiera ser una de las salidas que tuviera el caso de Carromero, pero no existe ningún indicio para asegurar que negociaciones de este tipo se hayan realizado.
Por lo pronto, a los efectos públicos del proceso, el consulado español ha mantenido contacto permanente con Carromero, sus familiares y representantes.
Para las autoridades consulares españolas la situación personal de Ángel Carromero como acusado es su preocupación principal.
Con la intención de actuar de la forma en que más favorezcan al acusado, las autoridades consulares han preferido manejar su caso con un bajo perfil, sin declaraciones públicas o asociaciones políticas a los intereses que pueden mover el juicio en contra del ciudadano español.
Proveerle de los servicios consulares, velar porque se respeten sus derechos como acusados, gestionar la defensa penal de Carromero y garantizar un régimen de comunicación estable con familiares y representantes, son algunas de las tares asumidas por el consulado español en la Habana.
Las posibles conversaciones o negociaciones que se establezcan a nivel de estado sobre este caso, nunca serán del dominio público y no es prudente para nadie especular al respecto.
Si se deja claro que existe un acuerdo de expatriación entre España y Cuba, mediante el cual, previo acuerdo de ambas partes, los ciudadanos de un país, sancionados en el otro, pueden ser entregados a su nación de origen para que extingan allí la sanción que en su día impuso el tribunal de origen.
Esta pudiera ser una de las salidas que tuviera el caso de Carromero, pero no existe ningún indicio para asegurar que negociaciones de este tipo se hayan realizado.
Por lo pronto, a los efectos públicos del proceso, el consulado español ha mantenido contacto permanente con Carromero, sus familiares y representantes.