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Lucha por los testigos electorales en Venezuela
Algunos testigos han recibido "amenazas de muerte", según Leopoldo López, coordinador nacional de la campaña opositora
Tanto Hugo Chávez, que busca su tercera reelección presidencial, como el candidato opositor Henrique Capriles cifran sus esperanzas en más de 200.000 personas que trabajarán para ambas campañas como testigos electorales y promotores del voto en unos comicios caracterizados por una paridad en las maquinarias electorales, que no se había visto en el país desde que el presidente Hugo Chávez (1999-2012) está en el poder.
La agencia Prensa Asociada (AP) dijo que la diferencia la hará quien sea más eficiente en el manejo de los ejércitos de testigos y promotores para sortear mejor sus propias deficiencias: los comandos chavistas van a concentrarse en asegurar que la lealtad de sus electores se traduzca en votos, como lo ha hecho en varias elecciones anteriores ante un descontento y una oposición 'in crescendo'.
En contraste, los opositores se han concentrado en tener testigos electorales en todas las mesas de votación del país y, por primera vez, un partido opositor parece haberlo logrado.
En total son 14.000 puestos de votación que sumará a una maquinaria electoral tan aceitada como la oficialista para asegurar los votos, en contraste con lo sucedido seis años atrás cuando el chavismo ganó por amplio margen y su campaña estuvo mejor organizada que la de su oponente.
Fuera de los votos, la meta de la campaña de Capriles es lograr que en zonas como la barriada capitalina del 23 de Enero, considerada como conflictiva por la presencia de grupos pro oficialistas armados, conocidos como "colectivos", los testigos electorales hagan su trabajo sin incidentes ni violencia.
Por el momento, 459 testigos han sido confirmados en el lugar, pero algunos han recibido "amenazas de muerte", según Leopoldo López, coordinador nacional de la campaña opositora, quien no aportó mayores detalles.
"Ha sido difícil en la zona donde ellos (milicias pro oficialistas) tienen mayor participación de amenaza y de control de la zona, pero con todo y eso, la gente ha asumido su responsabilidad y compromiso, y ya están conformados los equipos", dijo a The Associated Press una testigo electoral asignada al lugar cuya identidad mantenemos en el anonimato por temor a represalias.
Estas milicias populares controlan, en algunos sectores, el ingreso de personas en puestos de vigilancia, verifican las identidades de quienes quieran entrar, portan pistolas y se han constituido en autoridad de facto al resolver conflictos vecinales.
Esta barriada es apenas uno de los 278 lugares del país donde la oposición cree que se pueden presentar conflictos el día de los comicios y ha pedido al Consejo Nacional Electoral que tome medidas. La autoridad no ha emitido comentarios al respecto.
"No importa cómo hay que llegarle (a los centros), y literalmente tenemos que desplegar distintos tipos de estrategia para llegarles por la vía fluvial, en burro, en jeep", dijo el coordinador López, y que espera contar con unas 40.000 actas de votación que registran los sufragios que emitirán cada una de las mesas de votación cuando cierren las elecciones.
Entre testigos principales, suplentes y quienes van a ayudar a movilizar los votantes, la maquinaria opositora va a tener unas "210.000 personas" el día de la votación, según López. Miles de voluntarios serán asignados a conducir a los votantes a las urnas así implique transportar en ambulancias a los enfermos o llevar en sillas de ruedas a los ancianos.
López dijo que la oposición tendrá una plataforma de comunicación que le permitirá saber "en tiempo real que es lo que está ocurriendo" en todas las urnas electorales del país.
"No queremos esperar a que nos digan que fue lo que ocurrió el día de la votación, sino que nosotros queremos saber qué es lo que esté pasando durante el día y luego del cierre queremos saber con exactitud cuáles serían los resultados del proceso electoral", dijo.
Por ahora, la maquinaria oficialista es más visible en calles pues cuenta con centenares e improvisados toldos bautizados como "puntos rojos", que fueron instalados en las principales ciudades del país en julio.
Como meta, las huestes chavistas esperan recaudar 10millones de votos y esperan que cada persona convenza a otras 10 personas de votar por el actual presidente. De los 29 millones de habitantes que tiene Venezuela, unos 10 millones están registrados para ejercer el derecho al sufragio.
La oposición ha expresado su preocupación sobre la presión que la maquinaria chavista podría poner sobre funcionarios públicos y votantes que son beneficiados con programas sociales del gobierno.
Capriles y sus líderes de campaña han instado a los votantes a no tener miedo y les han dicho que su voto será secreto porque el sistema de votación electrónica así lo prevé.
"Entre más logres movilizar a los tuyos, menos te tienes que preocupar de los independientes", dijo César Martínez, presidente de la empresa MAS Consulting, consultora de gobiernos, políticos y empresas.
"El que logre movilizar más gente suya, más base, ya tiene una gran ventaja. Que vaya salir el indeciso, que vaya a salir el voto variable, ya depende de si quiere o no".
Mientras algunas encuestas, promocionadas por el gobierno, le han dado a Chávez una ventaja de alrededor de 15 puntos porcentuales sobre el candidato opositor, otros estudios de opinión hablan de una leve ventaja de Capriles.
Luego de meses de ir abajo en todas las encuestas, un estudio de este mes de la firma local Consultores 21, una de las principales del país, reveló que Capriles cuenta con una intención de voto de 48,3%, mientras que Chávez tiene un apoyo de 45,7%. La encuesta, cuyo margen de error es de 2,58%, se realizó entre 1.500 personas a nivel nacional.
Saúl Cabrera, vicepresidente de Consultores 21, dijo a la AP que considerando el margen de error se puede hablar que hay un "empate técnico" entre los dos candidatos a escasos días de las elecciones.
Una segunda encuesta, realizada por la firma Datanálisis entre 1.600 personas y con un margen de error de 2,4%, le otorgó a Chávez una intención de voto de casi del 50%. También indicó que el porcentaje de indecisos es de 11%.
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EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.
En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.
“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.
Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.
“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.
En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.
“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.
Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.
La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com
OEA condena incursión de policía ecuatoriana en embajada mexicana en Quito
Con los votos de 29 países, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que condena la "intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la Misión".
Ecuador votó en contra y El Salvador se abstuvo. México, que rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano, estaba ausente.
La resolución reafirma “la obligación de todos los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y del principio de inviolabilidad, de conformidad con el derecho internacional, como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los Estados”.
Asimismo reafirma “la obligación que tienen los Estados Parte de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas sus disposiciones”.
También reafirma que “sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor; y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.
LA OEA en su resolución, exhortó al Ecuador y México a que, “de acuerdo con el derecho internacional, inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva” y puso a la disposición de ambos gobiernos “los buenos oficios de la Organización de los Estados Americanos para facilitar todo esfuerzo que pueda ser útil”.
En comentarios después de la votación, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, reiteró el compromiso de Estados Unidos con el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Convención de Viena y dijo que Washington condena cualquier violación de este acuerdo.
“El gobierno ecuatoriano hizo caso omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviabilidad de las misiones diplomáticas... Este punto está plasmado en la resolución aprobada por este Consejo”, expresó Mora.
La aprobación abrumadora de la resolución ocurrió a pesar de que en una sesión celebrada la víspera, la delegación de Ecuador justificó las acciones en la sede diplomática mexicana.
En la sesión, el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, pidió a la comunidad internacional “revisar y actualizar” las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales para erradicar los nuevos fenómenos delictivos de crimen organizado trasnacional.
Dávalos aseguró que el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, acusado de corrupción y que estaba asilado en la embajada de México en Quito cuando entraron las tropas ecuatorianas, “no reunía los requisitos” para recibir el asilo.
Asimismo, dijo que México, con su actitud, “socava y desnaturaliza” la figura del asilo y se promueve la impunidad.
Por su parte, en la sesión del martes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. También añadió que la redada del ejército ecuatoriano en la embajada de México el pasado 5 de abril no podía estar justificada por las leyes internas.
“No hay duda que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del orden jurídico internacional”, declaró Almagro en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.
El Secretario General llamó a "exigir que se retome la senda de la legalidad internacional", porque no se puede permitir, dijo, "que quede como precedente lo ocurrido" e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a las disputas.
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