Saul Santos Ferro: exagente de la Seguridad del Estado condenado en Miami

Saul Santos Ferro. (Archivo)

El ex represor cubano Saúl Santos Ferro, de 74 años, fue sentenciado el viernes por un juez del Distrito Sur de la Florida a 6 meses de cárcel, seguidos de dos años de probatoria y pagar una restitución $12,522.28 dólares, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

Santos Ferro había sido acusado de no indicar su filiación con el Departamento de Seguridad del Estado cubano cuando hizo la solicitud para la residencia permanente en los Estados Unidos. Además, enfrentaba otro cargo fraude al seguro social, debido a que durante los años 2016 y 2019 recibió dinero del gobierno.

Durante décadas, el oficial de la policía cubana se ocupó de reprimir en las prisiones del occidente de Cuba a los enemigos de la revolución, acumulando una leal hoja de servicios al Gobierno de los Castro, y cuando llegó el tiempo de jubilarse lo hizo a 90 millas, donde no le faltaría ni el agua, ni los alimentos.

En diciembre de 2013, Santos Ferro, después de un año y un día de llegar legalmente a Estados Unidos, como exigía la aún vigente “Ley de Ajuste Cubano” creada para los que huían del régimen, llenó la solicitud I-485 de residencia permanente.

Dentro de las preguntas, el ex militar respondió en el formulario que nunca perteneció a organismo policiales o participó en violaciones a los derechos humanos, y al cabo del tiempo obtuvo su residencia.

La suerte de Santos Ferro terminó luego que alguien lo reconoció en un supermercado de Miami, le tomó una foto con un celular y la envió a la organización de abogados exiliados Cuba Represor ID, la que a su vez la envió al Buró Federal de Investigaciones (FBI).

En febrero pasado, el ex represor fue detenido y acusado de declaración falsa bajo pena de perjurio en un documento de inmigración.

Santos Ferro deberá presentarse al Instituto Federal Correccional de Miami para cumplir su sentencia el próximo 7 de octubre al medio día. Terminada su condena, el ex represor será presentado ante una Corte de Inmigración, donde podría ordenarse su deportación.