Sumario
- Rafael José Quero Silva, excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana deportado por Estados Unidos a Venezuela, estaba bajo la lupa de autoridades federales desde hace años por denuncias de graves violaciones de derechos humanos.
- Una de sus denunciantes, María Elena Uzcátegui Castro, asegura que fue detenida en 2014 durante un allanamiento dirigido por Quero Silva.
La deportación a Venezuela del excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana Rafael José Quero Silva genera preocupación entre algunas de las personas que lo denunciaron en Estados Unidos por violaciones de derechos humanos.
Una de ellas es María Elena Uzcátegui Castro, quien asegura que fue detenida en septiembre de 2014 durante un allanamiento a su vivienda en Barquisimeto, estado Lara, realizado por una comisión de la Guardia Nacional bajo las órdenes de Quero Silva, entonces comandante del Destacamento 47.
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Denuncias de tortura pusieron al coronel venezolano Quero Silva bajo la lupa del FBI
“Mediante un allanamiento que me practicó él en mi casa, con una comisión de la Guardia Nacional que estaba dirigida por él, me llevaron al Destacamento número 47, el cual era el comandante en jefe para ese momento”, relató Uzcátegui.
Tenía 56 años cuando ocurrió su detención. Doce años después, asegura que todavía recuerda el episodio como “la peor experiencia” de su vida. Según su testimonio, permaneció aislada durante su encarcelamiento, sufrió malos tratos y fue detenida por razones políticas.
“La peor experiencia de mi vida. Yo sentí que el mundo se me caía. No imaginé jamás pasar por una situación como esa, pero ya no había marcha atrás”, afirmó.
El FBI recopiló testimonios
Uzcátegui asegura que años después fue contactada por el FBI para ser entrevistada sobre Quero Silva y que fue entonces cuando descubrió que el exmilitar residía en Estados Unidos.
“El FBI me contactó y me hace una entrevista. Ahí es cuando yo me entero de que Quero Silva está en los Estados Unidos”, relató.
Según Uzcátegui, el funcionario federal que la entrevistó le indicó que había recopilado testimonios de alrededor de 20 personas relacionados con el exmilitar.
Mientras residía en el sur de Florida, Quero Silva llegó a participar como extra en producciones dramáticas de televisión, según relata Uzcátegui. Las denuncias contra el exmilitar llegaron posteriormente a los tribunales estadounidenses.
En diciembre de 2025, Uzcátegui y otras cuatro personas presentaron una demanda civil federal en su contra bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura.
El proceso quedó radicado ante la Corte Federal para el Distrito Sur de Florida. Una orden judicial emitida durante el litigio señala que los demandantes alegan que Quero Silva “facilitó y participó” en la tortura de cada uno de ellos mientras ejercía como teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana en Barquisimeto. La misma orden recoge la acusación de que habría ordenado, autorizado y supervisado torturas contra manifestantes y detenidos. Se trata de alegaciones de los demandantes dentro de un proceso civil.
Detenido por ICE y deportado a Venezuela
Quero Silva fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 27 de febrero de 2025 en Miramar, Florida.
Según las autoridades estadounidenses, había ingresado a Estados Unidos el 20 de junio de 2016 por el Aeropuerto Internacional de Miami y permaneció en territorio estadounidense después de vencido el período autorizado de su admisión.
El Departamento de Seguridad Nacional sostiene además que Quero Silva estuvo involucrado o tuvo conocimiento del uso excesivo de la fuerza, detenciones y torturas cometidas contra manifestantes opositores mientras comandaba el Destacamento 47.
ICE señala que reportes vinculan al exmilitar con la tortura de al menos 74 manifestantes en 2013, quienes habrían sufrido descargas eléctricas, fuertes golpizas, amenazas de violación y otras formas de abuso físico, psicológico y sexual.
Quero Silva fue deportado a Venezuela el 19 de agosto, después de que un juez de inmigración del Departamento de Justicia ordenara su expulsión.
El congresista republicano por Florida Carlos Giménez respaldó la decisión de impedir que personas señaladas por violaciones de derechos humanos permanezcan en Estados Unidos.
“Si de verdad fueron parte del régimen, si de verdad negaron los derechos humanos a sus propios ciudadanos, no deben tener el derecho de quedarse en los Estados Unidos”, afirmó Giménez.
Por su parte, el exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, reclamó justicia para quienes denunciaron al exmilitar.
“Que haya justicia. Los testimonios de las víctimas de este personaje son desgarradores, son muy duros”, expresó.
Uzcátegui dice que esperaba que Quero Silva fuese juzgado en Estados Unidos. "Fue la decisión de ICE y nosotros hicimos lo que estuvo a nuestro alcance”, dijo.
El litigio civil continuaba activo mientras Quero Silva se encontraba bajo custodia migratoria. El 10 de agosto, apenas nueve días antes de su deportación, una magistrada federal ordenó al exmilitar responder interrogatorios, entregar documentos y cumplir con otras obligaciones del proceso antes del 31 de agosto.
Temor por familiares en Venezuela
Aunque Uzcátegui asegura sentirse protegida en Estados Unidos, la llegada de Quero Silva a Venezuela le genera ahora una nueva preocupación: la seguridad de familiares que permanecen en el país.
La denunciante teme que puedan producirse represalias como consecuencia de las acusaciones y testimonios que presentó contra el exmilitar ante autoridades estadounidenses.
Hasta el momento no hay registros públicos de la situación de Quero Silva tras su llegada a Venezuela.