Seguridad del Estado abre investigación contra Carolina Barrero por "clandestinidad de impresos"

Carolina Barrero. (Foto: Facebook)

La Seguridad del Estado abrió una investigación contra la activista del 27N Carolina Barrero, una de las dos miembros del grupo que entregó el martes una petición a la Asamblea Nacional, en La Habana, para que revoque los cargos del ministro de Cultura y diputado Alpidio Alonso Grau.

Barrero había sido citada para este sábado ante el instructor penal, capitán Gustavo Figueredo Pérez, a las 11.30 de la mañana, en la estación de la calle Picota 209 e/ Paula y San Isidro, según informó la joven en su perfil de Facebook.

Tras salir de la estación, detalló que la Seguridad del Estado le ha abierto un expediente sobre una denuncia impuesta por la "agente Kenia".

"Me dice el capitán Gustavo que tienen un plazo de hasta diez días para notificarme si la denuncia se retira o se mantiene. Y que me sugiere, a título personal, que mejor regrese a España, porque después esa salida se me podría complicar (el plazo parece que no es para ellos, sino para mí)", escribió con ironía en Facebook.

Barrero precisó que le había preguntado al capitán si su abogado podía tener acceso al expediente de investigación y participar del proceso, como sucede en cualquier estado de derecho del mundo.

"Me informó que no, que el proceso de investigación es secreto y solo tienen acceso a él los instructores penales / agentes de la seguridad de estado y luego me preguntó si tenía algo que declarar", detalló Barrero.

La activista le respondió que ya había dicho públicamente todo lo que tenía que explicar y que se acogía a su derecho de guardar silencio. Reiteró en el post que no se ha ocultado para hacer el impreso por el que se le acusa.

"Lo imprimiría mil veces más; quién necesita ocultarse para imprimir una imagen así. La clandestinidad de impresos, por otra parte, es una figura legal que responde a una lógica de otro siglo, de otro tiempo. No fabriquen más casos y, sobre todo, no intenten usar formas de chantaje y de miedo, conmigo no va a funcionar. Estoy convencida de que no he cometido delito". concluyó.

Barrero había alertado que desde las 6 de la tarde y hasta la noche del viernes, varias patrullas de la policía pasaron por su calle. "Son demasiados atropellos de un estado policial", agregó en el post de Facebook que ha contado con gran respaldo de sus seguidores.

Antes había publicado en esa misma red social que la agente Kenia, de la Seguridad del Estado, la acusaba de haber incurrido en el delito de "clandestinidad de Impresos" por una imagen que hizo de José Martí.

"Es un Martí hecho de estrellas, con el trazo de la ternura y del ensueño. No hay una pizca de ofensa en ese dibujo, es todo respeto e ilusión. Este impreso no es desorden público, es una apología del héroe y del poeta", aseguró.

Agregó que la "clandestinidad de Impresos" está descrito en el artículo 210 del Código Penal Cubano como un delito de "desorden público, impreso, difundido y transportado en la clandestinidad".

"Si me van a construir un caso de esto para meterme presa en un juicio sumario que lo hagan, pero que les quede claro, no me van a chantajear ni amenazar con la construcción de un supuesto delito. Se los dije ayer, no me he ocultado para hacerla, la imprimiría mil veces", concluyó.

La consultoría jurídica independiente Cubalex, que monitorea desde el exilio la situación de los derechos humanos en la isla, hizo la denuncia del caso en las redes sociales:

"Carolina Barrero fue interrogada por la seguridad del estado, acusada de haber impreso una imagen de José Martí y un verso".

Barrero, junto a Solveig Font, acudió el 3 de febrero, en representación de 1,252 artistas, activistas e intelectuales cubanos, a registrar el recurso legal ante la Asamblea Nacional del Poder Popular para iniciar el proceso de revocación de mandato del ministro y también diputado Alonso Grau.

El movimiento de artistas e intelectuales que integran el 27N exigen la dimisión del ministro de Cultura por agredir violentamente a un grupo de jóvenes que se encontraban frente a la sede de esa institución, en La Habana, el pasado 27 de enero, e impedirles manifestarse pacíficamente.