Voces cubanas advierten: las 176 medidas económicas no pueden funcionar sin Estado de derecho

La aprobación, en junio de 2026, de un paquete de 176 medidas económicas y sociales por la Asamblea Nacional del Poder Popular ha sido presentada por el gobierno cubano como la transformación más ambiciosa desde el Período Especial de los años 90. El plan contempla, entre otros aspectos, mayor espacio al sector privado, banca privada bajo supervisión del Banco Central, apertura a la inversión extranjera (incluyendo cubanos residentes en el exterior), cambios en la gestión de empresas estatales y cierta liberalización de precios y comercio.

Sin embargo, desde el interior de la isla y desde la diáspora, economistas e intelectuales independientes continúan cuestionando con insistencia que estas medidas puedan aplicarse de forma creíble, sostenible o beneficiosa para la población mientras no exista un Estado de derecho, garantías jurídicas efectivas, independencia judicial y un marco institucional que limite el poder discrecional del Estado.

Dagoberto Valdés Hernández

El director del Centro de Estudios Convivencia (que opera desde Pinar del Río) ha sido una de las voces más directas. En entrevista con el medio chileno El Líbero, calificó el paquete de “incompleto, insuficiente e inseguro, porque no hay garantía jurídica que las ampare”. Subrayó que “en una sociedad donde no hay libertad ni derechos humanos respetados, es casi imposible tener propiedad privada segura, garantías para la inversión extranjera [o] propiedad empresarial garantizada por la ley, porque efectivamente no hay división de poderes. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial es el mismo régimen que en cualquier momento puede revertir las medidas que ahora aprueba”.

Para Valdés, se trata de “una compra de tiempo a cambio de humo. No está para nada garantizado un cambio de modelo económico hacia una economía de mercado, sino una economía de mercado tutelada, controlada y en propiedad de una élite gobernante”.

En un artículo anterior al anuncio de las medidas, “Mercado y Estado: cuestión de libertad y proporciones”, Valdés describía la situación de la economía como un capitalismo primitivo y salvaje para el pueblo, yuxtapuesto “con lo peor del socialismo: monopolio estatal o de privados seleccionados por su fidelidad al régimen, prohibición de acumular propiedades y capital; hegemonía de la Empresa Estatal Socialista, consagrada por la Constitución de 2019; sin sindicatos independientes; con prioridades de inversiones decididas por un pequeño grupo sin participación de la sociedad civil, por ejemplo: los que deciden que los paupérrimos recursos que quedan sean utilizados en construir hoteles y servicios para un turismo a pesar de que en todo el año 2022 solo se ocuparon el 15.6 % de las habitaciones”.

El exdirector de la revista católica “Vitral” sugirió una fórmula “que combine todo el mercado posible para garantizar la competitividad humana, la productividad creciente, la sostenibilidad indispensable y el desarrollo humano integral, con solo el Estado que se necesite para garantizar la seguridad y la estabilidad ciudadana, el cumplimiento del marco legal, la protección de los sectores menos favorecidos, así como la distribución y las prioridades del presupuesto nacional en sectores clave que dinamicen la economía”.

Pedro Monreal González

El economista cubano residente en España ha analizado el documento oficial con detalle. Señaló que el verbo “permitir” aparece 29 veces y advirtió: “‘Permitir’ es una postura permisiva del poder (‘te dejo tener’), radicalmente distinta al reconocimiento jurídico de un derecho inalienable”. “En ninguna parte de las 176 medidas es posible identificar un reconocimiento sustantivo del derecho a la propiedad privada”. Para que ese reconocimiento existiera, argumentó, sería necesaria una limitación jurídica del poder estatal que convierta la expropiación en algo excepcional y sujeto a debido proceso.

En un texto recién publicado, “El Estado democrático de derecho en Cuba y el pesimismo de la comparación con los imperfectos”, Monreal sitúa ese paquete dentro de un patrón político histórico. Pregunta: "¿Es tan difícil entender que existen muy altas probabilidades de que el actual paquete de 176 medidas se inscriba en un patrón recurrente de grandes planes (ordenamiento, actualizaciones del modelo, corrección de distorsiones, etc.) que se diseñan desde el centro político-partidista, se legitiman ideológicamente como “continuidad” de un modelo socialista y que cuando sus diagnósticos y planes fracasan no hay consecuencias sustanciales para el poder?".

El experto recuerda que la Constitución de 2019 define al Partido Comunista de Cuba como “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”. Señala que, en ausencia de elecciones competitivas, separación de poderes efectiva, sociedad civil independiente y prensa libre, no existe presión institucional para revisar el principio de situarse “por encima de todo”. “El resultado es una sucesión de planes ambiciosos que agravan la pobreza y el descalabro sin que el sujeto político responsable pierda capacidad de seguir decidiendo”, concluye.

Elías Amor Bravo

El profesor hispano-cubano de la Universidad de Valencia ha declarado a Martí Noticias: "Estas medidas que están tomando, para que lleven a una economía de mercado, lo primero que hay que asegurar es que la Constitución que rige la actividad económica y privada del país permita ir hacia una economía de mercado. Y la Constitución de 2019 es una Constitución marxista-leninista. Yo les digo a los inversionistas: ‘ustedes no pongan ni un céntimo de euro en Cuba porque no tienen garantías’. La Constitución cubana tiene tres artículos dedicados a las expropiaciones y a las confiscaciones. Ese potencial de expropiación que tiene el Estado supone que una persona en Cuba invierte y se puede quedar sin su negocio porque se lo quitan, porque se lo confiscan. Hasta que eso no desaparezca literalmente del texto constitucional, cabe la posibilidad de que el Estado cometa esas atrocidades".

Pavel Vidal Alejandro

Vidal Alejandro, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia, y exfuncionario del Banco Central de Cuba, ha abordado tanto las 176 medidas como la necesidad de un marco institucional democrático.

Sobre las reformas anunciadas por el gobierno (junio de 2026) dijo a elTOQUE: "Muchas de las medidas anunciadas coinciden con propuestas que economistas cubanos hemos defendido durante años. Entre ellas, se encuentran la liberalización de la agricultura, la eliminación de límites innecesarios al sector privado, el desmontaje del monopolio estatal sobre el comercio exterior, la creación de canales más flexibles para la llegada de inversión extranjera y la participación del sector privado en el sistema financiero".

Sin embargo, advirtió: "Existe el riesgo de que este sea otro intento de anunciar transformaciones para ganar tiempo, sin asumir plenamente las implicaciones políticas e institucionales de una reforma económica profunda. Resulta llamativo que las reformas de mercado se anuncien sin un cambio suficientemente claro en el discurso político, sin transformaciones políticas visibles y sin una renovación explícita de las narrativas oficiales".

Mauricio de Miranda Parrondo

Miranda Parrondo, también profesor en la Javeriana de Cali, coincide en que abrir espacios al mercado y a la inversión extranjera es un paso en la dirección correcta, pero en entrevista con Diario de Cuba insistió en que “esas reformas necesitan un marco institucional que hoy no existe en Cuba”. Sin independencia judicial, garantías para la propiedad privada, seguridad jurídica y reglas estables, “el Gobierno difícilmente logrará atraer las inversiones que necesita ni generar la confianza indispensable para reactivar la economía”.

Cuba Transformación

Estas preocupaciones se recogen de forma sistemática en la propuesta elaborada por el grupo Cuba Transformación (integrado por los economistas cubanos Monreal, Vidal Alejandro, De Miranda, Omar Everleny Pérez Villanueva y Ricardo Torres Pérez).

El documento plantea desmontar el modelo vigente y sustituirlo por “una economía social de mercado sustentada en un Estado democrático de Derecho”. Sus autores aclaran que no se trata de un complemento a las 176 medidas oficiales, sino de una hoja de ruta propia que requiere condiciones políticas e institucionales inexistentes hoy: elecciones pluripartidistas, libertades de asociación, prensa y expresión, y sometimiento de los poderes del Estado a la ley.

“La crisis cubana no es únicamente económica”, señala el texto, “sino que expresa también el agotamiento de un arreglo institucional que concentra el poder económico y político”.

Un diagnóstico compartido

Las voces coinciden en varios puntos: las 176 medidas amplían formalmente el espacio del mercado y del sector privado, pero lo hacen bajo tutela política. Mientras el gobierno anuncia la aprobación de cientos de normas para “respaldar” las medidas, los críticos sostienen que normas aprobadas por el mismo poder que puede revocarlas no sustituyen a un Estado de derecho.

El debate entre los especialistas, en definitiva, no se reduce al contenido técnico de las 176 medidas, sino que alcanza las condiciones políticas e institucionales necesarias para aplicarlas. Aunque difieren en el alcance que atribuyen a las reformas, coinciden en advertir que su efectividad dependerá de la existencia de seguridad jurídica, reglas estables y límites al poder discrecional del Estado. Para Valdés, Monreal, Amor, De Miranda, Vidal y el grupo Cuba Transformación, la respuesta es negativa: sin ese marco, las medidas corren el riesgo de convertirse en otro experimento temporal de supervivencia del modelo, en lugar de una transformación real.