La investigación publicada días atrás por la revista Semana, según la cual se produjo espionaje militar durante las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, también queda recogida en las páginas del diario español El País en su edición de hoy.
Las investigaciones secretas se habrían producido dentro de un restaurante y un sitio de encuentro para aficionados al pirateo informático, desde donde se interceptarían de manera ilegal las conversaciones. El periódico reproduce las palabras del presidente colombiano Juan Manuel Santos, al calificar de “fuerzas oscuras” a quienes estaban tras las escuchas, desvinculándose en todo momento de este tipo de acciones y ordenando de inmediato una investigación al respecto.
El País incide en la postura férrea de Santos al defender un espionaje legal a narcotraficantes, terroristas o secuestradores, a todos los enemigos del Estado, así como las de su ministro de Defensa Juan Carlos Pizón para quien “las fachadas se utilizan de manera permanente y legal para salvar vidas y proteger los derechos de los colombianos”. El escándalo obligó al mandatario colombiano a relevar de su cargo a dos generales responsables de la inteligencia del Ejército y de la Central de Inteligencia.
En estos momentos todo se encuentra en manos de la Fiscalía, que bajo la presión de Santos tiene hasta la próxima semana para decidir si lo que se estaba produciendo en esa oficina era una “inteligencia formal, lo cual hay que proteger, o si aprovecharon e hicieron inteligencia ilícita”, pues la ubicación en sí tenía autorización para realizar tareas de espionaje, pero no escuchas ilegales.
El diario recoge la posibilidad de que “todo este escenario siembre la duda sobre cierto sector del estamento militar que estaría en contra del proceso de paz” y que el expresidente Álvaro Uribe tuviera algún tipo de papel en esta controvertida historia. El antiguo mandatario filtró en abril de 2013 las coordenadas del lugar donde se recogería a dos miembros de la guerrilla para trasladarlos a Cuba durante las negociaciones que se llevan a cargo entre el Gobierno colombiano y las FARC.
Según esta teoría, Uribe contaría con información de las Fuerzas Armadas.
El hoy aspirante a senador, rechazó por su parte cualquier tipo de vinculación en las escuchas señalando en un comunicado que “la mayor corrupción de este Gobierno es ocultar, es distraer a la opinión, es poner cortinas de humo”.
En estos momentos, una comisión del Congreso ha citado al ministro de Defensa y a la cúpula militar para un debate de control político a fin de que expliquen las actividades que se desarrollaron y de las que informó la revista Semana. Por su parte, el directo de la publicación, Alejandro Santos, asegura que posee la pruebas de los mensajes interceptados a los negociadores, recoge El País.
Mientras tanto, en Cuba, donde siguen realizándose las negociaciones desde noviembre de 2012, las FARC no han tardado en señalar a Uribe como un enemigo del proceso.
“Aquí no sólo se está espiando desde Colombia a la delegación de paz del Gobierno nacional, sino especialmente a la delegación de paz de las FARC”, declaró Iván Márquez, el número dos de esta agrupación y su negociador en La Habana.
Las investigaciones secretas se habrían producido dentro de un restaurante y un sitio de encuentro para aficionados al pirateo informático, desde donde se interceptarían de manera ilegal las conversaciones. El periódico reproduce las palabras del presidente colombiano Juan Manuel Santos, al calificar de “fuerzas oscuras” a quienes estaban tras las escuchas, desvinculándose en todo momento de este tipo de acciones y ordenando de inmediato una investigación al respecto.
El País incide en la postura férrea de Santos al defender un espionaje legal a narcotraficantes, terroristas o secuestradores, a todos los enemigos del Estado, así como las de su ministro de Defensa Juan Carlos Pizón para quien “las fachadas se utilizan de manera permanente y legal para salvar vidas y proteger los derechos de los colombianos”. El escándalo obligó al mandatario colombiano a relevar de su cargo a dos generales responsables de la inteligencia del Ejército y de la Central de Inteligencia.
En estos momentos todo se encuentra en manos de la Fiscalía, que bajo la presión de Santos tiene hasta la próxima semana para decidir si lo que se estaba produciendo en esa oficina era una “inteligencia formal, lo cual hay que proteger, o si aprovecharon e hicieron inteligencia ilícita”, pues la ubicación en sí tenía autorización para realizar tareas de espionaje, pero no escuchas ilegales.
El diario recoge la posibilidad de que “todo este escenario siembre la duda sobre cierto sector del estamento militar que estaría en contra del proceso de paz” y que el expresidente Álvaro Uribe tuviera algún tipo de papel en esta controvertida historia. El antiguo mandatario filtró en abril de 2013 las coordenadas del lugar donde se recogería a dos miembros de la guerrilla para trasladarlos a Cuba durante las negociaciones que se llevan a cargo entre el Gobierno colombiano y las FARC.
Según esta teoría, Uribe contaría con información de las Fuerzas Armadas.
El hoy aspirante a senador, rechazó por su parte cualquier tipo de vinculación en las escuchas señalando en un comunicado que “la mayor corrupción de este Gobierno es ocultar, es distraer a la opinión, es poner cortinas de humo”.
En estos momentos, una comisión del Congreso ha citado al ministro de Defensa y a la cúpula militar para un debate de control político a fin de que expliquen las actividades que se desarrollaron y de las que informó la revista Semana. Por su parte, el directo de la publicación, Alejandro Santos, asegura que posee la pruebas de los mensajes interceptados a los negociadores, recoge El País.
Mientras tanto, en Cuba, donde siguen realizándose las negociaciones desde noviembre de 2012, las FARC no han tardado en señalar a Uribe como un enemigo del proceso.
“Aquí no sólo se está espiando desde Colombia a la delegación de paz del Gobierno nacional, sino especialmente a la delegación de paz de las FARC”, declaró Iván Márquez, el número dos de esta agrupación y su negociador en La Habana.