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Correa prohíbe a sus ministros hablar para medios privados


Rafael Correa

El presidente ecuatoriano había declarado: “¿Por qué tenemos que dar entrevistas? ¿Por qué nuestros ministros tienen que dar entrevistas en Ecuavisa, Teleamazonas, El Universo, si son negocios privados?"

En un hecho inédito en la historia reciente de Latinoamérica, el gobierno ecuatoriano oficializó que los ministros de Estado no podrán asistir a entrevistas en los medios privados de comunicación, tachados de “mercantilistas” por el régimen.

En el pasado enlace sabatino, el presidente Rafael Correa dijo -muy suelto de huesos- que se estaba analizando la posibilidad de que sus funcionarios no concedieran entrevistas pues eso, según él, sólo enriquecía a ciertas familias. “¿Por qué tenemos que dar entrevistas? ¿Por qué nuestros ministros tienen que dar entrevistas en Ecuavisa, Teleamazonas, El Universo, si son negocios privados? ¿Acaso con eso no estamos contribuyendo a llenarse el bolsillo de las seis familias que dominan los medios de comunicación?”, expresó.

Por su parte el Secretario de Comunicación oficializó el hecho, y como vocero del gobierno de Correa, apuntó: “No vamos a aceptar entrevistas con esos canales mercantilistas que han defraudado a la ciudadanía, que no son capaces de sentarse en nuestros medios a tratar temas que ellos deben responder a los ciudadanos”. La Secretaría de Comunicación creó un nuevo programa denominado “Diálogo abierto”, calificado por su titular Alvarado como “internáutico”, que se transmite en el portal en internet del diario gobiernista El Ciudadano. Y dijo que a ese espacio serán invitados los ministros y los funcionarios públicos para “rendir cuentas” y “responderle a los ciudadanos”.
“Más que soberbia me parece una medida cobarde”, comenta la analista política María Fernanda Perrone. “Los funcionarios de Estado debían enfrentar a los medios y responder por su accionar. Esa es su esencia en una democracia”.

Varios juristas consultados han coincidido en que esa medida es violatoria del artículo 18 de la Constitución, además de transgredir principios universales de la libertad de información y de expresión. “Los medios de comunicación constituyen los vehículos a través de los cuales la sociedad se informa de los actos, de las opiniones de los funcionarios públicos”, expresó el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Santiago Guarderas.

El apartado legal sobre el Derecho a la información, especifica: “Todas las personas, en forma individual y colectiva, tienen derecho a: buscar, recibir, intercambiar, producir, difundir, información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior”.

Pero eso no ha sido tenido en cuenta por esta medida, que favorece a los llamados “medios públicos” (en realidad de propaganda). De hecho, ya la ministra de la Política, Betty Tola, empezó a acatar la medida y el martes aclaró que no iba a dar entrevistas a los medios particulares, sino solo a los públicos. “Como ministerio tenemos una línea, no de ahora, de priorizar la relación con los medios públicos”, dijo Tola.

El asunto no para ahí. Se ha sabido hoy que al menos 20 medios de comunicación, entre estaciones de radio y video por suscripción, serían cerrados, y sus bienes incautados, si no apagan los equipos, según anunció el superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo.

Consultado al respecto, el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), Roberto Manciatti , comentó: “Le vamos a preguntar al superintendente si estos cierres son legales, porque son 14 radios clausuradas.

Este es un tema que nos preocupa. Si se trata de un cierre por no haber pagado las cuotas que los medios, los concesionarios de frecuencia estamos obligados a pagar mensualmente, o está hecho con base en retaliaciones políticas. En lo que no estamos de acuerdo bajo ningún punto de vista es en que se requisen los equipos. No olvidemos que únicamente la frecuencia es del Estado”. Manciatti anunció que la AER está en “alerta máxima” y que después de la reunión con el superintendente harán un pronunciamiento público.

El constitucionalista Roberto López escribió en su columna del diario Expreso: “¿Sutil habilidad política? No. Más bien, merece una membresía vitalicia del nuevo teatro Sánchez Aguilar o un doctorado Honoris Causa del teatro La Mueca, porque solo es teatro para hacernos olvidar las avionetas y las valijas. Y para que discutamos este adefesio y no hechos como la integración del Consejo Nacional Electoral por parte de personas afines al régimen, la devolución de los ocho millones de dólares que costaron los chalecos a la ciudadanía que ya pagó por ellos o el injustificado mantenimiento del gasto público ahora que se ha producido una caída en picada de los precios mundiales del petróleo”.

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