Sumario
- La Fiscalía Provincial de La Habana pidió condenas de hasta 30 años para Ardenys García Álvarez, el hombre que entró a Cuba en una moto acuática, y otros 29 acusados.
- Según la acusación, García Álvarez transportó armas de fuego, municiones, armas blancas y equipos de radiocomunicación con el objetivo de establecer células armadas en la isla.
La Fiscalía General de la República entregó la petición fiscal a un grupo de 30 cubanos acusados de organizar, financiar y ejecutar un plan de levantamiento armado que presuntamente pretendía desestabilizar el orden político y social en el país.
El principal implicado, Ardenys García Álvarez, enfrenta una solicitud de sanción conjunta de 30 años de privación de libertad.
Su madre, Marta Álvarez, dijo a Martí Noticias que su hijo, lejos de ser un criminal es un patriota: "Llevaba viviendo en Estados Unidos casi 13 años. Regresó a Cuba en una bicicleta acuática, el 29 de octubre de 2023, y lleva trancado en una celda todo ese tiempo".
De acuerdo con el documento de la acusación, al que esta redacción tuvo acceso, el plan fue promovido y financiado desde el exterior por la organización "La Nueva Nación Cubana en Armas", liderada por William Cabrera González, incluido en una lista de "terroristas" elaborada por el régimen, en coordinación con la entidad "Auto Defensa del Pueblo".
García Álvarez, quien según el órgano acusador habría recibido entrenamiento militar en el estado de Florida, en Estados Unidos, ingresó ilegalmente al territorio nacional el 31 de octubre de 2023, por la costa de Matanzas, empleando una moto acuática.
En una entrevista, en julio de 2024, Cabrera González señaló que su organización "provee entrenamiento militar, pero no con objetivos subversivos".
Las "Conclusiones del Estado" aseguran que García Álvarez transportó armas de fuego, municiones, armas blancas y equipos de radiocomunicación con el objetivo de establecer células armadas en las provincias de Cienfuegos, Camagüey, Las Tunas y Santiago de Cuba.
El documento detalla que los implicados planeaban ejecutar atentados contra autoridades del Ministerio del Interior (MININT) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), sabotear estructuras estatales de interés económico como cañaverales y centros turísticos y forzar la renuncia de dirigentes gubernamentales mediante actos de coacción y violencia.
Del mismo modo, indica que los implicados recopilaron fotografías satelitales e información confidencial sobre unidades militares estratégicas en Cienfuegos y localizó los domicilios particulares de altos jefes policiales para ser utilizados en planes de contingencia.
La Fiscalía afirma que constató el empleo de miles de dólares y moneda nacional (CUP) para asegurar la logística, la compra de insumos simulados de uso militar y el reclutamiento de ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica.
Los acusados enfrentan cargos por los delitos de Terrorismo, Delitos contra el Orden Constitucional, Espionaje, Portación y Tenencia Ilegal de Armas, Salida Ilegal del Territorio Nacional y Tráfico Ilegal de Divisas.
Además de las penas de prisión solicitadas, que oscilan entre los 10 y los 25 años para los colaboradores principales, la Fiscalía decomisó todos los bienes materiales incautados durante el operativo, incluyendo las cinco pistolas ocupadas y las municiones escondidas en un pomo, precisó el informe oficial de la investigación del Ministerio del Interior publicado originalmente el 7 de julio de 2024.
El órgano estatal no aclara en sus Conclusiones Provisionales si alguna de las actividades descritas en las inculpaciones se concretó en la práctica.
Una investigación de la cadena hispana Telemundo ubica a Ardenys García Álvarez como acusado de "conspiración para transportar y albergar a migrantes", según registros de la corte federal en Estados Unidos.
Aunque se trata de cargos no relacionados con los imputados en Cuba, resulta llamativo que no fueron mencionados por las autoridades cubanas en la que llamaron una “investigación exhaustiva”.